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El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado confirmó que este fin de semana realizarán un ejercicio a nivel nacional para conocer la opinión de las y los mexicanos en torno a la reforma al Poder Judicial.

“Será domiciliaria y realizada con encuestadoras que cuentan con credibilidad. Van a ser dos casas encuestadoras- las que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial- y la encuestadora de Morena. Todas con el mismo cuestionario para tener certeza sobre los resultados”, indicó Delgado.

Todo esto surgió de una propuesta de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien a inicios de semana planteó la posibilidad de levantar una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos, esto en medio de la discusión que se ha generado en torno a la iniciativa de reforma de López Obrador, que se discutirá en el Congreso.

Luego de su reunión con Sheinbaum Pardo, el líder de Morena explicó que se trabajará únicamente con encuestadoras que cuenten con credibilidad. “No vamos a hacer encuestas con aquellas que erraron por completo el resultado (de las elecciones)”, aunque no reveló el nombre de las firmas seleccionadas.

Asimismo, comentó que una vez hechas las encuestas los resultados se los entregará de manera personal a la presidenta electa para que ella tome una decisión con base en dicha información. “Vamos a entregarle los resultados a la presidenta electa en cuanto los tengamos, vamos a empezar lo más pronto posible”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum adelantó que el lunes próximo estará en posibilidad de dar a conocer los resultados.

“El fin de semana creo que van a estar haciéndose (las consultas), el lunes se sabrían los resultados, exactamente”, dijo Claudia Sheinbaum.

La ganadora de la elección presidencial detalló que en el ejercicio se aprovechará para conocer la opinión de los mexicanos en torno a la elección presidencial.

Finalmente, Mario Delgado agregó que las encuestas, aunque no serán vinculantes si serán un elemento clave para la toma de decisiones de los legisladores dado que éstas serán un reflejo de la opinión del pueblo de México.

La reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora cuenta con el aval de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha causado incertidumbre en los mercados y entre grupos de la sociedad civil, quienes advierten de un grave retroceso en caso de aprobarse en los términos que está.

Pero ¿qué implica la iniciativa que podría aprobarse en septiembre próximo? Estas son los puntos claves del proyecto.

  • Elección popular de jueces

La propuesta plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1,688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

  • Cambios en la Suprema Corte

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros, que pasarían a nueve en lugar de los 11 actuales, y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

  • Tribunal Electoral

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del pasado 2 de junio. Está dividido en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales.

Con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría de los nueve años que tienen actualmente, a seis.

  • Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

Sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

  • Las elecciones por estados

Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2,034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.

Una situación similar ocurriría en los principales estados del país. En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

El presidente López Obrador, quien deja el cargo el próximo 1 de octubre, ha dicho que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que se instale la próxima legislatura, en la que se proyecta que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

La posición del presidente contrasta con la de Sheinbaum, quien a inicios de semana aseguró que acordó con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, en la que dijo, se incluiría a las barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conformó esta mañana que impulsará sus polémicas reformas constitucionales con las nuevas ‘supermayorías’ que tendrá en el Congreso a partir de septiembre próximo, tras las elecciones del pasado domingo.

Su insistencia en querer sacar adelante las reformas se da pese al nerviosismo que esto ha causado en los mercados, y a pesar de la promesa de diálogo de Claudia Sheinbaum, virtual futura mandataria.

“El pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública, eso fue lo que se manifestó el domingo, y se alarman los que se sentían dueños de México”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO consideró “natural, normal, que se den estos vaivenes” en los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumula una caída semanal del 1.27% y el peso una depreciación de 5.42% respecto al viernes pasado, luego de los comicios del domingo.

“La justicia está por encima de los mercados, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando se tiene que optar entre progreso y esclavitud, o sea, son cosas de definición. Además, la gente quiere eso”, argumentó.

Analistas anticipaban la victoria de la candidata presidencial del oficialismo, Sheinbaum, quien venció con casi el 60% de los votos, pero no preveían que la alianza Morena, PT, PVEM, obtuviera una mayoría calificada, de dos terceras partes, en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

El temor entre los inversores creció ayer jueves, cuando el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que el oficialismo aprovecharía la nueva mayoría que tendrán a partir del 1 de septiembre para impulsar las 20 reformas anunciadas por López Obrador el pasado 5 de febrero.

Ante esto, Sheinbaum, quien asumirá el cargo un mes después de la nueva configuración del Congreso, prometió que abriría las iniciativas al diálogo; sin embargo, López Obrador insistió ahora en que promoverá sus reformas “porque es conveniente para el país”.

Entre las iniciativas más controversiales están el elegir por voto popular a los jueces y a la Suprema Corte, la eliminación de los órganos autónomos, y una “actualización” al Instituto Nacional Electoral (INE).

“De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría de los de arriba”, argumentó el mandatario.

En defensa de sus intenciones, AMLO recordó que en México “no se actúa de manera autoritaria, acaba de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia y que todas estas reformas son en beneficio del país”.

