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El hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue liberado la madrugada de este martes luego de que un juez desestimara las pruebas que le señalaban de participación en actividades ligadas al narcotráfico.

Abraham Oseguera Cervantes, apodado “Don Rodo”, de 70 años de edad, había sido capturado en las primeras horas del pasado 21 de abril por militares y efectivos de la Guardia Nacional.

“Fue puesto en libertad en los términos ordenados por el juez”, dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Es hermano de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG y uno de los hombres más buscados de México.

Según información del sistema penitenciario, fue en punto de la 01:00 de la madrugada de este martes 30 de abril, cuando “Don Rodo”, salió del penal del Altiplano.

Al momento de su captura Abraham Oseguera era señalado de ser “uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras del cártel, dedicado al lavado de dinero y encargado del tráfico y venta de drogas”.

Según las autoridades, el hombre, cuando fue detenido, llevaba consigo una arma larga y drogas, pero estas y otras pruebas fueron desestimadas por el juez, quien la madrugada del pasado domingo ordenó su liberación.

Rodríguez señaló que este es “un asunto de Estado” y por ello el Gobierno optó por mantenerlo casi 48 horas más en prisión en lo que reunía posibles elementos de otros delitos.

“El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente”, lamentó Rodríguez al acusar que la defensa presentó videos probablemente editados para obtener la liberación de Oseguera.

El Gobierno incluso solicitó a Estados Unidos información sobre posibles causas penales contra de Oseguera en cortes de ese país, pero no se confirmó acusación alguna.

Por esto, y derivado del retraso en liberarlo, la titular de la SSPC indicó que se tomó la decisión de pagar la multa que se impuso al no acatar el plazo que el juez dio.

El CJNG domina amplias zonas del Pacífico y se disputa las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos con otro poderoso cártel, el de Sinaloa.

El Gobierno de México logró la extradición desde Canadá de Eduardo León Trauwitz, general acusado de robo de combustible, quien fue detenido en diciembre de 2021 tras dos años prófugo, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR).

“Luego de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de México (FGR), como representante del Estado Mexicano, ante la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, se concedió al Gobierno de México la extradición de Eduardo ‘L’”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La dependencia recordó que Trauwitz es requerido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos.

Precisó que en mayo de 2019, un juez de control en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, emitió la orden de aprehensión en contra de Trauwitz, por lo que en octubre de 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la FGR presentó la petición formal de extradición.

Ahora que Canadá ha determinado procedente la extradición, Trauwitz, tendrá 30 días para apelar dicha resolución.

Trauwitz, quien fue responsable de seguridad de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado por ser presuntamente “el protector del huachicol dentro de Pemex” durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto junto a un grupo de cómplices ya procesados que “encubrieron y protegieron” esta práctica desde el interior de la petrolera.

Y mientras México logró la extradición de Trauwitz, un juez ordenó ayer la liberación de Abraham Oceguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el más peligroso del país.

El presunto narcotraficante, conocido como ‘Don Rodo’ y quien había sido detenido hace una semana en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, saldrá de prisión luego que durante una audiencia se detectaron diversas irregularidades durante su captura.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar las acusaciones de portación ilegal de armas de fuego y contra la salud a Oceguera, delitos por los que fue detenido en flagrancia y posteriormente trasladado al penal del Altiplano.

Sin embargo, ha trascendido que la FGR no contaba con orden de aprehensión en su contra.

La liberación del presunto narcotraficante levantó diversas críticas, entre ellas la de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, quien aseveró en sus redes sociales que la no vinculación a proceso de Oceguera “es una muestra más de la complicidad del Gobierno de Morena con el crimen organizado”.

“El Gobierno hizo mal la denuncia para que se integrara mal la carpeta de investigación y el juez no tuviera elementos para dejarlo detenido. Para eso quieren la ley de amnistía, para liberar a los delincuentes a su antojo”, enfatizó la aspirante presidencial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al CJNG de conformar uno de los cárteles de droga más peligrosos y prolíficos de México, y de ser responsable de llevar a Norteamérica cantidades significativas de drogas ilegales y de emplear “extrema violencia” para acometer tal objetivo.

