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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minerales (Semarnat) denunció este viernes que la minería ha afectado 15 millones de hectáreas de 5,000 núcleos agrícolas, esto al defender la reforma que el presidente López Obrador presentó a la Ley Minera, que busca para restringir esta actividad.

Por los daños de esta industria, la Semarnat contabilizó que las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos entre 2013 y 2018.

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, advirtió del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.

Aunque la actual administración no ha entregado nuevas concesiones mineras, la Semarnat reconoció que desde 1992 se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación minera.

Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60% de las 195.6 millones de hectáreas del territorio nacional, detalló la dependencia.

“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, enfatizó Albores.

La titula de la Semarnat hizo estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la reforma que propuso López Obrador a la Ley Minera, con la que se busca que el gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.

La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.

Además, prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.

Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos y que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La legislación sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre, ha señalado la agencia Moody’s.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Jorge Álvarez Fuentes, Embajador y asociado del COMEXI, sobre la iniciativa de la Ley Minera, los riesgos sobre los que ha alertado la IP, y la defensa del gobierno federal a la propuesta del presidente.

En México actualmente existen 25 mil 267 concesiones mineras vigentes en una superficie de 21.3 millones de hectáreas, lo que equivale a 10.6% de la superficie del territorio nacional, aunque históricamente se había cedido 117 millones de hectáreas, que equivale a más de 50% de territorio del país, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).


Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dio a conocer los números del total de concesiones que se otorgaron a nivel nacional desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la actual administración, en la que no se han entregado ninguna.

De acuerdo con las gráficas expuestas, fue durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón donde se concesionaron 35.5 millones de hectáreas, seguido de Ernesto Zedillo que entregó 34.6 millones de hectáreas y Vicente Fox quien cedió 24.9 millones de hectáreas.

Mientras que en donde hubo menos concesiones, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto con 9.9 millones de hectáreas y con Carlos Salinas de Gortari fueron entregadas 8.9.

López Obrador afirmó que en su administración no se ha entregado ninguna concesión pues aseguró que es parte de su política ambiental.

“Debemos de partir que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y solo en un sexenio (se concesionaron) 35.5 millones de hectáreas. En un sexenio se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriano, que fueron como 30 millones de hectáreas, mediante las compañías deslindadoras. Aquí la pregunta ¿para qué tanta superficie?”, cuestionó el mandatario.

AMLO acusó que hubo una “fiebre” por la actividad minera y por ello se presentó el total de concesiones, que en términos de número, el gobierno de Salinas otorgó 17 mil 267; en la administración de Zedillo fueron 11 mil 524; para el sexenio de Vicente Fox se otorgaron 15 mil 753, mientras que con Calderón se dieron 12 mil 864; finalmente con Peña Nieto se realizaron cinco mil 396 concesiones.

El presidente afirmó que en su administración no se van a cancelar las actuales concesiones, pero dejó en claro que tampoco se entregaran nuevas.

“Una de las características del periodo neoliberal, fue que se otorgaron concesiones mineras como nunca”, remató el mandatario.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reiteraron su rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya sea en el lago de Texcoco o en cualquier lugar.

“Nos dirigimos con respeto al pueblo de México y a los pueblos originarios y campesinos que dignamente resisten en contra del megaproyecto de muerte que llaman Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), quienes sin rendirse, sin venderse, ni claudicar, no han dejado que caiga la esperanza”, indicaron a través de un comunicado.

Indicaron que sin ningún apego a los derechos que como pueblos originarios tienen, los malos gobiernos dicen consultar a los mexicanos sobre si prefieren el aeropuerto en el Lago de Texcoco o en Santa Lucía, a lo que indicaron que ambas propuestas llevan al “despojo de los territorios circundantes, a la devastación ambiental, a la mercantilización de la vida comunitaria con su llamada aerotrópolis”.

Señalaron que decidir dónde se pondrá el nuevo aeropuerto no debería ser lo que se pregunten; sino que la pregunta deberían de ser si el pueblo de México está de acuerdo en que continúen por el camino de la muerte, la guerra y el exterminio.

“Aunque el mal gobierno finja hacer una consulta, aunque falsifique votos, aunque los compre o los consiga con engaños al pueblo de México. El embate en contra de los territorios que sostienen la vida y en contra de la libertad, no será en nuestro nombre”, remataron.

Tal como se dio a conocer hace algunos días, el gobierno de Estados Unidos estaría contemplando comprar o expropiar tierras para la construcción del muro, sin embargo, el diario The Wall Street Journal, aseguró que la administración de Trump tendrá que lidiar una ardua tarea legal con los dueños, misma que podría tomarle años.

 

En su edición de este jueves, WSJ señaló que la promesa del presidente Donald Trump supondrá negociar de manera individual con los dueños de territorios en la frontera, lo que requerirá “una cantidad asombrosa de papeleo e investigación”.

 

 

La información fue filtrada a los medios, luego de el gobierno presentara al Congreso una investigación en la que solicitaba a fiscales del Departamento de Justicia, esfuerzos “para obtener tierras y propiedades necesarias para asegurar la frontera suroeste”. Sin embargo, de acuerdo a expertos legales, la prerrogativa que tiene el gobierno de Estados Unidos de expropiar terrenos por razones del bien público, dueños poco cooperativos podrían dificultar los planes del gobierno.

 

Se sabe que alrededor del 67% de los 3 mil kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México está constituido por tierras privadas o estatales, la mayoría de ellas en Texas, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

 

 

 

 

 

Con información de El Economista / Foto: Archivo APO