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El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Congreso de Baja California que se deje de «marrullerías y prácticas dilatorias», y que notifique ya al Ejecutivo Estatal la reforma que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobierno local.

Indicó que dicha petición tiene la finalidad de que se publique y con eso se puedan presentar ante la Corte la Acción de Inconstitucionalidad que tienen contemplada.

“En Acción Nacional estamos listos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que anule la burda maniobra de Morena en Baja California, que atenta contra la democracia y vulnera la voluntad de los bajacalifornianos. Solo falta que el Congreso local notifique la aprobación al ejecutivo, para que se publique la reforma y se pueda interponer el recurso”, expresó el dirigente panista.

El exhorto al Congreso de Baja California se da después de 13 días de inacción de la XXIII Legislatura local que asumió funciones el pasado 1 de agosto, ya que consideran que el tema es de la mayor importancia, por representar un «gravísimo precedente» para la vida democrática en México,.

Cortés Mendoza insistió en que el experimento que Morena pretende incubar en Baja California, busca replicarse a nivel federal, con la intención de allanar el camino para que el Presidente de la República se perpetúe en el poder.

Dijo que de no ser que busque quedarse en el poder, le piden al presidente López Obrador que, sin titubeos, se ponga de lado de la legalidad y a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente su propia Acción de Inconstitucionalidad.

Marko Cortés recordó que, por cuestiones procedimentales, es necesario que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado para garantizar la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad y permitir que sea la Suprema Corte quien revierta este nuevo atentado de Morena en contra de la democracia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) impulsada por los legisladores de Morena, pues dijo que podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos.

En el documento presentado se expresó que la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución del país.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva.

Pese a la acción jurídica emprendida, la CNDH señaló que es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.

 

A través de la asociación «Por México Hoy» que dirige, el líder de las izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó esta tarde un Amicus Curiae con los elementos jurídicos que asegura prueban la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

 

Cárdenas indicó que la Ley de Seguridad Interior permite que mediante una decisión unilateral del Ejecutivo Federal se mantengan las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones para las que no fueron entrenados.

 

«De esta manera, dicho ordenamiento nos regresa al Estado absolutista en donde no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: un Estado policíaco-militar», señaló.

 

La asociación afirmó que el actual gobierno quiere una Ley de Seguridad Interior para deconstruir el orden constitucional y el Estado nacional, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre y los derechos humanos, entregando el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, a través de una modalidad totalitaria y autoritaria.

 

Indicaron que al presentar el instrumento jurídico, buscan un modelo de seguridad ciudadana que permita generar una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes con el máximo respeto a los derechos humanos; con una administración de justicia  fortalecida, sin corrupción ni impunidad; y con un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido.

 

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, admitió la acción de inconstitucionalidad que presentaran la tarde de ayer los diputados de oposición en contra de la Ley de Seguridad Interior.

 

Con dicha admisión, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal tienen 15 días para presentar sus informes correspondientes, y hacer llegar a la Corte todos los antecedentes relacionados con el proceso de la Ley que se aprobó a finales del año pasado.

 

Y si bien la admisión del recurso legal no suspende la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que durante el tiempo en que la SCJN resolviera los alegatos que pudieran derivarse de la Ley, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

 

Con información d Reforma / Foto: Archivo APO

En línea con lo que hicieron los Diputados de sus bancadas, esta mañana los Senadores del PRD, PAN y PT-Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

 

La acción jurídica contó con el respaldo de 49 legisladores, y fue entregado este mañana por los perredistas Luis Sánchez, Isidro Pedraza y Angélica de la Peña. Por los senadores del bloque Morena-PT Manuel Bartlett, Zoé Robledo y David Monreal, así como por el panista Ernesto Ruffo Appel.

 

 

Bartlett insistió en que en la Ley de Seguridad Interior «hay excesos por parte del Ejecutivo federal que deben ser corregidos, precisamente con los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos si hay República».

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

 

El pleno del instituto aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

 

Sobre los artículos, el INAI advierte lo siguiente:

  • El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.
  • Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
  • Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

 

Se indicó que «el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad».

 

Sobre el artículo 31 de la Ley, el INAI señaló que:

  • Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
  • No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
  • Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.

 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que «los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos».

Acuña Llamas aseguró que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.

 

El colectivo #SeguridadSinGuerra, que conforman más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas, emitió un pronunciamiento en el que recriminaron el actuar del Presidente Peña Nieto al promulgar la Ley de Seguridad Interior y dejar en manos de la SCJN la decisión de marcar su constitucionalidad.

 

«El Presidente de la República ha cerrado un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la Sociedad Civil, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó», acusó el colectivo.

 

 

«Si la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, pretende ser una muestra de buena voluntad por parte del Presidente, o si este quiere hacer creer a la opinión pública que la Ley no se aplicaría hasta que el Máximo Tribunal resuelva las inminentes Acciones de Inconstitucionalidad que se presentarán, la pretensión es un engaño», e indicó que la sociedad civil advirtió del grave riesgo de aprobar esta Ley, resaltando que incluso voces en el extranjero y organismos internacionales se pronunciaron al respecto.

 

«Hoy es un día muy triste para la nación, pero no crea nadie que la sociedad no estará a la altura», remata el comunicado emitido.

 

Luego de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que se encuentra analizando una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, pues asegura que con la puesta en marcha de dicha ley se podría contravenir o propiciar que se vulneren los derechos humanos de las personas.

 

«La aprobación de esta Ley en los términos en que fue formulada, en opinión de esta Comisión Nacional, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana», indicó el organismo a través de un comunicado.

 

La CNDH reiteró que con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que parta de una lógica preventiva, más que reactiva.

 

Añadió que es necesario que el gobierno se ocupe del  conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

 

La Comisión hizo un «respetuoso exhorto» al Ejecutivo Federal para  que formule observaciones al  proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren la ley. «La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas», remató.