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Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

«Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre», establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además «la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso».

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

Tres militares fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida Guerrero en 2014, informaron este jueves autoridades federales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante su intervención en la conferencia matutina de Palacio Nacional, que entre los detenido está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones.

Adelantó que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro oficial, aunque no mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la «bodega vieja» y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como «el coronel» comentó que «ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes».

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas telefónicas de emergencia que acreditan que seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de «crimen de Estado» tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio hecho por Encinas, fue detenido y encarcelado quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, también adelantó que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que liberó en primera instancia al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y 19 personas más, vinculados al caso Ayotzinapa, y quienes también fueran señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sobre el fallo de un juez de control de Matamoros, Tamaulipas en contra de José Luis Abarca generó la absolución por secuestro agravado por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 19 personas más, esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal”, dijo el funcionario.

Un juez mexicano ordenó garantizar la salud física y mental, así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue detenido por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia de COVID-19.

El juez indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica» del detenido.

«Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.

González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.

Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.

Fue el pasado viernes, cuando la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada Verdad Histórica.

El exprocurador enfrentó su primera audiencia el sábado, en donde se le concedió una segunda audiencia para el mañana a las 08:00 horas, con el fin de que su defensa presente las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que habría intervenido Murillo Karam, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la detención Murillo Karam en relación al caso Ayotzinapa, su relevancia e implicaciones políticas, y qué se podría esperar; además del proceso que se le sigue a Rosario Robles.

Un juez aplazó para enero el inicio del juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y otros delitos.

El juez Brian Cogan decidió este lunes en una orden presentada en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que la selección de los miembros del jurado empezará el 9 de enero de 2023 en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del proceso.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York desde hace año y medio.

La decisión de Cogan es en respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, quien solicitó tener más tiempo para revisar todas las pruebas que la fiscalía del distrito este de Nueva York ha presentado.

El mes pasado los fiscales dijeron que planean entregar al abogado cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonios de testigos del caso y que planean entregar otras 7,500 con declaraciones de testigos.

En total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran pruebas contra García Luna, dijo De Castro.

Además, muchas de las grabaciones presentadas, sostuvo el abogado, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

Cogan dijo el lunes en su orden que otro juez tendrá a cargo la selección de jurado y después él presidirá el juicio.

Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio el trámite de sus casos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.

La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como «Quédate en México», establecido por Trump, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal devolvió la demanda a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de «protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley», coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.

En un comunicado emitido ayer por la noche, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que «se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada».

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera del lado de México, formaron parte de la primera etapa del programa.

Cerca de 5,800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad encargada del Tren Maya, informó este miércoles que fueron revocadas las tres suspensiones definitivas que habían sido concedidas para detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya.

El director general de Fonatur, Javier May, utilizó sus redes sociales para compartir “buenas noticias para el pueblo”, indicando que fueron revocadas las “suspensiones definitivas” de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022.

El funcionario acompañó el mensaje con fotografías de los documentos, en los que se puede apreciar que las suspensiones fueron dictadas ayer, 02 de agosto.

May añadió que las obras del Tren Maya siempre han sido legales, aunque señaló que se atendieron todos los requerimientos del juez.

Adelantó que “pronto” se resolverán los otros 3 amparos sobre el Tramo 5 del Tren Maya “también en favor del pueblo”. Sostuvo que no hay elementos para ninguna suspensión en contra del proyecto.

“El Tren Maya es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente y será inaugurada en diciembre de 2023”, remató May.

Ayer, el juez Adrián Fernando Novelo, del Primer Distrito del estado de Yucatán, resolvió que no se podía llevar a cabo una revisión para determinar si el gobierno federal violó las suspensiones otorgadas para frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya mediante la declaratoria de la obra como asunto de seguridad nacional.

Según el juez, las pruebas otorgadas por no son suficientes para comprobar que en efecto se retomaron las obras en la zona.

Pese a reconocer que había obras en la zona, Novelo Pérez consideró que las pruebas presentadas por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) no eran suficientes para saber si son relacionadas a la construcción del Tren o para algo más.

La suspensión de la que reporta el gobierno federal se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmara un decreto para expropiar más de un millón de metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, para el Tren Maya.

Esta mañana, el presidente habló del Tren Maya, señalando que solo los “opositores retrogradas del conservadurismo”, que dijo son encabezados por Claudio X. González, son los que se oponen al proyecto, afirmando que ni un solo propietario, ejidatario o comunero se ha opuesto al Tren Maya.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de cargos de tráfico de drogas, han pedido que el juicio se postergue hasta al menos enero del 2023.

