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El viaje del expresidente de Bolivia, Evo Morales a nuestro país, que le dará asilo, se convirtió en una ruta complicada, pues incluyó escalas y rutas casi inverosímiles para trasladarlo a México.

El canciller Marcelo Ebrard explicó esta mañana, con la aeronave todavía sobrevolando aguas internacionales rumbo a la Ciudad de México, que el avión mexicano llegó a Lima el lunes para, desde allí, esperar el permiso de Bolivia para recoger a Morales.

Detalló que cuando se le permitió despegar y la aeronave militar ya estaba en vuelo, el permiso para aterrizar en territorio boliviano fue revocado y tuvo que regresar a la capital peruana y esperar que las fuerzas armadas de Bolivia dieran su autorización.

El retorno también fue complicado. Perú prohibió el regreso por Lima, como estaba previsto en un principio, con lo que el despegue de la aeronave con Morales a bordo tuvo que retrasarse. Ebrard relató que fue un momento de gran tensión y que, de haberse prolongado, podría haber puesto en riesgo la integridad de Morales. «Eso fue muy difícil, muy tenso», dijo el Ebrard.

Finalmente Paraguay aceptó que el avión parara en Asunción para abastecerse de combustible y de ahí partiera rumbo a México pero no por la ruta más lógica y directa, ya que algunos países, como Brasil, Perú y Ecuador cerraron su espacio aéreo, aunque tras horas de espera, finalmente permitieron sobrevolar su territorio.

El aterrizaje de la aeronave mexicana con el expresidente en la capital mexicana está previsto para cerca del mediodía.

Bolivia entró en un vacío de poder e incertidumbre política tras la renuncia de Morales a la presidencia presionado por el Ejército y después de semanas de protestas masivas y denuncias de supuesto fraude en los últimos comicios presidenciales.

Ebrard dijo que dos personas acompañan a quien fuera el primer presidente indígena del país andino, aunque no reveló sus identidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este jueves que si bien se han enfrentado situaciones difíciles, su gobierno no cambiará la estrategia de seguridad, que a diferencia de los gobiernos anteriores, se basa en atender las causas que originan la violencia e inseguridad.

Indicó que casos como el de Culiacán y la tragedia de la familia LeBarón, en el norte del país, son lamentables, “pero esto no nos va a desviar, al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas», dijo AMLO.

Precisó que dichos hechos despertaron “los afanes autoritarios de uso de la fuerza y todo esto que llevó en su momento a declarar la guerra al narco».

El mandatario federal sostuvo que la estrategia que sigue su gobierno no es una ocurrencia como han denunciando los opositores, e incluso dijo está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo de manera clara, “es algo que hemos analizado durante mucho tiempo, vamos a seguir actuando de la misma manera».

En ese sentido agradeció a los ciudadanos por el respaldo que han dado a su gobierno y a las acciones que han emprendido.

«Se necesita sacar adelante la transformación y enfrentar todas las adversidades y vamos bien que no hay duda de que vamos muy bien y que vamos a ir superando todo esto que es una herencia de una política fracasada que nunca más se volverá a aplicar en el país», añadió AMLO.

López Obrador aseguró que en su gobierno los criminales que cometan un delito serán castigados, además de que no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia pues dijo, el gobierno no tiene precio, en especial su dignidad.

“Nada de que vamos a respetar a los delincuentes, el que cometa un delito va a ser castigado, nada de que con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder, remató el presidente.

Tras el ataque en contra de la familia LeBarón, en el que nueve personas fueron asesinadas, el activista Javier Sicilia consideró que es momento de que la sociedad vuelva a protestar en las calles contra la violencia.

Señaló que “es necesario (volver a las calles), nada más que ahorita la punta del iceberg la tienen los LeBarón y Julián en particular, porque es un emblema importante de este país». Sicilia reconoció que él ya no cuenta con capacidad de convocatoria, pero agregó que LeBarón sí la puede tener.

“Creo que ya es tiempo de volver otra vez a sentar a los poderes con el pueblo detrás, ese pueblo que tanto elogia Andrés Manuel (López Obrador)».

Indicó que es tiempo de volver a exigir a las autoridades, y ponerles sobre la mesa el camino correcto que hay que asumir para salir del problema de la violencia. «No sé qué más necesita sufrir este país para poder articularse nuevamente y decir un verdadero ¡ya basta!», agregó.

