Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.
El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.
En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.
Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.
El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.
El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.
Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.
Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo”, y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.
Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.
Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.