Recordemos que el juez Brian Cogan, a cargo del caso, determinó que el juicio debía comenzar el octubre próximo. La propuesta es que sea el 9 de enero la fecha en que inicie el proceso.

En documentos introducidos ayer por la noche en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, los abogados dijeron que el volumen de pruebas que presentan los fiscales del distrito este de Nueva York es enorme y que por lo tanto la defensa de García Luna necesita más tiempo para revisarlo todo.

García Luna, responsable de la seguridad del país entre 2006 a 2012 está acusado en cortes de Nueva York de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario actualmente se encuentra en prisión en Nueva York.

A inicios de semana, los fiscales dijeron que planean entregar al abogado de García Luna cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo, como pruebas ante el futuro juicio del exfuncionario. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonio de testigos del caso y que planean entregar 7,500 páginas adicionales con el testimonio de testigos.

El abogado de García Luna, César de Castro, dijo en la carta introducida ayer que, en total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran como pruebas contra García Luna. Además, muchas de las grabaciones presentadas, dijo De Castro, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta mañana que el gobierno federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien se ha convertido en un actor incómodo para su administración, y quien en el último revés a la 4T otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola para no pagar una multa cercana a 10 mil millones de pesos.

«Este juez al que mencionó (Gómez Fierro), nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos», respondió el mandatario al ser consultado sobre actos de corrupción que se han dado al interior del Poder Judicial.

López Obrador reflexionó que cualquier servidor público, sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, no debe gozar de impunidad. Sostuvo que si hay delitos o se demuestra de hay corrupción en el actuar de un juez, se debee presentar una denuncia y ser el Consejo de la Judicatura quien resuelva.

En ese sentido, dijo que la investigación que se realiza sobre Gómez Fierro, existe la sospecha de que hubo falsificación de documentos.

«Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad», añadió AMLO.

Insistió en que se trate de quien se trate, si se está afectando el interés general o se está cometiendo una injusticia, se debe denunciar.

Y es que Gómez Fierro ha resuelto en temas que al gobierno federal le han entorpecido sus planes. Además del amparo a Iberdrola, esta semana concedió una suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obligaba comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero no son los únicos casos: otorgó 9 suspensiones definitivas contra la ley Eléctrica de AMLO; fue el responsable de conceder la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT); Suspendió por tiempo indefinido a la Ley de Hidrocarburos, que daba preponderancia a Pemex en la materia, y ordenó restablecer por tiempo indefinido los límites al poder dominante de Petróleos Mexicanos en el sector.

López Obrador se ha referido a Juan Pablo Gómez, como uno de los jueves que están acostumbrados a defender a grupos de intereses creados.

“Es entendible porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados, unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mi no me toca investigar, por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Pese a los señalamientos realizados, López Obrador descartó que vaya a presentar una iniciativa de reforma para limpiar el Poder Judicial. «Yo soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y reformar de esa manera el Poder Judicial», remató.

Un juez en Estados Unidos ordenó este martes que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado del juicio al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, y que éstos sean escoltados al llegar y salir de la corte además de quedar aislados del público durante el día en el tribunal.

El juez Brian Cogan concedió así el pedido de la fiscalía de mantener al jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario se encuentra en prisión en Nueva York.

Los fiscales del distrito este de Nueva York dijeron meses atrás que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El juez Cogan estuvo de acuerdo este martes.

«Los hechos que presenta el gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo», escribió el juez.

Agregó que la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad.

Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento y que no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público.

Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.

Durante el juicio a Joaquín «El Chapo» Guzmán a fines de 2018 e inicios de 2019, el jurado también fue anónimo y estuvo parcialmente aislado.

El mes pasado los fiscales del caso de García Luna dijeron que poseían una grabación que demuestra que el exfuncionario habló con otro preso en la cárcel en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra. También aseguraron que en la grabación García Luna mencionó a Jesús «El Rey» Zambada, un exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.

Según la fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque los fiscales no ofrecieron más detalles. El martes el juez Cogan hizo referencia a la grabación en su orden y dijo que es fácil pasar de acosar o intimidar a un miembro del jurado a llegar a manipularlo.

Un juez federal suspendió indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, ubica en la Ciudad de México, la más grande del mundo, aunque la sentencia aún puede ser apelada.

