Tag

Reforma

Browsing

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este lunes que confía en que Joe Biden, futuro presidente de Estados Unidos, cumpla con su compromiso de llevar a cabo una «reforma migratoria» que atienda el fenómeno desde varias dimensiones una vez llegue a La Casa Blanca.

«Ahora en la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso. Eso lo espero y lo voy a reconocer y celebrar», dijo AMLO durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador fue cuestionado sobre la caravana migratoria de unas 6,000 personas que partió el pasado viernes desde Honduras y actualmente se encuentra varada en Guatemala, bloqueada por las fuerzas de seguridad.

«Estamos tratando este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y también hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que van a entrar», añadió López Obrador.

Aunque elementos de la Guardia Nacional se encuentran desde el sábado controlando la frontera sur del país, López Obrador invitó al «diálogo con los migrantes» para que «no entren a ningún país por la fuerza» y se les atienda conforme a los derechos humanos.

AMLO insistió en que tiene una «buena relación» con Joe Biden. Recordó que en 2012, cuando el demócrata era vicepresidente de Estados Unidos, mantuvo una reunión con él, en la que hablaron del tema migratorio, aunque no se concretó ninguna reforma por parte de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

«Él (Biden) también es sensible a este planteamiento. Y estoy seguro que de esta manera, atendiendo a los que ya están en Estados Unidos, regularizando su situación migratoria y al mismo tiempo llevando a cabo un programa de desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica y de México se va a poder presentar una opción, una alternativa», remató AMLO.

Y es que el mismo día de su investidura, Biden se ha comprometido a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) se ha «exagerado»; sin embargo, reconoció que se ha ya aplazado su discusión en la Cámara de Diputados para febrero del próximo año, pues dijo, así se podrá lograr un consenso.

«Fue buena la decisión que tomaron los legisladores porque da tiempo a recoger los sentimientos y los puntos de vista de todos. Y da tiempo también a informarle al pueblo» para evitar la desinformación sobre el tema, subrayó el mandatario.

Sin embargo, defendió la propuesta y dijo que «a veces, por desconocimiento, se exagera». «Se hablaba por ejemplo de una afectación a la autonomía del Banco de México, y se me hace una exageración», añadió.

El presidente dijo que lo que se quiere y se busca con la reforma, es que la gente que tiene «pocos dólares» los pueda cambiar y se les pague lo «justo» y a «mejor precio».

Sin embargo, recordemos que las modificaciones aprobadas en el Senado, obligarían al banco central a comprar dólares en efectivo que el sistema financiero no puede repatriar, algo a lo que se oponen las instituciones financieras por considerar que facilitaría el lavado de dinero.

Sobre el tema, López Obrador consideró que hay «formas» para evitar el lavado de dinero y reiteró que es bueno que se analice esta reforma con «objetividad» y sin «dogmatismos». «Los financieros, con todo respeto, son muy dogmáticos», y lamentó que hasta organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaran del tema.

AMLO llamó a que se analice y actúe en beneficio del pueblo, sin perjudicar a ninguna institución. Incluso reiteró que se debe respetar la autonomía del Banco de México, aunque «tampoco exagerar» en el tema.

Los Diputados acordaron este martes posponer el debate de la criticada reforma a la ley del Banco de México (Banxico), la cual obligaría a la entidad a comprar divisas, abriendo la puerta a que sea de origen ilícito, además de que debilitaría su autonomía.

La iniciativa debía discutirse hoy en el Pleno, pero ante la presión que se ejerció desde distintos grupos: Banxico, CCE, ABM, entre otros, e incluso de algunos legisladores de Morena, se decidió que sería aplazada su discusión asta el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero.

Recordemos que la semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca obligar a Banxico a comprar divisas que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la reserva internacional.

De acuerdo a los reclamos que se hicieron a la reforma, de haber sido aprobada podría permitir que el dinero de los cárteles de la droga ingrese a las reservas del Banco central y enfrentar sanciones de Estados Unidos.

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró ayer que la propuesta «debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo (…) sin generar riesgos de lavado de dinero».

Ricardo Monreal, quien impulsó la reforma, ha defendido su propuesta asegurando que las modificaciones permitirán que quienes reciben remesas del exterior mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio vigente, evitando que los comercios les paguen menos.

Sin embargo, la Asociación de Bancos de México dijo que apenas el 1% de las remesas que reciben las familias mexicanas son en efectivo, ya que poco más del 99% de los envíos se lleva a cabo vía transferencia electrónica.

Diversos analistas aseguraron que la ley buscaba favorecer a Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas, que tiene un historial negativo en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Dicha idea fue reforzada por diversos actores del Banco de México, como el subgobernador Jonathan Heath.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

«La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo».

