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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que obligará a que ningún funcionario gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de las promesas de campaña del mandatario.

Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en mayo de 2019 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada a finales de 2018, que obligaba a que ningún funcionario cobrara más que el presidente.

Ante la decisión, la Suprema Corte ofreció un periodo, que se vio afectado por la pandemia,  a los legisladores para modificarla.

El argumento principal de la Suprema Corte fue que la ley no establecía los parámetros para calcular la retribución del presidente y, por tanto, una modificación arbitraria de ésta podría resultar en un perjuicio para otros funcionarios.

Ahora, el nuevo texto, promovido por los legisladores de Morena, y aprobado con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece dos indicadores para calcular un salario del presidente «acorde con la economía del país»: la media de los tres últimos años del PIB per cápita, que servirá como referencia, y el salario mínimo general.

Por debajo de la figura del presidente, la ley instaura nueve categorías de funcionarios ordenados de forma jerárquica.

Si ocurre «una caída o un incremento importante en el valor de dicho indicador», el presidente podría sufrir una disminución en la multiplicación del PIB per cápita de referencia.

Este nuevo sistema, que ahora debe aprobar el Senado, afectará a todos los funcionarios públicos federales, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tribunales administrativos, la Fiscalía General, la Presidencia y otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Morena asegura que este texto permite a los funcionarios de cualquier nivel proveer «de una vida digna a su familia» y destaca que reconoce en «un grupo jerárquico» el esfuerzo o la preparación que requiere cada cargo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que la nueva ley llegaba para poner un alto, pues no puede ser que mientras el gobierno se «aprieta el cinturón», funcionarios se amparen para defender sus grandes salarios.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.

Los Diputados  aprobaron esta tarde reformas a los artículos 108 y 111 Constitucional, lo que permitirá que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como otros considerados graves.

Con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general y particular, la eliminación del fuero presidencial.

El dictamen pasará ahora al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Fue el presidente quien en las últimas semanas insistió en sus conferencia de prensa matutina, que «pedía con todo respeto» a los legisladores que la reforma fuera la primera en ser discutida al inicio del periodo ordinario de sesiones.

El dictamen avalado señala que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano».

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, aseguró que con la reforma aprobada se terminaba con la figura del presidente impune e intocable.

«Ahora podrá ser juzgado por corrupción, fraudes electorales y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano», indicó Delgado Carrillo.

Sin embargo, la bancada panista rechazó las afirmaciones de Morena y sus aliados, pues aseguraron que no se trata de una eliminación del fuero a la figura presidencial.

Señalaron que debe ser en un proceso ante el Senado donde se decida si la denuncia en contra del Jefe del Ejecutivo procede. Indicaron que lo único que se hizo fue ampliar el catálogo de delitos por el que se le podría procesar.

“No se elimina el fuero, se mantiene el texto del párrafo 4 del artículo 111 que establece que dicha acusación deberá realizarse ante Cámara de Senadores. Si se quisiera eliminar, el párrafo debía quitarse”, expresó el panista Marcos Aguilar Vega.

El legislador de Morena por Chiapas, Eduardo Ramírez, tomó protesta esta tarde a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Ramírez Aguilar recibió el apoyo de 101 senadores; 12 votos más se registraron por otras formaciones. La 64 Legislatura iniciará mañana 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto de 2021

Así, la Mesa Directiva se conformará por Imelda Castro (Morena), Guadalupe Murguía (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) como vicepresidentes. Mientras que Margarita Valdez (Morena), Verónica Delgadillo (MC), Nancy de la Sierra (PT) y María Merced González (Morena) fungirán como secretarias.

«Con un profundo compromiso y sentimiento de honor asumo la presidencia del Senado. Gracias a quienes me brindan su confianza, a los medios de comunicación que difunden la actividad, así como las y los ciudadanos a quienes nos debemos y construimos juntos la patria que queremos», indicó el nuevo presidente de la Mesa Directiva.