La liberación del supuesto narcotraficante ocurre mientras crece la presión de Estados Unidos para que México combata el narcotráfico, en particular el de fentanilo, y en medio de las elecciones presidenciales que este año coinciden en ambos países.

El Juzgado 15° de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX ordenó este martes al Gobierno federal no “modificar o suprimir” el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), esto en medio de la polémica por las cifras oficiales.

En una publicación en X, la abogada y vocera del colectivo Diez de Marzo, Delia Quiroa, compartió el fragmento de la suspensión definitiva otorgada por el juez federal, que se mantendrá vigente hasta que se resuelva el juicio sobre la concesión del amparo.

“A efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva (…), se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, solicitada para el efecto de que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyan, cancelen, eliminen o supriman los registros contenidos en el Rnpdno”, señala la sentencia.

El colectivo Diez de Marzo, dedicado a la búsqueda de desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, hizo llegar esta petición a la vía judicial después de que el Ejecutivo federal actualizara el censo de personas desaparecidas, que pasó de 110,964 casos registrados en agosto de 2023 a 12,377, según datos del pasado diciembre.

“No borramos a nadie”, respondió en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló a mediados de diciembre que, de las casi 111,000 personas registradas como desaparecidas según el Rnpdno, solamente pudieron confirmar como desaparecidas a 12,377, apenas un 11%.

Y es que la funcionaria explicó que se localizó a 16,682 (15%); ubicadas pero no localizado a 17,843 (16%) personas; hallado 26,090 registros (24%) sin datos suficientes para identificar, y haber establecido 36,022 (32%) como registros sin indicios para la búsqueda. Además, también identificaron 1,951 (2%) registros duplicados.

En la demanda del amparo, el colectivo Diez de Marzo  también pidió la nulidad del nombramiento de Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero el juzgado no la aceptó.

Un juez que investiga el asesinato del presidente de Haitó, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, emitió un informe final en el que acusa formalmente a su viuda Martine Moïse, al ex primer ministro Claude Joseph y al exdirector de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, entre otros.

Se prevé que las acusaciones del juez desestabilicen todavía más a un país que ya enfrenta enormes dificultades debido a un repunte en la violencia de pandillas y que vivió recientemente una serie de protestas en las que se exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

Decenas de sospechosos fueron encausados en el informe de 122 páginas dado a conocer ayer por Walther Wesser Voltaire, el quinto juez en encabezar la investigación después de que los previos renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados.

Charles, quien ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), enfrenta los cargos más graves: homicidio; intento de homicidio; posesión y portación ilegal de armas; conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa.

Por su parte, Martine Moïse y Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa.

Joseph compartió un comunicado con The Associated Press en el que acusó a Henry de “socavar” la investigación y beneficiarse de la muerte del presidente. “Henry… está usando el sistema de justicia haitiano como arma, persiguiendo a opositores políticos como yo. Es un golpe de Estado clásico”, declaró Joseph.

“Fracasaron en matarme a mí y a Martine Moïse el 7 de julio de 2021, y ahora usan el sistema de justicia haitiano para impulsar su agenda maquiavélica”, añadió.

Joseph volvió a exhortar a Henry a renunciar, e hizo notar que, cuando él aún era primer ministro, invitó al FBI para que ayudara a las autoridades locales a investigar el homicidio y le escribió a la ONU y a la OEA para solicitar ayuda. “No dejaré de luchar. Se debe hacer justicia”, declaró.

En su informe, el juez puso de relieve que el ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun, les dijo a las autoridades que recibió “fuerte presión” de parte de Martine Moïse para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Joseph porque él la necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.

Valbrun también testificó que, dos días después de que fuese asesinado su esposo, Martine Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi cinco horas retirando “un montón de cosas”.

Dijo también que dos días después del asesinato de Jovenel Moïse, Martin Moïse le llamó para decirle que “Jovenel no hizo nada por nosotros. Tienes que abrir la oficina. El presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; él llevará a cabo elecciones en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta… ahora tendremos poder”.

Aunque el documento no identificó a Ti Klod, el ex primer ministro Claude Joseph es conocido por ese nombre.