«Se concede la suspensión definitiva para los efectos precisados en la presente resolución», señala el fallo sobre la demanda que interpuso la asociación civil Justicia Justa contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en Ciudad de México.

Recordemos que el pasado 27 de mayo, el juez ya había suspendido provisionalmente las corridas mientras escuchaba los argumentos y pruebas de las partes para tomar una resolución de fondo.

En respuesta, el coso capitalino dijo que «diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas» y que «continuará con la defensa legal» de lo que llamó «las costumbres y tradiciones mexicanas».

La siguiente actividad que se iba a celebrar en el recinto estaba programada para el próximo  2 de julio. Ese día se llevaría a cabo en los alrededores del escenario la primera «pamplonada» de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La decisión aún puede ser impugnada por los organizadores de los espectáculos, aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos.

Distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, aunque no habían tenido éxito. Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como «cosas» e ignora el sufrimiento animal.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que las obras del Tren Maya no se detendrá pese a la suspensión definitiva que otorgó un juez para detener la construcción del tramo 5 del proyecto, uno de los más emblemáticos de su gestión.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del pueblo, de la nación”, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la decisión de un juez federal que ayer otorgó un amparo a ambientalistas con el que se detendrá la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 de la obra, que está a cargo del Ejército de forma exclusiva.

La autoridad judicial consideró que el proyecto no cumple con los criterios para desarrollarse y puede tener «daños irreversibles» para el ecosistema, además de que no se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que aunque ya se encuentra en proceso, el juez dijo que debía estar lista antes de iniciar con las obras.

El mandatario señaló que ante el amparo van a acudir a otras instancias “o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”, sostuvo.

López Obrador afirmó que van a continuar con todo el procedimiento legal “sin ningún problema». Y «estamos seguros de que la obra va a continuar”, agregó.

Aseguró que, como no es muy largo el tramo que está detenido por ahora, se va a reiniciar y se va a recuperar el tiempo para entregar la obra como se ha prometido, en diciembre de 2023.

AMLO señaló que el amparo es un asunto “politiquero” de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, especialmente “pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo de turismo, y también por gobiernos extranjeros”.

Reafirmó sus señalamientos de que hay ambientalistas que están financiados por el gobierno de Estados Unidos y empresas estadounidenses, al aseverar que el tramo que está en disputa es donde hay más dinero. Recordemos que el tramo 5 del Tren Maya contempla 60 km entre Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, el tramo 5 no es el único sobre el que se han presentado amparos. Otro tramo de la obra, el que va de Cancún a Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo.

Fonatur, quien está a cargo de dicho proyecto, indicó en un comunicado que la suspensión judicial será únicamente definitiva hasta que se resuelva de fondo la MIA del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su comunicado, Fonatur reconoce los daños que la obra ocasionará, pero justifica con los «beneficios» que traerá a la región.

«Para Fonatur, la MIA sobre el Tramo 5 Sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales», se lee en el documento.

Un juez federal suspendió este viernes provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo.

La decisión se enmarca en una demanda interpuesta por la asociación civil Justicia Justa contra los reglamentos locales que permiten la tauromaquia en la Ciudad de México.

«Deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos», señala el fallo judicial.

La medida regirá en principio hasta el próximo jueves, cuando el juez escuchará los argumentos y analizará las pruebas de las partes involucradas para tomar una resolución de fondo, detalla la medida.

La próxima actividad a cargo de la Plaza México, uno de los sitios emblemáticos de la capital, está programada para el próximo 2 de julio. Ese día se llevará a cabo en los alrededores del inmueble la primera «pamplonada» de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La plaza de toros puede apelar la suspensión y decisiones futuras en el mismo sentido.

Recordemos que distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, pero esta es la primera vez que se ordena que sean suspendidas.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

La Plaza México es la más grande del mundo, con capacidad para 50,000 espectadores, y tradicionalmente ha sido espacio de reunión de figuras públicas.

Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como «cosas» e ignora el sufrimiento animal. En tanto, los taurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80,000 empleos directos y 146,000 indirectos, según los más recientes datos oficiales disponibles.

La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su apoyo al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, quienes estuvieron al frente del proceso que se seguía en contra de abogados y un asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, mismo que fue desechado por un juez este jueves.

La Fiscalía «se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna», dijo la FGR en un comunicado.

Alegó que el juez descalificó y agredió groseramente al ministerio público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora. Dijo que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del Scherer Ibarra, quien no estaba imputado, aunque dijo que sí existían una serie de pruebas sobre su participación en los delitos de los que se le imputaron a los abogados.

