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Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de «acceso» a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.

Este miércoles, El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afrontó otra audiencia, esta vez por el caso Agronitrogenados, en el que está acusado de haber comprado una planta de fertilizantes inservible a Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

La fiscalía, al igual que la semana pasada, solicitó modificar las medidas cautelares que tenía el exfuncionario, y pidió prisión preventiva.

Luego de más de dos horas de audiencia, el juez Artemio Zúñiga desestimó la solicitud de la defensa e impuso prisión preventiva al exfuncionario, ya que dijo, existe el riesgo de fuga al contar con los medios económicos y las amistades para hacerlo.

Durante la audiencia, Emilio Lozoya estuvo atento y se dijo dispuesto a cooperar con la FGR.

En el marco de la audiencia de hoy, se informó Lozoya ofrece cinco millones de dólares para «reparar el daño» al Estado por los dos casos de corrupción que pesan en su contra y así salir de la cárcel, informó este miércoles su defensa.

A las puertas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el abogado Miguel Ontiveros detalló ante la prensa que Lozoya ofrece pagar cerca de 3.4 millones de dólares por el caso de la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y otros 1.6 millones de dólares por la trama de sobornos de Odebrecht.

Ontiveros aseguró que ya han contactado a Pemex y, aunque todavía no han recibido respuesta, están convencidos de que la nueva dirección de la petrolera tiene «disposición para que se repare el daño al Estado mexicano». Con la «reparación del daño», la defensa de Lozoya quiere que «se suspenda el ejercicio de la acción penal y obtenga su libertad» el acusado.

Una jueza federal de Miami certificó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en nuestro país de corrupción por malversar millones de pesos de fondos públicos, y ordenó que permanezca detenido mientras el Departamento de Estado toma una decisión final.

«Hay causa probable para creer que César Horacio Duarte Jaquez (…) cometió los crímenes de conspiración y malversación de fondos gubernamentales, según las acusaciones que enfrenta en México», dijo la jueza Lauren Louis.

«La solicitud del gobierno para que se ordene la certificación de la extradición de César Horacio Duarte Jaquez es concedida», expresó en un fallo escrito de 24 hojas que se emitió ayer por la noche.

La orden de la jueza llega casi 10 meses después de la última audiencia, en la que Louis dijo que estudiaría las evidencias para determinar si cumplían o no con los requisitos del tratado de extradición con México.

Aunque la jueza falló en favor de la extradición, es el secretario de Estado, Antony Blinken, quien tiene ahora la última palabra. La orden de la magistrada no puede ser apelada, pero Duarte podría presentar un recurso de amparo alegando que su detención en Estados Unidos es ilegal en busca de demorar el proceso. No existe un plazo específico para que Blinken tome una decisión.

Por ahora ni la defensa de Duarte ni el gobierno del presidente Joe Biden han dicho cuáles serán sus próximos pasos. Tampoco el gobierno de México se ha pronunciado públicamente.

Para fundamentar el pedido de extradición efectuado por el gobierno mexicano, la fiscalía estadounidense aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos de los que se le acusan y que por eso debe ser extraditado. La defensa del exgobernador, en cambio, manifestó que se trata de acusaciones políticas.

En su fallo, la jueza dijo que «no hay ningún tipo de evidencia de que los presuntos delitos tuvieron motivaciones políticas y mucho menos que fueron cometidos en el curso de un acto político». Por eso, indicó Louis, «la corte no negará el pedido de extradición».

Recordemos que México solicitó la extradición del priísta a fines de 2019. El exfuncionario, que se desempeñó como gobernador entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación ilícita para malversar millones de pesos de fondos públicos.

Duarte llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. El exgobernador alega que desconocía las acusaciones que enfrentaba en México antes de viajar a Estados Unidos y que llevaba una vida pública y sin ocultarse de nadie.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, y quien ayudó a destapar los presuntos hachos corruptos que involucran a Duarte, dijo a través de su cuenta de Twitter que «una larga lucha contra la corrupción y la impunidad tuvo un «avance decisivo en la exigencia de justicia para Chihuahua y que se castigue uno de los mayores atracos contra el pueblo».

Se pospuso, por tercera vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la cita se difirió hasta el próximo 31 de enero porque los abogados no tuvieron tiempo de estudiar todas las hojas del expediente. Ni la Fiscalía ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se opusieron a la solicitud de la defensa.

Sin embargo, el juez ordenó a Anaya acudir de forma presencial a la audiencia de enero y no de forma telemática como ha hecho hasta ahora por encontrarse fuera del país. La audiencia ya había sido pospuesta en agosto y en octubre pasado.

