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Simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron esta tarde el Capitolio en Estados Unidos, durante una caótica protesta emprendida con el propósito de impedir la transición pacífica del poder, lo que provocó que los legisladores fueran evacuados del inmueble e interrumpió el proceso para confirmar la victoria del demócrata Joe Biden.

Inicialmente, Trump había exhortado a marchar hacia el Capitolio. En un segundo mensaje, utilizando sus redes sociales, Trump pidió a los manifestantes «regresar a casa en paz», pero insistió en que le «robaron unas elecciones» que ganó «por mayoría». «Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (…) No queremos a nadie herido es un período muy difícil».

«Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales», dijo el presidente.

El Pentágono dijo que unos 1,100 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se movilizaron para ayudar a mantener el orden en el Capitolio.

En imágenes que fueron captadas por medios y por usuarios de redes sociales, se vio a manifestantes eludir a la policía e ingresaron en el edificio, gritando y ondeando banderas estadounidenses y en favor de Trump mientras caminaban por el recinto.

Se reportó que una persona fue baleada en el Capitolio, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación. De momento se desconocía el estado de salud de la persona.

Los senadores estaban siendo evacuados. Algunos representantes tuitearon que se refugiaron en sus oficinas.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía del Capitolio y lograron ingresar al edificio, poco después de que se llevó a cabo un enorme mitin cerca de La Casa Blanca durante el cual Trump les dijo que marcharan hacia el Capitolio.

Aunque algunos republicanos respaldaban la impugnación a la victoria de Biden, que obtuvo 306 votos electorales respecto a los 232 de Trump y que fue confirmada por el Colegio Electoral, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, trató de disminuir las tensiones y se opuso a ello. Advirtió que la nación «no puede seguir a la deriva con dos tribus separadas» con «hechos separados».

El Partido Demócrata habría obtenido ya uno de los dos escaños que se disputaron en la jornada electoral de ayer en el estado de Georgia, con un apretado triunfo de uno de sus candidatos, Raphael Warnock, que según estimaciones de los medios estadounidenses, habría obtenido el 50.5% de los votos frente a su rival republicana Kelly Loeffler.

La carrera para alcanzar los últimos dos asientos por el estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos está siendo sumamente reñida como se esperaba, con el 98% de los votos escrutados, todavía queda por saber si será el republicano David Perdue quien logre permanecer en la Cámara o si bien el demócrata Jon Ossoff ocupará el puesto que permitiría a los demócratas tener el control de la Cámara y así dar a Joe Biden una administración más «ligera».

Warnock se ha mostrado «profundamente honrado» por la decisión de los votantes. «Lo que ha hecho Georgia esta noche es su propio mensaje en  un momento en el que mucha gente está intentando dividir a nuestro país», indicó el demócrata en declaraciones a la cadena CNN.

Así, ha hecho hincapié en que ahora tiene por delante «una tarea sagrada» que se tomará «muy en serio». «Espero honrar la promesa con el trabajo que haremos en los próximos días».

Por su parte, Ossoff ha estado recortando hasta el momento la distancia que le han venido separando de Perdue hasta ponerse por delante con el 50.1% de los votos, obteniendo apenas 9,500 votos más que su rival.

De hecho, Ossoff se ha declarado este miércoles como vencedor en las elecciones. «Georgia, muchas gracias por la confianza que han puesto en mí. Me siento honrado, por su apoyo y confianza», según ha informado CNN.

Asimismo, ha reiterado sus promesas de campaña de trabajar contra el coronavirus y entregar ayudas a los afectados. «Esta campaña ha sido sobre salud, trabajos y justicia para la población de este estado (…) y serán los principios que me guíen», añadió.

El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, celebró la «tremenda participación» de este martes, la cual podría alcanzar cerca de 4.6 millones de electores.

Recordemos que el resultado de estas elecciones resulta fundamental para el porvenir de la próxima Administración de Joe Biden, pues los demócratas necesitan estos dos últimos escaños para controlar el Senado, como ya hacen con la Cámara de Representantes.

