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Las campañas que llevaron a las gubernaturas de Veracruz, a Javier Duarte, y de Tamaulipas, a Rodolfo Torre Cantú, fueron financiadas por la empresa Odebrecht.

Así lo reveló Alberto «N», ex director Superintendente de la empresa brasileña en México, quien abundó que el objetivo del financiamiento, en 2010, fue de obtener un buen posicionamiento en el futuro Gobierno, según publica Reforma.

A la campaña de Duarte de Ochoa, la Constructora Norberto Odebrecht inyectó 500 mil dólares, en tanto que a la de Torre Cantú, la empresa metió 350 mil dólares.

Reforma indica en su nota que esa revelación consta en la orden de aprehensión que se giró contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya a inicios de julio por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en relación al dicho del testigo colaborador brasileño, la compañía Odebrecht pretendía obtener buenos contratos en los gobierno de Duarte y Torre Cantú.

Y lo logró: Gracias al apoyo, a mediados de 2013, el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa.

Para dicha obra, se subcontrató a la empresa Constructora Ruso, de Juan Felipe Ruiz Ortiz y su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, quienes fueron recomendados por Lozoya al entonces directivo de Odebrecht.

El ex directivo de Odebrecht comentó que lo mismo pasó en Tamaulipas, sucedió con Rodolfo Torre Cantú:

Conforme a los «lineamientos» que sugirió Lozoya Austin, conoció a Jorge Eduardo Rivera Schotte, quien es un empresario de esa entidad y accionista de Petrochem Mexicana.

El testigo colaborador detalló que Rivera Schotte, quien «pertenecía a un grupo de empresarios que apoyaban al candidato de la Coalición Todos con Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú», le dijo que si quería «posicionarse» en el estado debía contribuir con la campaña electoral.

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, está en Estados Unidos, aseguró el mandatario estatal Javier Corral Jurado quien señaló que sobre aquél pesan 21 órdenes de aprehensión.

Aclaró que la Fiscalía General del estado tiene 20 órdenes de aprehensión que obtuvo de jueces de control penal en Chihuahua por diversos delitos. Hay además una orden de aprehensión en el orden federal que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales logró por el presunto delito de peculado electoral.

«El estado de Chihuahua y la Fiscalía General de la República ahora estamos tramitando un proceso de extradición para el exgobernador en Estados Unidos, toda vez que tenemos los elementos que nos dan la certeza de su paradero allá», dijo.

Y agregó: «Puedo decir que lo hemos tramitado ante el gobierno de Estados Unidos porque estamos ciertos de que él se encuentra en ese país, bajo un trámite migratorio de carácter especial. El está solicitando una visa humanitaria y el proceso de migración, el proceso migratorio que lleva, está vigente».

Se han registrado sus movimientos en la unión americana, tanto en el estado de Nuevo México como en Texas, «y en ese sentido mantenemos la certeza de su ubicación allá, porque además no puede salir de los Estados Unidos o cruzar la frontera a Canadá» toda vez que César Duarte tiene dos fichas de captura por Interpol, señaló Corral en entrevista con Milenio.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación abierta por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR, ante la acusación de que acordaron retirar los cargos por delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a cambio de que este se declarara culpable de otros delitos menos graves.

La indagatoria se encuentra a cargo de la Visitaduría General de la FGR, que inició la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI/00000435/2018 en contra de quienes resulten responsables. Los posibles delitos van desde ejercicio ilegal del servicio público y contra la administración de justicia, hasta cohecho.

En entrevistas difundidas en diversos medios, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.

Desde octubre de 2018, la organización civil TOJIL: Estrategia Contra la impunidad había presentado una denuncia en la FGR, que dio pie a la referida carpeta de investigación, debido a que consideraron que fue un trato desfavorable para la sociedad, al haberle permitido a Duarte obtener una condena muy baja en un caso de corrupción de gran trascendencia e impacto.

No obstante, hasta ahora no se conoce de algún avance en la investigación de la FGR.

Por otro lado, los abogados defensores de Javier Duarte, Enrique Reyes Retana y Pablo Campuzano, señalaron de forma categórica al portal Animal Político que no tuvieron conocimiento alguno del supuesto pago que habría dado Duarte a exfuncionarios de la PGR, ni tampoco de alguna negociación en ese sentido.

Reiteraron que ellos están centrados en la estrategia de defensa jurídica de su cliente, a través de impugnaciones y demandas de amparo promovidas desde el año pasado.

El proceso penal federal en México en contra de Javier Duarte inició el 17 de julio de 2017, luego de su detención y extradición desde Guatemala, y concluyó el 27 de septiembre de 2018, con una sentencia condenatoria de 9 años de prisión en su contra.