En su informe, el juez también declaró que Martine Moïse “dejó entrever” que se refugió debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero hizo notar que las autoridades en el lugar hallaron que “ni siquiera una rata gigante… cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros” podría caber debajo de la cama.
El juez dijo que las declaraciones de la ex primera dama estaban “tan viciadas por contradicciones que dejan mucho que desear, y la desacreditan”.

Otras personas que enfrentan cargos, incluido el de asesinato, son: Christian Emmanuel Sanon, un pastor de nacionalidades haitiana y estadounidense que se consideraba a sí mismo como el próximo presidente de Haití y que dijo que pensaba que Moïse sólo sería detenido; Joseph Vincent, un ciudadano de nacionalidades haitiana y estadounidense y exinformante de la DEA; Dimitri Hérard, jefe de seguridad presidencial; John Jöel Joseph, un exsenador haitiano; y Windelle Coq, una jueza haitiana que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra prófuga.

Recordemos que fiscales estadounidenses han dicho que se trató de un complot orquestado en Haití y en Florida para contratar mercenarios con el fin de secuestrar o matar a Moïse, quien tenía 53 años cuando fue asesinado en su vivienda privada cerca de la capital Puerto Príncipe.

El informe del juez destacó que algunos de los policías en el lugar fueron desarmados y esposados, mientras que otros “tuvieron tiempo de arrojarse por un barranco” en busca de seguridad. Además, el oficial de policía que supervisaba la seguridad presidencial fue acusado de recibir 80,000 dólares para sobornar a ciertos agentes “para que permanecieran inactivos” durante el asesinato, según el informe.

También resaltó que “ninguno de los policías que brindaban seguridad al jefe de Estado estuvo en peligro. Desafortunadamente, el jefe de Estado fue asesinado con facilidad”.

Foto: X @moisejovenel

Debido a su delicado estado de salud y a su edad avanzada, un juez modificó la medida cautelar del exprocurador General de la República,  Jesús Murillo Karam, para que pueda seguir en prisión domiciliaria el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados al caso Ayotzinapa.

En la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, el juez de control José Rivas González determinó conceder la nueva medida cautelar, ordenando la colocación de un brazalete electrónico y señalando un domicilio de las Lomas de Chapultepec como el lugar para cumplir la medida.

Y es que el equipo legal de Murillo Karam ha reiterado en múltiples ocasiones que el estado de salud de su cliente es delicado, ya que presenta diversos padecimientos, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Como argumento, la defensa ha señalado los traslados que su cliente ha tenido a diversos centros hospitalarios, los que asegura, muestran que permanecer en prisión preventiva es una medida grave y peligrosa.

Sin embargo, Murillo Karam no podrá abandonar la Torre Médica de Tepepan, donde se encuentra actualmente, debido a que tiene otro proceso pendiente, el cual también implica prisión preventiva. Recordemos que la medida precisa que se cumplirá en el reclusorio Norte; sin embargo, dada su condición de salud, fue trasladado a Tepepan donde recibe los cuidados necesarios.

El otro caso, que de momento lo mantendrá en prisión,  es por su presunta responsabilidad en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, señalado por la entonces PGR como miembro de de Guerreros Unidos, a quien se señaló por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió una suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez, para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hable de ella, esto en medio de la carrera rumbo al 2024.

El juez otorgó  la suspensión definitiva en el amparo luego de que la semana pasada se concediera la suspensión provisional.

Así, el López Obrador no podrá lanzar ataques contra la senadora del PAN, quien aspira a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM). La medida será por tiempo indefinido, mientras  se resuelve  el amparo.

Otras de las medidas que se concedieron y que ahora se confirman está el que se deje de difundir, por medios oficiales, la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o de cualquier tipo de la aspirante presidencial.

La medida refiere al Presidente, a la oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También se ordenó a las autoridades evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso en contra de la senadora, además de que se debe eliminar de sus cuentas oficiales del gobierno en Twitter, YouTube, Facebook, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que haga referencia a Gálvez Ruiz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a un juez de “silenciarlo” por un fallo que le pide abstenerse de discursos “de odio” y “con malicia efectiva” sobre la senadora Xóchitl Gálvez, favorita para ser la candidata presidencial de la oposición.

“Estamos viendo cómo me quieren silenciar, un juez que habla de malicia efectiva. Le voy a contestar al juez por escrito porque la malicia efectiva es de su parte y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez”, declaró el mandatario esta mañana en su conferencia de prensa.

