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Durante años se pugnó en México para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de premiar o castigar a nuestros políticos a través de la reelección. La idea era que así se rompería el monopolio de los liderazgos partidistas sobre los legisladores, quienes se tendrían que preocupar por su desempeño como funcionarios públicos para que los ciudadanos los quisieran reelegir.

Por ello, en septiembre del 2014 se reformó el artículo 59 constitucional para que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.

En las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos por primera vez desde 1933 reelegir o no a los diputados federales. Sin embargo, los liderazgos partidistas siguieron manteniendo el control sobre sus legisladores y los ciudadanos no pudimos realmente ser quienes decidiéramos si queríamos premiar o castigarlos.

Primero porque los liderazgos dentro del partido fueron los que decidieron quién de sus legisladores podían buscar reelegirse. A principios del proceso electoral más de 440 diputadas y diputados manifestaron que querían buscar la reelección, pero al final solo 207 se pudieron postular. La decisión de quién sí y quién no podía hacerlo fue de los liderazgos que pudieron premiar a sus cuadros leales con ese ‘permiso’. Por ello, por ejemplo, alguien como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder del partido y no de los ciudadanos.

Según un estudio estimado de la reelección que hizo Fernando Dworak, quien conoce como pocos en México el tema, de los 500 diputados de la nueva legislatura, la LXV, 140 van a repetir porque ganaron la reelección. Esto es el 28 por ciento de los legisladores. No es mucho, pero lo importante más allá del número, fue ver que los liderazgos de los partidos fueron quienes permitieron o no a sus legisladores buscar la reelección. Así, los ciudadanos no logramos ser quienes premiamos o castigamos a nuestros legisladores. El control lo mantuvieron los lideres de los partidos.

Otro de los propósitos de la reforma al artículo 59 para permitir la reelección era que se mantuviera la continuidad y con ello la experiencia de los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender como funciona el legislativo y, cuando apenas se estaba logrando agarrarle la onda al proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la experiencia.

Pero, dado como legislaron los diputados en los tres años de la actual legislatura en donde vimos con claridad que el presidente López Obrador mandó órdenes de no modificar ni una coma a iniciativas como la Ley de Energía Eléctrica y que los diputados de su partido le obedecieron, es difícil pensar que la experiencia legislativa que obtuvieron los 80 diputados de Morena que se reeligieron sirvan mucho a la ciudadanía. Más bien, todo indica que seguirán sirviendo al presidente.

Así, dos de los principales propósitos de reformar el artículo 59 para permitir la reelección legislativa no se lograron cumplir en esta primera ronda. La clase política está claramente abocada en darle la vuelta a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por más reglas electorales que se hagan, seguiremos viendo que los políticos responden antes a sus liderazgos que a sus votantes.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Un tribunal federal ordenó este jueves revocar la suspensión definitiva que pesaba sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca «rescatar» a la CFE del «saqueo» de privadas y extranjeras.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró este jueves improcedente la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, de acuerdo con el expediente 144/2021.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados revocaron la suspensión que otorgó el 19 de marzo Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Competencia Económica, con base en un amparo del Parque Solar Orejana de Zuma Energía con el expediente 199/2021.

El tribunal argumentó que la nueva legislación no afecta por ahora a los productores privados, como sostuvo Gómez Fierro, porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que aún no ocurre.

Este fallo se suma al del 1 de julio, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, que también revocó otra suspensión definitiva similar con el argumento que las disposiciones «no causan ningún daño a particulares».

Sin embargo, la reforma eléctrica permanecerá suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica.

Aun así, esta decisión es un respiro para la reforma que impulsó López Obrador para suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La Ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Recordemos que la polémica reforma también afronta controversias constitucionales, por presuntamente violar la libertad de competencia, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver.

Ante las controversias legales, el presidente López Obrador anunció este miércoles una reforma constitucional para establecer que la CFE controle el 54% del mercado eléctrico nacional. «No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», justificó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles su intención de modificar la Constitución mediante una reforma, para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada se quede con el 46%.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», sostuvo AMLO.

El mandatario señaló que la CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, ya que una de sus funciones es que al ser una empresa pública, sirva para que no aumente el precio de la luz, esto en beneficio de los consumidores domésticos.

López Orador indicó que actualmente la CFE puede aportar solo el 35% de la energía eléctrica, aunque tiene capacidad para más; sin embargo, denunció que las plantas generadoras están subutilizadas debido a las medidas adoptadas durante el periodo neoliberal en beneficio del sector privado.

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que «según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección».

