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Un convoy de seguridad trasladó este miércoles a Héctor «el Güero» Palma tras ser interrogado por las autoridades por nuevos delitos y lograr la Fiscalía General un arraigo para evitar que el narcotraficante sea liberado.

«La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo medida cautelar de arraigo en contra de Jesús Héctor ‘P'», indicó la FGR en un boletín.

Un fuerte despliegue de varios vehículos de distintos cuerpos de seguridad y de la Fiscalía trasladaron al antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín «El Chapo» Guzmán, que había quedado en libertad el sábado pasado tras la orden de un juez.

Derivado de una investigación, el 4 de mayo de 2021 el Ministerio Público Federal (MPF) emitió un acuerdo de detención «por caso urgente respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia», informó la Fiscalía.

Agregó que por este motivo se le pudo recapturar el martes cuando el capo se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, «en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una autoridad judicial».

Posteriormente, y tras la lectura de sus derechos constitucionales y legales que le asisten, el «Güero» Palma rindió su declaración ministerial.

«Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, y a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente la medida cautelar de arraigo», explicó la FGR.

Un juez evaluó el caso y otorgó la medida cautelar decretando así «el arraigo por 40 días en contra de esta persona, mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República».

A raíz de eso, el acusado fue llevado al llamado Centro Nacional de Arraigo, en la colonia Doctores en la capital del país, donde podrá estar hasta 40 días mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El arraigo es una medida dictada por el juez, a petición de una de las partes, que se otorga cuando hay temor a que el acusado se ausente. Es decir, ante el peligro de fuga o derivados.

Héctor Palma Salazar, alias «El Güero» Palma, quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad en el centro del país, fue absuelto de la acusación en su contra por el delito de delincuencia organizada, por lo que se ordenó dejarlo en libertad.

«El Güero» Palma, que fundó junto a Joaquín «El Chapo» Guzmán el Cártel de Sinaloa, fue absuelto del cargo de delincuencia organizada presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el juez del Juzgado Segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó la «inmediata y absoluta libertad» del detenido, indicaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

El juzgado estableció que Palma Salazar podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito.

Por ellos, las autoridades se encuentra en proceso de consultas con la FGR, las 32 fiscalías estatales, y con gobiernos internacionales, para corroborar que no exista alguna causa en curso contra Palma Salazar.

Palma Salazar, quien tenía ordenes de aprehensión por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones, fue arrestado en 1995 y condenado a siete años de cárcel en un penal de alta seguridad en Jalisco.

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión tras ser declarado culpable de traficar cocaína. Luego de cumplir 9 años de condena fue liberado por buen comportamiento y se le tomó en cuenta los años de cárcel que pasó en México.

A mediados de 2016 fue deportado a México donde era requerido por el asesinato de dos policías y fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano», en el Estado México, donde aún se encuentra recluido.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó esta mañana la decisión del juez federal que el sábado absolvió de forma «repentina» a «El Güero» Palma.

«Un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’», declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El presidente reveló que el domingo consiguieron que el juez diese un plazo de 48 horas, que vence mañana martes, para que la Fiscalía, la SSPC y la SRE recopilen información sobre denuncias o procesos de extradición.

“No podemos decir nosotros que el señor debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando que se le libere porque ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto. Sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos, de que no hay ningún pendiente”, comentó.

López Obrador argumentó que no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano con este tipo de fallos judiciales, pues el gobierno de México «queda bajo sospecha».

“Hay que cuidar la imagen del Estado mexicano, ya no es como antes que nos señalaban de afuera, acusando al gobierno mexicano de complicidad, ningún gobierno extranjero debe acusar al gobierno mexicano, y no dar motivo para eso”, manifestó.

El presidente anunció que pedirá a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentar una reforma para que los jueces no puedan emitir estos fallos en sábado o domingo.

Un juez frenó parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea la reforma que indica que a los clientes que no entreguen dichos datos podrían cancelárseles sus líneas.

Los legisladores de Morena y aliados, que apoyan la creación del padrón de usuarios, y que fue aprobado en el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario dicho padrón para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El Padrón es la nueva versión del extinto programa «Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT)», creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El registro no «influye positivamente» en las actividades de seguridad pública del Estado, según Juan Pablo Gómez, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien concedió la primera suspensión provisional.