En tanto, la disputa en la Cámara de Diputados se mantiene, ya que tanto el PRI como el PT no ceden en su intento por presidir la presidencia de la Mesa Directiva, que según el estatuto, le correspondería al tricolor.

Sin embargo, en los últimos días, diversos legisladores se sumaron a la bancada del PT con la intención de cumplir con el requisito de ser la tercera fuerza política.

Sin embargo, el PRI no cedió, y esta tarde anunció la integración de cuatro legisladores a su bancada, con lo que pasó de 46 a 50 senadores.

Los legisladores que se integraron al tricolor provienen de la bancada del PRD.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada del PT y aspirante a la presidencia de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña insistió en que sería un error entregarle la Cámara de Diputados al tricolor, pues dijo, son una “pandilla de criminales”.

Explicó que el PRI ha asesinado a su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio y a su secretario General, José Francisco Ruiz Massieu, por lo cual no descarta que pudieran generar una crisis política y atentar incluso contra el presidente López Obrador.

“Yo les voy a decir una sola: la seguridad del compañero Presidente siempre está en un vilo, nuestro compañero se juega la vida todos los días, eso está a los ojos de todos, es un compañero excepcional, valiente y determinado, y dijo: ‘no quiero nada, que el pueblo me cuide’ ¿y si le pasara algo?, el PRI, lo digo, duro, claro, asesinó a su candidato a la Presidencia en 1994 a Luis Donaldo Colosio, asesinó a su líder a la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu, el mismo año, son una pandilla de asesinos, ¿qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño?, ¿quién asume la Presidencia temporalmente? La presidencia de la Cámara de Diputados: el PRI», expuso ante los medios de comunicación.

Rápidamente salió al paso y dijo que quizá se le podría contestar lo mismo, que él quiere ocupar la presidencia de la Mesa Directiva con el mismo fin, sin embargo aclaró que no, pues él quiere ser Presidente por seis años.

«Yo quiero ser candidato en 2024. Nosotros no estamos jugando una ambición vulgar, estamos defendiendo al movimiento, estamos defendiendo a la 4T”, precisó Noroña.

La Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense determinó que Rusia lanzó una agresiva campaña para apoyar la candidatura de Donald Trump en las elecciones del 2016, al divulgar este martes su quinto y último informe sobre la injerencia electoral.

El panel calificó el reporte, de más de 1,300 páginas, como «la descripción más detallada hasta la fecha de las actividades de Rusia y la amenaza que éstas presentaron».

En el documento se menciona que Rusia usó al operador político republicano Paul Manafort, el sitio web WikiLeaks y a otros para tratar de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y ayudar a al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La pesquisa, apoyada por legisladores de ambos partidos, tardó casi tres años y medio, mucho más que las otras investigaciones.

Se detalla que WikiLeaks desempeñó un papel clave para ayudar al republicano Trump contra la demócrata Hillary Clinton y probablemente sabía que estaba ayudando a la inteligencia rusa.

El reporte halló que el presidente Vladimir Putin dirigió personalmente los esfuerzos rusos para piratear redes y cuentas afiliadas al Partido Demócrata y filtrar información perjudicial para Clinton.

El documento, sin embargo, no contiene la conclusión, incluida en los demás reportes, de que hay evidencias de que la campaña de Trump se coordinó con Rusia para manipular los comicios y derrotar a Hillary Clinton, por lo que sus hallazgos quedarán susceptibles a interpretaciones partidistas.

Un grupo de republicanos en la comisión redactó un anexo pidiendo que el documento diga explícitamente que la campaña de Trump no se coordinó con Rusia. Los demócratas incluyeron su propio anexo afirmando que el reporte demuestra claramente tal cooperación.

El fiscal especial Robert Mueller emitió el año pasado un reporte según el cual Rusia interfirió en la campaña mediante hackeos y las redes sociales, y que la campaña de Trump agradeció la ayuda y ansiaba beneficiarse de ella. Pero Mueller no llegó a acusar formalmente a ningún miembro de la campaña de conspirar con los rusos.