Los cómputos finales para definir las mayorías en el Congreso se conocerán mañana sábado, cuando el INE dé a conocer el conteo final de votos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución a Carlos Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y figura cercana al exministro Arturo Zaldívar.

Carlos Alpízar ha estado en el ojo del huracán por los constantes señalamientos que lo acusan que presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran casos de interés para la Presidencia de la Corte, durante la gestión de Arturo Zaldívar.

Estos casos eran de interés para Zaldívar pues eran prioritarios para el Gobierno federal.

Audios obtenidos por N+Focus revelaron la forma en la que Alpízar presionó al juez Alberto Roldán Olvera para que fallara de cierta forma en un caso que se le asignó relacionado con un presunto fraude millonaria al interior de la Policía Federal.

Ahora, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió correos electrónicos solicitando a Carlos Alpízar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, una propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.

La dependencia buscaba que se revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas que un juez de control había declarado en abandono a favor de la Federación.

Pese a los señalamientos que hay en su contra, actualmente, Carlos Alpízar ocupa un cargo en la Secretaría de Gobernación como jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, donde recibe un sueldo de 122 mil pesos libres de impuestos.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles al Poder Judicial de ser una “oligarquía corrupta”, al recordar que un juez otorgó libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado en la red de sobornos de la brasileña Odebrecht.

“El Poder Judicial está ahora dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados, ellos no representan al pueblo de México”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO se refirió a la decisión de un juez que le permitió a Lozoya abandonar la noche de ayer el reclusorio norte, donde estuvo recluido por poco más de dos años.

Lozoya, quien dirigió la petrolera durante la administración de Peña Nieto, buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.

López Obrador dijo que la libertad de Lozoya tiene que ver con los jueces “con el Poder Judicial, que deja libres a todos”, entre ellos, presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.

“Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de forma abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los seudoambientalistas, seudodefensores de los derechos humanos”, sostuvo el mandatario.

Adelantó que probablemente la Fiscalía General de la República (FGR) apele “si es que lo puede hacer”, aunque dijo que “es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial y, la verdad, el Poder Judicial está podrido”.

Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México; y un segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht. Este último es lo que lo mantenía en prisión.

Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil de la presidencia de Peña Nieto, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción de López Obrador. La FGR ha pedido una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.

La ministra presidenta del Suprema Corte, Norma Piña, presentó ayer su Primer Informe de Labores, donde reconoció que el Poder Judicial de la Federación ha enfrentado retos sin precedentes, donde la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.

Estos momentos de cambio, expresó, exigen que “saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.

Ante representantes de los otros dos poderes de la unión, la ministra presidenta pidió no olvidar que la justicia no es un “monopolio del Poder Judicial”, sino una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad.

Piña Hernández destacó que la defensa de la independencia judicial surge no sólo de quienes la viven en el ejercicio de sus funciones, sino “de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.

Por ello, exhortó a promover la legitimidad del PJF, que incentive el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integran.

“La independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos (…) en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia”, sostuvo.

La Ministra Presidenta informó que durante 2023 ingresaron al sistema de justicia federal 1,493,712 asuntos, que se sumaron a los 531,571 que ya estaban. De los cuales se resolvió un 70%.

Norma Piña Hernández subrayó que el PJF tiene la responsabilidad de administrar sus recursos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional.

Sin embargo, indicó que desde 2018, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias.

En ese sentido, dijo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba”.

Por último, dijo a las más de 53 mil personas trabajadoras del PJF que sus derechos laborales serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.

Agradeció a los trabajadores que salieron a las calles a manifestarse en contra de la eliminación de los fideicomisos y a todos aquellos que han defendido públicamente la independencia judicial.

“Cada expresión de solidaridad, y también de crítica, son, en sí, valiosas. Constituyen elementos torales de la democracia y de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho”, dijo.

La Ministra Presidenta reiteró su compromiso, el cual “es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.

Durante su informe, destacó resoluciones que han enfrentado al Poder Judicial con el titular del Ejecutivo, tales como la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la invalidez del llamado Plan B electoral; del decreto por el que AMLO declaró que las obras del gobierno se catalogaran como cuestiones de seguridad nacional; el transparentar los contratos de compra de vacunas COVID-19; la luz verde que se le dio al INAI para sesionar con cuatro integrantes ante la falta de nombramientos, entre otras.

El informe de labores de Norma Piña se realizó, por primera vez en el sexenio, sin que el titular del Ejecutivo asistiera, lo que se consideró un claro desaire a la ministra presidente, y evidencia de las diferencias que hay entre ambos poderes.

Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien acudió en representación de López Obrador.

Tal como lo instruyó el presidente Andrés Manel López Obrador (AMLO), la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estableció un canal de diálogo con el Poder Judicial, donde reconoció la sensibilidad y disposición de la presidenta de la Corte, Norma Piña, de trabajar de manera conjunta al adherirse a la propuesta del presidente para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la atención de los damnificados por el huracán Otis.