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de «propaganda» lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo «y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos», indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario «son inventadas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

«Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional», reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que «fortalezca» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la «protección civil» y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso «hace como 20 días», lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de «violar la ley» al ampararse contra sus políticas.

«Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos», argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del «periodo neoliberal» que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

«Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos», dijo.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de un contexto adverso por la pandemia del COVID-19, la situación de violencia que impera en el país y un discurso contrario a las autoridades electorales, el pasado 6 de junio México tuvo elecciones exitosas.

Córdova Vianello destacó que la alta participación ciudadana que se registró, así como los sistemas electorales que dijo, funcionaron a la perfección, y la pluralidad política que se evidenció en las urnas, demostraron que el Sistema Electoral de México funciona.

En ese sentido, el Consejero Presidente hizo un llamado a defender la democracia, señalando que “la democracia y el sistema electoral siguen teniendo enemigos”.

Aprovechó para destacar que el Sistema Electoral del país funciona, por lo que no se requiere una reforma electoral. “¿Es indispensable una reforma electoral? Mi respuesta es clara y contundente, no. ¿Podríamos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos?, la respuesta es clara, sí», sostuvo.

Precisó que una reforma electoral es pertinente si se cumplen tres condiciones: que tenga un diagnóstico serio y objetivo de lo que se quiere cambiar; que cuente con amplio consenso y que sea congruente con 30 años de evolución democrática. Resumió que una reforma en el futuro debe servir para mejorar la integridad de las elecciones, la calidad democrática de nuestro sistema, la representatividad y no que sea una contrarreforma.

Lorenzo Córdova resaltó los retos que tuvo el Instituto para organizar el proceso electoral más grande y complejo de la historia. En el caso de la pandemia, aseguró que gracias a los protocolos sanitarios implementados, la jornada electoral no provocó una alteración en la curva de contagios.

En cuanto a la violencia que impera en distintos puntos del país, señaló que no impidió la instalación de las 162 mil 500 casillas. También mencionó la intensidad de los ataques en contra de la autoridad electoral.

Sobre qué retos tiene el INE, Córdova Vianello mencionó la realización de la revocación de mandato, así como la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, que precisó, contará con 57 mil mesas de votación y costará 522 millones de pesos.

Finalizó recordando que en 2022 habrá elecciones en seis entidades; mientras que en abril de 2023 se renovará parcialmente el Consejo General del INE y habrá renovación en la gubernatura del Estado de México y Coahuila.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

«Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial», informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial «más importantes en los últimos 25 años», las cuales señaló, fueron posible gracias a un «esfuerzo inédito» de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

«Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía» del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar «una postura a la brevedad posible». Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para «dirimir» estas controversias instruirá «la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial».

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre «íntegro y honesto».

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura «es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial» y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), este jueves el senador Martí Batres presentó una iniciativa que busca «silenciar» a los consejeros electorales, justificando que lo que se busca es evitar que se vulnere la imparcialidad del órgano electoral o se altere la equidad de una contienda.

El legislador de Morena propuso establecer en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que las consejeras y consejeros electorales se abstengan de realizar conductas o emitir opiniones, que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos.

En el proyecto plantea que la actuación y desempeño de las y los consejeros se tiene que llevar a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Y es que Batres Guadarrama señaló que hoy en día se tiene un Instituto Nacional Electoral que parece más un partido político que un órgano electoral imparcial, pues ha hecho públicas en diversas ocasiones, sus opiniones sobre partidos y candidatos.

Recalcó que se debe contar con un INE sin compromisos con las fuerzas políticas contendientes.

Acusó que tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdova, como otros consejeros, han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones, con el objetivo de inclinar la balanza a favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra.

«No le corresponde al Institutito, a sus consejeros o a su Presidente, definirse ideológica y políticamente en una contienda electoral», advirtió el legislador.

El morenista señaló que la iniciativa que plantea formen parte de los debates que se llevarán a cabo sobre una posible reforma electoral una vez que se finalice la actual contienda. «Queremos un órgano que cuide las elecciones, que cuente bien los votos, no que haga campaña política, ni en contra ni a favor de nadie».

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

«Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores», dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de «derecha», se perfila a convertirse en el «país de un solo hombre». «Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia», dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

«Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres», sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

«El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo».

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en que presentará una reforma electoral, esto después de que se cancelara los registros de los candidatos de Morena a dos de las gubernaturas que se renovarán el próximo 6 de junio.

El mandatario acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de «violar los derechos» de Raúl Morón, quien quería ser gobernador de Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador de Guerrero, acusado además de delitos sexuales.