 

 

Con información de Animal Político 

El actual gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García afirmó que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se apropió de casas y otros edificios que Javier Duarte de Ochoa tenía en Estados Unidos.

García señaló que el Gobierno de Veracruz no tiene ningún título de propiedad en el país vecino del norte, a pesar de que Yunes Linares anunció la recuperación de varias propiedades.

Además, declaró que los anuncios de recuperación de terrenos y casas únicamente fueron un espectáculo con fines electorales y que la realidad es que ahora están en propiedad de Yunes Linares y algunos de sus colaboradores.

«Se las quedaron ellos, se las quedaron, Yunes y todos ellos, los otros, todo fue un show mediático», aseveró el mandatario estatal.

García añadió que la casa que también había sido señalada como propiedad de Duarte de Ochoa en Tlacotalpan fue expropiada, lo cual podría poner en problemas al gobierno del estado.

Explicó que al realizarse una expropiación, el gobierno debe pagar al legítimo dueño por la propiedad, por lo que si llegara a existir este reclamo deberá hacerse frente a ese pago.

Indicó que por ese motivo no se puede utilizar la propiedad, que se anunció sería una casa de cultura, para ningún proyecto de carácter público.

Cecil Duarte, hermano del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, interpuso, por segunda ocasión, una demanda de amparo con la que busca evitar ser aprehendido.

El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal concedió la suspensión provisional a Cecil Duarte que quedó radicada en el expediente 291/2019, además de que se le fijó como garantía el pago de 200 mil pesos.

La demanda fue interpuesta el pasado 11 de abril y será el próximo tres de mayo cuando se realice la audiencia constitucional correspondiente.

Cabe mencionar que en agosto de 2018, el hermano del ex Gobernador de Veracruz interpuso un amparo en contra de cualquier orden aprehensión, comparecencia o arraigo en su contra y quedó radicada en el expediente 704/2018.

El Juez Décimo de Distrito le concedió la suspensión provisional en aquel momento y se le requirió el pago de una garantía por 26 mil 500 pesos.

Luego de que la autoridad competente determinara que no existía ninguna orden de este tipo, el juez le negó la suspensión definitiva, por lo que en febrero de este año, Cecil Duarte se desistió de esa demanda de amparo.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Cecil Duarte fue acusado de fraude por 500 millones de pesos debido a la entrega de concesiones de taxis, el robo de información y credenciales de elector empleadas de manera indebida para la asignación de dichas concesiones fraudulentas.

De acuerdo con versiones extraoficiales se pudo conocer que a través de su hermano es como Javier Duarte envía el sustento económico a Karime Macías y sus hijos.

Cecil Duarte ha sido el único familiar que acude al Reclusorio Norte a visitar a Javier Duarte, preso desde julio de 2017.

Javier Duarte fue detenido en Guatemala por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Eleazar Guerrero Pérez, el actual subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Veracruz, se ha convertido en el hombre clave en el manejo de los recursos públicos del estado, de acuerdo con fuentes empresariales en la entidad.

Guerrero Pérez fue funcionario dentro del gobierno del exgobernador Javier Duarte, en la Dirección de Tránsito y Transporte Público del estado, además de tener una carrera pública como parte del PRI en la entidad.

De acuerdo con fuentes de la política veracruzana, Guerrero Pérez es primo del actual gobernador morenista, Cuitláhuac García.

El funcionario, además, no sólo tiene el control del presupuesto de la entidad, sino que es señalado por haber nombrado a cercanos en la mayoría de las unidades administrativas del gobierno estatal.

Ha colocado parientes en diversas dependencias, pese a que la Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz prohíbe la contratación de familiares hasta en cuarto grado.

Eleazar Guerrero Barrera, hijo de Guerrero Pérez, está al frente de la Dirección General de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.

Nitzia Guerrero Barrera, hija de Guerrero Pérez, es directora de Atención a Población Vulnerable en el DIF estatal.

Otras personas cercanas que colocó el subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Veracruz fueron Martín Lezama, jefe del Departamento de Recursos Materiales en Sedesol; Omar Herrera, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, y Martín García, titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Agricultura estatal.

 

 

Con información de El Financiero

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

Si bien es cierto en casi todos los rubros el Gobierno de Cuitláhuac García no tiene pies ni cabeza, logró un inesperado acierto al arrancar un programa de pagos para decenas de empresarios que, literalmente, no veían la luz desde tiempos de Javier Duarte.

