Un juez aplazó este jueves, por cuarta ocasión, la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción por la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.
Aunque la vez pasada que el juez postergó la cita a inicios de año advirtió de que sería la última ocasión en la que concedería una prórroga, ahora difirió la audiencia intermedia hasta el 27 de abril a petición de la defensa de Lozoya.
A la entrada del Reclusorio Norte de Ciudad de México, donde el exfuncionario está en prisión preventiva, su abogado Miguel Ontiveros declaró que iban a “solicitar formalmente que se proceda a fijar fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio en los términos que señalen las instituciones del Estado”.
“La postura del señor Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitada por las instituciones y esa es precisamente la afirmación que vamos a dar como defensa”, declaró a los medios.
El abogado reconoció que la reparación podría alcanzar los 10 millones de dólares mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC) para evitar que su cliente afronte una condena en prisión.
Recordemos que la última vez, Lozoya ofreció 3.4 millones de dólares para reparar el daño a Pemex por la compra fraudulenta de la planta, pero un día después el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta por ser “muy poquito”.
“Está muy poquito. (…) No es esa la cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. Estoy seguro que esa cantidad no es”, dijo el mandatario en su momento.
López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario público, de los que Alonso Ancira ya ha devuelto 100 millones de dólares.
Lozoya tiene dos casos abiertos, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
