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REPARACIÓN DEL DAÑO

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Un juez aplazó este jueves, por cuarta ocasión, la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción por la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

Aunque la vez pasada que el juez postergó la cita a inicios de año advirtió de que sería la última ocasión en la que concedería una prórroga, ahora difirió la audiencia intermedia hasta el 27 de abril a petición de la defensa de Lozoya.

A la entrada del Reclusorio Norte de Ciudad de México, donde el exfuncionario está en prisión preventiva, su abogado Miguel Ontiveros declaró que iban a “solicitar formalmente que se proceda a fijar fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio en los términos que señalen las instituciones del Estado”.

“La postura del señor Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitada por las instituciones y esa es precisamente la afirmación que vamos a dar como defensa”, declaró a los medios.

El abogado reconoció que la reparación podría alcanzar los 10 millones de dólares mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC) para evitar que su cliente afronte una condena en prisión.

Recordemos que la última vez, Lozoya ofreció 3.4 millones de dólares para reparar el daño a Pemex por la compra fraudulenta de la planta, pero un día después el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta por ser “muy poquito”.

“Está muy poquito. (…) No es esa la cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. Estoy seguro que esa cantidad no es”, dijo el mandatario en su momento.

López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario público, de los que Alonso Ancira ya ha devuelto 100 millones de dólares.

Lozoya tiene dos casos abiertos, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, logró este viernes aplaza la audiencia intermedia en el caso relacionado a la venta de la planta de Agronitrogenados, por un plazo de 10 días.

La defensa del funcionario logró que la juez del Reclusorio Norte, Verónica Gutiérrez, dictará el aplazamiento, luego de que los abogados justificarán que tenían peritajes pendientes y revisar 3,000 páginas que apenas entregó el jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

Otro argumentos de la defensa fue el fallecimiento de un exfuncionario de Pemex, uno de los principales testigos de descargo que presentarían en las acusaciones contra Lozoya.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Lozoya había señalado que insistiría para que las autoridades aceptaran el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta, para que se le retiraran los cargos.

El ofrecimiento de Lozoya es por un monto de 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño y de esta manera evitar un juicio por el caso.

Recordemos que Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de 2022, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente en dicho gobierno.

Este viernes, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, señaló a medios que su cliente “está firme, sólido y con mucho ánimo de lograr el acuerdo y criterio de oportunidad”. Recordó que la audiencia de hoy era sobre el caso Agronitrogenados y el lunes próximo tendrá lugar la de Odebrecht.

Aunque dijo que su cliente “ha mantenido firmemente su colaboración con la Fiscalía, presentó una denuncia que es de dominio público, (y) ha continuado aportando datos de prueba”, aún esperan respuesta de Pemex para ver si acepta el ofrecimiento.

Ontiveros recordó que la reparación del daño “es una disposición que se fundamenta en peritajes sólidos emitidos por las instituciones, no es una oferta que haga la familia Lozoya, sino una disposición de las instituciones del Estado”.

A inicios de junio pasado, la FGR informó que Lozoya continuaría en prisión preventiva sin ningún beneficio procesal porque no ha cumplido con la reparación del daño en los procesos que enfrenta.

En un comunicado, la FGR dijo que en ambos casos, Lozoya “no ha cumplido con la reparación del daño que es obligatoria” y por ello “se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio” por lo que “el procedimiento penal continúa sin ningún beneficio procesal”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este martes que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha solventado la reparación del daño en los dos procesos que enfrenta por el escándalo de soborno de Odebrecht y que lo mantienen en prisión preventiva.

“Conozco el comunicado de la Fiscalía (General de la República), que aseguraron que no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial”, señaló el mandatario al ser consultado durante su conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa de si el exdirectivo había llegado a un acuerdo con Pemex, López Obrador aseguró que “no, todavía”.

Recordó que se pagaron impuestos por 2.5 millones de pesos “pero eso no es el daño mayor” y dijo que si eso fuera el pago por reparación de daños que le otorgara la libertad a Lozoya “además de una irregularidad, por decir lo menos, íbamos a quedar nosotros como cómplices”.

Sin embargo, dijo no saber cuál debería ser el monto para considerar la reparación del daño aunque recomendó llegar a un acuerdo en el caso y devolver los recursos, que serían utilizados en beneficio de la gente.

“Por eso estamos de acuerdo en que si se repara el daño se den facilidades pero que se devuelva el dinero porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado”, lamentó.

Comentó que la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, se comunicó con él debido a que los abogados de Lozoya hicieron gestiones para buscar opciones legales pero no precisó cuáles.

