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La Procuraduría General de la República (PGR) investigará a jueces y magistrados de Veracruz por los criterios legales aplicados contra los involucrados en el caso del exgobernador Javier Duarte.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Muñoz Vázquez, dijo que la dependencia cambiará de estrategia para evitar que los implicados puedan estar fuera de la cárcel.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

El funcionario dijo que la PGR no comparte las estrategias de los jueces y magistrados de Veracruz, por lo que realizará otras acciones legales para lograr condenas contra los implicados y que no queden libres.

De Muñoz Vázquez aseguró que, ante esta forma de actuar de los jueces y magistrados, la PGR ya los investiga, puesto que podrían tener nexos con el crimen organizado y por ello liberan a delincuentes.

Además, explicó que en el caso de Javier Duarte de Ochoa buscaron una sentencia rápida con un proceso abreviado ante esta amenaza legal debido a la actitud de los jueces.

Claudia Ruíz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la designación del veracruzano Erick Alejandro Lagos Hernández como delegado regional en Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Cabe señalar que Lagos fungió como subsecretario de Gobierno durante el primer año de la administración de Javier Duarte de Ochoa. En agosto de 2013 se convirtió en secretario de Gobierno, cargo que ocupó hasta enero de 2015 cuando buscó la candidatura a una diputación federal por el distrito de Acayucan.

Lagos Hernández también está relacionado con el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

En 2016, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, amplió una denuncia en contra de funcionarios de la administración anterior, entre ellos, los exdiputados federales Alberto Silva Ramos, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Tarek Abdalá Saad, Noemí Guzmán Lagunes y Erick Lagos Hernández.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, escribió una carta donde aseguró que se le vio con una sonrisa durante su detención en Guatemala porque todo era un “show mediático”. Además, afirmó que se declaró culpable pues no tenía probabilidades de ganar el juicio.

“Todo mundo ha preguntado porqué durante su “detención” y posteriormente en sus diferentes apariciones públicas Javier Duarte siempre tenía una sonrisa en la cara. La respuesta es muy simple ¡¡¡Porqué sabía que todo era un circo, un montaje, un espectáculo mediático, un show y que las autoridades no tenían, ni tienen, ninguna prueba en mi contra, ya que nunca hice nada ilegal”, se lee en el escrito.

Cabe recordar que tras la sentencia de 9 años que se le dictó el pasado 26 de septiembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un espectáculo dicha resolución.

“Han surgido una serie de análisis y opiniones en cuanto a este suceso (la sentencia), siendo la que considero la más acertada la que hizo el propio C. presidente de la República electo al decir, con toda razón, que esto es puro show”, escribió Duarte en la misiva de 15 cuartillas que envió al periodista Ciro Gómez Leyva, desde el Reclusorio Norte.

El expriista además asegura que no existe una sola prueba documental o cuenta bancaria a su nombre o el de su familia, y las acusaciones en su contra estuvieron sostenidas simplemente por los dichos de delincuentes confesos que tuvieron beneficios por señalarlo.

“Esta campaña de linchamiento público me ha colocado frente a la sociedad mexicana como culpable de todo por lo que se me acusa, violando con ello, de manera reiterada el principio de presunción de inocencia”, dice el exgobernador.

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, le envió una carta al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, para que respete su “presunción de inocencia” por un video en el que comentó que Duarte es culpable de haber dado agua destilada a niños con cáncer.

A través de sus redes sociales, el legislador mostró el documento que le fue enviado desde la cárcel en el que Duarte le pide respetar la presunción de inocencia y al partido MC que promueva la prudencia para los imputados.

“El señor pide con total cinismo que yo respete su presunción de inocencia por ser un derecho humano. Yo le contesto que para respetarle los derechos humanos primero tendría que ser él un humano, y solo ha demostrado ser un monstruo, vil y cruel que impide el progreso de la humanidad y de nuestro país como tal”, dijo el senador.

En la carta, Duarte hace referencia a los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero por los que un juez federal le dictó nueve años de sentencia y 58 mil pesos de multa, sin embargo, su queja fue por acusarlo de aplicar quimioterapias y pruebas de VIH falsas en  los hospitales de Veracruz.

Este es el video que generó el reclamo de Duarte:

PARECE SER QUE JAVIER DUARTE SE DECLARARÁ CULPABLE Y POR LA COOPERACIÓN LE PODRÍAN DAR UNA SENTENCIA MÍNIMA // ESPERAMOS QUE SE LE DÉ LO MÁXIMO QUE SE PUEDA // COMPARTE Y DIFUNDENo sólo los medios nacionales sino los internacionales están pendientes de la resolución que tendrá hoy Javier Duarte a quien hemos acusado por desvío millonario, daño sistemático a la población de Veracruz, dándole agua destilada a niños con cáncer en lugar de quimioterapias y aplicó su gobierno pruebas falsas de VIH, pudiendo haber provocado una proliferación de enfermedades de transmisión sexual masiva.Si no actúa como se debe el gobierno mexicanos, no vamos a parar hasta que pague todas DIRECTO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.Samuel García

Posted by Samuel García on Wednesday, September 26, 2018

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó una impugnación contra la sentencia de 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos, que le fueron impuestas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

La impugnación fue presentada ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, mismo que emitió su sentencia el pasado 26 de septiembre.