En caso de que los demócratas se impongan en Georgia, conseguirían 50 senadores, los mismos que los republicanos, aunque dispondrían del voto de desempate en futuros debates legislativos de la que será presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana celebró un multitudinario mitin en la ciudad de Dalton, en el noroeste de Georgia, ha vuelto a lanzar una vez más acusaciones de fraude electoral en sus redes sociales.

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para «llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados», afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

«Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien», dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

Los ciudadanos de Georgia se encuentran en medio de una la jornada de votación en la que se decidirá si el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado, o si tendrá una gestión más cómoda, al definir los dos asientos que faltan para completar la composición de la Cámara.

En un mitin realizado ayer, Trump reiteró sus acusaciones de que la elección presidencial del 3 de noviembre, en la cual obtuvo 74.2 millones de votos frente a los 81.2 millones del candidato demócrata, fue fraudulenta; denunció a los políticos republicanos que han validado el resultado, ratificado por el Colegio Electoral en diciembre pasado.

En Georgia, donde Biden fue el primer triunfador demócrata desde 1992, ninguno de los candidatos al Senado obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral de ese estado hizo necesaria una segunda ronda que pone en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en la Cámara Alta del Congreso federal durante varias legislaturas.

En la votación de noviembre los republicanos se aseguraron 50 curules en el Senado y los demócratas aumentaron uno a los que tenían, para lograr un total de 48. Si los candidatos demócratas ganan hoy en Georgia, habrá un empate de 50 escaños en la Cámara Alta estadounidense, lo cual dejaría las decisiones en manos de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Una de las contiendas que deberá dirimirse hoy enfrenta al demócrata Raphael Warnock, un pastor de una iglesia de Atlanta en la cual predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968, y Kelly Loeffler, senadora republicana designada hace un par de años.

Según el promedio de encuestas de opinión de la plataforma 270towin.com, Warnock cuenta con el respaldo del 50.2% de los votantes y Loeffler tiene el apoyo del 47.4%.

En la otra contienda, el demócrata Jon Ossof, un exfuncionario legislativo y periodista, compite por un puesto en el Senado federal con David Purdue, un empresario cuyo mandato en la Cámara Alta concluyó el domingo pasado.

El promedio de encuestas de 270towin.com da a Ossoff el 50.2% del apoyo entre los votantes comparado con el 47.4% para Perdue.

En Georgia hay 7,6 millones de votantes registrados, de los cuales unos 4.8 millones de ciudadanos asistieron a votar en noviembre.

Se espera que la participación sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de sufragios que ya han sido emitidos en la votación anticipada, y lo más probable es que los ganadores no se sepan esta misma noche, debido a lo ajustado que se espera sean los resultados.

Los Diputados acordaron este martes posponer el debate de la criticada reforma a la ley del Banco de México (Banxico), la cual obligaría a la entidad a comprar divisas, abriendo la puerta a que sea de origen ilícito, además de que debilitaría su autonomía.

La iniciativa debía discutirse hoy en el Pleno, pero ante la presión que se ejerció desde distintos grupos: Banxico, CCE, ABM, entre otros, e incluso de algunos legisladores de Morena, se decidió que sería aplazada su discusión asta el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero.

Recordemos que la semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca obligar a Banxico a comprar divisas que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la reserva internacional.

De acuerdo a los reclamos que se hicieron a la reforma, de haber sido aprobada podría permitir que el dinero de los cárteles de la droga ingrese a las reservas del Banco central y enfrentar sanciones de Estados Unidos.

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró ayer que la propuesta «debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo (…) sin generar riesgos de lavado de dinero».

Ricardo Monreal, quien impulsó la reforma, ha defendido su propuesta asegurando que las modificaciones permitirán que quienes reciben remesas del exterior mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio vigente, evitando que los comercios les paguen menos.

Sin embargo, la Asociación de Bancos de México dijo que apenas el 1% de las remesas que reciben las familias mexicanas son en efectivo, ya que poco más del 99% de los envíos se lleva a cabo vía transferencia electrónica.

