La Interpol emitió este martes una ficha roja de búsqueda y captura contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) a acusa de lavado de dinero.
A mediados de septiembre trascendió que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a los 3,000 millones de pesos, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.
La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma para evadir impuestos, lograr el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.
El 29 de septiembre, la presentadora de televisión se declaró “inocente” en un video publicado en sus redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
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Sin embargo, los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados. El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma. En 2016, Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
Foto: Instagram @inesgomezmon