De acuerdo con el periódico Reforma, el recurso de Duarte será turnado a un Tribunal Unitario de la Ciudad de México, quien decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia. Sin embargo, si este fallo no resulta favorable para el exmandatario estatal, podrá presentar un amparo ante un tribunal colegiado.

En ese sentido si la impugnación o amparo no logra su cometido, Javier Duarte podría en el 2021 solicitar su libertad anticipada, al haber cumplido entonces con el 50 por ciento de la sentencia, debido a que el juez tomó en consideración el tiempo que estuvo detenido que cuenta desde abril de 2016 al ser capturado en Guatemala.

Durante la administración de Javier Duarte en Veracruz, al mandatario se le podía ver en el río Papaloapan navegando en una lujosa embarcación marítima de origen italiano comprada con recursos del erario estatal, pero a siete años de eso, la embarcación “desapareció”.

De acuerdo con una nota de El Heraldo de México, la Procuraduría General de la República, en voz del subprocurador Enrique Hernández Azuara, no sabe en dónde se encuentra el vehículo modelo 2011, valuado en 790 mil dólares, que Duarte mandó a comprar en Estados Unidos para tener una embarcación “digna de su investidura”.

“Nunca apareció, esa lancha, lo que sabemos dentro de la investigación es que estaba fabricada para los lagos europeos, al meterla en los lagos mexicanos se echó a perder y ya no hubo manera de repararla y no sabemos dónde quedó”, señaló el funcionario.

El bote se estrenó durante los festejos de La Candelaría y contaba con acabados de lujo como cubierta de caoba, asientos de piel, tejido de alfombra, casco protector de vidrio con adornos de cuero, compartimiento para baño con capacidad para portar una regadera.

Según el testimonio de un prestanombres de la red de Duarte, fue Juan José Janeiro Rodríguez, operador financiero del exmandatario, quien pactó el precio y la compra a través de una sociedad constituida en Estados Unidos con el nombre Alpargata Marine Venture Score.

La PGR culpó a autoridades de Estados Unidos por negar el aseguramiento de decenas de inmuebles atribuidos a Javier Duarte, presuntamente comprados con recursos desviados del presupuesto de Veracruz.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, se hicieron las gestiones necesarias para solicitar el aseguramiento de alrededor de 40 inmuebles, a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), pero la respuesta fue negativa.

“Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador”, indicó Carlos Hernández Azuara, fiscal adscrito a la SEIDF.

Los bienes demandados en la Corte son 41, entre ellos 23 en Miami, 4 en Homestead, 4 en Florida City, 3 en Doral, 2 en North Miami, y el resto en Aventura, Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y Coral Gables.

Hasta el momento no se han reportado las razones de las autoridades de Estados Unidos para negar el aseguramiento.

Hace unas semanas, se dio a conocer que los Duarte Macías acumularon millones de pesos en más de 90 propiedades distribuidas en México, Estados Unidos y Europa; hasta el momento, sólo se han decomisado algunas de las propiedades de México.

 

 

 

Con información de Reforma

Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que cuando su equipo se integró a la investigación sobre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, liderada por el procurador Raúl Cervantes, se toparon con una carpeta mal integrada y con documentos ilegales.

La carpeta estaba “mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión, pero bueno la perfeccionamos”, aseguró.

El funcionario abundó que la Auditoría Superior de la Federación conserva 80 denuncias contra Duarte y existen 30 carpetas de investigación que pueden ser desechadas por su probable procedencia ilegal en la información financiera, ya que se obtuvieron antes de ser autorizadas por un juez.

En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario refirió que la sentencia por lavado de dinero y crimen organizado contra el exgobernador de Veracruz corría peligro de no ser aplicada, por lo que se optó por una sentencia reducida.

“¿Qué pasa si nos hubiéramos ido a juicio oral y en la audiencia intermedia nos dicen que las pruebas son ilícitas? Pues qué Duarte estaría ahorita vacacionando en Veracruz, o en Cancún o en Miami. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran arriesgado?”, cuestionó.

 

 

 

Con información de Grupo Fórmula

El peno de la Cámara de Diputados acordó de forma unánime, llamar al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán para que informe a detalle el desarrollo de la investigación que pesa sobre el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Los legisladores determinaron “convocar al encargado de despacho de la dependencia federal a una reunión urgente con un grupo plural de legisladores designados por la Junta de Coordinación Política para evaluar la situación por la que atraviesa dicha institución y abordar asuntos relevantes”.

El llamado también destaca que se debe “urgir a la Procuraduría General de la República a aplicar la extinción de dominio a los bienes relacionados con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa”.

