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En Estados Unidos Donald Trump perdió su reelección. Gran parte de la razón fue su pésimo manejo del COVID. Primero lo minimizó; nunca promovió el uso del cubrebocas y apoyó irresponsables medidas, como utilizar cloro para el tratamiento. Nunca quiso dejar de tener eventos públicos, al grado de haber provocado uno de múltiples contagios cuando quiso festejar el nombramiento de la Ministra Amy Coney Barret a la Suprema Corte en una reunión masivo en La Casa Blanca. Entre los contagiados ese día estuvo el propio Trump y su esposa Melania.

Estados Unidos es el país en el que más personas han muerto por COVID, 606 mil muertes. La situación ha mejorado gracias a la estrategia de vacunación que tan en serio se ha tomado el sucesor de Trump, Joe Biden.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está viviendo momentos complicados por señalamientos de corrupción en la compra de vacunas. Primero no compraron a ninguna farmacéutica alegando precios caros y, de pronto, se hizo un compra apresurada a la farmacéutica India, Bharat Biotech para la Covaxin (Aztra Zeneca producida en India) cuando aún no estaba aprobada para su uso en Brasil. Lo peor es que se compró diez veces más cara del precio original.

Para un país que ya ha metido a la cárcel a un expresidente por corrupción, Lula da Silva, y sacado del poder a otra, Dilma Rousseff, también acusada de corrupción, no se ve fácil que toleren a otro presidente incurriendo en los mismos actos. Más aún cuando Bolsonaro se vendió como un foráneo de la política, ajeno a la corrupción.

En Brasil ha muerto más de medio millón de personas de COVID. Es el segundo país con más muertes por COVID del mundo. Y ahora las calles se han inundado de manifestantes exigiendo la dimisión del presidente. Su popularidad, en un momento de las más altas en América Latina, ahora se ha desplomado debajo de los 20 puntos. La pregunta ya no es si Bolsonaro puede reelegirse en las elecciones del año próximo. La pregunta es si va a llegar a las elecciones.

En India el Primer Ministro, Narendra Modi, tuvo que sacar a doce integrantes de su gabinete la semana pasada para tratar de dar la imagen de que está enfrentando bien al virus después de que en tan solo dos meses han muerto por COVID la mayoría de las 400 mil personas que hacen de India el tercer país con más muertes en el mundo.

Al partido de Modi, el BJP, le ha ido mal en las recientes elecciones regionales y tan pronto como febrero y marzo del 2022 debe estar más fuerte políticamente para no volver a ser derrotado en las elecciones legislativas. Si el virus sigue sin control en India, Modi se volverá a ver en aprietos. La crisis humanitaria que nos heredó India al mundo, la variante Delta, se ha convertido en una crisis política para el Primer Ministro Modi.

Así las cosas en los países que ocupan el lugar 1,2 y 3 de muertes por COVID en el mundo. La gran pregunta es ¿qué pasará en México con AMLO cuyo manejo de la pandemia nos tiene en el trágico cuarto lugar por el número de muertes en el mundo?

Columna completa en EL UNIVERSAL

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados para hacerlos “rendir cuentas” por lo que considera un ataque a su “libertad de expresión”.

En una rueda de prensa, Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas de redes sociales, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las “Big Tech” dejen de “silenciar”, y de poner en una lista negra a diversos estadounidenses.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto de simpatizantes del magnate al Capitolio el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de “censura” y “abuso”.

El exmandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmiembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

“El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense”, dijo Trump, quien señaló que buscará la “restitución” y compensación por los daños “punitivos” por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de “agentes del gobierno”.

“Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para Estados Unidos, para la libertad y la libertad de expresión”, dijo.

El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump visitará este miércoles la frontera con México, en un intento por volver a atraer la atención mediática, aprovechando las críticas de los republicanos contra el gobierno de Joe Biden por el aumento en la detención de inmigrantes que intentan entrar al país.

El viaje junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, a una sección inacabada del muro fronterizo cerca de Weslaco, en el extremo sur de Texas, es la segunda aparición pública esta semana de Trump, quien fue derrotado por Biden en las elecciones de noviembre.

Trump se burló de Biden en un mitin realizado el sábado en Ohio, su primer evento de este tipo desde que dejó La Casa Blanca. Lo acusó de haber “desmantelado las defensas fronterizas de Estados Unidos e incitado a una avalancha de inmigrantes ilegales como este país nunca ha visto”.

Desde que asumió el cargo hace cinco meses, Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de Trump y ha prometido un sistema más humano. Detuvo la construcción del emblemático muro de Trump y cerró un programa que obligó a decenas de miles de migrantes a esperar en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos.

En lo que va de la administración Biden, los arrestos en la frontera han aumentado a los niveles mensuales más altos en dos décadas, incremento que los republicanos atribuyen a políticas más relajadas.

Aunque los republicanos han señalado que la inmigración será un punto focal de su campaña para retomar el control del Congreso el próximo año, un sondeo de Reuters/Ipsos sugiere que sus ataques están teniendo poco efecto.

La vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden encomendó abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos desde Centroamérica, visitó la semana pasada al frontera entre Estados Unidos y México cerca de El Paso, Texas. Muchos republicanos, incluidos Trump y Abbott, criticaron a Harris por no ir antes.

Abbott sostuvo en un comunicado que Harris estaba ignorando las “áreas problemáticas reales” a lo largo de la frontera y auguró que “fracasaría en su misión si se niega a hablar con los residentes del sector de Del Rio cuyas casas y ranchos están siendo invadidos por pandillas y contrabandistas”.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

 

Hace algunos años y en plena crisis humanitaria causada por los flujos de refugiados sirios cruzando territorio turco hacia Europa, diversos países de la Unión Europea buscaron que el gobierno de Turquía, encabezado por el presidente Recep Erdogan, detuviese ese movimiento masivo y trágico de familias enteras huyendo del conflicto y de crímenes de lesa humanidad propiciados por el régimen sirio. El quid pro quo tácito fue que varios gobiernos europeos se hiciesen de la vista gorda y no se pronunciaran sobre la política interna turca y la creciente degradación democrática en curso en ese país. Hoy, Estados Unidos podría estar cayendo en ese mismo error, o en lo que yo llamaría la “Trampa Erdogan”. Es decir, que cara a las elecciones intermedias legislativas del próximo año y el alcahueteo político y electoral del tema por parte del Partido Republicano, Joe Biden requiere contar, a toda costa, con el apoyo cabal mexicano para encarar los efectos de la transmigración centroamericana y disminuir sensiblemente los flujos de migrantes en la frontera con nuestro país. A cambio, para no contaminar esa posibilidad de cooperación mexicana y ante la particular manera en la cual el Presidente López Obrador concibe en esta coyuntura la relación con EU, Washington decidió que por el momento no cuestionará o presionará al gobierno y presidente de México en otros temas bilaterales sensibles y particularmente en aquellos de política interna mexicana que apuntan a la erosión de la democracia mexicana.

Qué duda cabe que la actual administración estadounidense debe hilar fino con México. A diferencia de Trump, a quien le importaba un pepino la relación con México o la política interna de nuestro país, Biden entiende que las fortalezas económica y democrática mexicanas son factores estratégicos para el bienestar y la seguridad de EE.UU. También tiene clara la proclividad del presidente mexicano por el hombre al que él derrotó en las urnas en noviembre pasado. Y ha detectado la inclinación de su homólogo de estar buscando en este momento -ante un gobierno que, a diferencia del de Trump, busca compartimentalizar de nuevo la relación y evitar que diferendos en un tema específico contaminen la agenda en su conjunto- un pulso de tensión con Washington, enmarcado en su narrativa de ellos vs nosotros, en su perspectiva particular de las relaciones internacionales y del vínculo con EU, así como su rechazo a una realidad inexorable: los vasos comunicantes que existen entre la política interna de cada nación y la agenda bilateral. Por ello Biden y su equipo han buscado desde el primer día minimizar las probabilidades de que López Obrador encuentre oportunidades para detonar casus belli con el gobierno estadounidense, tal y como ha ocurrido con el frente que abrió atacando el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México (después de haber ignorado convenientemente que éste se dio también durante la gestión de Trump en la Casa Blanca) y que de manera tácita e indirecta fue atajado con el pronunciamiento general en el sentido de que EU seguirá apoyando, como eje de seguridad nacional interno y en el mundo, a ONG dedicadas a fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Es en este contexto complicado que se encuadra la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a México.

Su viaje a México se originó como parte de la estrategia estadounidense para detener la escalada en los flujos migratorios estacionales en la región y como un esfuerzo para convertirla en pieza central de interlocución con el gobierno mexicano. Por ello fue ella quien anticipó la semana pasada a López Obrador el anuncio que haría la Casa Blanca más tarde ese día acerca del envío de dosis de vacunas a nuestro país. Y si bien pasarán algunos días antes de que tengamos una lectura más granular de los temas que se abordaron -y sobre cómo fueron abordados- en la reunión de ayer en Palacio Nacional, la vicepresidenta aterrizó el lunes por la noche en la Ciudad de México con una agenda conformada básicamente por el tema migratorio y la cooperación bilateral en la materia; los esfuerzos para garantizar que la vacunación blinde a ambos lados de la región fronteriza de nuevos casos o rebrotes, evitando en una especie de cordón sanitario nuevas disrupciones en las cadenas esenciales de suministro y dando pasos hacia la reapertura total de la frontera; la importancia de los temas ambientales y laborales como parte de las obligaciones mexicanas al amparo del TMEC; y un apuesta al reinicio de conversaciones sobre la cooperación en materia de seguridad. Dada la enorme complejidad y amplitud de la agenda bilateral -para Washington, única quizás en el mundo en función de ese abanico temático tan amplio- y ya no digamos los innumerables temas de política interna que impactan esa agenda y la relación entre ambas naciones, esta es una agenda temática indudablemente constreñida.