El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos que estaría administrada por el el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ha indicado que implementar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y para los siguientes años necesitará 88 millones de pesos más.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la Cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

La suspensión definitiva podría producirse en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que en estos días la lluvia de amparos aumente considerablemente.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser extorsionadas por los delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.

Al recordar que el juez que concedió la suspensión provisional es el mismo que otorgó los amparos contra la ley eléctrica, AMLO señaló la urgencia de implementar la reforma al Poder Judicial.

«Juan Pablo Gómez es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas (…) sí hace falta una reforma al Poder Judicial», dijo el mandatario.

AMLO criticó la actuación del juez, pues dijo, hay una campaña de desinformación sobre el Padrón que se realizará.

Indicó que es mentira todo lo que se dice sobre las medidas que incluirá el Padrón, pues solo se pedirán las huellas dactilares, medida que recordó ya se usa en diversos servicios públicos y privados.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, también habló sobre el tema; dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión se realizan desde equipos de prepago, por lo que consideraba necesario implementar el Padrón de usuarios de telefonía móvil.

«Los datos personales y biométricos lo va a definir el Instituto de Telecomunicaciones, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente. Hay quienes defienden un modelo de ventas, nosotros defendemos un modelo de seguridad», enfatizó.

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

«Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía», declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

María Eugenia Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada, luego de que un juez acreditara el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una «nómina secreta».

Además de Maru Campos, también fueron vinculados a proceso una exdiputada del PVEM, María Ávila Serna  y Rodrigo de la Rosa, exdiputado del PRI, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Para emitir su falló, el juez tomó en cuanta las pruebas que presentó el Ministerio Público y que dijo, la defensa no logró aclarar. Entre ellas estuvo un contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa con licencia quien recibió un millón 67 mil pesos en transferencias. También aparece un informe sobre cómo Maru junto a los dos exlegisladores aprobaron y firmaron diversas iniciativas en beneficio del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. También se presentaron 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván.

La candidata panista es acusada de recibir más de 9 millones de pesos, entre 2014 y 2015.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que reiteró que el proceso al que fue vinculada no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

«La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal», dijo la chihuahuense.

Indicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, por lo que pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

«Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA», sostuvo la candidata.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó las primeras suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente López Obrador.

Con estas suspensiones, tres en total correspondientes a los juicios de amparo con número de expediente 118, 119 y 120/2021, se pone un freno a la intención del gobierno federal de cambiar las reglas del juego a favor de la CFE.

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“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno”, se lee en el documento.

Recordemos que debido a los amparos que otorgó Gómez Fierro un día después de que se publicara la Ley en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador solicitó al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, investigar el proceder del juzgador, al señalar que éste respondía a intereses particulares.

Al respecto, esta mañana AMLO dijo que la disputa deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reveló que incluso grandes empresas, como Bimbo y Wal-Mart se han amparado contra la ley.

«Vamos a que resuelva la Suprema Corte», dijo López Obrador, y añadió que «seguramente» el tema llegará al máximo tribunal.

Y es que la nueva LIE establece que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su energía a la red, además de que la empresa no estará obligada a comprarla a través de subastas, que habían beneficiado a generadoras solares y eólicas, muchas de ellas con capital extranjero.

También se podrán revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), entre los que se encuentran la española Iberdrola, mientras que el regulador del sector energético, la CRE, podrá revisar y revocar permisos de autoabasto, un esquema del que el gobierno alega se ha abusado en detrimento de CFE.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

«Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional», indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

«No puedo ser cómplice del robo, del atraco», argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar «al servicio» de particulares y extranjeros.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de responder a intereses particulares respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, concedió tres suspensiones más contra la reforma que impulsó el mandatario.

En el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones se concedieron las suspensiones a empresas Eólica de Oaxaca y Tamaulipas.

En el caso del amparo concedido a Eólica de Oaxaca, el juzgador instruyó a la Comisión Reguladora de Energía(CRE) levantar la suspensión que decretó el pasado 18 de enero derivado de la contingencia sanitaria por la COVID-19, al señalar que la industria eléctrica está considerada como actividad esencial.

