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Después de que la Procuraduría General de la República desistiera la acusación por delincuencia organizada, se espera que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declare culpable de haber incurrido en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A partir de las 16:00 horas de este miércoles se realizará una audiencia contra Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, esperando la Procuraduría General de la República un juicio abreviado.

La PGR expondrá 110 pruebas para sustentar su acusación, pues solo se dieron a conocer 82 previamente en una audiencia inicial, solicitando que de ser encontrado culpable, el expriista pierda sus derechos políticos durante el tiempo que permanezca en prisión.

 

 

Con información de Milenio

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) localizaron y aseguraron diversos contenedores con precursores químicos en un almacén de carga ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo fue realizado gracias a una denuncia que derivó en una revisión a un área de almacén ubicada en el AICM. En el lugar fueron localizados un cuñete con fenetilpiperidina, con un peso aproximado de 28 kilos 590 gramos, así como cinco cuñetes con ciclamato de sodio. Los contenedores señalaban como lugar de origen la ciudad de Shanghái, China, y como destino la Ciudad de México.

Los seis contenedores con químicos quedaron a disposición de la representante social de la federación, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación con Detenido con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien inició carpeta de investigación, en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito de contra la salud.

 

Redacción APO / Foto: PGR

Roberto Ochoa, Subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la investigación de las agresiones a los estudiantes de la UNAM del pasado lunes, no son competencia de la dependencia.

Indicó que a partir de ello, es que se tomó la decisión de regresar la carpeta referente a las agresiones a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), quien dijo, será quien continúe con las investigaciones.

En entrevista con FOROtv indicó que la PGR únicamente intervendrá si es que se determinan daños al patrimonio de la UNAM.

Al respecto, la Procuraduría capitalina informó que respeta, pero no comparte los criterios y la decisión de la PGR de devolver la carpeta de investigación.

Dijo que bajo las premisas de acceso a la justicia, derecho a la verdad y respeto al debido proceso, asumirá la investigación en la cual se comprometió a trabajar de manera profesional y decidida para esclarecer hasta las últimas consecuencias los eventos suscitados en Ciudad Universitaria.

La PGJ-CDMX enfatizó que para el Gobierno capitalino es prioridad la seguridad de los estudiantes, profesores, personal administrativo y de las instalaciones de la UNAM.

 

Con información de FOROtv / Foto: Archivo APO

El elemento de la Procuraduría General de la República (PGR) herido por arma de fuego el martes en la estación del metro Aragón, correspondiente a la Línea 5, tenía a su cargo investigaciones relacionadas con el robo de hidrocarburos entre los límites de Puebla y Veracruz.

De acuerdo con fuentes consultadas, las pesquisas del policía federal ministerial estaban enfocadas principalmente en la organización de Roberto de los Santos de Jesús, alias ‘El Bukanas’, líder en la región.

Las fuentes señalaron que el agente lesionado también estaba adscrito a la Unidad de robo de vehículos utilizados para el transporte de hidrocarburos sustraídos de los ductos de Pemex.

No obstante, las fuentes aclararon que, hasta el momento, no existe una relación entre la agresión que sufrió en el metro, por la cual permanece en el hospital, con las indagatorias que tenía a su cargo.

El pasado mes de mayo se dio a conocer que ‘El Bukanas’, además del huachicoleo, maneja un grupo criminal de nombre Sangre Nueva Zeta, dedicado al sabotaje en las vías ferroviarias y saqueo de mercancía en los trenes.

Hasta el momento las autoridades federales identifican a su grupo como uno de los más fuertes en la región del llamado Triángulo Rojo; sin embargo, ante las acciones de las autoridades para combatir el robo de hidrocarburos en esa zona, trasladó sus operaciones de huachicoleo entre los límites de Puebla, Tlaxcala y estado de México.

 

Un juez federal determinó dejar en libertad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI en Chihuahua, a quien se le acusaba de desviar 250 millones de pesos del erario público.

La decisión del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, llegó luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara el sobreseimiento de la causa penal, ya que argumentó que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó los elementos suficientes para seguir adelante con la acusación.

“En ese caso, considero que procede este sobreseinmiento (…) pues si la Fiscalía no tiene la intención de continuar con la investigación, yo no tengo las facultades para obligarla a que la lleve a cabo”, indicó el juez del Reclusorio Norte.

La PGR señaló que además de que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó las pruebas suficientes, obstaculizó las investigaciones que llevaba a cabo para armar el caso.