El tema se abordó en la mañanera luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso que Martín Santos, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, otorgó un amparo provisional a Gálvez tras un recurso que la senadora interpuso el pasado 18 de julio en contra de López Obrador.

El juez ordenó a las autoridades, incluyendo a López Obrador, que “se abstengan de llevar a cabo manifestaciones con malicia efectiva” y “de transmitir cualquier discurso de odio hacia la quejosa”.

“Se está extralimitando de sus facultades y, no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos”, indicó la secretaria de Gobernación.

El fallo es un frente más en el conflicto que se ha abierto entre López Obrador y Gálvez, quien tomó notoriedad a raíz de un amparo que ganó para tener su derecho de réplica en la mañanera y que se le negó por parte del presidente.

Desde entonces, se ha consolidado como la favorita para ser la candidata presidencial de la alianza opositora Va por México en las elecciones de 2024, esto luego de que confirmara que sus aspiraciones políticas ya no estaban puestas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La legisladora interpuso el recurso después de que el presidente exhibió los contratos que las compañías de Gálvez, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tec Services, recibieron del Gobierno durante nueve años por un valor de 1,400 millones de pesos.

En este sentido, el fallo también instruyó a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera” de Gálvez y sus empresas.

López Obrador dijo que presentará una denuncia en contra del juez, al que la secretaria de Gobernación acusó de tomar acciones en contra de las políticas del Gobierno.

“Voy a denunciar por todos los antecedentes y lo que está haciendo en mi contra”, advirtió el mandatario.

Este es el segundo recurso legal similar que Gálvez gana contra el mandatario después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron la semana pasada que López Obrador sí cometió violencia política de razón de género contra la senadora.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez, para impedir que el presidente López Obrador hable de ella “con malicia efectiva”, esto en medio del proceso interno que el Frente Amplio por México lleva a cabo rumbo al 2024.

Entre las medidas que acompañan la suspensión, se instruye dejar de difundir, por medios oficiales, la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o de cualquier tipo de la aspirante presidencial.

La medida refiere al presidente, a la oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo manifestaciones con malicia efectiva en todas las señales de la Presidencia de la República y redes sociales de las autoridades responsables”, indicó el Juez.

También se ordenó a las autoridades evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso en contra de la senadora, además de que se debe eliminar de sus cuentas oficiales del gobierno en Twitter, YouTube, Facebook, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que haga referencia a Gálvez Ruiz.

El mandatario y las dependencias a las que está dirigida la suspensión y medidas, tienen 48 horas para impugnar la medida legal, y será el próximo 11 de agosto cuando se definirá si se elimina la medida o se dicta suspensión definitiva.

Un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR indicó que también fueron girados ordenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

La Fiscalía detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP, los involucrados “se coludieron” con García Luna y sus socios: Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5,112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, precisó la FGR.

La Fiscalía señaló que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han salido del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

Recordemos que en febrero pasado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Jack Teixeira, el joven de 21 años acusado de filtrar documentos clasificados del Pentágono, permanecerá detenido por dos semanas más, para dar tiempo a su abogado a preparar su defensa.

Según documentos judiciales presentados este miércoles, el abogado de oficio asignado a Teixeira, Brendan Kelley, solicitó s más tiempo para estudiar las acusaciones del gobierno, petición a la que el juez David Hennessey respondió de forma afirmativa. La nueva fecha no fue fijada.

Medios de comunicación estadounidenses informaron de que Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional que fue arrestado la semana pasada por dos cargos de filtrar documentos secretos, compareció brevemente ante un tribunal federal de Massachusetts.

El viernes pasado, el joven, que trabajaba en una base aérea en ese estado, fue imputado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada, después de que decenas de documentos del Departamento de Defensa aparecieran publicados en internet.

Esos documentos contienen datos que iban dirigidos a responsables de Inteligencia y militares estadounidenses sobre el espionaje del país a sus aliados y las perspectivas de la guerra en Ucrania, entre otros.

Esta semana, el Pentágono anunció una investigación “a fondo” por 45 días de sus sistemas de seguridad, tras esta filtración.