Delgadillo Padierna inválido esta mañana el proceso que la FGR presentó en contra de Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez, acusados por Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

Subrayó que el abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer. El abogado, días antes de la audiencia, afirmó públicamente que se iba a «acabar esta venganza”, resultando extraño que el juez coincidiera y calificara la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna de ello.

La Fiscalía advirtió que presentará de inmediato el recurso de apelación en contra de la resolución del juez. Además, dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento», sostuvo la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Finalizó señalando que la conducta inadmisible del juez en este caso no habrá de inhibir al Ministerio Público a judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia.

Un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero, todos cercanos a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, por supuesta extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien desestimó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba vincular a proceso a Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau.

El proceso judicial que se seguía tenía sus origen en una denuncia hecha por Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde julio de 2019, y acusaba a los abogados y asesor de tener un vínculo cercano al entonces funcionario, quienes le habrían pedido hasta 2,000 millones de pesos para tramitar su salida de prisión.

La acusación señalaba que Collado había dado 10 millones de pesos para frenar la investigación en su contra que llevaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, aseguraba haber pagado 1.3 millones de dólares para dejar la prisión.

El fallo del juez, el mismo que actuó en el caso de Rosario Robles, significa un fuerte revés para el Fiscal, Alejandro Gertz, quien se sabe mantiene una rivalidad con Scherer Ibarra desde hace tiempo atrás, lo cual se especula fue una de las razones para dejar el gabinete.

Delgadillo Padierna precisó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados, pero él no fue citado a comparecer, lo que el juzgador consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el exconsejero jurídico, con lo que violó su presunción de inocencia.

Precisó que la FGR inició un procedimiento «ilegal» contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado era improcedente. Dijo que la FGR no presentó dato alguno que ayudara a establecer la existencia de un delito por parte de alguno de los investigados.

Ante esto, ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine si Juan Collado o los fiscales violaron los derechos humanos de los acusados. «La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo el juez.

Este es uno de los casos por los que el Fiscal ha sido acusado por utilizar el poder de la justicia a su favor. Hace algunas semanas, Scherer respondió con una carta publicada en el semanario Proceso, donde acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias.

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

«Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune», dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. «Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto», agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

«Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido», apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

«Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente», dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, «sigue su curso y no está concluida».

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes «y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos» y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público».

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que «asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos».

Un juez de Yucatán concedió la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que correrá entre Playa del Carmen y Tulum, al considerar que dicho proyecto no cuenta con la autorización de impacto ambiental.

«Si bien la sociedad tiene interés en que se construyan vías de comunicación para el servicio público, lo cierto es que también está interesada en que eso se haga conforme a las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”, indicó el juez en respuesta a un amparo que un grupo de buzos de la zona presentaron el mes pasado.

Es la primera vez que un juez se pronuncia sobre el tramo 5 del Tren Maya, que ha generado gran polémica debido a los cambios que se han hecho en su trazo y que el actual afectaría la zona selvática ya que pasa por áreas de vegetación y por encima de ríos subterráneos, incluidos cenotes.

Los cambios en este tramo ha originado las denuncias de diversos grupos ambientalistas, especialmente la campaña #SelvameDelTren, en la que diversas figuras públicas, como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade o Kate del Castillo denuncian el ecocidio que generaría el Tren.

Hace unos días, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que todo el Tren Maya incluido el tramo 5, contaba con todas las autorizaciones necesarias para poder avanzar en su construcción. Además, recordó el decreto emitido a finales del año pasado, por el que las obras de infraestructura estrella de su administración se catalogan como de seguridad nacional, lo que les permite trabajar en ellas pese a no contar con todos los requisitos que la ley marca.

En su conferencia matutina de hoy, el mandatario fue consultado sobre la suspensión concedida y dijo que el gobierno no ha sido notificado de dicha suspensión, aunque lanzó sus ya conocidas críticas de que detrás de este tipo de decisiones hay política y no justicia.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios», manifestó.

Añadió que si bien cada quien puede pensar con absoluta libertad, será el Poder Judicial quien resuelva sobre el tema, y enfatizó que «el tren va”.

Insistió en que el tramo 5 del Tren Maya no afecta ningún cenote, ni ríos subterráneo, y argumentó que los jueces que antes callaron, ahora «solo ve escritos» y no lo que sucede en el terreno.

Foto: Twitter @gchristy65