El Comité de Inteligencia del Senado también acusó a Paul Manafort, excolaborador de Trump, de colaborar con los rusos, incluyendo el oligarca Oleg Deripaska y un presunto agente de inteligencia ruso, Konstantin Kilimnik, antes y después de las elecciones.

El comité determinó que el papel de Manafort y su proximidad con Trump creaban oportunidades para la inteligencia rusa, diciendo que su «acceso de alto nivel y su disposición a compartir información con personas estrechamente afiliadas a los servicios de inteligencia rusos (…) representaba una grave amenaza para la contrainteligencia».

La investigación del Senado también exploró temas de gran interés para Trump que no fueron averiguados por Mueller, como por ejemplo el dossier sobre Trump armado por un antiguo espía británico cuya labor fue pagada por los demócratas.

El senador republicano Marco Rubio, titular interino del panel, dijo en un comunicado que la comisión estaba inquieta por la decisión del FBI de usar el informe «sin verificar su metodología ni sus fuentes» para obtener permiso para vigilar a un exasesor de la campaña de Trump.

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, y su envío para su revisión y eventual aprobación, la Cámara de Senadores avaló, por mayoría, la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que abre la puerta a que México pueda comprar en el extranjero, bienes y servicios para el sector salud.

La reforma, que adiciona un párrafo quinto al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, fue aprobada, en lo general y en lo particular, con 56 votos en favor, 35 en contra y una abstención.

Así, en un solo día y aprovechando las sesiones extraordinarias en ambas Cámaras, los legisladores de la 4T le entregaron al presidente las bases legales para que el gobierno federal pueda comprar medicamentos en el extranjero, utilizando la pandemia de Covid-19 como justificación, pues el principal argumento fue la eventual compra de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Con esta reforma “queda exceptuada de la aplicación de esta Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten dependencias o entidades con organismos intergubernamentales internacionales”, se establece en el texto; añade que dichas contrataciones se deberán hacer a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política.

El objetivo, dijo el Senado, es cumplir con el mandato constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes, en la adquisición de bienes y servicios para la salud, a través de organismos intergubernamentales internacionales.

Los senadores indicaron que la adquisición de suministros de alta calidad podrá ser a precios bajos, además de que se hará bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ante las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de referencia de la región.

La bancada de Morena en el Senado denunció que algunos sectores tenían intereses económicos en la adquisición de estos insumos, razón por la que se opusieron a la reforma. “Se les acabó el negocio”, indicaron. En tanto, la bancada del PAN opinó que la reforma “es una burla al proceso del Parlamento Abierto”. Dijo que no hay garantías de que se cumplan las licitaciones, si en el país no hay un proceso previo y bueno para realizarlas.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, expresó que la reforma burla las normas de transparencia y favorece la discrecionalidad, al contrario de lo que se alega como el combate a la corrupción. Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado advirtió que se trata de una reforma innecesaria e inconstitucional y anticipó que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de esta modificación.

Esta tarde, la legisladora del PRI, Vanessa Rubio, informó que dejaría su escaño en el Senado, pues en una decisión personal y familiar, optará por emprender nuevos proyectos.

A través de un mensaje en su red social, explicó que se integrará a la academia, además de que realizará trabajos de consultoría.

Rubio recibió decenas de mensajes de apoyo y respaldo a su decisión de separarse del servicio público. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales le reprocharon el abandonar su escaño, pues existe una posibilidad de que dicha posición termine en manos de Morena.

Y es que de acuerdo al registro que se hizo en su momento ante el Senado, la suplente de Rubio es Nancy Sánchez Arredondo, quien abandonó las filas del PRI el año pasado, y decidió sumarse a la administración de Morena en Baja California, con Jaime Bonilla.

“Yo renuncié al PRI el año pasado, renuncié por razones muy personales (…) cuando yo tomo una decisión, no hay vuelta. Lo que pasó con el PRI es como un divorcio muy doloroso, fue un divorcio doloroso. Pero ya pasó, ya pasó», declaró la suplente de Vanessa Rubio a Milenio.