Diversos analistas aseguraron que la ley buscaba favorecer a Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas, que tiene un historial negativo en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Dicha idea fue reforzada por diversos actores del Banco de México, como el subgobernador Jonathan Heath.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

«La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo».

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

«Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional».

El Pleno del Senado, aprobó, por unanimidad, conferir la Medalla Belisario Domínguez, en su edición 2020, a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, por su lucha contra el COVID-19 en México.

Se informó que corresponderá a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez definir el formato para la entrega del Galardón de Honor en Sesión Solemne en febrero del año 2021.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, dijo que dicho reconocimiento que postula al personal médico y todos los que arriesgan su vida en el ejército blanco, es positivo y justo.

El legislador manifestó que México vive una etapa difícil en medio de una pandemia “dolorosa y triste”, ya que a muchos mexicanos los alcanzó el Covid-19. Señaló que hay más de mil 400 muertos en México dentro el personal de salud que está en el primer frente de batalla.

“Estoy seguro, que si Belisario Domínguez viviera, al lado de los enfermeros y doctores que luchan contra el Covid-19, ahí estuviera”, expresó.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, senadora Sasil de León Villard, indicó que el reconocimiento es para las y los mexicanos, la gran mayoría de ellos héroes anónimos que podrán ser reconocidos con este galardón y conocer la labor que diariamente realizan en beneficio de su comunidad.

Es la primera vez que se entrega este galardón a un grupo o un sector de la población; en la mayoría de las postulaciones recibidas predominaron mujeres y hombres integrantes del sector salud de México.

Al cierre de la convocatoria la participación de organizaciones, universidades, centros de investigación y de la ciudadanía fue histórica ya que se recibieron mil 772 registros de postulaciones correspondientes, a 442 candidatas y candidatos, de las cuales 351 cumplieron con los requisitos.

Entre los postulados destacaban el rector de la UNAM, Enrique Graue; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, misma que había causado mucha polémica; el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.

La Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles 09 de diciembre resultó muy ‘productiva’ para los legisladores, ya que en cerca de 13 horas, se aprobaron diversas reformas como la relativas al teletrabajo, la del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de Seguridad Nacional, entre otras.

El Pleno del Senado aprobó, en lo general y particular, con 91 votos a favor, la minuta que reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII BIS de la Ley Federal de Trabajo, en materia de teletrabajo.

El dictamen a la minuta que regula el teletrabajo, establece una nueva definición de trabajo a distancia, entendido como el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.

Esta modalidad de trabajo, agrega el dictamen, es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, que no requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo y que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación.

Se establece que las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta, se regirán por las disposiciones del Capítulo denominado Teletrabajo. Y señala que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica.

En el dictamen, también se señala que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. La modalidad de teletrabajo, agrega, formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada uno de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.

Los Senadores también aprobaron un dictamen que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que los concesionarios de radio y televisión puedan pagar, en anualidades, las contraprestaciones por prórrogas.

El proyecto de decreto fue avalado, en lo general y en lo particular, con 94 votos en pro y una abstención.

La reforma establece que, para el pago de la contraprestación por prórroga, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá poner a la consideración del concesionario de radio y televisión, “si desea realizar el pago en anualidades durante el tiempo de vigencia de la concesión o en una sola exhibición”.

Se precisa que, en caso de que el pago sea en anualidades, se actualizará y se calcularán los importes conforme a las disposiciones fiscales, sin perjuicio del erario.

Por unanimidad, el Senado también aprobó la minuta que reforma las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a los seguros de invalidez, vejez y cesantía.

Según el texto, la minuta tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros. Establece que las administradoras de fondos para el retiro deberán situar las comisiones que cobran por sus servicios en niveles similares a las mejores prácticas internacionales.

La minuta reduce, de mil 250 semanas a mil semanas, el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Incrementa, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5%, más cuota social a 15%. Asimismo, aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores.

