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Como parte del seguimiento que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza sobre los hechos ocurridos en el Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, del pasado 12 de julio, en donde dos personas murieron debido a la formación de un socavón, señaló que existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad administrativa de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 

La dependencia informó que derivado de la auditoría practicada, de la cual se formularon 22 observaciones, en once de ellas se encontraron elementos suficientes que hacen presumir la responsabilidad administrativa de los funcionarios, por lo que fueron turnadas a las áreas correspondientes para el inicio de once procedimientos de responsabilidad administrativa.

 

Indicaron que hasta ahora estos once procedimientos involucran a ocho servidores públicos de diversos niveles de responsabilidad de la SCT.

 

Precisaron que las otras once observaciones que se siguen, continúan en etapa de investigación y podrían derivar en el inicio de otros procedimientos sancionatorios.

 

Recordemos que la SCT fue la instancia que recibió mayores señalamientos respecto a las irregularidades que se encontraron tras peritajes en la obra que, cuando ocurrió el accidente, tenía tres meses de inaugurada. En ese entonces, la dependencia aseguró que su participación fue la correcta y entregó una obra confiable.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de su cargo a ocho servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos, práctica conocida como ‘huachicol’.

 

La dependencia señaló que la Unidad de Responsabilidades en Pemex llevó a cabo una investigación la cual permitió detectar la presunta participación de varios trabajadores, asignados al Sector Ductos Minatitlán de Pemex Logística.

 

Se presume que dichos servidores públicos forman parte de una red organizada que, de manera reiterada, manipulaba y alteraba las válvulas de seccionamiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán–México, en Acayucan, Veracruz, con el fin de hacerse de manera ilegal de los hidrocarburos.

 

Detallaron que las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades y determinar el número total de servidores públicos implicados. Aclararon que la suspensión de los funcionarios es una medida cautelar que no prejuzga sobre las probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.

 

Luego de que miembros del Frente retaran al equipo de campaña de José Antonio Meade a demostrar que efectivamente fueron sancionados 486 servidores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión del candidato derivado de las irregularidades que reportó, fue la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien salió en defensa del priísta.

 

La dependencia informó  que en el marco de las investigaciones emprendidas derivadas de la auditoría correspondiente al programa de Adultos Mayores tal como lo dijo Meade, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015,  acreditó que hubo promotores sancionados, pues se detectó que plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.

 

Ante ello, la SFP determinó suspender de manera precautoria a  468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República Mexicana, para continuar con las diligencias correspondientes.

 

La SFP detalló que a través del Órgano Interno de Control, informó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol, quien a su vez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable.

 

Sin embargo no reveló los nombres ni documentos que acrediten tal afirmación, además de que ha sido criticada por mencionar que la suspensión fue de manera precautoria, pues eso da pie a que dichos funcionarios pudieron ser restituidos en su cargo.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que impuso una sanción de inhabilitación por dos años a la empresa “Construtora Norberto Odebrecht, S.A.”, por lo que quedará impedida de participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

La SFP, a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), impuso dicha sanción a la empresa por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”.

 

Adicional y paralelamente, inhabilitó por diez años y le impuso una sanción económica, por un monto de dos millones 597 mil 249.98 pesos, a un servidor público adscrito a Pemex Transformación Industrial, por autorizar indebidamente el pago referido. Se trata del mismo servidor público que en diciembre pasado fue inhabilitado por diez años y sancionado con una multa de más de 119 millones de pesos.

 

La dependencia refirió que iniciado  ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de la empresa constructora, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex.

 

No es la primera vez que la empresa es sancionada, pues en diciembre de 2017, se le impuso otra sanción de inhabilitación por cuatro años.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la sanción de inhabilitación que impuso por cuatro años a “Construtora Norberto Odebrecht, S.A.”, con lo impedirá que celebre contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como las Entidades Federativas cuando usen recursos federales.

 

La SFP, a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (PEMEX), impuso dicha sanción a la empresa por el cobro indebido de 119 millones de pesos de costos indirectos, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”, convenio también conocido como “Tula 1”.

 

Como resultado de la investigación que se inició el 22 de diciembre del año pasado, la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra la empresa constructora y sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de PEMEX. Esta resolución se deriva de uno de los cuatro procedimientos contra la empresa.

 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia a su cargo está siguiendo hasta sus últimas consecuencias las decisiones que se tomen sobre las auditorias al Paso Exprés y “quiénes tengan responsabilidad: se trate de servidores públicos, se trate de empresas privadas o se trate de funcionarios locales, tendrán que asumirla”.

 

 

 

Sobre la auditoria que presentó en esta semana la Secretaría de la Función Pública (SPF), el funcionario señaló que “nos hemos sumado, se los he comentado a ustedes desde un principio, le hemos aportado elementos, le hemos aportado documentos, le hemos dado comentarios que se han escuchado dentro del sector, de un lado y del otro, sector privado, sector público, para que tengan todos los elementos para tomar lo más rápido posible las determinaciones. Es un procedimiento que es legal”.

 

Ruis Esparza sostuvo que debido a que la SPF tiene que apegarse a derecho, “los funcionarios, los servidores públicos observados” tienen la obligación responder a las observaciones realizadas en un periodo máximo 45 días.

 

“N  es conveniente adelantar juicios, tiene cada quien que tener su derecho de defensa, lo van a ejercer ante la Función Pública”, indicó sobre los señalamientos que se han hecho a funcionarios públicos federales y locales de la Secretaría.

 

 

 

 

 

 

Foto: Twitter

La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, informó sobre la participación de un equipo técnico de dicha dependencia, en la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se realizará a partir de mañana en Washington, Estados Unidos.

 

La dependencia informó que en la Primera Ronda, “la SFP tiene competencia en las áreas de transparencia, anticorrupción y contrataciones públicas” e hizo énfasis en que “el TLCAN ha sido un elemento indispensable para el desarrollo económico, político y social de nuestro país en las últimas dos décadas”.

 

Añadió que en coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE), la SFP se prepara para atender las negociaciones del TLCAN a través de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas.

 

Gómez indicó que “los ejes rectores” que guiarán la conducta y el desempeño de estos funcionarios y subrayó que es su deber velar por los intereses de los mexicanos, ya que estarán representando a México en un escenario internacional que tendrá “consecuencias históricas que definirán el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas”

 

 

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