Tag

poder judicial

Browsing

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que la sesión en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, es una “afrenta para el pueblo y al Poder Legislativo”.

“Esto que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, indicó el legislador.

El morenista afirmó que lo único que se desprendió de la sesión, fue un mensaje a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se le autorizan los miles de millones de pesos que el Poder Judicial solicita no habrá justicia en México.

“¿El mensaje que envían al Legislativo es que, si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, acusó.

El líder parlamentario recordó que según lo expuesto por la ministra Piña Hernández, se solicitó 84 mil 794 millones de pesos, con el fin, refirió textualmente de “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

Mier Velazco reiteró que ha invitado en varias ocasiones a la presidenta de la SCJN a la Cámara de Diputados y no accedido a ir, por lo que se le volverá a citar para que explique el presupuesto solicitado, y sobre todo, lo que “cuestan los salarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México”.

El diputado recordó que de 2007 a la fecha el Poder Judicial ha tenido un incremento mayúsculo en su presupuesto; sin embargo, apuntó que “la impartición de justicia pronta expedita y gratuita deja mucho que desear”, ya que sólo ha resuelto 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder.

Al ser cuestionado sobre si aprobarán o no la propuesta del Poder Judicial, enfatizó que no son los tiempos, ya que el periodo legislativo no ha iniciado, por lo que dijo que van a analizarlo con los ministros en su momento.

Rechazó que desde el poder Legislativo, específicamente desde las bancadas afines al gobierno, se busque asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, “no es nuestra intención, por eso me sorprendió el mensaje, parecería que es al revés”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es mucho el cinismo” de los ministros de la Corte y por ende del Poder Judicial, en especial de la ministra presidenta, Norma Piña, al solicitar su presupuesto y estar dispuestos a defenderlo aún violando la Constitución.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido (…)  no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos”, dijo el mandatario.

AMLO dijo que al Poder Judicial no le hacen falta recursos, pues insistió en que tiene un fideicomiso de poco más de 20 mil millones de pesos, además de los 84 mil millones que ahora solicitan. Acusó en que su “guardadito” en el fideicomisos es para tener reservas y financiar todos sus excesos.

López Obrador reitera que los miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, representan a una minoría rapaz. “Ellos no representan el pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, remató.

La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Piña Hernández, dio a conocer esta tarde el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual templa un aumento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.

La también ministra presidenta de la Suprema Corte, indicó que el presupuesto se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.

La presentación del proyecto se dio en sesión pública conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Piña Hernández destacó que en el proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó la ministra.

Fue enfática en señalar que el aumento del 4% va en línea con las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda para el cierre de este año. Apuntó que los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El aumento en puntos porcentuales equivale a 3 mil 101 millones 779 mil 645 pesos, para un total de 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos.

También destacó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

La ministra Norma Piña destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación

en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales.

En lo que respecta al papel del TEPJF, mencionó que el proceso electoral del próximo año implicará una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver.

La ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó esta mañana de “conservador” y “deshonesto” a Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que concedió un amparo para suspender la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“Un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua”, denunció el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la decisión de la SCJN del viernes pasado, cuando suspendió de forma temporal la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua tras admitir una controversia constitucional del Gobierno estatal contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por presuntas violaciones a los procedimientos en la elaboración de contenidos.

El nuevo revés al gobierno federal se produce en medio de la polémica sobre los libros que la SEP se distribuirán para el nuevo curso escolar, que comienza el próximo 28 de agosto, porque, según la oposición y diversas organizaciones, buscan “adoctrinar” a los niños con ideas asociadas al “comunismo y socialismo” con contenido afín a la ideología de la autollamada 4T.

La Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un recurso de amparo judicial en mayo pasado al cuestionar que los nuevos libros presentan contenidos de educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras que otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del “neoliberalismo”.

“No hay ni siquiera la definición a favor del comunismo, la palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados”, defendió López Obrador.