De igual forma se aprobó la minuta que establece que el trabajador o sus beneficiarios podrán exigir, dentro de un plazo de 10 años, los recursos de la subcuenta de vivienda. El dictamen reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se avaló con 90 votos a favor.

Precisa que dentro del año previo al que se cumpla dicho plazo, el Infonavit hará del conocimiento del trabajador y, en su caso, a sus beneficiarios, el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que puedan acudir a reclamar los recursos. También dispone que, al no ser ejercido este derecho, se podrán utilizar dichos recursos para constituir una reserva financiera que será administrada por el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Pleno también aprobó en unanimidad, con 88 votos en favor, el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de crédito de vivienda.

El documento establece que los trabajadores podrán recibir directamente los créditos, sin intermediarios, para adquirir en propiedad suelo destinado a edificar su casa. Anteriormente, el crédito sólo podía ser usado para la compra de vivienda nueva o usada, construcción y remodelación de una residencia.

Se precisa que las y los trabajadores podrán elegir de qué forma usará su crédito, disponiendo de manera directa esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda. Asimismo, los trámites se reducirán, ya que no se encontrarán obligadas u obligados a actuar a través de un intermediario.

Una de las reformas que más llamó la atención fue la relativa a la Ley de Seguridad Nacional que envió el presiente y que apenas ayer se había aprobado en comisiones.

El Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto con 71 votos a favor, 20 en contra y una abstención; en lo particular se registraron 72 votos en favor y 14 en contra.

Se indicó que la modificación tiene el objetivo de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

Establece la definición de agentes extranjeros, a fin de especificar que se trata de funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado.

Plantea que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Asimismo, los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Defensa Nacional y de Marina (SEDENA), resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos, el principio de reciprocidad bilateral.

A fin de fortalecer el manejo de información e inteligencia, planeación y ejecución de operaciones, plantea que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entreguen a las autoridades correspondientes, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de estas.

Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a hacer detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y las leyes nacionales aplicables, por lo que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. Finalmente, se les autoriza portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la SEDENA.

En el caso de que se compruebe que un gobierno extranjero por conducto de sus agentes incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, nuestras autoridades suspenderán la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional.

En materia de inmunidad, señala que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

Además de las reformas aprobadas, el Pleno del Senado de la Republica ratificó la designación de Graciela Márquez Colín como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) La ratificación se dio con 76 votos a favor, 17 en contra y una abstención..

En tanto, con 84 votos en favor y nueve en contra, el Pleno aprobó la designación hecha por AMLO, en favor de Galia Borja Gómez, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), por un periodo de ocho años, contados a partir del 1 de enero de 2021.

Con 69 votos a favor y 25 en contra, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Laura Itzel Castillo Juárez, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un periodo de cinco años. Castillo Juárez fue designada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante que dejó Francisco José Garaicochea y Petrirena, con motivo de la conclusión del cargo, el pasado 19 de septiembre de 2020.

El Senado aprobó esta tarde la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial para que así los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras estén en el cargo, una iniciativa impulsada por el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con 89 votos a favor y 23 en contra, la Cámara Alta ratificó la reforma constitucional, que había sido aprobada en septiembre pasado por la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ser validada por la mayoría de los 32 Congresos estatales del país.

Recordemos que López Obrador, envió la iniciativa en febrero pasado por segunda vez, ya que su primer propuesta no prosperó en el Congreso. En ella AMLO solicitaba a los legisladores la supresión del fuero al considerarlo un privilegio.

La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

La nueva propuesta añade: «Podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común».

Cuando la Cámara de Diputados aprobó a principios de septiembre la iniciativa, López Obrador lo consideró «un hecho histórico» y deseó que en un futuro se suprima el fuero para otros servidores públicos, «para que estemos en igualdad de circunstancia».