Y es que ayer, la FGR emitió un comunicado en el que apuntó que Lozoya, quien se encuentra en prisión por presunta corrupción, no había cumplido con la reparación del daño en los dos procesos que enfrenta por lo que seguirá en la cárcel.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos. El segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El pasado 19 de abril, Lozoya libró una nueva acusación en su contra por el delito de defraudación fiscal tras ofrecer un pago de 2.6 millones de pesos para reparar el daño.

Sin embargo, la Fiscalía precisó que ese pago de impuestos “no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores”.

A Lozoya, quien dirigió la petrolera de 2012 a 2016, bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, México lo extraditó desde España como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Sin embargo, este martes, el equipo legal de Emilio Lozoya, el despacho Ontiveros Consulting, emitió un comunicado en el que señaló que, respecto a la reparación de daño, sin especificar a qué acusación se refería, el exfuncionario “recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación”.

Y adelantó que en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, hay una absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que han sido aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex.

 

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser cuestionado sobre el ofrecimiento que Emilio Lozoya hiciera como reparación del daño por los delitos que se le acusan.

El mandatario fue cuestionado sobre si consideraba que los 5 millones de dólares que ofrece Lozoya Austin, tanto por el caso Odebrecht como por Agronitrogenados, eran suficientes para reparar el daño.

“¿Cuanto es?, cinco millones, no, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares en el caso de Pemex demanda que devuelvan ese dinero, que se recupere el dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos los del Pacto por México, Pacto contra México”, añadió el presidente.

En tanto, el titular de Gobernación, Adán Augusto López negó que la Presidencia de la República tenga algún tipo de coordinación o acuerdo con Emilio Lozoya o su defensa, tal como lo declaró la defensa del exdirector de Pemex.

“No hay ningún convenio como asegura él (Lozoya) con la Presidencia de la República porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio”, respondió el exgobernador de Tabasco.

Sobre si lo ofrecido por Lozoya es suficiente para reparar el daño, el secretario de Gobernación también se posicionó. Dijo que es Pemex la instancia que deberá decidir si acepta o no ese monto.

“La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decir si conforme a su visión jurídica se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece”, enfatizó el secretario.

Al respecto, el exdirector de Pemex Carlos Treviño, rechazó las acusaciones de corrupción vertidas por su sucesor en el cargo, Emilio Lozoya, cuya fortuna, ha dicho, “por más alta que parezca”, no cubre “ni siquiera una fracción del daño” que ha ocasionado al Estado mexicano.

Acusado de lavado de dinero y asociación para delinquir, Treviño envió una carta al Fiscal Alejandro Gertz, en la que se desliga de los “falsos señalamientos” de Lozoya y le acusa de haber cometido un perjuicio al Estado de unos 2,813 millones de pesos.

Treviño relató cómo Lozoya, a los pocos días de asumir la dirección de Pemex, eliminó una cláusula de inmunidad del contrato de suministro de etano que protegía al Estado de poder ser demandado por la compañía Braskem-Idesa ante tribunales internacionales, “traicionando” así la soberanía nacional y generando “incalculables perjuicios económicos” a la petrolera estatal.

“Si Lozoya ofrece algo de dinero o realizar más señalamientos contra otras personas, o bien la Fiscalía ofrece conceder el criterio de oportunidad desconociendo que el daño causado es económicamente incalculable, o alguna de las partes estará mintiendo”, escribió Treviño, sobre quien la Interpol ha emitido una fija de orden de búsqueda y captura.

En prisión preventiva desde hace ahora una semana, Lozoya prometió cubrir los daños causados al Estado mexicano ofreciendo dos inmuebles con un valor de unos doce millones de pesos. Sin embargo, Treviño sostiene que el menoscabo va más allá de lo económico pues también ha afectado a “la credibilidad” de la Fiscalía, a la que ha cuestionado sus “tratos” con él.

“El daño que ha causado Emilio Lozoya tanto a quienes hemos sido objeto de sus falsos señalamientos, como al erario público por tener que renegociar contratos para no ser demandados ante tribunales internacionales, la afectación a la credibilidad de esta Fiscalía y la imposibilidad material de que repare el daño causado por los delitos que ha cometido, impide que se contemple siquiera como una posibilidad, volver a hacer tratos con él”, dijo Treviño.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este martes el acuerdo al que llegó la Fiscalía General para liberar al empresario Alonso Ancira, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex.

“Celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer, el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quedó libre tras acordar que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero.