El mandatario llamó “muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aunque prometió acatar la orden de la Suprema Corte, pero dijo que su Gobierno insistirá por las vías legales en distribuir los libros porque es una facultad del Ejecutivo federal.

“Vamos a cumplir y así se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que, por culpa de estos irresponsables, y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto”, remató.

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el ministro Javier Laynez Potisek recibió las conclusiones del conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación, que organizó el partido del presidente López Obrador.

Laynez Potisek acudió acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y ante la presencia de las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), se comprometió a presentar el informe ante Pleno de la Corte.

El ministro Laynez Potisek hizo un llamado a que cuando se hable del Poder Judicial de la Federación, no se piense en las y los once ministros, sino en los más de 45 mil servidores públicos, entre personal administrativo y jurisdiccional.

“No somos los 11 de Pino Suárez dos, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”, dijo el ministro al recordar que “las decisiones que ellos toman en sus circuitos, y se los digo cuando voy, muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte”.

Laynez Potisek afirmó que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y Ejecutivo tienen una asignatura pendiente: el mejoramiento y fortalecimiento de la justicia local, pues apuntó, “es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia”.

La ministra Esquivel Mossa destacó que el diálogo entre Poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las funciones que les competen para el ejercicio armónico del poder público y se dijo a favor de “reflexionar” sobre una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz mencionó que, como integrantes de órganos judiciales y con el fin de desempeñar adecuadamente su labor, es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales.

En ese sentido, sostuvo que “cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía al debido proceso y el derecho de protección judicial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la respuesta que la Suprema Corte dio sobre sus sueldos y las acciones que se han llevado a cabo para ajustarse al artículo 127 Constitucional, derivado la consulta

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya”, lanzó el mandatario, quien explicó que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución”, el cual lo están violando los ministros de la Corte.

Cuestionó qué interpretación se le puede dar a un artículo que, según él, establece con mucha claridad que todos los servidores públicos no pueden percibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo.

En ese sentido, y en tono de burla, dijo que su respuesta solo aplicaría si los ministros no fueran servidores públicos. “Que en término estricto alguno no lo son, son servidores privados”, lanzó el mandatario.

Aseguró que los ministros de la Corte ganan de cuatro a cinco veces más que él y volvió a presentar los “40 excesos del Poder Judicial” que en repetidas ocasiones se han expuesto en la conferencia matutina.

El mandatario insistió en que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se detalle de forma más precisa todo lo relacionado con las remuneraciones en la administración pública, para no dar margen a que los ministros afirmen que “no está clara la Constitución”.

Indicó que mandará la iniciativa de ley al Congreso el próximo año, cuando se integre la próxima legislatura, pues dijo, esperará a ver si su movimiento logra la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución.

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, la Corte recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Además, en la respuesta de la SCJN recordó que determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.

“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.

Además, consideró que esto permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.

Finalmente, en la respuesta de la Corte también se indicó que no existe un precepto jurídico que permita a la Secretaría de Gobernación a solicitar a la SCJN un informe respecto del cumplimiento de algún artículo constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dijo, defiende a una “minoría corrupta”, esto luego de invalidar el segundo paquete de las reformas electorales que impulsó, con lo que puso fin al llamado ‘Plan B’.

“Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer la Suprema Corte invalidó, con nueve votos a favor y dos en contra, la segunda y última parte de la iniciativa impulsada por el mandatario al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, donde Morena y aliados lo aprobaron fast track.

El presidente respondió que respeta el fallo, pero acusó a la Corte de invadir las facultades de otros poderes.

“Somos respetuosos de la división y el equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder”, sostuvo.

La Suprema Corte había desechado ya la primera parte del “Plan B” el mes pasado bajo el mismo argumento.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En su totalidad, la iniciativa desechada recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles acusaron al gobierno de querer cambiar las reglas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El fallo abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y López Obrador, quien acusó a los ministros de la SCJN de ser “empleados” de los conservadores que quieren volver al poder.

“Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrada en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuellos blanco que tanto daño le han hecho al país”, señaló.

Mañana arrancan los conversatorios que Morena y aliados impulsaron en la Cámara de Diputados, en torno a la propuesta de llevar a cabo una consulta popular sobre la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una eventual reforma al Poder Judicial.

La bancada de Morena anunció que para el primer conversatorio se contará con la participación del jurista Diego Valadés; de los especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

El moderador del primer panel, que lleva por título: Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculativa ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de carga en la Suprema Corte, será el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se llevará a cabo mañana martes 30 de mayo a las 11 horas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, afirmó que los conversatorios, o ejercicios de “diálogo y análisis”, tienen la finalidad de devolver al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados en anteriores administraciones.

El morenista aseguró que en el pasado el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y éstos olvidaron que es el pueblo el que manda.

Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, “antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia”, entre otros puntos.

Y es que comentó que el 70% de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, señaló “que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces”, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad el verdadero engranaje de este órgano superior.

Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, sólo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México.

Finalmente, comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

Morena no quita el dedo del renglón y anuncia fecha para llevar a cabo los “conversatorios”, como le han llamado a los fotos donde se analizará cómo se designan los y las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se indicó que estos conservatorios se realizarán del 30 de mayo al 20 de junio, y en ellos se abordarán temas de soberanía popular, marco constitucional de los derechos políticos y la progresividad y restricciones de la consulta popular,.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, explicó que el 30 de mayo el debate iniciará en materia de soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana, a fin de revisar y modificar del régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte.

El 6 de junio se abordará el marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos.

Para el 13 de junio, el conversatorio se guiará sobre la eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular respecto a temas electorales; finalmente, el 20 del mismo mes se establecerán las conclusiones.

Todos los conservatorios se llevarán a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados y consistirá, dijeron los morenistas, en un ejercicio dialéctico, “previo a la solicitud de la consulta sobre un tema de trascendencia nacional para la sociedad mexicana en materia de impartición de justicia”.

El legislador expresó que, una vez concluidos los conversatorios, el Grupo Parlamentario de Morena y aliados emprenderán asambleas informativas en todo el país, para que las y los mexicanos conozcan los procesos e integración de la Suprema Corte.

“Estamos proponiendo la consulta para preguntar a los mexicanos -como parte del Plan C, el tercer componente previo a la reforma constitucional, simple y llanamente a los mexicanos si están de acuerdo o no que se modifique lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a las y los ministros de la Corte”, expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar, en su totalidad, su decreto para blindar la información de los “proyectos prioritarios” al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

“El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa”, dijo al mandatario al ser cuestionado sobre el tema,

López Obrador insistió en que existe un divorcio completo entre la Suprema Corte, que dijo simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos.

Ayer, el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la SCJN dieron efectos generales a la invalidez, después de una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

López Obrador aseguró que ya sabía que la Corte trataría de frenar la construcción de las obras estratégicas de su administración, como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que dijo, se blindaron con el decreto publicado el horas después del fallo de la Corte.

Denunció que todos los amparos están siendo presentados por un grupo de abogados vinculados a los magistrados.

“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles (AIFA)”, alertó.

Este grupo, que aseguró que emplea el nombre de Litigio Estratégico, estaría formado por el exministro de la SCJN José Ramón Cossío, quien se ha posicionado en contra de muchas de las medidas de López Obrador; el exsecretario de Gobernación bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, Fernando Gómez-Mont; y varios abogados.

“Su especialidad es el tráfico de influencias (…). Este grupo influye mucho en la (Suprema) Corte. Y los que están en la Corte vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, indicó.

Ayer, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, señaló que la democracia no se mide por cómo se llega al cargo, en referencia a la propuesta que Morena promueve desde semanas atrás, sino porque se obliga a que se cumpla todo aquello que la ley establece en beneficio de quienes la merecen.

“El Juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”, sostuvo.