Los flujos migratorios centroamericanos ya han empezado a disminuir, como ocurre año con año con la temporada de lluvias. Y con una administración que con el paso de los meses ha alcanzado una mejor capacidad de gestión -ciertamente facilitada por la labor mexicana en prevenir cruces indocumentados hacia Estados Unidos- para enderezar la situación desastrosa que se encontró como legado envenenado trumpista en materia de política migratoria y de asilo a fines de enero cuando tomó las riendas de gobierno, la pregunta obligada es si Biden empezará a ampliar la agenda diplomática con México para incluir, de manera pública o en privado, otros temas esenciales para el futuro de la relación.

Biden y Harris ciertamente hacen bien en buscar evitar darle excusas al presidente mexicano para torpedear el diálogo integral que debe darse entre ambas naciones, y considero que es buena apuesta que la vicepresidenta se consolide como interlocutora privilegiada del gabinete estadounidense con México, sobre todo si se trata de buscar mitigar y darle la vuelta al recelo y resentimiento que López Obrador carga con los Demócratas en virtud de que considera que no lo apoyaron cuando buscó impugnar y cuestionar los resultados electorales de 2006 y 2012 en México. Pero en algún momento, la Administración Biden tendrá que empezar a ocuparse de los demás temas de la agenda bilateral: desde la infraestructura fronteriza, las energías renovables y el cambio climático hasta la indispensable cooperación en todos los temas de seguridad e inteligencia, el agua de los ríos Bravo y Colorado y la mitigación del impacto ambiental que generó el muro de Trump o la construcción de un andamiaje comercial y económico que permita a Norteamérica competir con China. Y como parte de esa ampliación temática, la preocupación por una presidencia imperial y por la vitalidad democrática en México, por sus pesos y contrapesos, su separación de poderes y sus organismos autónomos, por el papel de medios y sociedad civil en la rendición de cuentas, la pluralidad, la tolerancia y una democracia participativa, tendrán que jugar un papel en el cálculo estadounidense de cómo interactuar con este gobierno mexicano. Veremos si con la visita de la vicepresidenta -o a partir de ella- se empieza a perfilar esa agenda y si Estados Unidos sale de esa trampa en la que podría haber caído y en lugar de jugar matatenas, empieza a jugar ajedrez en la relación bilateral.

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con nuestro país durante el tiempo que estuvo vigente la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump.

Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que fue condenado de manera generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden, señala 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump; esta cifra está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5,636, cifra que podría coincidir con el conteo de la ACLU.

La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de la ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump; se ha contactado con los padres de otros 1,695, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

Recordemos que el gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas: 28 de Guatemala, 20 de Honduras, 13 de El Salvador y uno de México. Los funcionarios del gobierno federal dicen que 29 de los 62 han recibido la autorización final para regresar a Estados Unidos, lo que debería ocurrir después de que se hagan los arreglos de viaje.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados con base en la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

Facebook anunció este viernes que mantendrá el veto por dos años al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.

La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por dos años contando desde el 7 de enero pasado.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook e Instagram, también propiedad de la compañía, permanecen cerradas desde el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de miles de simpatizantes del expresidente, algunos de ellos armados, que dejó un saldo de cinco personas muertas.

La suspensión de la cuenta del exmandatario es el máximo castigo impuesto hasta ahora, y se debe a que se violó las reglas de la red social.

“Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos”, dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.

Después de que venza el plazo del veto ahora impuesto, la red social decidirá sobre el posible reingreso de Trump a la plataforma, una vez que determine “si continúa siendo un peligro serio para la seguridad pública”.

“Esta penalización solo se aplica a nuestros servicios. Trump es y seguirá siendo libre de expresarse públicamente por otros medios. Nuestro enfoque refleja la forma en que intentamos equilibrar los valores de la libertad de expresión y la seguridad en nuestros servicios, para todos los usuarios”, añadió Facebook en su comunicado.

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump; también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a La Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión de la red, Trump dijo que la suspensión de Facebook es un “insulto” a sus 75 millones de votantes en las pasadas “amañadas elecciones” presidenciales. Calificó la acción como un acto de censura.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos”.

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y “testigos mentirosos”, que en esta ocasión “buscan desesperadamente un delito”.

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. “Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí”, expresó el republicano.

Subrayó que buscan “la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump” porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye “inventar historias falsas”.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto reanudar los mítines el próximo mes, según ha confirmado uno de sus asesores, citado por el portal The Hill.

Dicha decisión demuestra la intención del magnate de aumentar su visibilidad y actividad política, ajustada a sus intenciones de buscar la presidencia en 2024.

Según la información recogida por el diario ‘The Daily Mail’, Trump busca realizar dos actos públicos en junio y uno más a principios de julio, aunque los eventos aún no han sido anunciados de forma oficial.

