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El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, está negociando con los partidos separatistas catalanes la posibilidad de emitir una amplia amnistía para los separatistas a cambio de contar con su apoyo para formar un nuevo gobierno nacional en Madrid.

Sánchez, que ha indultado a varios dirigentes del movimiento en el pasado, dice que la amnistía será positiva para España porque ayudará a reducir las tensiones en Cataluña.

Analistas señalan que esto también responde a intereses políticos. Indican que lo hace por necesidad política, dadas las divisiones que provoca el independentismo tanto en Cataluña como en el resto de España.

Ante la falta de mayoría absoluta, el Partido Socialista de Sánchez necesita el apoyo de varios partidos menores para conservar el poder. Estos incluyen los dos partidos secesionistas catalanes que dirigieron el intento fallido de 2017 y que tienen en sus manos los votos cruciales en el parlamento que le faltan a Sánchez.

Dichos partidos no dudarían en aprovechar la circunstancia. La ley de amnistía es para ellos la condición para apoyar a Sánchez.

En un discurso ante una comisión del Senado este jueves, el presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, dijo que la amnistía era “esencial” para el regreso a la vida política normal entre Cataluña y España.

Y es que recordemos que si Sánchez no logra formar gobierno antes del 27 de noviembre, habrá una nueva elección en enero.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció este lunes la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, según anunció el Kremlin.

Esta decisión agrava la crisis entre Rusia y Ucrania, en un momento en que Occidente teme una invasión rusa.

“Reconocer inmediatamente la independencia (de Donetsk y Lugansk)”, dijo Putin en un discurso dirigido a la nación, donde ha pedido a la Asamblea Federal rusa “ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con ambas repúblicas”. “Serán preparados y firmados próximamente”, añadió.

En este sentido, Putin criticó que las autoridades ucranianas “no reconocen otra salida en Donbás que no sea la militar” y ha exigido al gobierno de Ucrania “cesar las agresiones” en la región.

“En caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre las autoridades de Kiev”, ha añadido el mandatario.

Recordemos que los líderes de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, y la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, habían pedido abiertamente a Rusia que diera el paso y reconociera la independencia de ambos territorios, tal como planteó la semana pasada la Cámara Baja del Parlamento ruso.

Los separatistas creen que es necesario que Moscú les conceda un nuevo estatus para proteger a la población y las infraestructuras civiles de la “agresión” del Ejército ucraniano.

Esta decisión pone fin al inestable proceso de paz bajo la mediación de Francia y Alemania, que preveía la vuelta de los territorios al control de Kiev a cambio de una amplia autonomía.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió vía Twitter anunciando la convocatoria inminente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Kiev reclamó además una reunión “inmediata” del Consejo de Seguridad de la ONU ante la amenaza de una invasión rusa.

La ONU pidió a “todos los interesados abstenerse de cualquier decisión o acción unilateral que pueda socavar la integridad territorial de Ucrania”, señaló este lunes su portavoz, Stephane Dujarric.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó al término de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión en Bruselas que pondrá “el paquete de sanciones sobre la mesa de los ministros europeos” por la declaración de Putin.

Rusia habían denunciado este lunes la eliminación de dos grupos de saboteadores ucranianos que habían penetrado en su territorio, y acusó a Ucrania de haber bombardeado un puesto fronterizo, afirmaciones que niega Kiev.

Los países occidentales temen que la intensificación de combates en los últimos días en el este de Ucrania con separatistas prorrusos le sirva de pretexto a Moscú, que desplegó 150,000 soldados en la frontera ucraniana, para invadir.

La presidencia francesa había anunciado el domingo una cumbre entre Putin y Biden pero el Kremlin calificó este lunes de “prematura” la idea. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov afirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Antony Blinken el jueves.

Por su parte, la Casa Blanca considera que la invasión de Ucrania es inminente, y acusa a Rusia de buscar “aplastar” al pueblo ucraniano. Moscú niega tener planes de invadir Ucrania, pero reclama garantías de que esa exrepública soviética no se unirá nunca a la OTAN y el fin de la expansión de esa alianza a sus fronteras.

Los separatistas prorrusos que se alzaron contra Kiev sostienen un conflicto en el Este del país que ha dejado más de 14.000 muertos desde 2014, tras la anexión por Rusia de la Crimea ucraniana.

Nueve dirigentes separatistas catalanes presos por sedición anticipaban su libertad tras el indulto otorgado este martes por el consejo de ministros que el presidente Pedro Sánchez calificó de muy necesario para la reconciliación con el territorio español.

“El gobierno ha tomado la decisión porque es la mejor para Cataluña y la mejor para España”, dijo Sánchez en un breve discurso televisado. “Esperamos abrir una nueva etapa de diálogo y tender nuevos puentes de concordia”.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado en 2019 a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, saldrá en libertad junto con sus compañeros luego de tres años y medio tras de las rejas.

Los otros ocho incluyen a exmiembros del gabinete catalán, el expresidente del Parlamento catalán y dos líderes de grupos separatistas de la sociedad civil que habían recibido condenas que iban de nueve a 12 años.

Los indultos anularon los años restantes de las condenas, pero se mantuvo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un alto funcionario del gobierno nacional dijo que los separatistas probablemente quedarán en libertad mañana mismo, una vez que el rey Felipe VI firme los indultos y se publiquen en la gaceta oficial. El gobierno dijo que se pueden revocar los indultos si los beneficiarios intentan liderar otro intento separatista.

“Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas”, dijo Sánchez. “De hecho, estas personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”.

Los indultos no incluyen al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes separatistas que huyeron de España tras el fracaso del intento de secesión.

El mandatario regional Pere Aragonès dijo que al conceder los indultos, el gobierno reconoció lo injusto del enjuiciamiento de los separatistas, pero que la medida excluyó a muchos otros catalanes como Puigdemont y otros que huyeron al exterior.

El gobierno español se ha negado a estudiar la posibilidad de un referendo sobre la independencia. En cambio, espera encontrar una nueva fórmula para la autodeterminación de una región próspera que ya goza de amplios poderes.

El principal organismo europeo de derechos humanos, el Consejo de Europa, respaldó los indultos en una resolución aprobada el lunes por la noche. Pero las recomendaciones no vinculantes criticaron a España por cercenar la libertad de expresión de los políticos catalanes. El Ministerio del Exterior español respondió que los separatistas fueron condenados por los tribunales por violar leyes, no por expresar su deseo de independencia.

La fiscalía española solicitó penas que van de los siete y hasta los 25 años prisión para los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y malversación por el intento de secesión de 2017.

De acuerdo a documentos que se ventilaron este viernes, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras es quien recibe la máxima petición de pena al ser el principal dirigente político presente en el juicio, el cual confirman 18 líderes separatistas.

En el actual proceso no se incluye a Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, pues recordemos que se encuentra exiliado en Bélgica, por lo que quedó fuera de la causa.

Para Junqueras, la fiscalía reclamó 25 años de cárcel por rebelión y malversación. Lo siguen la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes de dos asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes pide 17 años por rebelión.

Los otros ocho integrantes del gobierno juzgados reciben solicitudes de penas de 7 años para los acusados solamente de malversación y 16 para los acusados también por rebelión y que, como Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart, están en prisión preventiva.

La fiscalía acusa al anterior gobierno regional, al Parlamento y a las asociaciones separatistas de desarrollar un “plan orquestado” para “orillar la aplicación de la legalidad” para “declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio”.