Recordemos que Anaya, excandidato presidencial, salió de México el pasado 5 de julio con rumbo a Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Fiscalía lo acusa de haber recibido 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero. El presidente López Obrador pidió este lunes al panista «que regrese, que informe, que aclare su situación».

«Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero», respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están «procesando por cargos inventados».

Según publicó Milenio, la FGR solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial, tal y como sucedió con hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resolviera su situación jurídica.

Anaya compareció este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, de forma presencial y en presencia de un abogado. La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, por la carpeta que se le sigue referente a los señalamientos que hiciera el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que le sitúan como uno de los beneficiarios de la trama corrupción ligada a Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades fiscales mexicanas van a presentar la misma estrategia que hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resuelva su situación jurídica.

Anaya tiene permitido comparecer este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, desde Ciudad de México y en presencia de un abogado, después de que éste no se presentara en la anterior audiencia.

La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención. Así lo revela el diario Milenio.

Anaya forma parte de la lista de políticos señalados por Lozoya de haber recibido sumas millonarias a cambio de su voto para avalar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto.

Según la investigación, basada en las declaraciones de Lozoya, Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos mexicanos en sobornos, por lo que se solicitará su imputación por delitos de cohecho y asociación para delinquir.

Recordemos que la semana pasada, la FGR logró también que la justicia decretase una orden de detención contra el antecesor de Lozoya en Pemex, Carlos Treviño, después de que no compareciera ante las autoridades el 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de lavado de dinero por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI.

Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en sobornos en 2014 a través del que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En prisión preventiva, Lozoya está siendo investigado en el caso de la brasileña Odebrecht, así como en de la empresa mexicana de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Sobre el caso Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el panista debe comparecer ante las autoridades y aclarar si recibió sobornos de los que se le acusa.

Además, aseguró que el excandidato presidencial estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto, «eran como socios políticamente hablando, entonces de repente se rompió ese acuerdo, y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña, hubo una muy buena relación y una ruptura fuerte», relató el mandatario.

Tal como lo ha venido sosteniendo, AMLO volvió a rechazar de haber solicitado a las autoridades que se actúe contra Anaya. Afirmó que la venganza no es su fuerte.

“Debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando de aprobaron las llamadas reformas estructurales», añadió López Obrador. Incluso cuestionó quién le aconsejó al panista que amenazara a Peña Nieto de meterlo a la cárcel durante la campaña presidencial.

Un juez de control impuso esta tarde, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, luego de haber gozado de libertad condicional más de un año.

El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía pidió la medida cautelar porque Lozoya Austin ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia. Indicó que no ha ofrecido lo prometido cuando se llegó a este acuerdo.

Al pedir la palabra, el exdirector de Pemex se declaró «inocente» y propuso un «acuerdo para reparar el daño», pero el juez de control, Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.

La medida fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la actual dirección de Pemex, que participan como acusación en el caso.

La FGR acusó a Lozoya de contar con una red de protección con amplio poder económico y «prueba de ello son las fotos» del exfuncionario cenando, «con poco pudor procesal», en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

En tanto, el abogado de Pemex señaló a Lozoya de «no haber hecho el más mínimo intento de reparar el daño causado. No ha habido el más mínimo acercamiento de su parte». Por su parte el representante de la UIF adelantó que se han presentado otras denuncias en su contra y que serían otro aliciente para darse a la fuga.

En su resolución, el juez pospuso un mes más para celebrar la audiencia para cerrar la investigación y decidir la fecha del juicio, la cual tendrá lugar el 3 de diciembre. La defensa de Lozoya había pedido posponerla durante dos meses, mientras la Fiscalía quería cerrar de una vez la investigación e ir a juicio cuanto antes.

Tan pronto se conoció la decisión del juez, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Emilio Lozoya dentro de la sala de audiencias, para ser ingresado al Reclusorio Norte.

Al término de la audiencia, la defensa de Lozoya insistió en que continuarán buscando el criterio de oportunidad, el cual señaló se construye y va por etapas, las primeras ya cumplidas.

Recordemos que Lozoya fue detenido el año pasado en España y extraditado a México, donde se le acusa de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.

Además del caso Odebrecht, Lozoya está imputado por haber comprado a sobreprecio cuando era director de Pemex una planta de fertilizantes inservible a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

Tal como se había adelantado, la defensa de Lozoya Austin solicitó una nueva prórroga al juez, de 60 días para el cierre de investigación complementaria en el caso Odebrecht.