Esto, luego de estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013 por un monto de 275 millones de dólares.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño. Nos importa mucho”, aseveró López Obrador.

El mandatario agradeció a la FGR por su intervención y al poder judicial por lograr el acuerdo en el que Pemex aceptó la devolución de 216 millones de dólares.

Sin embargo, recordó que esta resolución no significa que se cancele el proceso judicial, solo “se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño”, dijo. Indicó que el dinero que sea devuelto servirá para que Pemex lo invierta en los fertilizantes “que se están entregando a campesinos a productores en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos”.

Señaló que la compra de esta planta chatarra y de otras instalaciones inservibles causó una deuda a Pemex “enorme”.

Ancira estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el entonces director de la petrolera era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

Ancira Alonso abandonó el reclusorio Norte vestido de traje y abordo de una camioneta MercedesBenz, desde donde se dejó ver con un puro en la mano.

Foto: Twitter @ProyectoPuente

La Fiscalía General de la República (FGR) acordó este lunes la liberación del empresario Alonso Ancira, conocido como el “Rey del Acero”, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del año a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La defensa de Ancira, antiguo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), informó que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero por estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013.

“Quedó suspendida la acción penal y se firmó el acuerdo reparatorio que le da la libertad. La FGR se desistió de la acción penal, se suspende hasta que se pague, él está bien de salud, no hay necesidad que use brazalete electrónico”, declaró su abogado Antonio Frank a los medios.

Recordemos que Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde el pasado 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

El empresario estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago, que se confirmó hoy.

Con el acuerdo de este día, también se ordenó suspender la ficha de búsqueda de Interpol, por lo que Ancira podrá salir del país sin problemas, agregó su defensa.

En el acuerdo participaron Pemex, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; el  juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, suspendió todas las medidas cautelares y concluyó el caso.

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, solicitó a sus abogados suspender cualquier negociación con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que enfrentará el juicio por los delitos que se le acusan.

La exfuncionaria acusada de ejercicio indebido del servicio público denunció que autoridades han obstaculizado cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, lo cual implicaría que se declarara culpable, para acceder a un procedimiento abreviado.

“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado, y es que de acuerdo con las propias palabras de MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, en una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señaló el equipo legal de la exsecretaria federal, de acuerdo a un documento que envió a la Fiscalía y a la cual el diario El Universal tuvo acceso.

Ante su decisión de enfrentar el juicio correspondiente, Robles Berlanga solicitó un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer. Su defensa indicó que de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política.

Así, la también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal enfrentará el próximo 26 de marzo la audiencia intermedia del proceso judicial en su contra.

Y es que Rosario Robles se ha negado, como lo han solicitado diversas autoridades incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pagar la reparación del daño que por la llamada ‘Estafa Maestra’ que asciende a poco más de 5 mil millones de pesos.

La propia Rosario Robles señaló mediante su cuenta de Twitter, que maneja su hija, Mariana Moguel, que no está obligada a pagar el daño que ocasionó la ‘Estafa Maestra’ ya que no está acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone la reparación del daño.

“Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, señaló en su mensaje.

Ya la semana pasada, la FGR informó que Robles Berlanga no aceptó la propuesta para reparar el daño, por lo que junto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no existían las condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Adicional, esta tarde, el abogado de la exfuncionaria, Sergio Arturo Ramírez informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, de la cual no ha sido notificada, aunque adelantó que pero buscará reuniones con el Ministerio Público para acogerse a la figura de testigo colaborador.

Robles Berlanga buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que presentará todas las evidencias necesarias para poder acogerse a ese criterio, en las que figuran Luis Videgaray y Emilio Zebadúa.

Sergio Ramírez reiteró que por el delito primario de ejercicio indebido del servicio público no significa que haya obtenido recursos de la institución por lo que no se va a declarar culpable y no va admitir que es culpable de un delito que no cometió.

Explicó que hay un juicio de amparo que se tiene en curso, mismo que podría resolverse antes de que la Fiscalía pretenda la apertura de la etapa de juicio oral y antes de que eso suceda, su cliente, buscará aportar la información necesaria a la investigación por el ilícito de delincuencia organizada.

Sin embargo, de ganar u obtener el amparo, la acusación por ejercicio indebido del servicio público tendría que sobreseerse; es decir, que se daría carpetazo a esa acusación. No obstante, si la autoridad ministerial admite que Robles Berlanga se adhiera como testigo colaborador, adelantó que su cliente posee información suficiente sobre las pesquisas que realiza la institución federal y le otorgaría beneficios de ley.