“La Comisión Reguladora de Energía no podrá negarse a atender los trámites que guarden relación con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país”, señaló el juez.

Adicional se informó sobre otra suspensión a la reforma eléctrica, que será notificada en los estrados judiciales mañana miércoles, con lo que habrían sido tres suspensiones más las que habría otorgado el juez.

De igual forma, se informó que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del juzgado Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó otras suspensiones provisionales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Así, suman dos jueces que coinciden en que la reforma podría dañar la competencia y la libre concurrencia. Las suspensiones que concedió, también tienen efectos generales por lo que protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo.

Según una revisión que ha realizado El Universal, suman 16 suspensiones contra la reforma eléctrica.

Luego de la carta que revelara esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la competencia del juez Juan Pablo Gómez Fierro quien concedió amparos a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue el ministro Arturo Zaldívar quien respondió al mandatario.

A través de una carta que se compartió en redes sociales, Zaldívar Lelo de Larrea confirmó la recepción de la carta en la que AMLO presentó una queja en contra del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El Ministro le señaló a López Obrador que, como se hace con todas las quejas que se reciben, sería canalizada al área correspondiente para que, de existir elementos, se inicie la investigación que en su caso proceda, respetando la autonomía e independencia de la función jurisdiccional.

Sin embargo, Arturo Zaldívar le recordó al presidente que los jueces y juezas en México actúan en un marco de autonomía e independencia, para lo que el CJF vela para que puedan hacerlo con libertad.

Añadió que es facultad de dicho órgano vigilar que los juzgadores se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.

Y es que AMLO le hizo llegar una comunicación a Zaldívar en la que le instaba a que se lleve a cabo una investigación para determinar e informar si al juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le correspondía aplicar o la dicha suspensión a la Ley Eléctrica.

“Desde luego, se respeta el derecho de amparo, la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial; la libertad de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público», recriminó AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar al juez que concedió una suspensión en contra de la Ley a la Industria Eléctrica, que fue aprobada y promulgada la semana pasada.

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A través de una carta dirigida a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la reforma eléctrica, a un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

«De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso», dice la carta según leyó López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas «con el antiguo régimen» y que tenían como «modus operandi» la corrupción y el influyentismo.

Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa «pro-empresarial nacional y extranjera» a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico para oponerse a obras y acciones políticas que el gobierno ha emprendido para llevar a cabo la transformación del país.

«Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio», agregó el mandatario leyendo la misiva.

Señaló que sería «lamentable» que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigan permitiendo el abuso y prepotencia en nombre del estado de derecho.

López Obrador afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que ejercerá sus facultades como presidente y libertades como ciudadano y «no callaré ante el pillaje y la injusticia».

Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos; denuncia que en el caso de la reforma eléctrica «fue vía rápida».

Recordemos que fue el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió de manera provisional los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió «todos los efectos» de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al servicio de las empresas extranjeras y privadas.

El sábado pasado Zaldívar respondió a las acusaciones del presidente mexicano y aseguró que «los jueces federales actúan con independencia y autonomía» y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), «garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad».

Aseveró que los fallos de la SCJN «pueden ser recurridos», sin embargo, aclaró que deben ser respetados «bajo la óptica de la independencia judicial».

Un juez suspendió de forma provisional este jueves «todas las consecuencias» de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se publicó el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el Congreso aprobara sin cambios el proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.

«Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector», detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial en relación a la reforma eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de «confiabilidad» que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero pasado.

«Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados», expuso.

Ayer, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que «una buena cantidad de empresas» ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución. Los empresarios argumentan que la reforma causará un sobrecosto de 60,000 millones de pesos porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.

Adicional, en el Congreso, legisladores de oposición y algunos gobiernos estatales han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Tras esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver. «La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio», precisó el juez.

Un juez de la Suprema Corte de Brasil anuló este lunes las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar incompetente al Tribunal que las dictó, con lo que se le abre el camino al líder de izquierda para las presidenciales de 2022.

Lula suma dos condenas emitidas por un Tribunal de Curitiba por casos vinculados a la operación anticorrupción Lava Jato, que descubrió un esquema de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras.