Recordemos que este 31 de agosto vencía el plazo que se había dado de seis meses para integrar la investigación complementaria, razón por la cual la Procuraduría solicitó el sobreseimiento de la causa penal.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

La Procuraduría General de la República (PGR), informó que este viernes de logró la aprehensión de Effy Didier  Sánchez, ex titular de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, a quien se le acusa del delito de peculado.

La dependencia detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de aprehensión en el municipio de Mérida, Yucatán y aseguraron que el operativo se realizó sin el uso de violencia y sin afectaciones a terceros.

A la ex presidenta deportiva se le acusa por su probable responsabilidad en el desvío de recursos de manera ilícita.

Sánchez quedó a disposición de la autoridad judicial en la Ciudad de México, por ser quien la requirió para seguirle su proceso penal.

Recordemos que Effy Sánchez recibió de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 9 millones 568 mil 166 pesos para la realización de diversos eventos deportivos, sin embargo desvió 4 millones 100 mil 197 pesos, mismos que intentó justificar con documentos falsos.

 

El Ministerio Público de la Procuraduría General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Zhenli Ye Gon, por el delito de ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’.

“Derivado de investigaciones relacionadas con la carpeta judicial respectiva, personal de la Procuraduría General de la República en su Delegación en el Estado de México, dio cumplimiento a un mandamiento judicial por reclusión contra Zhenli ‘Y’ por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó la dependencia.

La orden de captura fue ordenada por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales y cumplimentada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, donde permanece recluido Ye Gon.

Cabe recordar que el 15 de marzo de 2007, la PGR decomisó más de 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos y más de 207 mil euros en una casa de Ye Gon ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El empresario de origen chino fue detenido en julio de 2007 en Rockville, Maryland, Estados Unidos.

Ye Gon fue extraditado a México en octubre de 2016 e ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que al valorar los datos con que se contaban, se determinó que no existían las pruebas suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte.

Al respeto indicó que decidió reclasificar la acusación “sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”.

Subrayó que tras la conclusión de la fase de investigación complementaria, contemplada por el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público de la Federación determinó acusar únicamente al ex gobernador de Veracruz por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicional señaló que en paralelo al proceso que se sigue contra el ex priísta en la PGR, están en marcha otras acusaciones por parte de la Fiscalía General de Veracruz.

Enfatizó que a pesar de reclasificar las acusaciones contra Duarte, este tendrá que seguir el proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que Javier Duarte no saldrá de prisión porque aún tiene un proceso penal pendiente en esa entidad y podría ser acusado de desaparición forzada, además de que la Procuraduría General de la República no ha confirmado la reclasificación del delito por delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano confirmó que el exgobernador está acusado en el estado por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

“No hay ninguna posibilidad de que Duarte ponga un pie en la calle, y si pone un pie en la calle, ahí lo estarían esperando elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para traerlo al penal de Pacho Viejo”, aseguró Yunes.

Asimismo, Yunes dijo que Duarte también podría ser procesado por desaparición forzada, un delito por el que ya están siendo juzgados ex miembros de la policía, por lo que la FGE está a la espera de que la PGR solicite a las autoridades guatemaltecas que se incorpore este delito, debido a que ellos lo extraditaron al país.

De igual modo, Yunes Linares añadió que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias por el desvío de 27 mil millones de pesos y también está a la espera de que se tramiten en la PGR.

Yunes prometió que Duarte y sus cómplices serán sancionados con severidad. “Como ciudadano mantendré mi exigencia, elevaré mi voz para que se haga justicia en este caso. No puede haber impunidad”, afirmó.

Postura en torno al proceso penal de Javier Duarte.

Postura en torno al proceso penal de Javier Duarte.

Posted by Miguel Ángel Yunes Linares on Wednesday, August 22, 2018

 

Una decisión de la Procuraduría General de la República podría derivar en que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso desde julio de 2017, deje la cárcel.

Y es que la noche de este martes, la dependencia retiró el delito de delincuencia organizada a los cargos que pesan en contra del veracruzano y lo reclasificó por el de asociación delictuosa, por lo que podría obtener la libertad provisional en el mediano plazo, pues el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con información del periódico Reforma, cuando se presentó formalmente la acusación en contra de Duarte, la PGR conservó sólo uno de los dos delitos de la imputación original: el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y también lo acusó de asociación delictuosa.