Indicó que “estamos fuertes” en la Corte, convencidos de lo que hacen él y sus homólogos. “El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.

En ese sentido, en su mensaje de esta mañana, el presidente aseguró que la Suprema Corte no defiende la Constitución, sino los intereses de quienes se “sentían dueños de México”.

“Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, sostuvo.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insistió en que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, sino por el contrario, afirmó que su objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó el legislador.

Advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la elección de las y los ministros.

Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de la reforma, que dentro del partido están impulsando.

“Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, “si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección, sino que los mexicanos a través de la consulta sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan”.

Respecto al procedimiento de elección de las y los ministros, apuntó, puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, refirió.

El morenista reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial al asegurar que solo favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Aseguró que esta reforma es necesaria al no poder eliminar la inseguridad y la delincuencia “porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, en la gente, creo que les conviene”, añadió.

Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Poder Judicial parecen no llegar a su fin. Toda la semana ha arremetido contra la Suprema Corte y sus ministros.

Hoy, López Obrador volvió a insistir en que a diferencia de él y el poder legislativo, que llegaron a sus encargos por el voto de los mexicanos, el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto.

En ese sentido, dijo que el Poder Judicial es el mismo de siempre, por lo que llamó a “renovarlo”.

“Obedece (el Poder Judicial) a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?”, cuestionó el mandatario.

En ese sentido, ventiló que le hicieron llegar a la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana en Palacio Nacional información acerca de que Corte contrató a la que era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, cuando Genaro García Luna estuvo al frente, y quien es investigada por firmar contratos iregulares.

“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, añadió López Obrador.

Señaló directamente a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a la excolaboradora de García Luna como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

“Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos. Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpas por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público. No puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público.

Afirmó que con este tipo de acciones, la Corte está buscando bloquear, contrarrestar todo lo que su gobierno hace. “Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador”.

Al presidente se le expuso el caso de dos funcionarios del Tribunal 17 acusados de participar en estafas, siendo el mismo tribunal al que pertenece la magistrada Amanda Roberta García González, que fue quien votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna cuando él estaba siendo declarado culplable en Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador acusó que el Consejo de la Judicatura “no sirve para nada, es un florero, está de adorno”, pues debería ser el Consejo quienes tendrían que estar revisando dichas acusaciones. Cuestionó cómo se puede contratar en el Poder Judicial a quien está acusada de firma de contratos ilegales en la época de García Luna.

El reportero, de la revista Contralínea, le insistió en el hecho de que los ministros y más de mil funcionarios del Poder Judicial ganan “cientos de miles de pesos”, más que el propio titular del Ejecutivo.

 También le recordó los “privilegios” que se han expuesto en la mañanera, que gozan los ministros de la Corte. En ese sentido, le planteó si sería bueno que hubiera una rendición de cuentas del Poder Judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, para conocer de qué manera ha evolucionado el patrimonio de sus integrantes.

“Sabemos que ya ganan mucho, pero, aun así, aun así, no se alcanza a explicar la riqueza de muchos integrantes del Poder Judicial, y no necesariamente o solamente los ministros, sino incluso también jueces que, como le decía, ganan más que usted.

Al respecto, López Obrador dijo que todos los mexicanos tienen el derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos. Incluso reclamó que “no tiene por qué ocultarse”, justo en momentos en que se le ha acusado de querer acabar con la transparencia al tener inoperante al INAI.

“Yo les propongo algo: cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí”, dijo AMLO apoyando así indagar los ingresos y patrimonio de ministros, magistrados y jueces.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quita el dedo del renglón y se vuelve a lanzar en contra del Poder Judicial que, asegura,  “está tomado por la delincuencia organizada”.

“Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros (jueces), cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, cuestionó el mandatario en su conferencia de prensa.

Los comentarios de AMLO llegan al poner como ejemplo el caso de Héctor ‘El Güero’ Palma, que dijo, se dio la orden de dejar en libertad al narcotraficantes , co-fundador del Cártel de Sinaloa.