En una carta que dirigió a Julián Lebarón, indicó que «una política con la que Andrés Manuel se comprometió, y que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg», añadió.

Al respecto, el presidente López Obrador afirmó que respeta la opinión de Sicilia, aunque aclaró que no la comparte. Aseguró que su gobierno busca la paz sin apostar por la violencia.

Tras señalar que el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está en su derecho de manifestarse y plantear una movilización ciudadana, López Obrador indicó que “no tenemos por qué estar pensando lo mismo».

Incluso reconoció que con el también activista tiene diferencias desde hace mucho tiempo, “desde una campaña no me deje que me diera un beso», sin embargo, afirmó que él es libre de manifestarse.

La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un Secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo que tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.

Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Coahuila; Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida.

Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia Le Barón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas con estas matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A Las Tres.

En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvacar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.

Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.

Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.

En la conferencia mañanera el presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia Le Barón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 9 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.

Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el plazo que impuso para comenzar a ver resultados en materia de seguridad. Se le recordó que en abril pasado indicó que en seis meses comenzaría a verse un cambio.

«Ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva», contestó AMLO.

Indicó que se basa en la información que presentaron hace unos días, referente a dos delitos que se denuncian, en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículo.

Aprovechó el cuestionamiento para aclarar que el hecho de seguir recordando el pasado y a las anteriores administraciones, lo que llama el modelo neoliberal, es porque ese fue lo que causó la desgracia que hoy se vive.

«Imagínense, si después de 36 años de saqueos, de corrupción en 11 meses se logra revertir todas esas calamidades, de 36 años (…)  Ahora son 36 años y todavía hay resistencias, pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación, ¿o fue a partir del 1º de diciembre que se originó esto, del año pasado?», reprochó el presidente.

Señaló que casos como el reciente ataque a la familia LeBarón son cosas que vienen de tiempo atrás, que se agravaron por la fallida  estrategia que se impuso de querer resolver las cosas sólo con la fuerza.

Incluso AMLO se disculpó por hacer referencia al pasado, lo que justificó diciendo que si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos.

En ese sentido adelantó que seguirá hablando, aunque no les parezca, de todos los expresidentes. «De Salinas, porque entregó los bienes del pueblo, de la nación; de Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública; de Fox porque engañó que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia; de  Calderón nada más se robó la Presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra; y de Peña también voy a seguir hablando», remató el mandatario.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Consulta Mitoksky, la problemática que más urge atender en el país es la inseguridad (50.9%), mientras que en Sinaloa, donde se llevó a cabo el recién operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, la inseguridad es también el mayor problema a resolver (30.8%).

La opinión que se tiene sobre el Ejército es, a nivel nacional, 62.5% buena, 26.4% regular y solo un 10.1% mala. En Sinaloa, la opinión es 51.5% buena, 33.8% regular y 13.6% mala.

Sobre usar al Ejército para combatir al crimen organizado, el 82% de los encuestados indican que es correcto emplear al Ejército, mientras que en Sinaloa 82.6% coincide con dicha afirmación.

A nivel nacional, 56.7% de los mexicanos se sientes seguros cuando miembros del Ejército patrullan los municipios y estados.

Respecto al operativo de Culiacán, Sinaloa, 55.5% de los encuestados a nivel nacional, y 71.4% en Sinaloa, indican que el gobierno hizo bien en liberar a Ovidio Guzmán debido a los actos violentos y amenazas contra la sociedad que los delincuentes hicieron en respuesta a la detención del hijo de «El Chapo».

Al plantear a la ciudadanía qué hubieran hecho si ellos hubieran sido los responsables de decidir sobre la liberación o no de Ovidio Guzmán, 56% a nivel nacional y 69.7% en Sinaloa afirmaron que hubieran liberado al narcotráficante para evitar muertes civiles. Solo 38.1% y 23.3% respectivamente lo hubieran mantenido retenido y encarcelado pese a las vidas civiles que se hubieran podido perder.

La mayoría de los encuestados (68.1% y 73.2%) coincidieron en que si no se hubiera soltado a Ovidio Guzmán el crimen organizado hubiera cumplido su amenaza en contra de la sociedad.

51.8% de los encuestados a nivel nacional aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) actuó de buena manera respecto al operativo, mientras que 58.6% calificaron al actuación del Ejército del mismo modo.

Sobre la estrategia de seguridad que mantiene el gobierno federal, el 53% de los consultados a nivel nacional refirieron que debe modificarse porque no está dando resultados, mientras que 42.4% indicaron que debe mantenerse.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, descartó renunciar a su cargo, por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre.

“Mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa”, dijo el funcionario durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Apuntó que él no buscó la responsabilidad que tiene, “pero una vez asumida, no la eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida en que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad”.

El funcionario se refirió a este tema, luego de que diputadas del PRD, PAN e independientes le exigieran, por separado, su renuncia por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a al hijo de Joaquín  “El Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa,

Durazo Montaño indicó que “es muy fácil renunciar; lo más difícil es continuar cumpliendo la responsabilidad sin flaquear, no obstante, la complejidad de la circunstancia”.

Al dirigirse a los diputados del PRD que le exigieron la renuncia, el funcionario les recriminó el no tener autoridad moral para hacer un planteamiento como su renuncia.

Durazo aprovechó para informar a los legisladores que Ovidio Guzmán López no cuenta con orden de aprehensión alguna en México. “Esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión”. Señaló que sólo hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, “lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

Finalmente, enfatizó que el gobierno federal está muy lejos de establecer una negociación con el crimen organizado.

A una semana de los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, por la detención y eventual liberación de Ovidio Guzmán López, y el operativo fallido que dejó como saldo 14 personas sin vida y 21 heridos, el PAN hizo un llamado al gobierno federal a que la población conozca a detalle lo ocurrido.

La dirigencia del partido señaló que se debe saber quiénes o quién tomó la decisión de liberar al hijo de «El Chapo», a fin de deslindar responsabilidades y evitar así que nunca más vuelva a ocurrir algo parecido.

Tras reconocer la labor y el compromiso de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que sin duda alguna lo sucedido se debe a una mala determinación de las autoridades responsables de la seguridad del país, característica constante ya de este gobierno.

El panista dijo que el gobierno morenista demostró una serie de deficiencias e incongruencias en la ejecución de su estrategia de seguridad, tal como:

  • Insuficiente información de un sistema de inteligencia eficaz
  • Una correcta planeación
  • Una adecuada ejecución del operativo
  • Una mínima previsión de las posibles reacciones y consecuencias que pudieran ocurrir.

«De esta manera, queda evidenciado el problema de fondo del gobierno de López Obrador, que es la enorme debilidad del sistema de seguridad del país», dijo la dirigencia del blanquiazul.

Marko Cortés puntualizó que se debe señalar que las acciones de seguridad de la actual administración no han dado mejores resultados que gobiernos anteriores, y por el contrario, los índices de criminalidad son cada vez más graves y de altísimo riesgo para la población.

El Dirigente del PAN destacó que fue una irresponsabilidad desde el principio haber expuesto de esa manera a la sociedad culiacanense con un operativo mal planeado, pero también lo fue, en un segundo momento exponiendo a todos mexicanos con el pésimo precedente que sienta, en la coyuntura innecesaria de decidir entre dos males: la menor pérdida de vidas en el momento del operativo o el posterior muy probable desenlace de más violencia y muertes en el futuro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que su gobierno sí intentará detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, siempre y cuando exista una orden de aprehensión, aunque dijo, se hará sin poner en riesgo a la población.

«Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación o por el uso de la fuerza, lo que nos importa es la vida de las personas», dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

AMLO señaló que dicha decisión se tomó por parte del gabinete de seguridad y él lo avaló.

Y es que recordemos que funcionarios de alto rango dijeron que sobre Guzmán López había una orden de aprehensión provisional así como una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Sin embargo, afirmaron que el operativo para detenerlo formalmente falló porque la orden de captura no fue emitida a tiempo.

Al respecto, un sondeo publicado este lunes por el diario Reforma arrojó que el 45% de los encuestados considera que el gobierno decidió liberar a Guzmán porque se vio rebasado por el cártel de Sinaloa, mientras que el 44% dijo que lo hizo para proteger la vida de los ciudadanos.

El 59% considera que el gobierno ha informado de manera confusa y tardía sobre lo sucedido en Culiacán, donde la captura del Guzmán generó balaceras entre sicarios y efectivos policiales y militares, incendio de autos, cortes viales y caos en varias partes de la capital.

56% cree que el crimen organizado tiene mayor fuerza que el propio gobierno; 33% indica que es el gobierno quien tiene la fortaleza. Adicional, 56% de los consultados creen que la estrategia del gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado está fracasando. Sólo 34% indica que tiene éxito.