Actualmente, Sánchez Arredondo se desempeña como Directora de Enlace y Seguimiento en la Secretaría General de Gobierno, de Baja California. Y aunque aclaró que no está afiliada a ningún partido político, reconoció que hoy en día apoya al gobierno del morenista, Jaime Bonilla.

Al afirmar que se enteró de la salida de Vannessa Rubio del Senado por los medios de comunicación, dijo que no ha tenido comunicación con la senadora o con el equipo del Senado.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que apuntan a que una vez que rinda protesta en el Senado, se estaría integrando a la bancada de Morena, dijo que aún no hay nada definido.

«No hay nada definido, no tengo ninguna invitación (de Morena), creo que no necesitas estar en ningún partido político para hacer cosas por México y por Baja California», aseguró.

Indicó que esperará a que se cumplan los tiempos, y que sea notificada por el Senado sobre cuándo deberá acudir a rendir protesta.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, acusó que la disolución de la bancada perredista en el Senado desconoce los acuerdos de la Junta de Coordinación Política del Senado, en el sentido de respetar la permanencia de todos los grupos parlamentarios con los que inició la legislatura.

“De esta manera, vulnera a las minorías, pretende extinguir nuestra voz crítica y obtener mayorías artificiales para hacer su voluntad sin contrapeso alguno”, indicó la legisladora.

Acusó que en el Senado se repite lo que ya ha ocurrido en la Cámara de Diputados, cuando excluyeron al grupo Parlamentario del PRD de participar en la Comisión Permanente.

“Aunque Morena no lo acepte, el PRD sigue representando a millones de mexicanas y mexicanos que creen en la verdadera izquierda. Hay que señalar que esta decisión no podría afectar la integración de la actual Comisión Permanente, pues nuestra Constitución establece que la elección de sus miembros la hacen los plenos de ambas cámaras del Congreso al término del periodo ordinario”, precisó.

En el mismo sentido se pronunció la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, quien llamó a que se respeten las reglas de la democracia y el equilibrio de poderes.

Explicaron que la Comisión Permanente no tiene atribuciones de desaparecer Grupos Parlamentarios, pues éstos son reconocidos en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, según corresponda.

Señalaron que la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, no está por encima de la JUCOPO, ya que existe un acuerdo que respeta la representación de este instituto político.

Cuestionaron que solo la senadora Mónica Fernández haya firmado dicho anuncio, por lo que consideraron que se trata de un intento por desarticular al PRD y de una venganza por no permitirle al presidente de la República la utilización de recursos discrecionalmente.

Sobre el tema, el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que seguirá representando al partido en la Comisión Permanente, «porque eso votó el Pleno del Senado».

A través de sus redes sociales, el exjefe de gobierno de la CDMX, informó que tras la disolución de su bancada, platicará con el senador Ricardo Monreal respecto a los acuerdos establecidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 5 de septiembre de 2019, en el que se establece respetar la permanencia de todos los grupos parlamentarios con los que inició la LXIV Legislatura.

Ricardo Rodríguez Vargas presentó su renuncia a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), instancia que se encarga de las subastas en Los Pinos.

De acuerdo con fuentes oficiales, la renuncia de Rodríguez Vargas se da luego de haber cumplido con el objetivo de transformar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y consolidar el INDEP, tal y como lo ordenó el presidente López Obrador, proceso que se indicó, ya se cumplió.

El 21 de mayo de 2019, AMLO designó al entonces director del Servicio de Enajenación y Administración Tributaria (SAE), de Hacienda, como director del INDEP.

Según las fuentes, la renuncia de Rodríguez Vargas se hará efectiva a partir del 15 de junio

Rodríguez Vargas estuvo al frente del INEP poco más de un año, y con él se inauguraron las subastas con sentido social. El INDEP tomó notoriedad porque se encargó de subastar bienes, inmuebles, joyas y autos de lujo para entregar lo recaudado a causas sociales.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador confirmó la renuncia de Rodríguez Vargas, y adelantó que formará parte de la terna que enviará al Senado para encabezar la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes (Prodecon).