La supresión del fuero forma parte de las promesas que AMLO hizo en campaña, y se enmarca en el combate a la corrupción y la supresión de privilegios que ha impulsado. Sobre ello, recordemos que López Obrador solicitó una consulta ciudadana para 2021 en la que la ciudadanía decida si el gobierno debe investigar y en su caso denunciar por corrupción a los expresidentes del país.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, logró un acuerdo con los otros coordinadores parlamentarios para que la reforma pudiera avanzar. Para lograr el apoyo, el morenista estableció un compromiso de iniciar por separado la modificación constitucional para que también puedan ser imputados y llevados a juicio penal los diputados federales y senadores.

En ese sentido, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen que busca que las y los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El proyecto de decreto se deriva de una iniciativa que presentaron los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios en la plenaria del 19 de noviembre pasado, y que adiciona un párrafo tercero al artículo 108 de la Constitución Política. El dictamen se aprobó con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen que permite la regularización de la marihuana en el país para usos recreativo, científico, médico e industrial.

Ahora, la «Ley general para la regulación del cannabis» debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación antes de que finalice la actual legislatura, que es el 15 de diciembre.

El dictamen estuvo impulsado principalmente por Morena, quien junto a sus aliados legislativos cuentan con mayoría en Diputados, por lo que se prevé pueda avanzar sin problema.

La iniciativa propuesta por legisladores de la llamada Cuarta Transformación incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.

El nuevo ente emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.

En su primer artículo, la norma, aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, sostiene que busca «mejorar las condiciones de vida» de los mexicanos y «contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico».

El dictamen aprobado estipula que sólo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir marihuana y sus derivados, pero con un permiso del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Además, se permitirán 28 gramos de posesión, aunque queda prohibido el consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo públicas o privadas.

En cuanto a la comercialización, la «Ley general para la regulación del cannabis» permite a las personas y empresas vender cannabis a mayores de edad en establecimientos autorizados. El Instituto establecerá los niveles máximos de THC (sustancia psicoactiva de la marihuana) y CBD (cannabidiol).

Los ejidos (terrenos colectivos) y comunidades agrarias «que han sido afectadas por el sistema prohibitivo» podrán ser titulares de más de una licencia para cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación.

La reforma permitirán también cultivar hasta ocho plantas por domicilio, autorizará alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo y garantizan el consumo privado de marihuana sin menores de edad presentes.

Pese al paso que se dio esta tarde, activistas advierten que no hay una completa descriminalización porque aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos.

México se coloca así junto a Canadá y Uruguay como los países que han regulado la marihuana recreativa.

Recordemos que desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso sobre la mesa el tema de la despenalización de la marihuana y otras drogas como parte de su estrategia para combatir al poderoso crimen organizado.

Este jueves se discutirá en el Pleno del Senado, el dictamen sobre la regulación de la marihuana, el cual fue aprobado la tarde de ayer en comisiones. Por el dictamen se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar (Morena), informó que pese a la aprobación, se seguiría trabajando sobre el dictamen para que hoy, durante su análisis en el Pleno, se presente un adendum que contenga las «consideraciones consensuadas».

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, afirmó que la discusión del dictamen es histórico pues se trata de la defensa de los derechos humanos y la eliminación de la estigmatización de una planta valiosa.

En tanto, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), presidente de la Comisión de Salud, dijo que, en la primera etapa de la discusión de la propuesta, la industria se trató de inmiscuir más de lo permitido, por lo que el Legislativo tuvo el tacto para retomar y ejercer la rectoría de este tema. Asimismo, pidió a la Secretaria de Salud que emita el reglamento para el uso médico del cannabis, pues de no hacerlo seguirán adquiriéndose medicamentos de cuestionable calidad.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, aplaudió que la propuesta tenga una marcada visión social para privilegiar a los grupos más marginados de la sociedad.

Y aunque es el grupo parlamentario de Morena quien ha mostrado mayor apertura para sacar adelante el dictamen, la senadora del partido, Jesusa Rodríguez, denunció que la propuesta sigue criminalizando y estigmatizando el uso de la planta, pues aún presenta diversas limitaciones para su consumo que no se aplican a otras sustancias como el alcohol.