Aunque el exgobernador no quedaría libre inmediatamente, por la prisión preventiva por lavado que pesa sobre él, así como los dos procesos que se le siguen en el fuero común de Veracruz, de aquí en adelante puede litigar para reclasificar la medida cautelar impuesta y en unos meses llevar sus procesos en libertad provisional.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a buscar y, en su caso, dar a conocer los informes sobre investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, generados durante la gestión del procurador Diego Valadés Ríos.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales afirmó que saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable no solamente de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad.

Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definió el derecho a la verdad como un derecho de carácter colectivo que permita a la sociedad acceder a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.

“Como sociedad democrática contar con la información pública es indispensable, para participar con conciencia de causa, para realizar un escrutinio público de la narrativa oficial y para generar una memoria colectiva basada en hechos y razonamientos expresados bajo el valor de la verdad”, subrayó Bonnin Erales.

La decisión del INAI llega luego de que la PGR proporcionara a un particular las ligas electrónicas del “Informe de la
investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada no correspondía con lo requerido.

 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenido Julio César ‘N’, uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno, informó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

En conferencia de prensa, Navarrete dijo que Julio César ‘N’ es sucesor en el mando de ‘La Línea’ de Carlos Arturo ‘N’, detenido el 17 de mayo pasado.

La captura se realizó en el fraccionamiento ‘Quintas del Solar’ en Ciudad Juárez, donde se ocultaba y dirigía las actividades del grupo delictivo; además y de manera simultánea se logró la captura del segundo al mando de la misma organización y del operador financiero.

El funcionario detalló que Julio César “N” es considerado el principal generador de violencia en el estado de Chihuahua.

Asimismo, indicó que el detenido es señalado por la DEA como responsable del trasiego de estupefacientes de México a Estados Unidos.

A partir de este miércoles, Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación será el enemigo público número uno en México y Estados Unidos.

Ambos países anunciaron nuevas acciones para lograr su captura, entre ellas incrementar el monto de la recompensa ofrecida a  quien ayude a su localización y detención; en México pasará de 2 a 30 millones de pesos y en Estados Unidos podría alcanzar 5 millones de dólares, confirmaron autoridades federales mexicanas.

Las autoridades dijeron que esto es parte de las acciones que los gobiernos de México y Estados Unidos realizan para fortalecer la seguridad en los dos países.

Este miércoles, la Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que establece la recompensa de 30 millones de pesos.

Además, se informó que funcionarios de ambas naciones se reunieron el martes en Illinois, Estados Unidos, y los acuerdos se darán a conocer hoy por la tarde.

La representación mexicana la encabezó Alberto Elías Beltrán, subprocurador de la PGR, acompañado por altos mandos del Ejército y Marina mexicanos.

‘El Mencho’ es considerado como el principal generador de violencia en México por su inusitada expansión durante los últimos tres años, en los que ha disputado, en todo el país, territorios a grupos rivales y lo hace con extrema violencia.

La ex lidereSa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, solicitó un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) haya librada en su contra.

El instrumento jurídico se presentó un día después de que fuera absuelta por los delitos lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según reporta el diario Reforma, Gordillo solicitó en su demanda la protección contra cualquier orden de aprehensión o citatorio de un juez de control para que le formulen imputaciones en una audiencia inicial.

Adicional se amparó contra una posible orden de comparecencia mediante el uso de la fuerza pública sin haber sido previamente citada a comparecer.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Tras apuntar que la seguridad será uno de los retos del próximo gobierno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la PGR dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable detenidas por el delito de delincuencia organizada, a partir del 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017, luego de que el combate a los cárteles desde hace 12 años con confrontación directa ha fracasado.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó: “Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”, enfatizó.

Además, recordó que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa, pero desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.

El comisionado del INAI indicó que ante el contexto de transición política que vive el país: “Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura Secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.

De acuerdo al folio de la solicitud: 0001700133718, que se encuentra en el expediente: RRA 3954/18, una persona solicitó a la PGR conocer el total de detenidos, consignados, sentenciados y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.

La Procuraduría General de la República informó que respeta, pero no coincide con la decisión de liberar a Elba Esther Gordillo.

Por medio de un comunicado, la dependencia afirmó que, “sobre la resolución del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, en relación a la exdirigente sindical, la Procuraduría General de la República respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, aunque no la comparte”.

Y destacó: “La PGR ha actuado, en todo momento, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”.

Asimismo, indicó que “siempre actúa conforme a derecho e interviene cuando se presenta un hecho que la Ley señala como delito y existe la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”.

Este miércoles, Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quedó libre de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero a las que estaba sujeta.