Las cargo por lo que se le acusa podrían dar a Teixeira  una condena de entre 10 y 5 años respectivamente. Aún no se declaró culpable o no.

Recordemos que dada la posición que tenía, Teixeira tenía autorización desde 2021 para acceder a documentos altamente secretos.

Un juez de control vinculo a proceso, por los delitos de homicidio y lesiones, a tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes el pasado 27 de marzo, en el incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la audiencia llevada a cabo ayer, ante el juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se inició un juicio contra las cinco personas, sobre las que se habían girado órdenes de aprehensión desde la semana pasada.

Las ordenes de arresto eran por los delitos de homicidio doloso y lesiones, “como autores materiales por comisión por omisión” en contra de los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N” y el guardia de seguridad privada Alan “N”.

Por lo que corresponde a Jaison “N”, la FGR señaló que esta persona “fue vinculada como autor material por acción, de los delitos de homicidio y lesiones dolosos”. Se trataría del migrante que presuntamente inició el incendio dentro de la estación.

Y es que recordemos que según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar colchonetas en protesta a su supuesta deportación.

La FGR señaló que tras la decisión del juez, se continuará con el resto de las investigaciones “sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”.

A inicios de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ajustó el número de muertos a 40 tras el incendio registrado.

Entre los muertos hay 6 migrantes hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos y se desconoce la identidad de la última persona fallecida, que se indicó perdió la vida a raíz de un traslado que tuvo.

Ayer, luego de una reunión con el presidente López Obrador, el padre Alejandro Solalinde ventiló que se trabaja en la conformación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituiría al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Les puedo decir, que son personas de sectores muy amplios, donde va a haber representación en las iglesias de la academia, la Guardia Nacional fuerzas armadas pero también CNDH Conapred, las secretarías que tienen que ver con Educación Trabajo, Salud, todo esto van a estar también representantes de la casa de migrante”, apuntó Solalinde, quien adelantó que los militares que actualmente se encuentran en estas labores, a través del INM, ya no tendrían participación en la nueva coordinación.

El religioso también precisó que ya se analiza quien podría encabezaría la nueva instancia, sugiriendo que ya no sería el actual titular del INM, Francisco Garduño, quien ha sido ampliamente criticado por las políticas migratorias y por lo sucedido recientemente en Ciudad Juárez.

Solalinde precisó que esta propuesta está sobre la mesa desde la transición de gobierno, la cual se fue desarrollando al inicio del gobierno, aunque dijo, se vio interrumpida por los amagos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Un juez vinculó a proceso por fraude fiscal al presidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle, confirmó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

“Luego de trabajo conjunto entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR, se logró la vinculación a proceso en contra de Alejandro ‘N’, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la FGR, Del Valle enfrentará este proceso por no enterar al fisco de casi 12 millones de pesos.

Su vinculación a proceso la dictó un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, donde estuvo recluido dos meses en 2021.

Para seguir con este proceso, la autoridad obligará al presidente de Interjet, que dejó de operar en enero de 2021, a firmar cada mes en un centro de justicia y limitó su salida del país, además de hacerle entregar su pasaporte.

Asimismo, la FGR aclaró que se tendrá un plazo de cuatro meses para realizar una investigación complementaria del caso.

Recordemos que en diciembre de 2021, se liberó a Del Valle, tras más de dos meses en prisión por este presunto fraude, en medio de la crisis que atravesaba la aerolínea Interjet, que culminó con su salida del espacio aéreo.

El que fuera también director de la inoperante Interjet fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México el 9 de septiembre de 2021 en el Club de Industriales.

Alejandro Del Valle había sido designado como nuevo presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas en diciembre de 2020, con lo que desplazó a Miguel Alemán Magnani, el fundador de la aerolínea, ahora prófugo de la Justicia.

En agosto de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la captura de Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos por la FGR.

Un juez aplazó este jueves, por cuarta ocasión, la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción por la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

Aunque la vez pasada que el juez postergó la cita a inicios de año advirtió de que sería la última ocasión en la que concedería una prórroga, ahora difirió la audiencia intermedia hasta el 27 de abril a petición de la defensa de Lozoya.