Ante la expectativa generada, una concentración de activistas a puertas del Senado exigió este miércoles legalizar la marihuana «sin simulaciones».  Desde hace meses, a un lado del Senado hay un plantío de cannabis tolerado por las autoridades donde se reúnen personas para fumar.

El Senado de México aplazó para el jueves el debate previsto para este miércoles sobre la iniciativa que regula el consumo lúdico de la marihuana a la espera de que se logre un amplio consenso para su aprobación, confirmaron a Efe fuentes de la cámara.

El dictamen sobre la marihuana prevé suprimir los artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo lúdico del cannabis, cumpliendo así una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, y además crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

De ser aprobada en Pleno, deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados y promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha dicho que no está a favor de un uso lúdico de la marihuana.

El texto en cuestión permite consumir marihuana con fines recreativos siempre que no sea delante de menores de edad, aumentando de 5 a 28 gramos la cantidad de cannabis que se puede poseer y autoriza poder cultivar cuatro plantas por persona.

Sólo se sancionará penalmente la posesión de más de 200 gramos de cannabis, mientras que tener entre 28 y 200 gramos se saldará con una multa. Establece que fumar marihuana sólo estará permitido en los domicilios particulares y en los locales de asociaciones de consumo de cannabis.

Recordemos que en 2018, la Suprema Corte dio la razón a cinco recursos de amparo que denunciaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico del cannabis, por lo que se estableció jurisprudencia.

El Tribunal dispuso que negar el autoconsumo de cannabis a personas mayores de edad «viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad», por lo que en noviembre pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso debía haber regulado el uso recreativo de la marihuana antes del 30 de abril.  Sin embargo, los legisladores pidieron una prórroga alegando la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y el plazo definitivo se aplazó para el próximo 15 de diciembre

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, ofreció que, cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, ésta se analizará en conjunto con empresarios.

El legislador participó en un encuentro virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ahí, explicó que dicha propuesta busca modificar seis ordenamientos jurídicos para regular tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación.

Dijo que esta propuesta se presenta en un “momento clave” para el país y tendrá “que ver mucho con los empresarios”.

El senador destacó que son las pequeñas y medianas empresas las que día a día ayudan a construir al país. Además, señaló, “nos une el mismo objetivo: que a México le vaya bien. Por eso celebro la oportunidad de dialogar hoy con ustedes”.

Monreal indicó que el objetivo es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS y del Infonavit, así como la defraudación fiscal. Agregó que para que los trabajadores puedan tener seguridad social, salarios reales, recibir utilidades y liquidaciones conforme a la ley.

Ricardo Monreal recordó que en el Senado hay un dictamen aprobado sobre outsourcing; no obstante, “no nos pusimos de acuerdo y por eso no se aprobó el año pasado”, reconoció.

Comentó que se estima que por outsourcing, los trabajadores reciben un porcentaje mucho menor de las utilidades que corresponden. “El porcentaje lo plantean de esa manera, pero te puedo decir que en el Senado avanzamos mucho en este tema”, agregó.

Para el coordinador de los senadores de Morena “todo esto” fue provocado, no por todas las empresas, pues la mayor parte de ellas ha cumplido, pero sí por el abuso de algunos.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la iniciativa de subcontratación que firmó este jueves el presidente López Obrador, tal como está planteada, desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo,

En un comunicado, el CCE dijo que tal como está planteada, la propuesta agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.

Recordó que, durante 2019, el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado mexicano para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa.

«Pero este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado», acusó el CCE.

La cúpula empresarial dijo que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente, y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse.

Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones», ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Destacaron también que la figura de la subcontratación «permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata».

El Pleno de la Cámara de Senadores avaló esta tarde, en lo general y en lo particular, las reformas referentes a las atribuciones de la Marina en zonas marítimas, puertos y terminales mexicanas.

La minuta, que se recibió de la Cámara de Diputados, amplía las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de formalizar su autoridad marítima nacional en costas, puertos, recintos e instalaciones portuarias, así como ampliar sus atribuciones en distintas funciones.