Añadió que el lugar de Rodríguez Vargas en el INDEP lo ocupará Jaime Cárdenasm quien fue consejero electoral y diputado por el Partido del Trabajo (PT).

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta que hiciera la dirigencia nacioanld e Morena, de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos.

La bancada tricolor consideró que dotar de dicha facultad al INEG es arbitrario, inconstitucional e inconvencional.

«Es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder», indicó el PRI.

Señaló que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.

Insistió en que la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en artículo 16 constitucional, que  establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los diputados del PRI señalaron que en los hechos, la propuesta del partido del presidente López Obrador se trata de otorgar amplias facultades a la autoridad para que allane un domicilio particular y fiscalice información financiera, sin controles jurisdiccionales ni restricciones legales que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por su parte el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó de manera tajante alguna posibilidad de cambiar facultades al SAT o al INEGI.

«Quiero decirles con toda contundencia que, en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al INEGI», expresó el senador. Añadió que si bien la pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos los mexicanos deben diseñar y avalar, por ahora no hay una propuesta en el sentido de lo señalado por la dirigencia de Morena.
Reconoció que la propuesta de la dirigencia de Morena ha generado confusión y polarización, y aclaró que se trata de una propuesta que aún no se ha discutido en las bases políticas de Morena y que se refiere a la progresividad  fiscal.
«Aunque seamos mayoría, vamos a actuar de manera prudente y con consenso. El diálogo es siempre el mejor camino», afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Anthony Fauci, el principal consejero médico de La Casa Blanca, advirtió este martes que un desconfinamiento apresurado en Estados Unidos podría tener consecuencias serias y provocar «muertes y sufrimientos que son evitables».

El epidemiólogo, muy popular en Estados Unidos por su mensaje de calma y de control, forma parte de una comisión que compareció este martes de forma virtual ante el Senado estadounidense sobre la crisis sanitaria que ha dejado más de 80,000 muertos en el país.

El médico se dijo preocupado de que algunos estados o ciudades avancen hacia la normalidad, sin seguir una directiva del gobierno que recomienda esperar una caída sostenida de los casos durante dos semanas.

La recomendación llega en un momento en que su jefe, el presidente Donald Trump, defiende una inminente reapertura, esto tras la alza en el desempleo y la contracción de la economía.

En Estados Unidos, el país que ha registrado más muertos en la pandemia, «si una comunidad o un estado o región no sigue estas directivas y reabre (…) las consecuencias podrían ser muy serias», afirmó el experto. «Esto paradójicamente, nos haría retroceder, sumando más sufrimiento y muertes que son evitables», advirtió.

Los expertos participaron por videoconferencia como medida de precaución debido a que varios funcionarios de La Casa Blanca están contagiados con el virus, pero aclararon que no siguen una cuarentena estricta, ya que forman parte de la «primera línea».

Fauci también advirtió que el balance de muertos podría ser superior a las cifras oficiales, citando como ejemplo a Nueva York, donde puede haber casos de personas que murieron de coronavirus en su casa, debido a la saturación de los servicios de salud.

Previamente, Fauci había advertido en entrevista con el diario The New York Times que si se saltaban los procedimientos del protocolo para volver a abrir el país, había un riesgo de que se produjeran múltiples focos de la enfermedad.

«El principal mensaje que quiero transmitir (…) es el peligro de intentar reabrir el país de forma prematura», declaró el médico al diario; aunque Fauci negó que haya una confrontación con el presidente. Dijo que él le da consejos y el mandatario «los escucha y los respeta», pero que también recibe información de otros asesores.

Por su parte, Trump inició el día con una actividad intensa en Twitter, defendiendo su gestión de la crisis y afirmando que la capacidad de pruebas de detección de Covid-19 de Estados Unidos «es la mejor del mundo».

Senadores de Morena llegaron al recinto legislativo para intentar llevar a cabo la sesión presencial en la que pretenden analizar y eventualmente aprobar la Ley de Amnistía.

La sesión de hoy sería la primera presencial de los Senadores, después de tres semanas de realizar reuniones virtuales.