La secretaria indicó que el canal se estableció con el propósito de instalar una comisión conformada por los tres Poderes de la Unión, que permita administrar los recursos de los fideicomisos a través de un fondo de ayuda.

Y es que recordemos que el martes pasado, el presidente López Obrador lanzó la propuesta para que los cerca de 15 mil millones de pesos de los13 fideicomisos se destinaran a ayudar a los afectados por el huracán Otis.

Rápidamente, la ministra Norma Piña indicó que dicha propuesta era una “alternativa real” para canalizar los recursos de los fideicomisos que según había dicho, eran necesarios para cumplir con los derechos labores de los trabajadores del Poder Judicial.

En su carta, se dijo a la espera de conocer los canales institucionales que se manejarían para concretar la canalización de dichos recursos.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de extinguir 13 fideicomisos y fondos equivalentes a 15 mil millones de pesos no contemplados en dicho ordenamiento.

Una semana después, el 24 de octubre, el Senado aprobó la minuta y un tres días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que su desaparición entró en vigor. Sin embargo, esta semana un juez concedió un amparo para evitar que los recursos fueran transferidos a la Tesorería.

Luisa María Alcalde informó además que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respaldaron el planteamiento del presidente para que el dinero de los fideicomisos se asigne a un fondo para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero.

Explicó que, dado que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, los representantes del Poder Legislativo serán quienes integrarán el comité de seguimiento y vigilancia que el presidente propuso para el traslado de los recursos.

Un juez federal suspendió, de manera provisional, la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, mediante la cual se extinguían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos con cerca de 15 mil millones de pesos, el juzgado doceavo de distrito en el estado de Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.

La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos, y en medio de protestas por parte de los trabajadores y jubilados al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.

Recordemos que la reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra el Poder Judicial al cual acusa de corrupción y privilegios para sus altos mando, es decir, los ministros y magistrados.

Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral, y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, propuestas había impulsado el mandatario.

La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia inicial en la cual se decidirá si se frena de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.

Tras la entrada en vigor de la reforma, luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 24 de octubre, y previamente en Diputados, varios centenares de trabajadores judiciales presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.

El amparo concedido llega luego de que López Obrador planteara ayer que los fondos de los 13 fideicomisos en cuestión se destinara a ayudar a los afectados por Otis en Guerrero. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien calificó la propuesta del presidente como una “alternativa real” y dijo que estaba dispuesta a dialogar para concretar el movimiento de recursos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.

En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.

Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.

La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.

El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.

Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.

El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.

El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.

Foto: Twitter @XochitlGalvez

Miles de empleados y ciudadanos que apoyan la independencia del Poder Judicial, marcharon este domingo en varias ciudades del país, en contra del proyecto que se discute en el Senado y que busca eliminar 13 fideicomisos que aseguran, se destina a prestaciones laborales.

La protesta, que se da en medio de un paro de labores, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de los fideicomisos.

La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el Poder Judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios, y ha asegurado en reiteradas ocasiones, en que no se afectará a los trabajadores.

Miles de empleados judiciales se reunieron en el Monumento a la Revolución, desde donde marcharon hasta el Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” o “¡Somos los garantes de la Constitución!”.

Así como tuvo lugar en la Ciudad de México, trabajadores, simpatizantes y políticos salieron a las calles en más de 20 ciudades.

Los manifestantes, incluyendo jueces o exministros como José Ramón Cossío, marcharon en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, y Tijuana, además de Aguascalientes, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, León, Mexicali, Querétaro, Saltillo, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz y Xalapa.

Este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en los últimos meses se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador.

El mandatario acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.

Según López Obrador, los fideicomisos que podrían desaparecer si la iniciativa es avalado en el Senado, administran cerca de 15,000 millones de pesos que, según ha dicho, planea destinar a programas sociales como becas a estudiantes.

Ya que el Senado aún debe aprobar la desaparición de los fideicomisos, los trabajadores han dicho que seguirán manifestándose en los próximos días, además de que analizan sus siguientes pasos, ya que mañana acaba el paro de labores que se acordó la semana pasada.

Foto: Twitter @MiguelCarbonell

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

La reforma avalada prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, principal promotor de la iniciativa.

Desde inicios de semana, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en distintos puntos de la capital, y en varios estados del país, en contra de los cambios que contemplaba la reforma.

“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta (Norma Piña) en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, lanzó Mier Velasco en referencia a los señalamientos contra la ministra presidente de utilizar a los trabajadores como arma de presión para evitar que la ley avanzara.

En medio de la discusión en el Pleno, Margarita Zavala, diputada del PAN, se refirió a la extinción de los fideicomisos como un “saqueo” al Poder Judicial.

Tras la votación en donde fue aprobada en lo general la reforma, se abrió la discusión de 69 reservas a cargo de 28 oradores. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra.

El argumento del gobierno federal es que los 13 fideicomisos, que suman unos 15,000 millones de pesos, están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Así, lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en dicha Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación, sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.