“Sí, la voy a presentar (la reforma) porque, por ejemplo, se quedan en estado de indefensión, es una violación constitucional, violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro de que les darían la razón, ¿pero cuánto lleva ese trámite?”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y aunque dijo que ya había manifestado su posición, el presidente se lanzó de nueva cuenta contra los árbitros electorales (INE y el TEPJF), que cancelaron de forma definitiva las candidaturas de ambos morenistas por no presentar sus informes de precampaña, como establece la ley electoral.

López Obrador insistió que la remoción de las candidaturas «no se justifica» y que «el pueblo debe decidir». «Fue un golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia», sostuvo.

La pugna entre el presidente y los organismos electorales toma mayor fuerza de cara a las elecciones más grandes de la historia de México, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

El mandatario y su partido han acusado a los árbitros de comportarse como oposición contra sus candidatos. «¿Cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos?, cuestionó López Obrador.

López Obrador insistió en sus señalamientos de que los organismos de «estar al servicio del partido conservador».

Fue en ese punto donde indicó que como parte de la reforma administrativa que se estará presentando en breve, se busca que las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado.

Sirvió para decir que con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar este lunes sobre una eventual reforma electoral, esto luego de semanas de enfrentamientos con el Instituto Nacional Electoral (INE), al que ha acusado de comportarse como opositor.

«En el caso del INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres», reiteró este lunes el presidente López Obrador.

El mandatario no quiso detallar la reforma con el argumento de que hay veda electoral, lo que le impide hablar de temas controvertidos, e incluso acusó a uno de los consejeros del INE, Ciro Murayama, de «querer encarcelarlo».

Aun así, sus declaraciones ocurren después de que Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió «una profunda reforma electoral».

«Ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda, que impida, entre otros puntos, ver a un Instituto Nacional Electoral totalmente fuera del principio de la legalidad», declaró Monreal el sábado pasado.

Sobre la reforma, a la cual ha dejado abierta la puerta, López Obrador ha señalado que se tendría que realizar en dado caso una vez que pasen los comicios del próximo 6 de junio, cuando se conozca la integración del Congreso.

Entre los casos que han influido en el enfrentamiento entre AMLO y el INE, aparecen el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de violar o abusar de cinco mujeres, y que coincidió con la cancelación su registro como candidato a gobernador de Guerrero por no entregar su informe de precampaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá este martes sobre el futuro del guerrerense.

El INE también ha cancelado la candidatura de casi una decena de aspirantes a diputados de Morena y del candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón. Otros temas que han ocupado la agenda es que López Obrador ha acusado a quienes defienden al INE de avalar el presunto fraude electoral que él dice que padeció en 2006.

«Se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de información, bueno el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto», dijo AMLO.

AMLO afirmó que sus declaraciones no se relacionan con su partido ni con el apoyo a sus candidatos. «Esto es hablar de la democracia, si México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción, entonces necesitamos la democracia», sostuvo.

A través de un comunicado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, celebró la aprobación de las leyes reglamentarias al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Agradeció a las y los legisladores por aprobar dichas leyes que dijo, son las más trascendentes desde 1994, que permitirán tener un Poder Judicial renovado y fortalecido. «Los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto de un trabajo de años y de un amplio consenso».

Tras varios días de silencio sobre el tema, Zaldívar habló sobre el artículo transitorio que incluyó el Senado, y con el que se amplía por dos años la duración del presidente de la Suprema Corte. Indicó que no se había pronunciado por respeto al procedimiento legislativo.

Zaldívar precisó que aunque el artículo transitorio extiende el periodo del presidente de la SCJN, no extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte.

Tal como lo hiciera el Consejo de la judicatura Federal, Zaldívar se deslindó del artículo incluido; indicó que no participó en su elaboración, y detalló que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

Señaló que estará atento a la publicación de las reformas, y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que dijo, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad.

«Ejerceré el cargo del Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fui electo por mis padres y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de la sentencias como a las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del Poder formal como de los poderes fácticos».

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su apoyó a las reformas que se aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados, y que contemplan la extensión de mandato del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; dijo que así se podrán impulsar los cambios necesarios dentro del Poder Judicial, que está «muy mal».

«Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido», respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Dijo que «desgraciadamente» está «muy mal» el Poder Judicial, situación que atribuyó a los gobiernos anteriores, cuando aseguró, había una «República simulada», donde todos los poderes institucionales estaban «tomados» por un mismo grupo.

AMLO insistió en que se tenía «cooptados» a todos los funcionarios, y en el caso de la Justicia, eran la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Sostuvo que en el Poder Judicial «seguiría lo mismo» sino fuera por el actual presidente de la SCJN.

Aprovechando su discurso, dijo que son los «conservadores» los que se oponen a los cambios, y sirvió para que se lanzara una vez más contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra la reforma eléctrica y contra la obligación de registrar datos biométricos de usuarios de la telefonía móvil.

Recordó que los opositores a sus reformas siempre pueden «inconformarse» ante el Poder Judicial y declarar que estas son inconstitucionales.

En ese sentido dijo que en caso de que se impugnen los cambios, si los órganos autónomos, el Poder Judicial o el Legislativo resuelve que no son procedentes, «no pasa nada», aunque aseguró que así él y su administración tendrán la «conciencia tranquila» ya que no fueron cómplices.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay «vicios y nepotismo» en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre «íntegro». «Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores», dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

«El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia», dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. «Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes», agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

«El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal», explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

«La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024», se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es «un golpe de Estado al Poder Judicial».

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y «gozaron de la aceptación de las y los legisladores».

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

«Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia», concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

«Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo», respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

«Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte», reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio por el que se amplió el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo al acuerdo presentado, y aprobado con el apoyo de las bancadas afines a la 4T (Morena-PT-PVEM-PES) el periodo de Zaldívar pasa de 4 a 6 años, mientras que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, aliado de su partido, a quien la oposición acusó de pretender hacer uno uso electoral del tema.

Monreal dijo que los partidos que se dicen en contra del artículo tienen caminos jurisdiccionales, aunque también  también tienen caminos legislativos, pues explicó que el Senado es Cámara de origen, por lo cual los Diputados pueden «enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva».

“Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede”, advirtió el morenista.

Recordemos que Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que desempeñaría hasta diciembre del próximo año, casi dos años antes de que López Obrador finalizara su mandato. Sin embargo, con la aprobación del articulo incluido en la reforma secundaria, su gestión se extiende hasta 2024, año en que AMLO dejaría el poder.

Los partidos de oposición calificaron de un «albazo, un engaño y un agandalle» la inclusión y aprobación del articulo, orquestado dijeron, desde la bancada de Morena. Aseguraron que la propuesta nunca circuló entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció el hecho como un golpe de Estado, además de que «están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura», toda vez que el artículo 100 de la Constitución marco un periodo de 5 años para los consejeros, señalando que no pueden ser reelectos para un periodo posterior.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la SCJN que «por decoro y dignidad» no acepte la «aberración jurídica.

La oposición coincidió en que dicho artículo no se discutió, informó, ni se incluyó en la gaceta, ocasionando «confusión» que llevó a que legisladores del PRI votaran a favor del mismo.

La legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.

El Senado indicó que el objetivo de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.

Según lo expuesto en el texto, la reforma contempla un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso, pues dijo, no se puede ser cómplice de robos y atracos que afecten a los que menos tienen.

“Estoy seguro que no es anticonstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular», señaló.

La diferencia entre la propuesta que hizo, que se aprobó y que ha dado paso a los amparos, y la que adelantó hoy que podría presentar, es que la nueva se trataría de un cambio a la Constitución, lo que implicaría que Morena y aliados mantengan la mayoría en el Congreso.

«Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios», refirió López Obrador.

Recordemos que dos jueces han concedido cerca de 30 amparos o suspensiones provisionales contra la reforma que AMLO impulsó a la Ley de la Industria Eléctrica.

En un intento de matizar sus declaraciones, el mandatario indicó que su gobierno respetará las decisiones que tomé el Poder Judicial, pues hay autonomía e independencia de los poderes. Enfatizó que «estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de derecho».

El presidente también se lanzó en contra de dos mineras canadienses, que dijo, operan en el país de forma ilegal. Incluso advirtió con retirarles las concesiones si no corrigen su funcionamiento.

«Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá, de lo contrario vamos a actuar legalmente», expresó el mandatario al señalar a la mina de Cosalá (Sonora), operada por la canadiense Americas Gold And Silver, donde los trabajadores escogieron a un sindicato «pero como no es del agrado de la empresa, esta no quiere iniciar actividades»; la otra mina señalada es la de Tayolitita (Durango), de la canadiense First Majestic, que dijo AMLO, «no quiere pagar impuestos» y está buscando instancias internacionales para evitarlo.

«No se vaya a entender como una amenaza o advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión y no van a faltar empresas que quieran, de acuerdo la ley, llevar a cabo los trabajos en la mina», dijo López Obrador.

Así, el mandatario hizo un llamado a las autoridades canadienses para que ayuden con dichas empresas y hagan lo mismo que en Canadá, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que protejan el medioambiente.