La Cámara de Senadores aprobó acuerdos para discutir en ‘fast track’ las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre ellas la polémica reforma al Poder Judicial, entre los que se contempla el uso de sedes alternativas al recinto legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen, por lo que fue remitido al Senado.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el dictamen fue recibido y turnado a comisiones para comenzar con su análisis.
La decisión impulsada por la mayoría del oficialismo permitirá a los senadores comenzar de inmediato la discusión del dictamen que envíe la Cámara de Diputados sobre la polémica reforma judicial y otras, como la que refiere a la desaparición de órganos autónomos, y que han generado polémica al interior del país y en el extranjero.
Los acuerdos alcanzados permitirán que los senadores puedan llevar a cabo su discusión e inminente aprobación en sedes distintas al recinto legislativo de la Cámara alta, que recordemos se ubica en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México.
“En caso de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el trabajo del Senado de la República en el Salón de Sesiones, el Pleno del Senado de la República autoriza que las sesiones plenarias a celebrarse en el lapso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se realicen en sitio diverso al Salón de Sesiones, dentro del recinto del Senado de la República”, se lee en el acuerdo.
Esta determinación ocurre luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon acceso a los congresistas de la Cámara baja para evitar la discusión de la reforma que impulsa elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular y un órgano revisor de los fallos que emitan los juzgadores mexicanos.
La Comisión de Puntos Constitucionales, que presidirá la actual senadora Ernestina Godoy y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, será la encargada de comenzar con el análisis de la reforma judicial.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las Embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