61% de los encuestados consideran que el saldo de los hechos en Culiacán fue un gobierno debilitado, mientras que el 68% piensa que el crimen organizado se fortaleció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció esta mañana que la seguridad es la principal preocupación de su gobierno, al tiempo que sostuvo que el mayor desafío que tienen es garantizar la paz y la tranquilidad.

AMLO destacó la importancia de que la población conozca los resultados y el trabajo que se realiza todos los días en materia de seguridad.

“Es importante que todos los mexicanos conozcan qué se está haciendo para garantizar la paz y la tranquilidad del país. Es nuestra principal preocupación y ocupación», dijo AMLO en su conferencia matutina. «Todos los días trabajamos este tema. Es el gabinete que más se reúne porque estamos diario de las 6:00 a 7:00 horas recibiendo informes, tomando decisiones para garantizar la paz y tranquilidad del país».

El mandatario subrayó que su administración trabaja de manera coordinada con todos los gobierno estatales, y en donde hay mucha perseverancia. Indicó que se trata de una estrategia nueva donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida, de trabajo, y enfatizó que nunca más se va a desatender a los mexicanos.

Se trata, dijo, de que haya trabajo, mejoren los salarios, se rescate al campo del abandono en que se encontraba, se atienda a los jóvenes y haya bienestar con la premisa de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

“No se pueden resolver problemas que se han originado por el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con fuego, enfrentar la violencia con violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal», expresó.

En ese sentido agradeció el apoyo de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, Protección Civil y los gobernadores de todo el país.

El Ejecutivo federal sostuvo que las fuerzas armadas han modificado sus métodos poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza y la manera en que se va avanzando sin guerra y sin masacres.

Esta mañana, en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó un informe en materia de seguridad, en la que hablaron los titulares de la SSPC, Sedena y el subsecretario de Gobernación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, admitió esta mañana que se mantiene «alto» el número de homicidios en el país, aunque dijo que ya registra un punto de inflexión y disminución en dicho delito de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

Durazo aclaró que todavía no hay nada qué celebrar en el combate a la inseguridad, pero presentó un informe de acciones y resultados en los que la Guardia Nacional tiene 70.9% de aceptación.

Dijo que se recibió una administración inmersa en una crisis de inseguridad crónica, con 33 millones de delitos cometidos en 2018 asociados a 24 millones de víctimas.

Indicó que el 67.2% de los mexicanos considera que seguridad es el principal problema que aqueja al país.

Detalló que Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua concentran el 41.5% de los homicidios dolosos en el país, de diciembre de 2018 a agosto de este año. Puntualizó que si bien a nivel nacional en nueve meses de la administración, hay una tendencia de estabilización en los delitos, no se puede festejar nada.

Precisó que en los últimos nueve meses del gobierno, en las principales ciudades del país, destacan: mil 430 homicidios dolosos en Tijuana, Baja California; 678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey, Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México.

Detalló que en un comparativo, en 2015 el aumento de estos ilícitos fue de 1.1%; en 2016 de 2.8%; en 2017 de 1.9%, mientras que en 2019 de 0.4%.

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que 70% del tráfico de armas que ingresan a México proviene de Estados Unidos y el resto de España, Italia, Austria y otros países. El responsable de las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los principales problemas en materia de seguridad.

Detalló que de las armas involucradas en crímenes en México, 41% provenían de Texas, 19% de California; 15% de Arizona y 25% del resto de Estados Unidos.

Mencionó que los principales puntos de trasiego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa; y Brownsville-Matamoros.

Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto pasados se han identificado 352 sitios de inhumación ilegales y 594 fosas clandestinas.

Al presentar el Informe sobre el Registro nacional de fosas clandestinas y verificación de cuerpos, dijo que 706 cuerpos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. En ese sentido, adelantó que se darán 266 millones de pesos de subsidios a los estados para las omisiones locales de búsqueda.

En tanto, dijo que hay mil 039 personas que están inscritas en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; detalló que han sido asesinados 23 defensoras y 15 periodistas, de los cuales, sólo tres estaban incorporados en el mecanismo.

Adicional, Encinas Rodríguez agregó que el actual gobierno ha emitido dos Alertas de género: en Puebla y en el Estado de México, mientras que ya está en proceso la emisión de esa alerta en la Ciudad de México.

Consulta Mitofsky presentó este lunes su ranking sobre aprobación a gobernadores del país, el cual muestra que solo cuatro de los 32 mandatarios locales tienen una aprobación sobresaliente, es decir, cuentan con el 50% más de aprobación ciudadana.