Presumiblemente se desarrollarán de forma similar a los mítines que pronunció durante su campaña de reelección.

Trump ha reforzado en los últimos días su liderazgo en el Partido Republicano con la expulsión de Liz Cheney de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes. La degradación es el precio que ha pagado Cheney por sus críticas al expresidente y su ruptura con la línea oficial del partido.

El expresidente estadounidense ha apoyado a varios candidatos republicanos para elecciones futuras, como a la exsecretaria de prensa de La Casa Blanca, Sarah Sanders, que se presenta a gobernadora del estado de Arkansas. En este sentido, los planes de Trump para celebrar mítines indican que probablemente continuará respaldando a ciertos candidatos republicanos.

Trump ha mantenido un perfil muy bajo desde que abandonó La Casa Blanca, después del asalto que sus partidarios llevaron a cabo el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, alentados por sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre.

Además, con sus cuentas de Twitter y Facebook suspendidas, ha limitado sus comunicaciones únicamente a sus seguidores. Además de participar en espacios televisivos conservadores, ha emitido comunicados criticando la agenda de su sucesor, Joe Biden, entre otros aspectos.

Un grupo de generales y almirantes retirados en Estados Unidos cuestionó la condición física y mental del comandante en jefe, el presidente Joe Biden, quien a sus 78 años es el gobernante más longevo del país.

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En una carta difundida, 120 integrantes de la organización autodenominada “Flag Officers 4 America” consideró que el país está “en grave peligro”, ante la que tildan como una lucha entre “partidarios del socialismo y el marxismo” y “partidarios de la Constitución y la libertad”.

Los exmilitares cuestionaron la votación de noviembre pasado con el mismo argumentario que usa el expresidente Donald Trump, al advertir que sin elecciones “justas y honestas que reflejen con exactitud la ‘voluntad del pueblo'”, la República Constitucional “está perdida”.

En el escrito, los exmilitares apuntaron que la integridad de las elecciones exige que se garantice un voto legal emitido y contado por ciudadano y pidieron al FBI y al Tribunal Supremo actuar con rapidez cuando surjan irregularidades y no ignorarlas como se hizo en 2020.

También llamaron a “no ignorar la condición física y mental del Comandante en Jefe”, es decir del presidente Joe Biden, al señalar que debe tomar rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional en cualquier lugar, de día o de noche.

De igual forma, consideraron que las investigaciones de los demócratas sobre los procedimientos del código nuclear envían “una peligrosa señal de seguridad nacional a los adversarios con armas nucleares”.

Los firmantes de la carta también dijeron que los “ilegales”, en referencia a los inmigrantes que ingresan en condición irregular, están “inundando” el país, abogaron por “fronteras controladas”, así como por más sanciones contra China o que EE.UU. no vuelva al acuerdo nuclear con Irán, del que Trump se retiró en 2018.

Quien también se lanzó contra el presidente Biden, fue Trump, quien a través de un posicionamiento emitido por su oficina, indicó que el demócrata ha tenido el peor comienzo que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos.

“Primero la crisis fronteriza, luego la crisis económica, luego la crisis de Israel y ahora la crisis de gas”, señaló el republicano en su comunicación.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, admitió este viernes ante la ONU que varias acciones de su país durante los últimos años han minado el orden internacional, pero prometió que el gobierno de Joe Biden actuará para repararlo.

“Sé que algunas de nuestras acciones en años recientes han minado el orden basado en normas y han llevado a otros a cuestionar si aún estamos comprometidos con él”, señaló Blinken en un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El jefe de la diplomacia estadounidense pidió que ese compromiso se juzgue por las acciones que el gobierno de Biden está tomando en el ámbito internacional, entre las que destacó el regreso al Acuerdo de París sobre el clima, su continuidad en la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus planes para volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU o sus negociaciones para volver a cumplir con el acuerdo nuclear con Irán.

Todas ellas son medidas que deshacen pasos dados por la Administración de Donald Trump, a la que Blinken evitó mencionar directamente.

El secretario de Estado destacó también el apoyo de su país a la plataforma COVAX para facilitar vacunas contra la covid-19 a todos los países y cómo Estados Unidos está afrontando con “humildad y transparencia” los problemas internos de su democracia, sin tratar de esconderlos del resto del mundo.

“Seguimos teniendo profundas diferencias entre los Estados miembros de la ONU y dentro de este Consejo, pero Estados Unidos no escatimará ningún esfuerzo para buscar terreno común con cualquier país que cumpla con su compromiso con el orden que fundamos juntos y que debemos defender y revitalizar juntos”, señaló Blinken.

El responsable estadounidense de Exteriores insistió en la necesidad de más cooperación internacional y advirtió que el orden global en vigor desde la creación de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, está en peligro.

“El nacionalismo está resurgiendo, la represión crece, las rivalidades entre países se están haciendo más profundas y los ataques contra un orden basado en normas se están intensificando”, apuntó.

Luego del la cifra récord de 4.8 millones de habitantes de Florida que votaron por correo en la elecciones generales de noviembre pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio de dicho voto.

