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Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

“Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía”, declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

Tras su detención la tarde de ayer en un restaurante de la Ciudad de México, este miércoles un juez federal vinculó a proceso a Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el expediente del caso, el delito se deriva de la simulación en la venta de un terreno en Querétaro, a través de una empresa fantasma.

En la audiencia, que inició ayer por la noche y que se prolongó por más de 11 horas, el juez de control impuso seis meses de prisión preventiva para que la defensa presente sus argumentos y que la Fiscalía arme la carpeta. La medida se cumplirá en el Reclusorio Norte.

“De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisión”, señaló el juez.

La audiencia se prolongó, debido a que en diversas ocasiones, Collado presentó diversos problemas de salud, tales como espasmos, dolores y debilidad, que según su equipo legal se deben a las enfermedades que padece, diabetes e hipertensión.

Collado ha prestado sus servicios legales a figuras como el ex presidente Enrique Peña Nieto y al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, con quien se encontraba comiendo la tarde de ayer, previo a su detención.

La orden de aprensión que se cumplimentó ayer contra Collado, también se giró para: José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega.

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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso luego de que el juez de Control de Procesos Penales Federales, Gerardo Moreno García, indicara que había pruebas suficientes para proceder jurídicamente contra el político por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

 

 

El Ministerio Público Federal presentó ante el juez, al inculpado y a su defensa, 82 datos de prueba para lograr la vinculación por la probable comisión de hechos constitutivos como delitos, que hacen suponer la participación del imputado en los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

De acuerdo al periodista Arturo Rangel, quien estuvo presente en la audiencia que se prolongó por más de 12 horas, los abogados del ex gobernador, dirigidos por Marco Antonio del Toro, indicaron que “Han dado pelea férrea (la Fiscalía) y se les reconoce el esfuerzo. Nos seguiremos viendo”.

 

“El Ministerio Público Federal señaló ante el Juez de Control, que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre 2011 y 2016, periodo en el que el hoy imputado se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Veracruz” y señalaron que “los fiscales a cargo del caso, justificaron al Juzgador Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos JDDO se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachadas para invertir recursos a través de ellas”.

 

El juez Moreno García también determinó que el ex mandatario estatal permanezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México durante el plazo que otorgó el juez de control para que la fiscalía para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tendrán que recabar pruebas para el juicio oral.

 

Adicional se le negó a la fiscalía la petición de que el político fuera transferido al centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO