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Estamos en México más militarizados de lo que queremos reconocer. La más reciente señal de ello vino el domingo pasado mientras se desarrollaba la elección del Poder Judicial con la presencia de tres militares sentados en la mesa del Consejo General del INE, esa que los Consejeros llaman “la herradura de la democracia”.

La Consejera Carla Humphrey salió a preguntar a la Secretaria Ejecutiva del INE sobre la presencia de tres militares dentro de la mesa de la Sala de Consejo y se quejó por no haber recibido respuesta.

Resulta que en estas elecciones no hubo presencia ni de partidos ni pudieron ser los ciudadanos quienes contaran los votos, pero sí hubo presencia de militares. Y por alguna razón esto no es un escándalo.

Parece que nos esta pasando como a la rana a la que le calientan el agua poco a poco sin darse cuenta que la están cocinando, que la están matando.

Porque la presencia de militares en la vida cotidiana es cada vez mayor. Unos días antes, en la Ciudad de México, militares entraron a un concierto que se llevaba a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, lo desalojaron y es la fecha que nadie sabe por qué lo hicieron ni quién les dio la orden.

Cuando era candidato en 2012, Andrés Manuel López Obrador prometió devolver a los soldados a sus cuarteles en medio año. Trece años después, no solo siguen fuera: tienen, según un recuento del CIDE, al menos 246 funciones de carácter civil, desde repartir libros de texto hasta administrar aeropuertos.

Hoy la Sedena dirige 12 terminales aéreas, incluido el Felipe Ángeles (AIFA). Mexicana de Aviación renació en 2023 como aerolínea del Estado bajo control militar. En 2024 perdió 3.4 millones de pesos diarios y en enero de 2025 cerró 8 de sus 17 rutas. Así que además de una mayor presencia, su desempeño administrativo deja mucho que desear.

En el Tren Maya, la Sedena tiene a su cargo tres tramos férreos, seis hoteles y cuatro edificios, con un presupuesto de obra que creció más de mil por ciento en un año. Y es que ahí hay otro foco rojo: la cantidad de dinero adicional que ha recibido el ejército en estos años. Dinero que obtiene sin licitación pública de por medio bajo el argumento de seguridad nacional. El gasto militar se disparó 150 por ciento desde 2018 y para 2024 las Fuerzas Armadas controlaron una quinta parte de toda la inversión pública federal.

Claudia Sheinbaum prometió revisar protocolos tras el episodio del Foro Alicia pero también recalcó que va a mantener la Guardia Nacional bajo la tutela de Sedena “por eficacia”.

El Ejército mexicano ha pasado de ser invitado ocasional de la esfera civil a dueño del salón. Y como buen propietario, coloca sus propios muebles: aeropuertos, aduanas, trenes, aerolíneas y ahora asientos en la herradura electoral. La pregunta ya no es si los uniformados deben regresar a los cuarteles, sino quién les pedirá las llaves cuando hayamos normalizado que todo México es, de facto, una zona militarizada.

Apostilla: La presidenta Sheinbaum celebra un ejercicio que fue sucio de principio a fin. Dice que hubo más votación que los votos que recibieron en la pasada elección el PRI o el PAN, lo que es una métrica tramposa por varias razones.

Primero porque si sumamos los votos del PRI y del PAN en 2024, dan casi 15 millones 400 mil votos, ósea recibieron más votos estos dos partidos que la totalidad de votos emitidos para todos los cargos del Poder Judicial.

Segundo, por el tamaño de votos nulos. El 22.5 por ciento de los votos fueron anulados, no sabemos en qué proporción fue como protesta a la elección y en qué proporción por lo complejo que resultaba votar. El tema aquí es que ese porcentaje de votos nulos no tiene precedente. En las elecciones presidenciales anteriores el voto nulo ha sido de menos del 3 por ciento.

Columna publicada en El Universal

Tenemos que partir de la base de que elecciones no equivale a democracia. Si democracia se redujera al simple hecho de votar tendríamos que decir que Rusia, Hungría, Venezuela, Nicaragua y tantas autocracias son democracias.

La verdadera intención de la elección del próximo domingo la dijo con todas sus letras su principal impulsor. Me refiero al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando reiteró en diversas ocasiones que su legitimidad provenía del respaldo popular obtenido en las urnas, a diferencia de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes —según él— carecen de esa legitimidad porque no son elegidos por el pueblo.

Una de las declaraciones más claras sobre este tema la hizo en su Mañanera del 19 de junio de 2024: “Quiero dejar de manifiesto que la gente quiere participar y elegir a jueces, magistrados y ministros. Eso yo creo que está fuera de discusión. La mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a los jueces”.

Si la mayoría quiere la elección de ministros, jueces y magistrados ¿por qué estamos viendo acciones desesperadas del gobierno para lograr que salgan a votar aunque sea un 10 por ciento de los 99 millones de votantes que integran la Lista Nominal actual? ¿Por qué están repartiendo acordeones con los números que deben poner en las 10 boletas que en promedio recibirá quien acuda a votar?

Y ¿no debería entonces de haber un umbral mínimo de votación para considerar que la elección es válida? ¿un umbral de más del 50 por ciento, dado que el expresidente y padre de la elección de los integrantes del Poder Judicial, dice que la mayoría de los mexicanos quieren participar en esta elección?

Seamos claros: esto es una simulación. Es una farsa en la que el oficialismo ha querido involucrar a los ciudadanos. Nos ha colocado en un dilema: votar y con ello participar en la farsa de que este solo hecho es igual a democracia, o abstenernos y con ello dejar el campo libre al oficialismo.