La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.

El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.

La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.

El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. “Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país”, indicó DeSantis.

Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las “más transparentes y eficientes del país”.

Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente. Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

“Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley”, expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El consejo asesor de contenido de Facebook, un órgano independiente que vigila lo que se publica en la red social y sus consecuencias, avaló este miércoles el cierre de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, alegando que con sus mensajes “creó un ambiente donde había un grave riesgo de violencia”.

Facebook cerró la cuenta de Trump después de que éste alentara a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio el 6 de enero, con un polémico discurso en el que el magnate neoyorquino puso en duda la legitimidad del triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

En un primer momento, se trató de una medida temporal, pero esta se hizo definitiva al día siguiente, después de que los seguidores de Trump asaltaran la sede del poder legislativo estadounidense. El consejo asesor de contenido tenía la última palabra y, con una decisión vinculante, ha descartado una posible reapertura de la cuenta.

“El consejo ha concluido que, al mantener una narrativa sin fundamento sobre el fraude electoral y reiterados llamamientos a la acción, Trump creó un ambiente donde era posible un grave riesgo de violencia”, han determinado los expertos, que ven un riesgo “claro e inmediato” en los mensajes que publicó a principios de enero el aún presidente.

Sin embargo, el panel indicó que “no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida” por lo que llamó a la plataforma a “revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada” en los próximos seis meses.

Señaló que la compañía impuso inapropiadamente una suspensión indeterminada sin estándares claros. Así, ordenó a Facebook determinar una respuesta que sea consistente con las reglas aplicadas a otros usuarios de la plataforma.

“Facebook dejó la suspensión indefinida y remitió todo el asunto a la junta de supervisión, aparentemente esperando que la junta hiciera lo que no había hecho”, dijo Michael McConnell, copresidente del organismo, durante una conferencia de prensa después de publicar su decisión.

McConnell agregó: “Las sanciones indefinidas de este tipo no pasan la prueba internacional o estadounidense en cuanto a claridad, consistencia y transparencia”.

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump, que también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a la Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión del consejo asesor, Donald Trump reiteró sus denuncias sobre el supuesto fraude en las elecciones.

“Si el cobarde e incapaz líder de la minoría (republicana en el Senado) Mitch McConnell… hubiera batallado para exponer toda la corrupción que apareció en aquel momento, y con más hallazgos desde entonces, hubiéramos tenido un resultado muy diferente” de la elección presidencial de noviembre, dijo Trump en un comunicado divulgado por su oficina.

Trump, quien ha dicho que sí contempla postularse nuevamente a La Casa Blanca, repitió que hay abundantes pruebas de fraude electoral e instó a sus seguidores “a no rendirse jamás”.

Estados Unidos va a comenzar a reunir esta semana a algunas familias migrantes separadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump, anunció este lunes el secretario de Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas.

Mayorkas indicó que cuatro madres que huyeron de “situaciones extremadamente peligrosas en sus países de origen” van a ser reunidas con sus hijos tras haber sido separados en la frontera entre Estados Unidos y México.

El funcionario celebró este avance después de que el gobierno de Joe Biden estableciera un equipo especialmente dedicado a rastrear a las familias y reunirlas, encabezado por el propio secretario.

“El grupo de trabajo ha realizado un progreso crítico en unos pocos meses y va a seguir trabajando sin descanso para darle a las familias la oportunidad de reunirse y sanar”, indicó Mayorkas, que es el primer latino y el primer inmigrante en encabezar este Departamento que se ocupa, entre otras tareas, de la seguridad en la frontera.

La política de Trump de “tolerancia cero” a la inmigración irregular comenzó a ser aplicada en 2017 y fue anunciada formalmente en 2018.

Mediante la separación de las familias, en su mayoría centroamericanos huyendo de la violencia, el gobierno de Trump buscaba disuadir a los migrantes de que emprendieran el viaje hacia su país.

Su implementación, que se estima afectó a cerca de 5,000 menores, fue suspendida ante una ola de indignación nacional y mundial.

Mayorkas expresó su alegría ante el inicio del proceso de reunificación y por el hecho de que estas “cuatro madres puedan abrazar a sus hijos después de tantos años”. El colaborador del presidente demócrata indicó que esto es sólo el “principio” del programa.

Recordemos que Joe Biden denunció la política de su predecesor como una “vergüenza moral y nacional”.

No está claro cuántos niños todavía están lejos de sus padres, pero se estima que son cerca de 1,000. Muchos de ellos son originarios de zonas rurales y comunidades ubicadas en áreas montañosas de difícil acceso, una tarea logística complicada además por la pandemia.

El gobierno no clarificó si se va a permitir a las familias la residencia legal en Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este jueves que está “100% considerando” presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y contempla como su posible fórmula a Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y uno de sus más férreos aliados.

Durante una entrevista con el canal Fox, el republicano dijo que la idea de una fórmula Trump-DeSantis parece que “encanta”.