Los morenistas confían en que haya quórum, pues los legisladores de la oposición condicionaron su presencia a que se abriera la discusión a otros temas como un Gran Acuerdo Nacional para atender la emergencia sanitaria y económica.

Señalaron que para abordar la propuesta del presidente López Obrador (Ley de Amnistía), no era necesaria la presencia de los legisladores, pues AMLO tenía las facultades de hacerlo.

La Le busca liberar a miles de presos, que según el gobierno federal y los legisladores de Morena, están expuestos a contagiarse del nuevo coronavirus Covid-19 al interior de los centros de reclusión del país.

Los senadores morenistas compartieron en sus redes sociales diversas fotografías de su llegada al recinto, en las que se les veía portado cubrebocas, en línea con lo que exige el protocolo sanitario, así como manteniendo la medida de la sana distancia.

Las y los senadores seguirán la sesión de hoy desde sus oficinas y acudirán al Pleno a votar de manera organizada para evitar aglomeraciones.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que se intentaba reunir quórum legal para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Amnistía.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes 20 de abril a las 12:00 horas se retomará la discusión en el Pleno del Senado de la Ley de Amnistía, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) urgiera a los senadores a discutir su iniciativa.

A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el morenista afirmó que la aprobación de dicha ley es un acto de humanidad ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país derivada de la pandemia por Covid-19.

Convocó a las legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias a participar en la Sesión Ordinaria, pues dijo que la eventual aprobación de la iniciativa será una contribución invaluable para reducir la sobrepoblación penitenciaria que causa deficiencias en las condiciones humanitarias y que en la actualidad pone en riesgo de contagio de Covid-19 a sectores de la población carcelaria como adultos mayores y mujeres embarazadas.

El senador explicó que la propuesta de ley, enviada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre de 2019, considera como potenciales beneficiarios a quienes no sean personas reincidente, así como a quienes no hayan sido condenados por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes, y a quienes en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernandez, indicó que es necesario que el Estado pueda contar con herramientas legales que permitan adoptar medidas que salvaguarden los derechos humanos de ellos, ante la pandemia que se vive.

«En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva (…) y compartiendo la preocupación, por lo que puede ocurrir en los centros de reclusión, he convocado a sesión ordinaria el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas», dijo Fernández.

Recalcó que en la sesión plenaria se aplicaran las medidas sanitarias que han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos directivos de la Cámara, quedando exentas de acudir, de manera presencial, mujeres embarazadas o en lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.

Además dijo, la Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle implementando las medidas para asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud.

El Senado estadounidense aprobó la noche de ayer un plan de dos billones de dólares para dar ‘oxígeno’ a la primera economía del mundo, que se golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19, que ya deja más de 1,000 muertos en el país.

Impulsado por el gobierno de Donald Trump y luego de largas discusiones entre los senadores y La Casa Blanca, este texto «histórico», según los negociadores, se aprobó con el apoyo de los 96 demócratas y republicanos presentes en la votación.

El plan necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que votará el viernes, antes de que pueda ser promulgado por el presidente.

«Animo a la Cámara de Representantes a aprobar este texto vital y enviarme el proyecto de ley sin demora para que sea promulgado. Lo firmaré de inmediato», declaró Trump el miércoles en rueda de prensa.

«Necesitamos inyectar este dinero en la economía estadounidense y enviárselo a los trabajadores estadounidenses», dijo por su parte el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, líder de La Casa Blanca en las negociaciones con el Congreso.

Este paquete de ayudas contempla la entrega de dinero a los ciudadanos, de hasta 1,200 dólares por adulto y 500 por niño, en aquellos hogares en que los ingresos anuales sean inferiores a 150,000 dólares.

El proyecto también aumenta significativamente los beneficios de desempleo, a los que también se podrán acoger los trabajadores independientes, medidas exigidas por los demócratas.

El texto incluye un paquete de alrededor de 500,000 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas, así como para las autoridades estatales y locales afectadas, y casi 30,000 millones en ayudas para el sector aéreo.

