El Gobierno federal le ofrecerá un visado por razones humanitarias a los 32 migrantes secuestrados el pasado fin de semana en Tamaulipas, confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM).
El INM informó que iniciará el proceso administrativo para otorgarles las tarjetas en cuanto tengan la calidad de víctimas de delito por la fiscalía del estado y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su apoyo para validar las distintas acciones y apoyos otorgados
Además, pidió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en el estado su intervención “debido a que hay menores de edad y núcleos familiares”.
Esto se anuncia luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconociera que los 32 migrantes secuestrados “fueron liberados” por sus captores y “no rescatados” por fuerzas de seguridad, tal como se anunció el pasado miércoles.
Esa sería la razón de que por el momento no se reporten detenidos relacionados a la privación de la libertad de la que fueron víctimas los migrantes.
Y es que las declaraciones del mandatario contrastaron con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes.
Por ahora, las autoridades han señalado que los migrantes fueron identificados 26 procedentes de Venezuela y 6 de Honduras.
López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero dijo que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes.
Las autoridades mexicanas conocieron sobre el secuestro el pasado 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús en el que viajaban 36 pasajeros que iba de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, según expuso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Inicialmente se indicó que eran 31 los migrantes secuestrados; sin embargo, cuando se les ubicó luego de ser liberados, se confirmó que en el grupo había un bebé, por lo que el número de víctimas eran 32.
Ahora, el INM precisó que, “tras ser declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.