Y aunque los prestadores de bienes y servicios no tienen claro cuándo llegará un segundo pago (y si en verdad se concretará), lo cierto es que para varios fue, en verdad, una bocanada de oxígeno puro. Había empresarios que de la quiebra habían pasado a la miseria familiar, sin exagerar.

El Gobierno de Cuitláhuac García afirma, categóricamente, que estos pagos fueron posibles gracias a los ahorros logrados en tres meses de austeridad. Se trataba de empresarios a los cuales Javier Duarte no pudo pagar; Miguel Ángel Yunes tampoco, y parece (insisto, parece), que en este rubro el panorama será diferente.

Cierto es que la Secretaría de Finanzas empezó por pagar los montos más pequeños, aquellos que no podrían significar mucho esfuerzo para cualquier Gobierno estatal, sin embargo, no puedo hacer ojos ciegos ante lo que tiene tintes de avance.

En contraste, Cuitláhuac García no sabe qué hacer con la inseguridad en el estado que gobierna. Tal es el grado de inoperancia en esta área, que AMLO autorizó ya, a la brevedad posible, el envío de un comisionado nacional de seguridad.

A unos días de la tercera visita del Presidente en poco más de tres meses de Gobierno, (cifra récord tomando en cuenta el número de giras al resto de los estados), en Palacio Nacional esperan que Cuitláhuac García se despabile.

“Ya le dimos su tercer empujón a Cuitláhuac García, y aunque el Presidente lo tiene en verdadera estima, no dudará en escucharnos si las cosas no empiezan a caminar en materia de seguridad y popularidad. AMLO sabe que la gente no respeta a su Gobernador en Veracruz, así de fácil”, me confiaron en una conversación que recién tuve.

 

 

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de fraude fiscal por más de 3.5 millones de pesos.

Con base en ello, se solicitó a la Policía Internacional (Interpol) la emisión de una ficha roja para su búsqueda, localización y captura en los 190 países adscritos al organismo.

En especial se pedirá su búsqueda en Reino Unido donde se presume que la mujer podría estar, junto a su hermana Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte de Ochoa.

La FGR consignó en días pasados el expediente contra Mónica Ghihan Macías por defraudación fiscal.

El juez de control que conoció y valoró las pruebas aportadas contra la cuñada del exgobernador de Veracruz consideró que existen los elementos suficientes de prueba en su contra para ordenar su detención.

De ser detenida en el extranjero, Macías tendrá que ser sometida a un juicio de extradición que tardaría algunos meses en resolverse, tal como ocurrió con el propio Javier Duarte de Ochoa, quien fue capturado en Guatemala y luego de un juicio, extraditado a México donde fue sentenciado a nueve años de prisión.

La titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo, negó un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con lo que se ratifica su vinculación a proceso por el delito de peculado por 220 millones de pesos.

La juez consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General de Veracruz son suficientes para establecer la probabilidad de que Duarte de Ochoa y coacusados cometieron, cada uno por sí, un delito.

Robledo indicó que el juez de Xalapa actuó conforme a lo previsto en el artículo 19 Constitucional, porque es correcto que haya clasificado la intervención del exgobernador como autor material de un ilícito y lo haya vinculado a proceso con base en la ley local.

Según la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de haber desviado 220 millones de pesos del presupuesto de la Comisión del Agua local, dinero que nunca se devolvió.

Esto impactó en que no se concluyeran obras de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado en zonas urbanas, con lo que se acreditó que los recursos no se utilizaron para lo que estaban destinados.

Por ello, se imputó a Duarte de Ochoa y otros coacusados, quienes fueron vinculados a proceso, dentro de la carpeta judicial 56/2017, por el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

La juez Sandra Leticia Robledo Magaña ratificó dicha resolución, pues dijo que el juez en materia oral actuó de manera adecuada.

Estimó que la prisión preventiva es “revisable” en cualquier tiempo, por lo cual, de variar su situación jurídica y estar en aptitud de quedar libre, tiene acceso a solicitar una audiencia para debatir el cambio a otra medida cautelar.

Actualmente, Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México donde cumple una sentencia de nueve años de prisión que un juez federal le dictó el 26 de septiembre de 2018 por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, fue exonerado de los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias por los que fue encarcelado en marzo de 2017. Acusaciones por supuestamente haberle facilitado un helicóptero al exmandatario de esta entidad, Javier Duarte para que huyera.

Fue, el juez Francisco Javier Hernández Lima quien realizó una audiencia en el penal de Pacho Viejo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo 852/2018 que ordenaba su libertad. Pues el juez Alejandro Quijano Álvarez concedió dicho amparo que fue ratificado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Colegiado.