Trump, que terminó su mandato de cuatro años el pasado 20 de enero, tras ser derrotado en noviembre por el demócrata Joe Biden, ha señalado en varias ocasiones la posibilidad de emprender una campaña para la presidenciales de 2024.

“Estoy estudiando muy seriamente, más que seriamente, pero por razones legales no quiero realmente hablar de eso todavía. Es demasiado pronto”, aseguró Trump.

El republicano, que se estableció en Palm Beach, Florida, desde enero pasado, ha recibido a un grupo de políticos en su club Mar-a-Lago en busca de su “bendición” para las elecciones legislativas de 2022, que son por ahora su prioridad, según analistas republicanos.

Trump, que fue el padrino político de DeSantis en las elecciones de 2018, ha sido muy cercano al gobernador. “Ha hecho un gran trabajo como gobernador”, expresó este jueves Trump durante la entrevista al cana Fox.

DeSantis es “un amigo mío” y “un gran tipo”, dijo Trump a la periodista Maria Bartiromo. “Apoyé a Ron y, después de que lo respaldara, despegó como un cohete”, recordó.

DeSantis fue en febrero pasado el anfitrión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Orlando, en la que fue el candidato republicano favorito para las elecciones de 2024 en una encuesta de ese foro.

Entre tanto, Trump y su vicepresidente Mike Pence, que no asistió a la CPAC, se alejaron después de que este se rehusara a ayudarlo en su empeño de revertir los resultados electorales de noviembre pasado, en los que ganó Biden.

En más de Trump, el magnate siguió atacando al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, al decir que los republicanos harían bien en encontrar un nuevo líder si esperan recuperar el Senado en 2022.

“Necesitamos un buen liderazgo. Mitch McConnell no ha hecho un gran trabajo. Creo que deberían cambiar a Mitch McConnell”, dijo el expresidente.

Y es que según analistas, la fractura entre Trump y McConnell podría complicar las cosas para los republicanos en su intento de recuperar la mayoría del Senado, ya que los votantes y los legisladores están divididos entre los leales a Trump y al partido tradicional.

McConnell atrajo la ira de Trump al reconocer que el presidente Joe Biden había ganado y al culpar a Trump del mortal ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, después de que el Senado absolvió al expresidente de un cargo de incitación a la insurrección.

Hace menos de un mes, Trump llamó a McConnell “hijo de puta” en una cena para donantes del Comité Nacional Republicano en su club Mar-a-Lago, según un asistente. McConnell no ha respondido a los ataques de Trump y rara vez se refiere al expresidente en público.

Foto: Twitter @MiguelDiazOK1

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

De todos los resultados que se derivan de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre pasado, pocos han llamado tanto la atención de los analistas políticos y encuestadores como lo ocurrido en Zapata, un condado somnoliento a orillas del río Bravo. Donald Trump se convirtió en el primer candidato presidencial Republicano en ganarlo en cien años. Y según el censo, más del 94 por ciento de su población (menos de 15 mil habitantes) es hispana y abrumadoramente mexicoamericana. Si bien Zapata fue el único condado en el sur de Texas que se volteó y tiñó de rojo, de ninguna manera fue una anomalía: hacia el norte en Webb, otro condado predominantemente hispano, el GOP duplicó su apoyo. Al sur, el condado de Starr, que es más del 96 por ciento hispano, experimentó el mayor viraje a la derecha del país; el GOP vio su apoyo incrementarse ahí en 55 puntos porcentuales en comparación con 2016. Los resultados en una región que la mayoría de los analistas ignoraron en sus pronósticos preelectorales terminaron ayudando a frustrar las esperanzas que los Demócratas tenían de ganar Texas en el Colegio Electoral. ¿Cómo pudo Trump, uno de los líderes antiinmigrantes y xenófobos más virulentos -vaya, el más antimexicano en la historia moderan de Estados Unidos- abrirse camino con tantos votantes mexicoamericanos y nada menos que en un corredor a lo largo de la frontera con México?