El punto de acuerdo, que fue presentado originalmente por la bancada del PAN, plantea que la pena de nueve años de prisión por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, se trata de una sanción “leve”.

Por ello, calificaron con carácter de urgente que “se detonen todas las acciones jurídicas concernientes a la recuperación de activos de los millonarios caudales desviados por Duarte de Ochoa”.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Yunes indicó que la condena impuesta a Javier Duarte es indignante, y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz.

Dijo que más que un castigo, la condena perece ser una muestra de que se perdonó a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos al formar una banda de delincuentes que saqueó al estado.

Yunes resaltó que el ex priísta es ahora un delincuente confeso y sentenciado, que aceptó haber formado parte de una organización criminal que se dedicó a robar y lavar dinero.

Dijo que el gobierno estatal no está de acuerdo con la sentencia; además pidió que los 41 inmuebles que le fueron decomisados como parte de la condena, y que ascienden a un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados al gobierno de Veracruz, para lo cual adelantó que enviará una solicitud formal a la Procuraduría General de la República (PGR).

También solicitó que se giren las órdenes de aprehensión en contra del resto de los integrantes de la banda delictiva, pues recordó que Duarte fue condenado por el delito de asociación delictuosa.

Hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que acelere el proceso de extradición de Karime Macías, sobre quien recae una acusación de fraude y por quien existe ya una alerta migratoria y ficha roja emitida por la Interpol.

Recordó que gracias al trabajo de la Fiscalía estatal, Duarte tiene dos órdenes de aprehensión y está vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.

Al respecto dijo que cuando Duarte obtenga su libertad por los delitos del fuero federal, tendrá que ir a Veracruz para responder por los delitos que se le acusan. Confió en que cuando eso suceda, la justicia estatal sea “implacable”.

“No habrá perdón ni olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia (…) pasarán muchos años antes de que Duarte salga de prisión”, remató el gobernador.

 

Este jueves, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que con la pena de 9 años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa “nadie puede quedar satisfecho” pues no alcanza para compensar el daño que hizo al estado.

Y agregó: aunque “se declaró culpable, que es lo importante. Es un delincuente que usó recursos públicos. Todo lo que señalé y denuncié es cierto”.

Cabe señalar que Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para acceder a un proceso abreviado que le permitiera obtener una condena mínima que en este caso fue de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

En este sentido, Yunes Linares dijo en entrevista con Radio Centro que entiende que la Procuraduría General de la República haya aceptado el proceso abreviado pues “no tenía suficientes elementos para sustentar la acusación de delincuencia organizada”.

Por ahora, agregó, queda esperar los montos que fijará el juez para reparar el daño que causó a Veracruz.

También, recordó que su administración espera que Guatemala, país en donde fue detenido en abril y extraditado en julio del 2017, permita que se le juzgue por el delito de desaparición forzada, por el que ya tiene una orden de aprehensión.

Respecto a las denuncias que Duarte debe enfrentar en Veracruz, que son peculado y uso indebido de funciones, Yunes aseguró que los expedientes están bien sustentados con lo que espera que le sumen más años de condena.

La Procuraduría General de la República aseguró que la investigación sobre el desvío de recursos en Veracruz, continúa abierta independientemente de la sentencia en contra del exgobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa.

Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, afirmó que se sigue investigando a funcionarios de la administración de Duarte, así como a gente cercana a él, entre ellos, al empresario Moisés Mansur.

“Esta carpeta de investigación continúa abierta por lo que hace a otros probables responsables, incluso, ahorita que hablaba sobre los bienes que fueron asegurados y que el juez se pronuncia que fueron decomisados, tenemos a algunos personajes importantes entre ellos uno de nombre bíblico -Moises Mansur”, con este personaje tenemos un seguimiento muy puntual y continuaremos haciendo las investigaciones correspondientes.

El funcionario señaló que la PGR no está satisfecha con la sentencia de nueve años, sin embargo, al aceptar un juicio abreviado, el Ministerio Público de la PGR estuvo de acuerdo con la sentencia.

“Cuando nos topamos con casos como este y que tenemos algunos otros, nunca estaremos satisfechos, pero la ley mandata beneficios y la ley no puede ser a modo. Nos tenemos que ceñir a lo que la ley manda, y si este sistema prevé beneficios tendremos que acogernos a lo que el misma señala”.

Asimismo, indicó que la sentencia impuesta a Duarte, de nueve años de prisión, podría verse reducida y hasta quedar libre en un periodo de tres años.

Luego de alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; por lo que fue condenado a 9 años de prisión y el pago de una multa de 58 mil 890 pesos.

En una audiencia celebrada en el Centro Penal de Justicia Federal, Duarte se acogió al procedimiento abreviado que consiste en aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputan a cambio de una reducción en la condena que se le impone.

El Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Javier Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Frente al juez, el ex gobernador respondió que “por los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”.

El juzgador federal también decretó el decomiso de 41 inmuebles distribuidos en Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México que fueron adquiridos con recursos del gobierno de Veracruz.