Pasadas las 10 horas, la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dio inicio en el Reclusorio Norte.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  y la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieran en negarse a la pretensión de la defensa del exdirector, solicitando que se declarara cerrada la etapa de investigación complementaria en relación al caso Odebrecht.

La fiscalía señaló que los documentos a los que hace referencia la defensa ya se encuentran en la carpeta de investigación.

«Con base en los derechos a la defensa y debido proceso, el juez autorizó un mes al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación complementaria en el caso Odebrecht», resolvió el Juez luego de escuchar las partes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Así, el nuevo plazo que tendrá Emilio Lozoya y su defensa vencerá el próximo 3 de diciembre. El juez instó a la Fiscalía a insta a que agote los medios para obtener los datos y pruebas que se necesitan. 

Posterior a resolver la solicitud de la defensa, se procedió a la revisión de la medida cautelar que tiene hoy en día Emilio Lozoya, que es libertad condicional, aunque tiene que presentarse cada 15 días ante la autoridad a firmar, portar un brazalete electrónico y no abandonar la Ciudad de México y el país.

La FGR pidió al juez modifique las medidas cautelares, y ordene prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya. La Fiscalía declaró improcedente el criterio de oportunidad y anuncia que acusara al exdirector de Pemex de cohecho, lavado y asociación delictuosa, por lo que podría alcanzar hasta 35 años de cárcel.

Incluso acusó a Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para «dilatar y obstaculizar el proceso en su contra». Recriminó que el exdirector de Pemex no ha tenido «la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable».

El juez dictó un receso de 15 minutos, por lo cual se espera que en breve se retome la audiencia.

 

Foto: Twitter @RegeneracionMx

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está «pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva».

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son «libres» y «voluntarias».

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

Un juez en Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, empresario cercano al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro, debido a «garantías» dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami desde el pasado 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de lavado de dinero y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado «garantías» a Cabo Verde de que «no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación», explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.

Esa decisión se tomó para «cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento», precisó.

Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano lvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La Fiscalía asegura que ambos lucraron y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.

La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas. El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en nuestro país.

El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable. Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell, ya que dicho encuentro no tuvo lugar porque fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.

El juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas, iniciará el 24 de octubre del próximo año.

En esa fecha se iniciaría la selección de los miembros del jurado, dijo este miércoles una audiencia el juez Brian Cogan de la corte del distrito este de Nueva York.

El juez también fijó el 9 y 16 de enero de 2023 como fechas de reemplazo si el juicio no puede comenzar en octubre 2022.

Los jueces, fiscales y abogados de García Luna establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de información confidencial. Más adelante se definirá qué evidencia formará parte o no del juicio.

La pandemia del COVID-19, además, retrasa cualquier procedimiento y el acceso que los abogados de García Luna tienen a éste en la cárcel.

Recordemos que García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico.

La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cartel de Sinaloa a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas. García Luna salió de México en 2012 y optó por vivir en Miami, Florida. Fue arrestado en 2019.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York escuchó este lunes los argumentos orales en el marco de la apelación que presentara Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuyos abogados buscan anular el juicio que lo condenó a cadena perpetua en Estados Unidos.

La defensa pidió en septiembre del año pasado un nuevo juicio, argumentando que el realizado en 2019 se vio empañado «por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial».

Los principales argumentos de la defensa se basan en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros miembros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, esgrime que el aislamiento total de «El Chapo» desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

El juez del tribunal de apelaciones del segundo circuito de Nueva York, Michael H. Park, aseguró que, asumiendo que todo lo que está en esas informaciones de prensa fuera cierto, no le parecía «suficiente para realizar un nuevo juicio». Los fiscales refutaron también las alegaciones de la defensa.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Reynolds, recordó que las condiciones de detención previas al juicio «eran constitucionales», ya que fueron de tipo «administrativo y no punitivo».

Para argumentar esto, señaló que el reo había huido en dos ocasiones de la cárcel en México, «tenía un historial de intimidaciones y asesinatos de rivales y había dirigido su empresa criminal mientras estaba en la cárcel». Asimismo, recordó que Guzmán Loera pudo reunirse con sus abogados 20 horas a la semana, al punto que se tuvo que conceder este beneficio a otros abogados.

Recordemos que en febrero de 2019, tras un extraordinario juicio de tres meses en la corte federal de Brooklyn, «El Chapo» fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. La justicia lo condenó a cadena perpetua.

