El Gobierno federal condenó la decisión de un juez, sobre otorgar prisión domiciliaria por motivos de salud al exprocurador de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, el funcionario de más alto rango implicado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un pronunciamiento público, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) criticó que el cambio de medida sucediera durante la guardia del juez titular del Reclusorio Norte, en un día inhábil y que se usara como distractor la festividad del Día de Muertos.
Después de una audiencia de más de 7 horas, un juez con sede en el Reclusorio Norte decidió conceder prisión domiciliaria con brazalete electrónico a Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.
Esto, al considerar que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan riesgo de fuga, tras meses de traslados frecuentes por complicaciones médicas a diversos centros hospitalarios.
Sin embargo, el exprocurador cuenta con un segundo proceso relacionado también con delitos de tortura y desaparición forzada, por lo que aún no podrá salir de prisión y volver a su domicilio, el cual fue ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec.
Ante esto, Murillo Karam se mantendrá al interior de la Torre Médica del Penal de Tepepan, donde se encuentra desde el pasado 30 de junio, en tanto no consiga una segunda resolución en los mismos términos.
“Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, indicó la Covaj.
Lamentó que se aprovecharan los cambios de turnos y guardias para evadir la determinación del juez que conoce la causa y, añadió, “sorprende aún más que se haya fijado la audiencia en un plazo de tres horas”.
Lo que calificó de “una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días”.
“Esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad”, advirtió la Covaj y criticó que el juez tampoco prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto.
Asimismo, anticipó la impugnación al cambio de media cautelar por parte de la Unidad Especial de investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la FGR, así como que solicitará se levante una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez.
Esto, al considerar que quebrantó “el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes”.
Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hubo irregularidades en el cambio de medida concedida.
Dijo que “fue muy raro” cómo se resolvió todo, pues “se suponía” que estaban cerrados los juzgados por la fecha, además de que señaló que el juez que tomó la decisión no era el titular.
Añadió que se trató de “un clásico sabadazo”, pues tiene información de “que citaron con muy poca anticipación, algo que calificó de irregular, aunque la Fiscalía asistió.
Finalmente, denunció que el juez sí actuó por consigna, porque se llegó a hablar “mal de mi”, por lo anunció, pidió formalmente la grabación de la audiencia.