Mauricio Vila de Yucatán (PAN) es el gobernador mejor evaluado con el 78%. Le sigue Quirino Ordáz de Sinaloa (PRI) con el 61.6%. El tercer sitio es ocupado por Rutilio Escandón de Chiapas (Morena) y Claudia Sheinbaum de la CDMX (Morena) con el 53.3%.

Los gobernadores que cuentan con una aprobación alta (que tienen del 40% al 49% de aprobación ciudadana) son únicamente siete: Antonio Echevarría de Nayarit (PAN) con el 49.9%; Adán Augusto López de Tabasco (Morena) 48%; Carlos Mendoza de Baja California Sur (PAN) 45.9%; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato (PAN) 43.7%; Martín Orozco de Aguascalientes (PAN) 42.6%; Francisco Dominguez de Querétaro (PAN) 41.7% y Cuitláhuac García de Veracruz (Morena) con 40.6%.

Los gobernadores que tienen una aprobación mejor a 20%, es decir, los peores evaluados en todos el país, son Silvano Aureoles de Michoacán (PRD) con 14%; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León (Independiente) con 16.1%, y Francisco Vega de Baja California (PAN) con 18.2%.

Otro de los aspectos que mide el ranking, es la percepción de seguridad. Los cinco estados con mejor percepción son Nayarit; Tabasco; Zacatecas; Baja California Sur y Colima. Mientras que los cinco estados con peor percepción son: Durango; Guanajuato; Sonora; Chihuahua y San Luis Potosí.

En cuanto a la percepción de la economía, los cinco estados con mejor percepción en la materia son: Tabasco; Quintana Roo; Colima; Oaxaca y Sinaloa; mientras que Zacatecas; Estado de México; Aguascalientes; Chihuahua y Guanajuato son las entidades que tienen peor percepción.

Los estados en donde se percibe mejor corrupción son: Yucatán; Ciudad de México; Chiapas; Sinaloa y Veracruz. Los peores vistos en este aspecto son: Baja California, Coahuila; Oaxaca; Michoacán y San Luis Potosí.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, aseguró que aunque Puebla registra una disminución en la tasa de homicidios, se han reforzado las acciones de seguridad pública para inhibir la incidencia delictiva.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que este viernes se realizó desde dicha entidad, el funcionario destacó la posición del estado por debajo de la media nacional en materia de homicidios dolosos, al ocupar los sitios 17 en el acumulado a agosto y el 10 por entidad federativa, y el lugar 20 en todos los delitos, que también van a la baja.

Sandoval González mencionó que se tienen identificados siete municipios de mayor incidencia delictiva: Puebla, Quecholac, Amozoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca, sobre todo por robo de hidrocarburos, narcomenudeo y pugna entre células delictivas.

Señaló que para combatir el delito en Puebla, el estado está divido en cinco coordinaciones regionales, tres de las cuales la ocupan la Guarda nacional y en dos la Defensa Nacional tiene efectivos realizando funciones de esta nueva corporación.

Detalló que se tiene un despliegue de efectivos de elementos de seguridad de 18 mil 432 hombres, de los cuales cinco mil 163 son de la Sedena, 31 de la Secretaría de Marina (Semar), dos mil 378 son de la Guardia Nacional en las tres coordinaciones, tres mil 617 son de la Policía Estatal y siete mil 243 de la Policía Municipal.

Por su parte el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, agradeció al gobierno federal por el apoyo recibido, y denunció que recibió un esquema de seguridad pública deteriorado, el cual ahora se está fortaleciendo, gracias a una coordinación estrecha con la Guardia Nacional, el Ejército y las Fiscalías.

Confirmó que durante el mes de septiembre se logró bajar en un 17% la incidencia delictiva de la entidad.

Dijo que el combate a la delincuencia y el proceso de construcción de paz y seguridad se basa en tecnología y estrategia, por lo que están invirtiendo recursos para el arrendamiento de patrullas y la compra de armamento.

Indicó que también hay un proceso de renovación en los Centro de Mando.

Reveló que hay un déficit de policías muy alto, lo cual se revertirá, garantizando que los nuevos elementos cumplan con certificaciones y exámenes de control y confianza.

Barbosa aseguró que en Puebla no existe la presencia de cárteles nacionales, sino células de delincuentes locales, sobre lo que se está trabajando para desarticularlas.


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