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La Suprema Corte de Arizona determinó este lunes que las universidades y colegios comunitarios de la entidad no pueden otorgar colegiaturas baratas, reservadas para los residentes del estado, a los jóvenes inmigrantes  indocumentados beneficiarios del programa DACA.

 

El tribunal emitió un breve dictamen este lunes en el que señala que sus magistrados estuvieron de acuerdo por unanimidad con la decisión expresada por la Corte de Apelaciones de Arizona.

 

Ésta se refiere a que las leyes federales y estatales vigentes no permiten que los Colegios Comunitarios de Maricopa otorguen colegiaturas para residentes a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

 

El dictamen precisa que una opinión completa que explicará la decisión del tribunal se dará a conocer antes del 14 de mayo. Sin embargo la Suprema Corte se adelantó a emitir el dictamen para permitir que los estudiantes del Colegio Comunitario de Maricopa tengan tanto tiempo como sea posible para planear sus estudios, de acuerdo con la decisión tomada.

 

La diferencia en el costo de las colegiaturas entre estudiantes dentro y fuera del estado en colegios comunitarios y universidades de Arizona es significativo y pudiera decidir el futuro de muchos jóvenes. Se estima que en el estado residen unos 30 mil jóvenes beneficiarios del programa DACA.

 

Los estudiantes residentes en el estado pagan en la Universidad Estatal de Arizona una colegiatura de 10 mil 640 dólares este año, mientras que los estudiantes no residentes pagan 26 mil 470 dólares. Los residentes pagan 86 dólares por hora de crédito en los Colegios Comunitarios del Condado de Maricopa, en comparación con 241 dólares para no residentes. De acuerdo con el fallo de la Suprema Corte, los jóvenes DACA deberán pagar desde ahora la colegiatura más cara.

 

Con información de Notimex / Foto. Archivo APO

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, la auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó actos de corrupción en el que han incurrido al menos cuatro universidades públicas, alcanzando un monto de 831 millones 141 mil 905.60 pesos.

 

Se detalló que el método de desfalco consiste en simular contratos e incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas de nivel superior que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para cumplir con lo que se les solicita. A su vez, las universidades subcontratan a terceros que tampoco cuentan con la documentación que compruebe o dé constancia de que los servicios fueron realizados.

 

Dicha situación ha provocado que la ASF lleve a cabo las conocidas “auditorías forenses”, inicie procedimientos administrativos a servidores públicos, imponga multas a empresas, exija al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaciones a contribuyentes y presente denuncias ante la PGR.

 

 

 

 

Con información de Excelsior / Foto: Archivo APO