Con el paso de los meses, se ha venido publicando ya información granular sobre cómo votaron los distintos bloques sociodemográficos del país. El panorama que aquella arroja para los Demócratas, si bien en términos generales es positivo, augura peligros reales para ese partido y su atractivo para los votantes de origen hispano. Y es que 2020 los vio convertirse en la primera minoría de EE.UU, o lo que equivale a 32 millones de votantes elegibles y el 13.3 por ciento del total del electorado (en 2016, los hispanos representaban el 11.9 por ciento).Un estudio reciente de la Universidad de California Los Ángeles sobre el voto hispano que analizó boletas emitidas en lugar de encuestas a boca de urna, arroja datos esclarecedores. Cerca de 16.6 millones votaron en las elecciones presidenciales de 2020. Esto representa un aumento del 30.9 por ciento, casi el doble con respecto al 15.9 por ciento de 2016, el mayor incremento de votos hispanos en cuatro años. Y no cabe duda alguna de que, primero, votaron por Joe Biden por márgenes muy amplios en todo el país, y en línea con los márgenes históricos obtenidos por Barack Obama en 2008 y 2012. Segundo y aún más importante, le dieron la victoria en estados bisagra clave del Colegio Electoral. Los votantes hispanos apoyaron a Biden sobre Trump por un margen de casi 3 a 1 en condados de Arizona, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y con un margen de 2 a 1 o más en condados de Georgia. En Arizona, el tamaño del electorado hispano y su abrumador apoyo a Biden cambiaron el estado de Republicano a Demócrata en el Colegio Electoral por vez primera desde 1996. En Georgia y Wisconsin, donde la diferencia entre el candidato ganador y el perdedor fue de aproximadamente 12,000 y 21,000 votos respectivamente, el fuerte apoyo de los votantes hispanos a Biden y sobre todo el incremento en sus niveles de participación en las casillas ayudó a inclinar esos dos estados a favor del candidato Demócrata. Incluso en Florida y Texas, la mayoría de los hispanos en ambos estados votaron por el actual presidente: si bien los hispanos en Miami-Dade votaron por Trump por un margen de 2 a 1, con ello garantizando que el GOP mantuviera control del estado en el Colegio Electoral, el voto hispano en el resto de la entidad apoyó a Biden por un margen de 2 a 1; en Texas, con excepción de condados fronterizos, los márgenes también fueron de 2 a 1 o más.

Hasta aquí las buenas noticias. Si bien los Demócratas se llevaron la gran mayoría de los votos hispanos en 2020, el análisis de los resultados de los comicios también muestra que los Republicanos avanzaron con este demográfico, el grupo de votantes no blanco más grande del país, y particularmente entre hombres hispanos. Según las encuestas a boca de urna, el 36 por ciento de los hombres hispanos votaron por Trump, frente al 32 por ciento en 2016. Estos votantes también ayudaron a los Republicanos a ganar varios escaños en la Cámara de Representantes en distritos racialmente diversos que los Demócratas pensaban que podían ganar, particularmente en Texas y Florida. Según un análisis a nivel de precinto electoral realizado recientemente por OpenLabs, una consultoría de mercadotecnia de corte progresista, el apoyo hispano a los Demócratas se redujo hasta en un 9 por ciento en las elecciones y mucho más en partes de Florida y el sur de Texas. Sin embargo, más allá de los datos duros, persiste una interrogante, especialmente para los Demócratas que durante mucho tiempo han creído tener una ventaja importante con el voto hispano: ¿Qué está impulsando la inclinación política de hombres hispanos en particular?

Durante décadas, los candidatos Demócratas adoptaron la hipótesis de que si la participación hispana aumentaba, era más probable que ganara el partido. Pero entrevistas con decenas de hombres hispanos de todo el país que votaron por el GOP el año pasado mostraron una profunda discrepancia con tales presunciones. Como cualquier votante, estos hombres también están motivados por sus opiniones sobre una variedad de temas: muchos mencionan su oposición al aborto, su apoyo a los derechos sobre las armas y a políticas de inmigración restrictivas. La gran mayoría subrayaron que muchos Demócratas no entendían cuánto se identificaban con ser proveedores: ganar suficiente dinero para mantener a sus familias es fundamental para la forma en que se ven a sí mismos y a la política. Desean impuestos bajos, pocas regulaciones y quieren apoyar al partido que creen que les permitirá trabajar y hacerse ricos. Las encuestas efectuadas en los últimos tres meses muestran una notable brecha de género, con los hombres hispanos mucho más inclinados que las mujeres hispanas a apoyar al GOP. Y son los hombres mexicoamericanos menores de 50 años quizás el grupo demográfico que más debería preocupar a los Demócratas, porque es más probable que tiendan a apoyar a candidatos conservadores. Esto conduce además a un factor adicional que algunos subrayamos en su momento y que en gran medida responde a la pregunta de arranque de esta columna: los datos duros muestran que el uso electoral en spots microdirigidos que la campaña de Trump dio a las declaraciones desafortunadas y zalameras de su homólogo mexicano en julio pasado en la Casa Blanca redituó en las urnas y dio en el blanco precisamente con esos votantes mexicoamericanos hombres del sur de Texas.

