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El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Congreso de Baja California que se deje de «marrullerías y prácticas dilatorias», y que notifique ya al Ejecutivo Estatal la reforma que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobierno local.

Indicó que dicha petición tiene la finalidad de que se publique y con eso se puedan presentar ante la Corte la Acción de Inconstitucionalidad que tienen contemplada.

“En Acción Nacional estamos listos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que anule la burda maniobra de Morena en Baja California, que atenta contra la democracia y vulnera la voluntad de los bajacalifornianos. Solo falta que el Congreso local notifique la aprobación al ejecutivo, para que se publique la reforma y se pueda interponer el recurso”, expresó el dirigente panista.

El exhorto al Congreso de Baja California se da después de 13 días de inacción de la XXIII Legislatura local que asumió funciones el pasado 1 de agosto, ya que consideran que el tema es de la mayor importancia, por representar un «gravísimo precedente» para la vida democrática en México,.

Cortés Mendoza insistió en que el experimento que Morena pretende incubar en Baja California, busca replicarse a nivel federal, con la intención de allanar el camino para que el Presidente de la República se perpetúe en el poder.

Dijo que de no ser que busque quedarse en el poder, le piden al presidente López Obrador que, sin titubeos, se ponga de lado de la legalidad y a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente su propia Acción de Inconstitucionalidad.

Marko Cortés recordó que, por cuestiones procedimentales, es necesario que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado para garantizar la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad y permitir que sea la Suprema Corte quien revierta este nuevo atentado de Morena en contra de la democracia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) impulsada por los legisladores de Morena, pues dijo que podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos.

En el documento presentado se expresó que la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución del país.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva.

Pese a la acción jurídica emprendida, la CNDH señaló que es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.

 

Al reunirse con los integrantes de su gabinete en materia de seguridad, el virtual candidato ganador a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que invitó al actual titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Manuel Mondragón y Kalb, a participar en la elaboración del programa de acción que implementará su gobierno.

Sin especificar si había ofrecido algún cargo en su futuro gobierno a Mondragón y Kalb, AMLO dijo que está invitando a todos las personas que tienen experiencia en el área de seguridad, sin importar si han colaborado con el gobierno actual.

“Estamos invitando a todos los que tienen experiencia a participar y sí, el doctor Mondragón está invitado a esta reunión y otros, muchos otros… todavía no se definen los cargos, lo que estamos haciendo primero es el programa, primero el programa de acción», indicó López Obrador desde el salón De Luz en la colonia Roma.

Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad Pública, confirmó la invitación que AMLO le hiciera al actual funcionario federal, así como a otros expertos. Recordemos que Manuel Mondragón fungió como titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública en la administración de Enrique Peña Nieto.

Adicional fungió como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por ahora se desempeñará como asesor en materia de seguridad del tabasqueño.

 

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, admitió la acción de inconstitucionalidad que presentaran la tarde de ayer los diputados de oposición en contra de la Ley de Seguridad Interior.

 

Con dicha admisión, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal tienen 15 días para presentar sus informes correspondientes, y hacer llegar a la Corte todos los antecedentes relacionados con el proceso de la Ley que se aprobó a finales del año pasado.

 

Y si bien la admisión del recurso legal no suspende la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que durante el tiempo en que la SCJN resolviera los alegatos que pudieran derivarse de la Ley, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

 

Con información d Reforma / Foto: Archivo APO

En línea con lo que hicieron los Diputados de sus bancadas, esta mañana los Senadores del PRD, PAN y PT-Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

 

La acción jurídica contó con el respaldo de 49 legisladores, y fue entregado este mañana por los perredistas Luis Sánchez, Isidro Pedraza y Angélica de la Peña. Por los senadores del bloque Morena-PT Manuel Bartlett, Zoé Robledo y David Monreal, así como por el panista Ernesto Ruffo Appel.

 

 

Bartlett insistió en que en la Ley de Seguridad Interior «hay excesos por parte del Ejecutivo federal que deben ser corregidos, precisamente con los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos si hay República».

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

 

El pleno del instituto aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

 

Sobre los artículos, el INAI advierte lo siguiente:

  • El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.
  • Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
  • Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

 

Se indicó que «el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad».

 

Sobre el artículo 31 de la Ley, el INAI señaló que:

  • Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
  • No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
  • Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.

 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que «los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos».

Acuña Llamas aseguró que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.