Tras el otorgamiento del amparo con folio 852/2018, por parte del juez Alejandro Quijano Álvarez, y ratificado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Colegiado con sede en Boca del Río, a favor de Flavino Ríos Alvarado, en audiencia celebrada la mañana de este 15 de marzo, el juez Francisco Javier Hernández Lima dio cumplimiento a ésta por lo que el exgobernador interino quedó en absoluta libertad.

A su salida de la audiencia, el exfuncionario señaló que siempre confío en las autoridades y dijo que como ciudadanos «debemos ver que en Veracruz hay Estado de Derecho, por lo que no hay que desconfiar tampoco en la Fiscalía General del Estado y la justicia federal».

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no se persiguió políticamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como denunció el propio Duarte en una entrevista radiofónica.

“Dice que se hizo una persecución política y lo que yo he dicho es que lo que se hizo es actuar de lado de la justicia, que pedía localizarlo para que pudiera presentarse a enfrentar los cargos de corrupción, diversos cargos de corrupción en el ámbito local y federal, que se le estaban señalando”, refirió el legislador priista.

Destacó que con otros funcionarios acusados por los mismos delitos se actúo de la misma manera. “Lo que hicimos con él, y con otros tantos más que tenían que ver con corrupción y que tenían que ver con delincuencia organizada, fue localizarlos por medio del CISEN y de la PGR, y entonces actuar en consecuencia”.

“Nosotros no perseguimos a nadie políticamente. Nosotros actuamos del lado de la ley y creo que lo hemos validado durante la gestión que tuve al frente de la secretaría de gobernación”, expresó el líder priista.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, afirmó hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a aceptar su sentencia de nueve años de prisión.

“Tenía una pistola en la cabeza, de que si no aceptaba me ponían una condena de 25 años de prisión, la PGR directamente. O aceptas el juicio abreviado y te vas con esta (condena) o te ponemos delincuencia organizada y te hacemos toda una campaña para poderte condenar y te quedes el resto de tu vida en la cárcel”, dijo Duarte en entrevista con Grupo Fórmula.

El exmandatario estatal dijo que a algunas de las personas que testificaron en su contra nunca las conoció.

«Al que dicen que es mi contador lo vine a conocer aquí adentro, (…) así como otros que declararon en contra mía que hicieron y deshicieron por orden mía, yo nunca los conocí y realmente no tuve que ver en las acciones que dicen. No existe una cuenta, no existe un cliente, no existe una operación, no existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezca, solo están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido estos ilícitos y por el simple hecho de que lo hicieron por órdenes mías les quitan los delitos y les dan lo que la ley señala como criterios de oportunidad, que son testigos protegidos y andan como si nada en la calle», acusó Duarte.

Asimismo, indicó que ahora se está concentrando en tres pilares importantes: su familia, recuperar la libertad y reconstruirse. Sobre este último dijo que será una vez que se den los dos primeros: “el ver que hacer de mí”.

Al ser cuestionado sobre el posible lavado de dinero en contra de una universidad pública de Veracruz por un monto de 150 millones de dólares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Duarte afirmó: «ese muertito no me lo pueden cargar a mí».

«La universidad es autónoma, aunque fuera durante mi periodo, la universidad veracruzana es un organismo autónomo, no tiene que ver con la administración pública del estado, lo único que el Gobierno de Veracruz hace es apoyar a la universidad con parte de su presupuesto», dijo y agregó que «no sería ninguna novedad que de eso me quisieran acusar, pero no tengo nada que ver con el manejo de recursos de la universidad».

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la Procuraduría General de la República a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de defraudación fiscal por un monto de 2 millones 437 mil 635 pesos.

De acuerdo con el diario Reforma, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una base de los gastos que Macías realizó en 2011 y 2012 mediante una tarjeta de crédito American Express que le proporcionó el presunto prestanombres de Duarte, Moisés Mansur.

Los datos de la tarjeta registran que fue otorgada el 1 de febrero de 2009 y cancelada el 17 de octubre de 2016, con cargos de Macías por 7 millones 602 mil 739 pesos en 2011 y 817 mil 40 pesos en 2012. Pagos de los cuales no declaró al fisco 2 millones 236 mil 672 pesos en 2011 y 200 mil 962 pesos al siguiente año, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) .

Debido a lo anterior, la PGR ya puede ampliar la investigación, así como evaluar la solicitud de aprehensión por defraudación fiscal contra Macías Tubilla.

En 2016, la dependencia ya contaba con una carpeta de investigación contra la esposa de Duarte, tras la denuncia del exgobernador Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito, lavado y defraudación fiscal.