“¿Saben que pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre a ‘El Güero’ Palma. Ese es el Poder Judicial”, acusó López Obrador.

Añadió que gracias a la actuación de las autoridades y de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró que el narcotraficante no quedara en libertad.

“De inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas. ¿Eso es correcto?”, volvió a preguntar, para después adelantar que se informará sobre la identidad del juez que decretó su liberación.

Esto llegará después de que en la sección CERO Impunidad se hayan revelado nombres de jueces que han “liberado a delincuentes”.

En ese sentido, López Obrador ha defendido la necesidad de llevar a cabo una consulta popular sobre la posibilidad de poder elegir a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial, tal como lo está impulsando Morena.

“Es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta”, enfatizó.

La International Bar Association (IBA), considerada la agrupación de abogados más importante del mundo, manifestó su inquietud por la interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  en la independencia judicial, como consecuencia de los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La IBA recordó que el mes pasado, la Suprema Corte determinó que la reforma promovida por el presidente, de transferir el control dela Guardia Nacional  a la SEDENA, era inconstitucional.

En respuesta a la decisión judicial, AMLO  “atacó” a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho, de los 11 ministros que votaron por declarar inconstitucional la reforma, actuaron “de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

La agrupación de abogados dijo que dichas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas que el presidente ha hecho sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte.

Enlistó algunos de los ataques que el mandatario a hecho a la Corte. Dijo que el 23 de marzo de 2023, el presidente López Obrador acusó al poder judicial de estar “completamente distorsionado” y “afectado por la corrupción”, con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo. Lamentó que el presidente López Obrador comparara a los jueces con “gánsteres”, basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos.

También recordó que el 24 de marzo, en comentarios sobre la decisión de la Suprema Corte en relación al Plan B, el presidente afirmó que la Suprema Corte es parte de la “mafia del poder” y que su “sólo Dios es el dinero”.

La IBA señaló que las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”.

También alertó que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es “igualmente problemática”. Detalló que presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el Ejército.

“Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a  otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”, alertó.

Afirmó que las declaraciones del presidente debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Añadió que constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional.

“Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.

Sostuvo que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho. Incluso dijo que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política.

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, indicó que su partido continuará insistiendo en la defensa de la Constitución, la división de Poderes, la autonomía de los órganos constitucionales y la democracia.

El legislador hizo hincapié en que el PAN se opondrá a cualquier intento de Morena por vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno Federal, legisladores y mandatarios estatales afines al oficialismo por la invalidación de la primera parte del “Plan B” de la reforma en materia electoral

“No conformes con limitar al Inai, ahora también quieren manipular las decisiones de la Suprema Corte con propuestas que afectan sus recursos e imponen controles legislativos, lo cual demuestra que el fuerte de Morena no es la democracia y que, por el contrario, el PAN combatirá toda esta clase de conductas”, sostuvo el legislador.

Romero Herrera hizo un llamado para que el Presidente de la República “deje de pedir el voto a favor de su partido y coaligados para concretar su Plan C”, con el que buscan recuperar la mayoría calificada en la próxima Legislatura, la cual recordó , perdieron en las elecciones de 2021.

“Deben entender que el voto de los millones de mexicanas y mexicanos que optaron por nosotros en 2021 fue resultado de la voluntad ciudadana, y para que el oficialismo no pudiera seguir destruyendo a México.”

El panista finalizó manifestando su respeto a las decisiones que la Corte toma en su autonomía, al tiempo que reiteró su compromiso y el del PAN a favor de los contrapesos democráticos que permiten que México siga siendo un país de libertades.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Kenia López Rabadán, senadora del PAN y aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, sobre el papel de la oposición ante los embates del oficialismo, sobre todo después de que la Corte echara abajo el Plan B del presidente; y de cómo la oposición planea capitalizar el apoyo ciudadano rumbo al 2024.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.