El proyecto de decreto, que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y la de Puertos, fue avalado, en lo general, con 70 votos en pro, 26 en contra y cuatro abstenciones.

Los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 61 en favor, 31 en contra y dos abstenciones. El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con las reformas aprobadas, la Semar podrá ejercer su autoridad en costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales, y en su caso, en aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.

Se le faculta para dirigir la educación náutica mercante y coordinar la implementación de acciones con las demás dependencias de la administración pública federal, a fin de cumplir las disposiciones nacionales e internacionales en materia marítima.

La reforma traslada facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina para regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo, de acuerdo con las necesidades del país.

También se le permite regular, promover y organizar a la marina mercante, además de establecer los requisitos para su personal técnico y conceder las licencias y autorizaciones respectivas.

Asimismo, la Secretaría de Marina podrá construir, reconstruir y conservar las obras marítimas portuarias y de dragado que requiera el país, o en su caso, autorizarlas cuando sobrepases sus capacidades técnicas y operativas. Se le da la facultad de adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, mediante embarcaciones o artefactos navales.

De la misma manera, coordinará, en los puertos marítimos y fluviales, las actividades marítimas y portuarias, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente funcionamiento.

La Marina, además, administrará los puertos centralizados y coordinará los de la administración paraestatal y podrá otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. También fijará las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro de los mismos.

Recordemos que transferir dichas atribuciones a la Semar, ocasionó la salida de Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El presidente López Obrador indicó que dichas tareas les serían asignadas a la Marina debido a la corrupción y malas prácticas que existían en los puertos del país.

Los directivos de Twitter, Google y Facebook enfrentaron duras críticas de los senadores estadounidenses esta mañana, sobre la forma en que se moderan los contenidos en sus plataformas, un tema que ha tomado relevancia a menos de una semana de las elecciones presidenciales.

Sundar Pichai de Google, Mark Zuckerberg de Facebook y Jack Dorsey de Twitter, ofrecieron sus comentarios de apertura por videoconferencia a los miembros del Comité de Comercio de la cámara alta del Congreso, defendiendo ampliamente la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de demandas relacionadas con contenido publicado por terceros.

Al comienzo de la audiencia, el republicano Roger Wicker, quien preside el comité, pidió una reforma profunda de la ley para incrementar la responsabilidad de los gigantes tecnológicos.

«Mi preocupación es que estas plataformas se han convertido en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder», dijo el senador de Mississippi. «El público estadounidense en general está mal informado sobre el proceso de toma de decisiones cuando el contenido es moderado y los usuarios tienen pocos recursos cuando son censurados o restringidos», agregó.

Wicker arremetió en especial contra Twitter, red a la que acusó de parcialidad en su moderación de los mensajes publicados, al considerar que los funcionarios conservadores, comenzando por el propio presidente Donald Trump, eran objetivos excesivamente atacados.

«Su plataforma permite que dictadores extranjeros publiquen su propaganda sin restricciones, mientras usted limita sistemáticamente al presidente de Estados Unidos», acusó a Dorsey.

El jefe de Twitter se defendió asegurando que la red reacciona lo más rápido posible para moderar los contenidos considerados inapropiados, sean cuales sean.

Pichai, por su parte, describió la sección 230 como «un acto fundacional del liderazgo estadounidense en el campo de la tecnología» y advirtió a los senadores de las consecuencias de una transformación del texto también para las empresas, además de para los particulares.

Zuckerberg, quien tuvo algunos problemas para conectarse, abrió la puerta para que se hicieran modificaciones a la Sección 230. «Creo que el Congreso debería actualizar la ley para asegurarse de que funcione como está previsto».

Los directivos de las plataformas coincidieron en una cosa: la ley de inmunidad en la red, que muchos funcionarios electos quieren reformar, no protege solo a las plataformas sino también a los usuarios, incluidas las personalidades políticas.
Zuckerberg dijo que la Sección 230 «fomenta la expresión» y «permite que las plataformas moderen el contenido». Sin esta ley, añadió, las plataformas censurarían más contenido y se expondrían a demandas por eliminar mensajes que inciten al odio o la violencia.

Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se prepararan para confirmar este lunes a la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Suprema Corte, al tener los votos necesarios para su nombramiento.

La confirmación de Amy Coney Barrett podría producirse pese a las denuncias de que una decisión tan importante debería dejarse en manos del ganador de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Los demócratas en el Senado le han pedido al vicepresidente Mike Pence abstenerse de presidir la sesión ya que varios de sus allegados han dado positivo al coronavirus.

Si bien el voto de Pence no es necesario para resolver un desempate, es un momento dramático en que él podrá presidir la conformación de un tercer juez al máximo tribunal bajo la presidencia de Trump.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, denunció que la presencia de Pence no sólo violaría las medidas sanitarias, sino que «sería una violación de la decencia y la cortesía común».

La confirmación de la jueza, de 48 años, impondría una mayoría conservadora en la Corte, y podría afectar temas sensibles como el derecho al aborto, el derecho de los homosexuales a casarse y la legalidad de la reforma del sistema de salud propuesta bajo la presidencia de Barack Obama.

Su confirmación daría paso a una composición en la Corte, de 6 a 3 en la balanza a favor de los magistrados conservadores.

De hecho, el caso de la reforma de salud está programado para el 10 de noviembre, días después de la elección presidencial.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ironizó sobre la actitud «apocalíptica» de quienes opinan que la Suprema Corte  se ha politizado, y defendió su conducta hacia la composición del tribunal.

«Esto es algo de lo que debemos estar orgullosos y debemos sentirnos magníficos», aseveró McConnell.

Añadió que a diferencia de acciones legislativas que pueden ser revocadas por un nuevo presidente o una nueva mayoría en el Congreso «sobre esto no podrán hacer nada por mucho tiempo».

Schumer denunció que el hecho de que el gobierno estaba dispuesto a avanzar con la votación a pesar de la crisis del coronavirus «demuestra que el Partido Republicano está dispuesto a ignorar la pandemia con tal de imponer a prisa a esta nominada».

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, instruyó que a partir del próximo lunes se reforzará la realización de pruebas Covid-19 a senadoras, senadores y personal legislativo que presente alguna sintomatología.

Además se indicó, se van a seguir implementando las medidas pertinentes y oportunas para evitar que la pandemia se convierta en un problema para la institución legislativa.

Entre las medidas están la presencia de tapetes sanitizantes, la toma de temperatura, la aplicación de gel y el uso de cubrebocas para quienes acceden a las instalaciones.

Las pruebas que se harán, se indicó, serán pruebas serán PCR o de exudado nasal, las cuales se realizan luego de que hayan transcurrido cinco días “ventana” de contacto con un potencial portador del virus, tal como lo establece la norma de laboratorio.

Y es que se informó que hasta el pasado 14 de octubre, se realizaron un total de dos mil 152 pruebas rápidas a trabajadores y legisladores, para detectar posibles portadores del Covid-19. Del total de pruebas, dieron positivo 157 personas, entre trabajadores sindicalizados, senadoras, senadores y asesores, lo que representa 7.3% del total de quienes se han realizado la prueba.

A dicho reporte se le agregan tres trabajadores que se realizaron la prueba el lunes 12 y resultaron positivos, lo que suma un total de 160 personas que han padecido el virus Covid-19 en la Institución.

En el caso de la Cámara de Diputados, fuentes internas del recinto indicaron al periódico La Razón que suman más de 200 contagios entre visitantes, periodistas y asesores de legisladores. Entre puros diputados, los contagios suman 51.

El diario informó que de acuerdo a un informe obtenido por la Cámara, del 26 de junio al 13 de septiembre se realizaron tres mil 057 pruebas de Covid-19, significando un costo total de tres millones 974 mil 100 pesos.

Las pruebas se realizaron mediante un convenio con el laboratorio Salud Digna, que dio un costo de mil 300 pesos cada una.