Ronald Reagan alguna vez observó, cuando se empezaba a hablar del potencial del voto hispano en Estados Unidos, que “Los hispanos son Republicanos; no lo saben todavía.” Hoy, una organización de movilización del voto, Libre Initiative, financiada por la red conservadora de los hermanos Koch, ha estado trabajando de manera consistente y denodada desde hace una década en promover el conservadurismo en la comunidad hispana. Y obtener el apoyo de hombres hispanos ha sido, de alguna manera, un desafío de décadas para los Demócratas. Pero hoy se yergue como un recordatorio persistente de que el partido nunca ha logrado movilizar y atraer plenamente a este grupo demográfico. Sin embargo, algunos estrategas electorales en el partido están cada vez más alarmados de que los Demócratas no estén haciendo lo suficiente para llegarle a hombres hispanos cuyas principales prioridades se basan en la economía, en lugar de la justicia racial o la igualdad. Y advierten que es probable que los hombres hispanos emitan votos decisivos en futuras contiendas por el control del Congreso, así como para quién gobierne desde la Oficina Oval. Chuck Rocha, quien en 2020 articuló para la campaña primaria de Bernie Sanders -un hombre que perdió de manera abrumadora el voto hispano contra Hillary Clinton en 2016- una de las campañas más eficaces que me ha tocado ver de movilización del voto hispano en Estados Unidos, subrayó recientemente que si los Demócratas siguen tratando a los hispanos como si fuesen un bloque homogéneo, van a experimentar una sangría de votantes hispanos aún mayor en las próximas elecciones. Narrativas específicas, por ejemplo el miedo al “socialismo” con votantes cubanoamericanos y de origen sudamericano en el condado de Miami-Dade, y entendiendo las diferencias entre bloques distintos de hispanos y sus particularidades en zonas distintas del país, puede resultar mucho más efectivo que una campaña que trata a los votantes como si fueran categorías del Censo.

Hay que hablarles a los hispanos sobre los temas que les preocupan y no solamente sobre sus identidades. Esa lección la aprendieron bien los Demócratas en Arizona, pero no en otras partes del país. La elección de 2020 es una sonora llamada de alerta. Los Demócratas tienen que poner las barbas a remojar. Si no invierten desde temprano, de manera consistente y con antelación a cada ciclo electoral -en lugar del esfuerzo de movilización caracterizado por la coyuntura electoral y por el “demasiado poco, demasiado tarde” con el que suelen aproximarse al votante hispano- en entender y atraer a un arcoíris de votantes hispanos, no podrán seguir dando por sentado el apoyo abrumador de ese segmento cada vez más crucial del voto estadounidense.

El expresidente Donald Trump criticó la decisión del gobierno de Joe Biden de permitir la suspensión de forma cautelar de la vacunación con el fármaco desarrollado por la farmacéutica Johnson & Johnson contra la COVID-19.

El gobierno de Biden “hizo un flaco favor a la gente de todo el mundo” al permitir que los CDC y la FDA hicieran una “pausa” en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, cuyos resultados “han sido extraordinarios”, señaló hoy Trump en un comunicado.

El expresidente republicano aprovechó la pausa cautelar de la aplicación de la vacuna de J&J para levantar sospechas sobre los motivos de la suspensión.

“Tal vez todo esto se hizo por motivos políticos o tal vez sea por amor de la FDA a Pfizer (otra vacuna)”, dijo el exmandatario, y añadió que fue este organismo, “trabajando con Pfizer”, el que “anunció la aprobación de la vacuna dos días después de las elecciones presidenciales de 2020”.

“¡Vuelva a poner la vacuna de Johnson & Johnson en la línea rápidamente. La única forma de derrotar al virus de China es con nuestras excelentes vacunas!”, apuntó.

Y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendaron “una pausa” en el uso de la citada vacuna por “cautela”, después de haberse detectado 6 casos de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave” entre las más de 6.8 millones de dosis administradas.

El anuncio de la FDA y los CDC significa que todos los canales de salud federales (lugares de vacunación masiva, centros de salud comunitarios y similares) que administraban anteriormente la vacuna de Johnson & Johnson tendrán que detener el proceso por el momento.

La de J&J no ha sido la única vacuna cuya administración se ha suspendido en el mundo, ya que varios países también han detenido el uso del suero de AstraZeneca después de detectar casos de trombos.

Expertos han señalado que la de Johnson & Johnson es como una vacuna tradicional: más fácil de distribuir y de almacenar que las basadas en ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna. Al igual que la de AstraZeneca, usó una tecnología sobre la que los científicos llevan trabajando desde hace décadas: un virus denominado adenovirus.

Los adenovirus son virus comunes que provocan enfermedades como el resfriado o la gripe.

La vacuna de J&J utiliza un adenovirus desactivado que manda instrucciones al cuerpo de la persona vacunada para combatir la COVID-19. Este virus no tiene nada que ver con el coronavirus y no se puede replicar ni causar una infección viral en el vacunado.

La vacuna de J&J toma las instrucciones genéticas del virus para construir proteínas en pico, pero, a diferencia de los preparados de Pfizer y de Moderna, que almacenan esos datos genéticos en ARN monocatenario, es decir, de cadena sencilla, este suero usa ADN bicatenario (de doble cadena).

Los ensayos clínicos dieron un eficacia de la vacuna de J&J del 66% en la prevención de la enfermedad moderada o grave en la Fase 3 de una prueba clínica en EUA y del 85 % en los casos más graves.

Janssen Pharmaceutica, una división de Johnson & Johnson con sede en Bélgica, desarrolló la vacuna en colaboración con el israelí Beth Israel Deaconess Medical Center.