El juez Edson Fachin respondió a un pedido de ‘habeas corpus’ presentado por la defensa de Lula en noviembre pasado y decidió que el exmandatario sea juzgado nuevamente por la justicia federal de Brasilia, alegando que los casos concernidos no se limitaban a Petrobras.

El expresidente fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo) y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque una decisión de la Suprema Corte le permitió agotar todas los recursos judiciales en libertad.

En 2020 fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un sitio en Atibaia a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras.

Lula siempre negó las acusaciones y se considera blanco de una operación política en su contra orquestada por Sergio Moro, el juez que lideró la Lava Jato, y que en 2019 asumió el Ministerio de Justica del presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Moro permaneció en el cargo hasta abril de 2020, cuando se distanció del mandatario.

De acuerdo con el fallo de Fachin, otros dos casos que involucran a Lula en el marco de la Lava Jato deben pasar también a la esfera de Brasilia. La noticia repercutió con fuerza en Brasil. La Bolsa de Sao Paulo retrocedía más de 3% después del anuncio, en tanto que el dólar se aproximaba a 5.8 reales.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la acusación por corrupción contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo en la pasada administración, tras fracasar la negociación que comenzó con si defensa, para lograr un acuerdo.

La negociación para rebajar la acusación contra la exsecretaria y que recibiera en dado caso la condena menor, se rompió ya que la acusada «no quiere reparar el daño» de sus acciones.

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, mejor conocida como La Estafa Maestra.

La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la Fiscalía y el equipo legal de Robles, quien denunció se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, incluso revelando el nombre del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría participado y dado ordenes para llevar a cabo los desvíos.

Sin embargo, en la audiencia de este viernes, tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que «no hay condiciones» para solicitar un «procedimiento abreviado», el cual permitiría rebajar la acusación contra Robles.

La Fiscalía sostuvo que «la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño», mientras que los abogados de Robles aseguraron que «la reparación del daño no procede por el delito que se acusa».

El abogado de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, Epigmenio Mendieta, aseguró que hubo incumplimiento de la FGR en su «obligación» de instrumentar acercamiento con su cliente para entablar un proceso de negociación.

«A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no están en condiciones de llegar a un proceso de negociación, de tal manera de que lo que se puntualizó por parte de la defensa, que existe un derecho, que es un derecho constitucional de Rosario, a que reciba una propuesta formalmente de la procedencia o no del (procedimiento) abreviado», indicó en en encuentro con los medios.

Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo, tiempo que servirá para buscar un nuevo acuerdo.

Recordemos que el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad tras haber alcanzado una cuerdo con la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social de la administración pasado, Rosario Robles, para explorar la posibilidad de retira la acusación de corrupción que tiene en su contra, y que la tiene en prisión preventiva desde 2019 a cambio de su colaboración en futuras investigaciones.

El juez Ganther Villar pospuso la audiencia celebrada este miércoles después de que Robles solicitara «un criterio de oportunidad», es decir, que la Fiscalía levante la acusación a cambio de cooperación.

Robles Berlanga habría ofrecido declararse culpable de las omisiones que permitieron los desvíos de los que se le acusan, a cambio de obtener una pena de prisión mínima.

La nueva fecha de la audiencia quedó pospuesta para el próximo 26 de febrero, cuando la Fiscalía deberá decidir si se concede la petición a Robles, esto luego de ser autorizada por los superiores de la FGR.

Aunque el Ministerio Público informó durante la audiencia de que ya habían discutido una «propuesta en forma verbal» con la defensa, el juez dio un plazo de cinco días a ambas partes para que informen sobre la fecha en que comenzarán las negociaciones formales.

Robes, quien también se desempeñó como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, la llamada Estafa Maestra.

La defensa de Robles anunció en noviembre pasado que colaboraría con la Fiscalía denunciando en la trama al exsecretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray a cambio de beneficios procesales. En ese momento quedó descartado incluir en la acusación al expresidente Enrique Peña Nieto.

Recordemos que la figura del testigo colaborador cobró relevancia en nuestro país con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con la Fiscalía para denunciar como responsables de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.

Incluso el Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel «en ser detenido y procesado por violaciones» derechos humanos y «en menoscabo de la libertad de expresión».

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

«Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México», declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.