La elección de jueces no es el final de la historia. Es el principio. Es aceptar que a partir de ahora los jueces responden a intereses, en el mejor de los casos, del oficialismo, en el peor a los de criminales. Así, la elección no es una solución al enorme problema de Estado de Derecho que sí existe. Es más bien un nuevo problema.

¿Qué va a pasar si en la elección solo participa una ínfima minoría? Tira la falacia de que los 35 millones de votos pro-Sheinbaum en 2024 fueron para desmantelar el Poder Judicial.

La elección nació mal, del ánimo de venganza y revancha de AMLO, y desde entonces todo ha empeorado. Tómbolas; movilización partidista; coerción y amenaza a funcionarios para salir a votar; cuotas a los gobernadores para que saquen a empleados con un acordeón a rellenar papeletas. Es una elección en la que resulta prácticamente imposible llegar informados a votar. Y una vez que se emitan los votos, vendrán nuevas trampas.

Y es que las boletas que no se usen no se van a destruir. Se enviarán junto con las actas a los 300 consejos distritales del INE, donde se realizará el conteo. Este procedimiento es distinto al de otras elecciones, ya que el escrutinio detallado no la hacen los ciudadanos en la casilla. La noche del 1 de junio no se darán a conocer ganadores ni tendencias. Será hasta el 15 de junio cuando concluya el cómputo nacional, se haga la declaración de validez y se entreguen constancias de mayoría a los “ganadores”. Pero desde ya pueden entregarnos la constancia a los perdedores: todos los mexicanos que creemos en la importancia de un Poder Judicial independiente y fuerte.

Columna publicada en El Universal

No está fácil que AMLO se salga con la suya con la reforma al poder judicial que implica, en el asunto más incendiario, modificar la manera de seleccionar a jueces y magistrados para que se haga mediante el voto popular. Pero, insisto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un genio para vender a la opinión pública lo que sea que a él le otorgue más poder si lo viste como un acto de justicia en el que “el pueblo” está colocado en el centro de sus preocupaciones.

La reforma judicial no está pensada para acabar con la corrupción que existe de manera prevalente y en detrimento del Estado de Derecho. Tampoco está hecha para lograr ahorros para la hacienda pública. Pero el presidente dice que eso es exactamente lo que quiere. Y que quienes quieren obstaculizar su reforma lo hacen para proteger corruptos y/o privilegios personales. De hecho la reforma judicial no es una reforma, es un golpe de un presidente enojado con la división de poderes y lo que esto ha implicado en las pocas limitaciones a su enorme poder político. Limitaciones para militarizar a la Guardia Nacional de jure; o limitaciones a sacar a los inversionistas privados del sector energético. AMLO se enojó con estos frenos y por ello quiere venganza.

La reforma judicial es un ejercicio de acaparamiento de poder. Nadie que no pertenezca a Morena y esté en buena lid con el grupo en el poder se verá beneficiado con las modificaciones que pretende. Llamarle reforma es darle un mérito que no merece. Lo que ocurrirá será una exacerbación del influyentismo, algo que solamente presagia mayor corrupción. Es el paso siguiente a la creación del partido-movimiento hegemónico que representa Morena.

No es un acaparamiento sencillo de obtener. Primero porque se debe lograr que el INE avale otorgarle a Morena-PT y PVEM una sobrerrepresentación por encima de la que es constitucionalmente válida. Si en las urnas obtuvieron un 54 por ciento del voto, quedarse con un 75 por ciento de las curules va en contra sentido de la cláusula de gobernabilidad.

Ésta se hizo para asegurar que las minorías no fueran desplazadas en el legislativo, no para que las mayorías las aplastaran. Pero todo indica que la oposición está sentada como el chinito, no’más milando, como Morena y aliados les acaparan los escaños suficientes para poder hacer modificaciones constitucionales a su antojo.

Lejos de tener como foco y propósito número uno frenar este acaparamiento del partido en el poder, andan más preocupados por sus pequeñas rencillas internas. Que si Alito se reelige o no; que si Marko se queda o no; que si Maynez coordina o no. Ahora lo importante debiera ser para ellos defender que en el legislativo mantengan lo que en las urnas les dimos los ciudadanos. Pero no. Eso lo dejan en segundo plano sin darse cuenta lo irrelevantes que serán una vez consumado el reparto de escaños que pretende el oficialismo.

Una vez que el INE falle tal y como quiere Morena y aliados, el Tribunal deberá ratificar la decisión. Esa es la segunda aduana. Ahí no debiera ser fácil para Morena salirse con la suya, pero lo logrará porque ya antes de las elecciones se aseguró el oficialismo de tener una mayoría de magistrados en su bolsa.

Así, en estos días la conformación del legislativo quedará como quiere el presidente y con ello comenzará la ventana de septiembre en la que se aprobará el engendro de reforma al poder judicial. AMLO y sus cercanos lograrán hacerse de todo el poder. A la vista de todos. Ante la impotencia de los ciudadanos que estamos a merced de una clase política lamentable.

Aunque a la venganza la quiera disfrazar de justica el presidente, venganza seguirá siendo. Nada más y nada menos. Eso es la “reforma” judicial.

Columna publicada en El Universal

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.

Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.

Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.

Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.

En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?

El expresidente de Bolivia,  Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista par El País sobre como ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que ““El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva.”

Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.

Columna completa en El Universal