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PLAN C

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La coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, PT y Partido Verde, presentaron a las y los candidatos preseleccionados para competir por los 300 distritos de mayoría relativa a la Cámara de Diputados, con los que dijeron, buscan concretar el Plan C propuesto por el presidente López Obrador.

Morena dijo que la selección se hizo después de un “exhaustivo análisis político, estadístico, la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral para lograr la mayoría calificada”:

La dirigencia del partido añadió que cada candidatura, de acuerdo con el convenio de coalición, tendrán un siglado específico, es decir, que corresponderán a alguno de los tres partidos que integran la coalición.

Precisó que para poder registrarse ante la autoridad electoral, las personas preseleccionadas, deberán cumplir estrictamente el proceso de inscripción de cada partido político de acuerdo con el siglado que les corresponda.

“Aquí van las candidatas y los candidatos de la patria. Ellas y ellos acompañarán a nuestra próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsando las reformas que consolidarán el segundo piso de la cuarta transformación e impedirán el regreso al pasado de privilegios, abusos y corrupción”, dijo la dirigencia de Morena.

En la lista llaman la atención algunos nombres de morenistas que se quedaron sin la candidatura que buscaban, además de perfiles de otros partidos: César Cravioto, CDMX (Morena); Gabriela Jiménez, CDMX (Morena); Dolores Padierna, CDMX (Morena); Carlos Ulloa, CDMX (Morena); Rigoberto Salgado, CDMX (Morena); Ernesto Prieto, Guanajuato (Morena); Fernando Vilchis, EdoMéx (Morena); Óscar González Yañez, EdoMéx (PT); Pedro Zenteno, EdoMéx (Morena); Leonel Godoy, Michoacán (Morena); Juan Ángel Flores, Morelos (Morena); Clara Luz Flores, Nuevo León (PT), y Tony Gali, Puebla (PVEM).

A continuación te presentamos la lista completa:

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Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insistió en que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, sino por el contrario, afirmó que su objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó el legislador.

Advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la elección de las y los ministros.

Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de la reforma, que dentro del partido están impulsando.

“Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, “si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección, sino que los mexicanos a través de la consulta sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan”.

Respecto al procedimiento de elección de las y los ministros, apuntó, puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, refirió.

El morenista reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial al asegurar que solo favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Aseguró que esta reforma es necesaria al no poder eliminar la inseguridad y la delincuencia “porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, en la gente, creo que les conviene”, añadió.

En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

Si algo hemos visto en estos más de cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando anuncia que quiere algo, hace hasta lo imposible por lograrlo. No importa si esto implique cometer un crimen contra la lógica.

Lo vimos con la cancelación del NAIM. El aeropuerto de Texcoco ya llevaba millones de dólares invertidos en su construcción y su cancelación costaría millones más. López Obrador era apenas presidente electo y nada de esto le impidió armar una consulta a modo que concluyó con la cancelación del aeropuerto. La sensatez y el sentido común apuntaba en una dirección y eso hacía pensar que sería el camino que tomaría AMLO. Imperó la amenaza de destruir todo lo que tuviera que ver con el pasado. El NAIM fue cancelado.

Lo vimos también con el avión presidencial. Algunos pensaban que su amenaza de volar en líneas comerciales y de vender el avión que AMLO decía mañosamente que “no tiene ni Obama” era una simple estrategia política. No fue así. Intentó todo con tal de cumplir con la venta del avión. Al final optó por rematarlo, pero cumplió.

Ahora, ante el tremendo revés de la Suprema Corte en la que nueve ministros declararon inconstitucional las modificaciones a las leyes electorales mejor conocidas como ‘Plan B’ porque el legislativo no cumplió con el debido proceso cuando las aprobó, el presidente no va a ser el político que reflexione como lograr un mejor diálogo con la oposición o cómo tejer lazos con el legislativo.

No. La nueva cruzada del presidente ya quedó clara desde unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte. El Plan C es lograr la mayoría calificada en el legislativo en las elecciones del 2024.

Ayer en su conferencia mañanera López Obrador llamó al pueblo a votar por la mayoría absoluta en el congreso para lograr que en septiembre del 2024 se apruebe una reforma al Poder Judicial. Ahora, dice López Obrador, quiere que sea el pueblo quien los elija.

Es una nueva estrategia política porque actualmente los ministros de la Corte se eligen de una terna nombrada por el ejecutivo y ratificada por el Senado para asegurar los contrapesos. Es una insensatez lo que propone el presidente ya que, entre otras cosas, implicaría que quienes quisieran integrarse a la corte hicieran campaña para ganar el voto ciudadano.

Pero aun siendo una insensatez, es una amenaza que se debe escuchar como seria viniendo del presidente López Obrador.

¿Lo hará la oposición? Hasta ahora vemos a los liderazgos del PAN y PRI, a Marko Cortes y Alejandro Moreno, más preocupados por mantener sus cotos de poder que en trabajar por presentar propuestas atractivas para la ciudadanía y en desnudar las estrategias políticas del presidente por su insensatez.

La Corte ha hecho su trabajo con la votación de esta semana por salvaguardar la democracia. La ciudadanía también, al salir a las calles. Es el turno de la oposición de tomarse en serio la nueva cruzada del presidente.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “excederse” en sus funciones, tras frenar el viernes pasado el “Plan B” de la reforma electoral que impulsó.

“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, acusó el mandatario..

López Obrador criticó al ministro Javier Laynez, quien el viernes suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE denunció que la reforma afecta su funcionamiento porque le recorta 3,500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador sostuvo que “la mayoría sabe que no es un asunto jurídico”, sino “un asunto político y mercantil” al señalar que “lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.

El mandatario recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE ni la Suprema Corte.

“Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios”, reiteró.

López Obrador sostuvo que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma. Sin embargo advirtió que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un “Plan C”, que consiste en pedir que la gente vote contra el “bloque conservador” en 2024.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, remató.

El “Plan B” era el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE, y que insiste en que no atenta contra la democracia y los comicios como sus detractores lo señalan.

La determinación del ministro Javier Laynez sobre el “Plan B” se dio porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Asimismo, la SCJN justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de “vulnerar de manera irreparable derechos humanos”. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, indicó.

Con esta suspensión, se frena el despidió de forma inmediata al secretario ejecutivo del INE, el despido masivo de un 80% del personal de carrera electoral en el organismo, el recorte a su presupuesto, la eliminación de sus organismos estatales y locales así como a la extinción de dos fideicomisos.