A la entrada del Reclusorio Norte de Ciudad de México, donde el exfuncionario está en prisión preventiva, su abogado Miguel Ontiveros declaró que iban a “solicitar formalmente que se proceda a fijar fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio en los términos que señalen las instituciones del Estado”.

“La postura del señor Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitada por las instituciones y esa es precisamente la afirmación que vamos a dar como defensa”, declaró a los medios.

El abogado reconoció que la reparación podría alcanzar los 10 millones de dólares mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC) para evitar que su cliente afronte una condena en prisión.

Recordemos que la última vez, Lozoya ofreció 3.4 millones de dólares para reparar el daño a Pemex por la compra fraudulenta de la planta, pero un día después el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta por ser “muy poquito”.

“Está muy poquito. (…) No es esa la cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. Estoy seguro que esa cantidad no es”, dijo el mandatario en su momento.

López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario público, de los que Alonso Ancira ya ha devuelto 100 millones de dólares.

Lozoya tiene dos casos abiertos, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno y la organización “Sélvame del Tren” se confrontaron este miércoles por diferencias en la interpretación de un amparo que, según los activistas, debería frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia del gobierno federal encargado de la obra, el Tren Maya es legal por lo que se mantienen sus trabajos.

“Es absolutamente falsa la versión de que la obra en el tramo 5 se haya suspendido en forma definitiva”, aseguró Fernando Vázquez Rosas, vocero de la dependencia en entrevista con la agencia Efe.

El funcionario federal explicó que la obra emblemática del presidente López Obrador “cuenta con todos los permisos y autorizaciones sobre el cambio de uso de suelo”.

“No existe ningún impedimento para que el Tren Maya avance porque cuenta con todos los permisos necesarios”, reiteró.

Por el contrario, “Sélvame del Tren” envió un comunicado en el que asegura que el titular del I Distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, otorgó una suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

La agrupación reiteró que la obra, que contempla más de 1,500 kilómetros de vía en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, “ha estado llena de inconsistencias”.

“Nuevamente se otorga la suspensión definitiva al proyecto del Tren Maya, reafirmando que no se realiza con el debido proceso, estudios, permisos y autorizaciones”, se lee en el pronunciamiento.

El comunicado aseveró que el juez otorgó la suspensión definitiva para evitar que se sigan talando árboles en los terrenos donde no se concretó el cambio de uso de suelo.

Sin embargo, Vázquez Rosas desmintió a la organización al argumentar que Fonatur está entregando toda la información requerida por el juez que lleva el caso del amparo 2878/2022.

Reiteró que la construcción cuenta con los permisos correspondientes, “actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura y por eso es falsa la versión de que la obra del Tren Maya haya sido detenida”.

Y es que recordemos que el Tren Maya, con una inversión contemplada de casi 300,000 millones de pesos, ha despertado denuncias de organizaciones por el presunto desplazamiento de pueblos originarios y su daño ambiental.

El vocero de Fonatur insistió en que “la obra del Tren Maya es responsable con el medio ambiente y se inaugurará este año”.

Un juez frenó este miércoles de forma indefinida la posible extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue detenido el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en el Estado de México, donde está preso Ovidio, concedió un amparo al hijo del capo, lo que congela su extradición, según el expediente 63/2023.

El juez otorgó una suspensión definitiva, recurso legal que no implica que la posible extradición esté cancelada, sino que impide el acto hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.

“Se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que el directo quejoso no sea extraditado y quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal”, indicó el fallo.

La Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la sentencia, pero el caso se turnaría a un tribunal colegiado para que revise la medida cautelar de Ovidio, conocido como uno de los principales herederos de “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa.

El amparo llega días después de que otro juez federal fijó como fecha límite el 5 de marzo para que el Departamento de Estado de Estados Unidos solicite de manera formal la extradición de Ovidio, donde una corte busca juzgarlo por narcotráfico.

Recordemos que fuerzas federales detuvieron el 5 de enero a Ovidio, en medio de un operativo que desató la reacción del cártel, lo que no impidió que Ovidio fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como Almoloya.

En este penal, ubicado en el Estado de México, es donde también estuvo recluido su padre, quien escapó de ahí en 2015.

La detención generó polémica al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque López Obrador (AMLO) negó cualquier relación entre los dos hechos.

Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, acusa al presunto narcotraficante de delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país.