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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deroga el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y permite al Ejecutivo expulsarlos.

Los cambios que propone al artículo 33 señalan que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución Política, “por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Esta es una propuesta que ha había adelantado esta semana el presidente en sus conferencias matutinas y que había puesto sobre la mesa meses atrás.

En la propuesta, se establece que el Congreso, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley, “podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.

El presidente de la República plantea derogar el párrafo tercero del artículo 33 de la Carta Magna, que a la letra dice: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

El documento precisa que la redacción del artículo 33 constitucional, en el que se prevén los derechos reconocidos a las personas extranjeras, así como el procedimiento de ley en caso de expulsión, requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional, en el que la defensa y protección de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas sea la regla, y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas.

Justifica que la modificación coincide con lo establecido en el artículo 1º constitucional, que expresamente dispone que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece.

Menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, “reconoce la obligación de los Estados de proteger los derechos y deberes de todas las personas, independientemente de su situación migratoria”, en atención a los principios que norman la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa del Presidente coincide con la que previamente presentó su bancada en la materia, en diciembre de 2022.

“La presentamos antes nosotros. Entonces, ojalá se dictaminen en conjunto y salgan en conjunto”, dijo.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el diputado indicó que “es un anacronismo constitucional, un anacronismo jurídico; y nosotros creemos en los derechos humanos, y lo mismo que pedimos para las personas migrantes de México a Estados Unidos y de otros lugares, que se les respeten sus derechos humanos, es lo que debemos de garantizar”.

Sin embargo, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que es una imprudencia del Presidente anunciar una iniciativa de reforma al artículo 33 constitucional.

“No me gusta mucho, y menos en el marco de lo que sucedió con estadounidenses en Matamoros (Tamaulipas); siempre ha sido una facultad de que las cuestiones políticas de nuestro país sean de los mexicanos, si no al rato tendremos dentro de nuestro país opiniones distintas. Más bien deberíamos garantizar la seguridad de extranjeros y nacionales”, dijo el perredista.

A pregunta expresa sobre si el anuncio del titular del Ejecutivo Federal resulta una imprudencia, Espinosa Cházaro respondió: “me parece que sí”. “La vamos a revisar (la eventual iniciativa), no la conocemos a detalle, pero de inicio me parece que no era el momento para presentar algo de esta naturaleza”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que propondrá una reforma al artículo 33 de la Constitución, que permite la expulsión de extranjeros por “inmiscuirse” en política y que en años recientes ha causado polémica.

“Ya nosotros estamos hoy o mañana por enviar una iniciativa de modificación a la Constitución sobre el artículo 33 porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al gobierno se le deportaba, eso lo vamos a quitar”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario se refirió al artículo constitucional que faculta al Ejecutivo a “expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley” y a que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

La cláusula ha despertado controversia en años recientes, como en diciembre pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón pidió usar el artículo contra el español Abraham Mendieta, asesor y simpatizante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación (Segob) eliminó de la lista de personas non gratas al cantante español Manu Chao, quien en 2009 criticó al gobierno de Calderón, por la represión de las protestas en San Salvador Atenco en 2006.

Mientras que en 2021, simpatizantes de Morena pidieron aplicar el artículo 33 a los líderes de Vox que acudieron al Congreso a presentar la Carta Madrid, algo a lo que López Obrador se negó.

Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral decretó en 2018 que la cantante Belinda, quien tiene nacionalidad española pese a vivir en México, “vulneró” la Constitución y la ley electoral por participar en actos políticos de Morena.

Y en 2014 hubo una controversia con Chile por el arresto del músico chileno Lawrence Maxwell Ilabaca durante una protesta tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese año.

“No debe haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben eliminarse”, consideró López Obrador.

El presidente argumentó que la cláusula viene desde la Constitución de 1836, pero prometió que su gobierno trabaja por la libertad al eliminar también las sanciones previstas por “injurias al presidente”.