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34 operadores de Morena que participaron en la “Operación carrusel”, encabezada por el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fueron recompensados con cargos dentro del gobierno federal, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos 34 operadores sacaron mediante cheques de caja más de 42 millones de pesos en efectivo de un fideicomiso para damnificados del sismo y presuntamente desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena.

Al iniciar la administración de López Obrador, estos operadores fueron integrados a la nómina federal; 30 encontraron lugar en la Secretaría del Bienestar, la dependencia responsable del reparto de programas sociales; dos en la Secretaría de Educación Pública; uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno más en la oficina de la Presidencia de la República.

Recordemos que la semana pasada, una investigación de MCCI y Latinus reveló que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y su oficial mayor, Denis Vasto Dobarganes, participaron en la operación que se extendió por 20 minutos en la cual se hicieron depósitos en efectivo por casi un millón de pesos.

Esquer y los operadores de Morena se formaron varias veces en una sucursal bancaria al sur de la Ciudad de México, para hacer depósitos idénticos, de 50 mil pesos cada uno. Esa estrategia fue replicada en otras sucursales en cuatro días consecutivos de diciembre de 2017, y así el fideicomiso recibió 44 millones de depósitos en efectivo.

La operación carrusel, mediante la cual el monto millonario se fragmentó en cientos de depósitos de 50 mil pesos cada uno, sirvió para librar las leyes de supervisión fiscal y contra el lavado de dinero. Después de realizarse los depósitos, la mayor parte del dinero fue sacado mediante cheques de caja por operadores de Morena, no por damnificados.

Investigación completa en MCCI

El Gobierno de México presentó una denuncia por el lavado de más de 80 millones de pesos, procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La querella formal ante la PGR contra el presunto huachicolero derivó de las indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante las cuales se logró identificar una serie de depósitos en efectivo, que permitieron corroborar la “mecánica financiera de las operaciones”, explicó Hacienda en el comunicado de prensa.

“El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los cuales se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, precisó la dependencia.

 

HÉCTOR DE MAULEÓN

EL UNIVERSAL

 

 

El 28 de diciembre pasado, seis hombres y tres mujeres ingresaron en la sucursal San Ángel de Banca Afirme. Videos de seguridad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó luego al Instituto Nacional Electoral, INE, revelan que estas personas realizaron aquel día 28 depósitos en efectivo, cada uno por la cantidad de 50 mil pesos.

Los depósitos se realizaron entre las 16:26 y las 16:47.

Los depositantes se formaban en la fila, entregaban al cajero una fajilla, salían de la sucursal, volvían a entrar y se formaban de nuevo “con la intención de llevar a cabo un segundo y hasta tercer depósito”.

En esos 20 minutos depositaron 1 millón 400 mil pesos a la misma cuenta: el Fideicomiso “Por lo demás”, creado por Morena para recaudar fondos en beneficio por los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

En las sucursales de Banca Afirme Plaza de la República, Insurgentes, Arcos, Iztapalapa, Pericoapa, Metepec, Tecnoparque, Toluca, Gobierno DF, Satélite y Vallejo, otras personas efectuaron depósitos con el mismo modus operandi.

Según la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, no se trataba de ciudadanos que “que de manera causal” acudieran a las sucursales a depositar en efectivo. Según el expediente INE/Q-COF-UTF-93-2018, “existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas”.

Poco después de los sismos, el entonces precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un Fideicomiso “destinado a apoyar a los mexicanos afectados” y llamó a los ciudadanos a realizar depósitos. En un boletín de Morena se hizo circular el número de cuenta destinado a recaudar
esos fondos (133-12/765).

López Obrador anunció la creación de un comité técnico integrado “por personas que son muy respetables y de inobjetable honestidad”.

El comité quedó integrado por personas que, según el INE, “guardan estrecha relación con Morena o que han tenido acceso a cargos de elección y otros en la estructura del partido” (Bertha Maldonado, Bernardo Bátiz, Pedro Miguel, Jesusa Rodríguez, etcétera).

El 27 de septiembre se firmó un convenio de adhesión a través del cual los integrantes del comité técnico aceptaban que formaran parte de “Por los demás” una serie de fideicomitentes adherentes.

A través del análisis de estados de cuenta y fichas de depósito fechados entre el 26 de septiembre de 2017 y el 1º de mayo de 2018, de los 58 adherentes 47 eran legisladores de Morena. Entre ellos figuran Manuel Barlett, Dolores Padierna y Layda Sansores.

Dos oficios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (214-4/7918854-2018 y 214-4/792/604/2018) revelan que en esos meses el Fideicomiso recibió 78 millones 818 mil, 556.37 pesos.

De estos, más de la mitad, 44 millones, 407, 082.49, se depositaron en efectivo –sobre todo en un periodo de siete días.

Aunque las cláusulas del Fideicomiso prohíben las aportaciones en efectivo —solo están autorizadas las que se realizan vía cheque o por transferencia electrónica, para evitar la entrada de dinero no rastreable—, el comité técnico reconoció los depósitos en efectivo. Lo correcto, según el INE, era que el comité repudiara estas aportaciones y solicitara que la cuenta se bloqueara para impedir la entrada de dinero no rastreable. De hecho, asegura el INE, el comité debió poner a disposición de las autoridades del sistema bancario dichas cantidades.

 

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