Un juez rechazó la tarde de ayer liberar a Rosario Robles, exsecretaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, durante la audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que «prevalece un elevado riesgo de fuga» por parte de la exfuncionaria.

Además, dijo que el resguardo domiciliario como una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, «le facilitaría los medios para abandonar el territorio».

También precisó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.

Por eso no avaló el amparo obtenido por Robles el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva y desproporcionada.

«Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar», dijo Mariana Moguel Robles, hija de Robles.

Recordemos que la extitular de la Sedatu y Sedesol, es la única figura del gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, y mucho se ha comparado su caso con el trato dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo «solidaria» con la Justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto.

Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista «venganza» contra Rosario Robles. ESeñaló que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral», manifestó.

Debido a los señalamientos que se han hecho AMLO reiteró que de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, y que no se denuncia a nadie por consigna política y esos son asuntos que trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial.

Aun así, el presidente recomendó revisar la actuación de los jueces en el caso de Robles, y que su defensa pida incluso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, opinó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que un juez federal ordenara vacunar a todos los menores de 18 años, tal como se informó a inicios de semana, asegurando que se trata de un amparo no «definitivo» y obtenido por una persona en específico.

Y es que el pasado pasado, el juez Séptimo de Distrito en el Estado de México ordenó este martes al gobierno federal modificar el Plan Nacional de Vacunación con el fin de incluir a todas las personas de entre 12 y 17 años de edad para que reciban la vacuna contra el COVID-19; y aunque se concedió la suspensión a una menor de edad, a criterio de la jueza, los efectos de dicha suspensión tendrían efectos de aplicación general.

«Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años», dijo Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez.

Y aunque la noticia fue replicada por distintos medios, el presidente se lanzó contra el periódico Reforma, por haber publicado la nota. «No le crean al Reforma», indicó el mandatario.

Según explicó, el amparo concedido se trata «de una decisión de un juez, pero falta todavía que se resuelva en otras instancias, o sea, no es definitivo», es decir, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, estaría impugnando dicho fallo. Sería un Tribunal Colegiado quien determinaría si mantiene la orden o no.

El presidente enfatizó que un amparo se entrega a la persona que lo solicita y no es «extensivo»; incluso dijo que «cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos (Reforma) lo titulan».

López Obrador acusó que no se puede «definir una política pública» a través de una persona o de un grupo y sus intereses. Agregó que legalmente se respetará dicho amparo, aunque advirtió se llevaría el tema a la instancia pertinente para «aclarar».

Tal como lo ha venido sosteniendo el gobierno, el mandatario aseguró que no es que no se quiera aplicar la vacuna contra el COVID-19 a todos los menores, sino que no hay una recomendación científica que lo respalde.

«No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces», sostuvo el mandatario.

Un juez pospuso este lunes, por segunda vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

«Se reprogramó para el 8 de noviembre, a las 9 de la mañana. El juez exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión», informó a la prensa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Anaya, quien salió de México el pasado 5 de julio y se le presupone en Estados Unidos, participó por videoconferencia en la audiencia de este lunes, la cual tuvo un receso de varios minutos. La defensa pidió posponer la sesión para analizar nueva información incluida en la carpeta de investigación.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos para que votara a favor en 2014 de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.

Ricardo Anaya ha venido acusando desde agosto pasado al presidente López Obrador de persecución política y anunció su «exilio».

El político, que quiere repetir como candidato en 2024, sostiene que no era diputado en la fecha en la que el Ministerio Público lo acusa de haber recibido el dinero.

En un video difundido en redes sociales, Anaya dijo este lunes que tiene «una estrategia legal muy bien pensada» que aunque tomará tiempo, funcionará; y criticó que la FGR «en todo obedece a López Obrador y se pasa la ley por el arco del triunfo».

En su mensaje de hoy, el panista anunció una «novedad»; dijo que como les hizo pedazos sus argumentos y se les cayó el teatrito, la FGR recurrió al viejo recurso del refrito. Indicó que solicitaron reabrir el expediente con las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

«Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas comienza. Ya te perdimos, me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo te vas a topar con pared, no te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope», expresó Anaya.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus «prácticas negligentes».

«Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte», señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio «negligente» que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo «al tráfico ilegal de armas» y ocasionando «daño directos» al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está «íntimamente vinculado con la violencia en México».

«Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos», denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo «rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga», señaló Ebrard.

Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

«Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso», señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando «con toda claridad» lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

«La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial», señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.