El plan de ayuda propone destinar alrededor de 130,000 millones de dólares para hospitales, desbordados por la epidemia.

El paquete de ayuda será la mayor inyección de dinero de emergencia en la economía en la historia de Estados Unidos, más incluso que los rescates financieros de 2008, cuando una crisis financiera mundial hizo que la economía norteamericana cayera.

Estados Unidos sobrepasó el miércoles el millar de fallecidos por el coronavirus, y el número de casos se acerca a los 70,000, según informó la universidad Johns Hopkins, encargada de llevar el conteo.

De esta manera, Estados Unidos se sitúa como el tercer país con más casos del mundo, por detrás de China e Italia. Y según la OMS, pronto se podría convertir en nuevo epicentro mundial de la pandemia.

Trump ha mostrado su deseao de que el país vuelva a trabajar para reiniciar la economía, a pesar de las reservas de muchos científicos y funcionarios locales, y es que centra toda su campaña de reelección en la buena salud de la economía estadounidense.

Una «recesión o depresión grave» podría matar a más personas que la epidemia, dijo el martes. Y lanzó el 12 de abril, el domingo de Pascua, como fecha para retomar la actividad económica en parte del país.

La Cámara de Diputados se erigió este jueves como órgano de acusación y aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a la llamada Estafa Maestra.

“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Los diputados señalaron que fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.

De igual forma, el Pleno designó al diputado Pablo Gómez y a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, ambos de Morena, y a Ana Ruth García Grande del PT, para sostener la acusación aprobada en contra de Robles Berlanga ante el Senado de la República. 

Pablo Gómez resaltó que es un momento histórico, pues después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.

Explicó que la acusación se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ademas de que se apoyaron en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.

El morenista indicó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que no se trata de un asunto personal, sino que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado, sin importar la persona de la que se trataba, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.

Gómez Álvarez aclaró que la presunción de inocencia siempre se respetó y el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera.

El legislador sostuvo que se cumplieron con los plazos de la ley, “escrupulosamente». Indicó que se realizó  un procedimiento limpio porque quieren tener la autoridad moral para reclamar a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos.

“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo. «No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos», concluyo.

Por su parte, la defensa de Rosario Robles acusó que sin importarle a los diputados de Morena una pandemia como  el Covid-19, la Cámara de Diputados hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a su clienta.

Aseguraron que todo se trata de un ataque a Rosario Robles por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza, pues dijeron, en ningún momento se han respetado sus derechos y los plazos que asisten a la defensa.

Pese a lo que sostuvieron los diputados de Morena, aseguraron que el proceso ha estado infestado de irregularidades, mentiras y atropellos. «Se trata de una saña inédita, que los llevó a saltarse 126 expedientes de juicio político que estaban antes que el de Rosario Robles».

Finalmente, desde el reclusorio, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hija Mariana Moguel, en la que afirmó que «del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen».

La Cámara baja del Parlamento de Canadá aprobó este viernes el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que ahora pasará al Senado, justo antes de suspender su trabajo hasta el 20 de abril debido a la pandemia de coronavirus.

El Senado canadiense debía igualmente ratificar el tratado trilateral, declaró Pablo Rodríguez, líder del gobierno en la Cámara baja.

Minutos más tarde, el T-MEC fue ratificado en el Senado. Se tendrá que notificará a los tres países para que entre en vigor el primer día del tercer mes posterior a ello.

Canadá es único de los firmantes del tratado que aún no lo ha ratificado.

El nuevo tratado comercial fue ratificado por México el 10 de diciembre y promulgado por el presidente estadounidense Donald Trump el 29 de febrero.

El T-MEC sostiene ser una versión modernizada del tratado de libre comercio TLCAN que los tres países de América del Norte alcanzaron en 1994.

Trump impuso una renegociación en agosto de 2017 calificándolo como el «pero acuerdo comercial de la historia» de Estados Unidos, y responsable de destruir trabajo en su país por causa de la deslocalización laboral en busca de mano de obra barata en México.