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

«Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional».

En su maratónica sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), que según señala el texto, busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.

El dictamen se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones.

Las modificaciones otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado. Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.

Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10% más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.

Sin embargo, la oposición acusó que era falsa la intención expuesta por los legisladores afines a la 4T sobre las modificaciones a la Ley.  Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México, imponiéndole obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.

El senador Emilio Álvarez Icaza alertó que con la aprobación de la iniciativa se estaba convirtiendo a Banxico en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa era crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.

La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.

Dispone que los billetes y monedas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.

La asamblea aceptó la reserva que aclara que los montos que no se puedan repatriar serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente. El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.

Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.

Se indica que se podrá elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.

Sobre las modificaciones aprobada por el Senado, el Banco de México emitió un posicionamiento el que dijo que a pesar de las modificaciones hechas al proyecto de decreto, considera que en las reformas aprobadas persisten los riesgos a las operaciones del Banco Central que ya se habían advertido.

Aclaró que aunque Banxico participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que presentaron  no fueron incluidas en el proyecto aprobado.

Al indicar que el proyecto pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros. Entre dichos beneficiarios, destacan principalmente quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas en efectivo, los cuales representan el 1% del total de las remesas enviadas al país, lamentó que el proyecto proponga imponer al Banco de México la obligación de comprar dichos billetes y monedas captados por la banca y que no puedan ser repatriados.

«El Banco de México destaca que los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al Banco Central», expuso Banxico.

Añadió que también se podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México.

Banxico insistió en la vulneración que las normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a su autonomía para el ejercicio de sus funciones, debido a la determinación en ley de operaciones activas que el Banco Central quedaría obligado a realizar.

Enfatizó que el proyecto de decreto obligaría al Banco Central a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la reforma a la ley del Banco de México debe ser respetada.

«Si se aprobaron en el Senado, por el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetarse», dijo el mandatario brevemente en su conferencia de prensa matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como un «hecho histórico» la aprobación que se dio la tarde de ayer en el Senado a la reforma que elimina el fuero presidencial y abre la puerta a que los mandatarios puedan ser juzgados mientras están en funciones.

La reforma, que tras haber quedado aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado debe ser ratificada por la al menos la mitad más uno de la mayoría de los congresos estatales, modifica el artículo 108 de la Constitución, que establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

La modificación añade que podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

«Ahora con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como cualquier ciudadano», celebró el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario consideró la reforma como «un gran avance» luego de más de 150 años de mantener el «privilegio» en la Constitución; confió en que la modificación entrará en vigor antes de terminar el año, esperando tener el apoyo de 17 de los 32 congresos estatales.

Recordemos que la iniciativa que envió estuvo casi dos años estancada por falta de consensos en el Congreso. La reforma fue finalmente aprobada en septiembre por la Cámara de Diputados y ayer por el Senado, donde obtuvo 89 votos a favor y 23 en contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, una práctica de la que acusó el gobierno, se ha abusado en el país  y con la que las empresas evitan cumplir con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que hay empresas que suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de la compañía pero reciben de otra empresa su salario, que muchas veces está por debajo del de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

En este sentido, el presidente López Obrador denunció que la tendencia es el despido masivo de trabajadores a fin de año para que no tengan antigüedad.

Luisa Alcalde explicó que la propuesta prohibirá la subcontratación de trabajadores salvo que sea para servicios u obras especializadas y establecerá que las agencias de empleo sólo puedan reclutar o formar a trabajadores pero no contratarlos en sustitución de sus clientes.

«El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública», dijo Alcalde.

La funcionaria enfatizó que habrá multas para quienes no cumplan la norma y hasta acusaciones de defraudación fiscal.

Alcalde ofreció dos ejemplos reales aunque no identificó a las compañías: un grupo empresarial que tiene más de 250,000 trabajadores que no se dedican a ninguna actividad y sólo se transfieren a otras empresas y un hotel del Caribe con 802 trabajadores de los cuales sólo dos tienen contrato directo con dicho hotel.

La secretaria del Trabajo detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de «simulación en la relación laboral» y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.

Recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado hace semanas su intención de terminar con esta modalidad de contratos. Con la propuesta se busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa que firmó esta mañana en Palacio Nacional será enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados. AMLO confió en que los legisladores aprobarán la propuesta «ojalá se pueda hacer pronto para evitar estos abusos».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este viernes sobre los sueldos que algunos servidores públicos perciben, que es mayor al que él recibe, esto a pesar de la política de austeridad que hay en su gobierno.

El mandatario indicó que se va a revisar más adelante, aunque adelantó que no descarta volver a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, pues con los cambios que se hicieron, muchos servidores públicos, principalmente del Poder Judicial, se ampararon, y por ello es que siguen ganando más.

«Quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República; que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos. Porque ahora el que acudió al amparo, le dieron el amparo, gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función», declaró AMLO.

El presidente dijo que por ahora a llevar a cabo ningún ajuste pues la prioridad ahora es atender la crisis por la pandemia, aunque dijo que no quedará en el olvido, pues reiteró que en su gobierno tiene que haber austeridad republicana.

Insistió en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en ese sentido, el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía.

Reflexionó que para ser servidor público se requiere una convicción, y se requiere aportar a los demás. Dijo que puede ser que no se gane tanto en el gobierno, pero el servicio público produce una satisfacción, el ayudar a los demás.

«Claro, somos libres, pero cada quien tiene su manera de pensar. Hay quienes piensan que tener un palacio, una residencia particular, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido a su existencia», añadió,

Al intentar matizar su declaraciones, AMLO recordó que no todo el que tienes es malvado; explicó que hay gente que tiene su fortuna, misma que ha hecho a base de esfuerzo de trabajo y de conformidad con la ley. Enfatizó que su gobierno está en contra de la riqueza mal habida.

Sobre los señalamientos por el tema de los aguinaldos a los trabajadores del gobierno federal, López Obrador aclaró esta mañana que la «mayoría» de los trabajadores al servicio del Estado tiene asegurado su aguinaldo completo. Explicó que por la pandemia, los altos funcionarios decidieron de voluntariamente, aportar parte de sus aguinaldos.

«Todos van a recibir, todos los servidores públicos, pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente, si ellos desean aportar, y el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo», indicó, al tiempo que confirmó que él no recibirá nada de aguinaldo, pues decidió donarlo a la atención de la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles que buscará prohibir la subcontratación laboral, el outsourcing, pues reiteró, permite la evasión fiscal de «mucho más» de 21,000 millones de pesos.

«Ya lo intentamos, pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias», afirmó esta mañana en su conferencia de prensa.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

«Cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores, que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa», denunció el presidente.

La intención de AMLO, expresada desde ayer, ocasionó diversas reacciones entre as que se encuentra la de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que alertaron que desaparecer esta figura resultaría en despidos masivos.

«La subcontratación es una modalidad de la relación laboral que se debe preservar. Muchas empresas realizan esa actividad con legalidad. La amenaza del presidente de promover una iniciativa para prohibir el ‘outsourcing’ implicaría la pérdida de millones de empleos», afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Aunque prometió analizar los reclamos, el mandatario insistió en que hará una reforma que «no puedan burlar de nuevo» al reiterar que todos los empleados formales deben recibir un «salario justo» y estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

López Obrador presentó esta mañana datos del IMSS que muestran que sólo 59% de las cerca de 20 millones de plazas formales registradas son permanentes, mientras que el resto son eventuales. Aseguró que eso permite despedir a trabajadores a finales de año para evitar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin derecho a antigüedad.

Recordemos que el outsourcing es parte de la reforma laboral de 2012, que promulgó el expresidente Felipe Calderón, y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50% de reducción de costos.

«Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría», remató López Obrador.

Legisladores de Morena y PAN, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informaron que presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de sancionar a las personas que tomen las casetas de autopistas y las vías ferroviarias y marítimas.

En rueda de prensa, los diputados responsables de la iniciativa explicaron que la propuesta dotaría a la Guardia Nacional de una herramienta de trabajo para salvaguardar la seguridad de quienes utilicen estas vías generales de comunicación.

Detallaron que se trata de un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adiciona un artículo 533 bis al mismo ordenamiento.

Recordaron que en los últimos años se han multiplicado en diversas entidades la toma de casetas por diversos grupos que, mediante el uso de violencia y la coacción a los transportistas; indicaron que en 2019 el boteo generó pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los daños no cuantificados.

Señalaron que dicha problemática ha adquirido relevancia nacional, al grado que incluso el Presidente López Obrador se ha pronunciado específicamente sobre el tema, señalando que “estos actos no serán permitidos» y que no existe causa social que los justifique.

Lamentaron que tanto a la Guardia Nacional como a las autoridades locales se les ha impedido el actuar, porque no cuentan con un marco legal correspondiente.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, se refirió a dicha práctica como el “nuevo huachicoleo”, y dijo que se ha convertido en “deporte nacional”.

“Nosotros, desde la Cámara de Diputados, le queremos poner un alto y decimos un ya contundente a la situación que se está viviendo en las carreteras del país, específicamente en las casetas y en las vías del ferrocarril, donde miles o millones de pesos se escurren cada día a las arcas de grupos delincuenciales, que no están precisamente protestando”, aseveró.

Dijo que han trabajado en conjunto Morena y PAN, porque se trata de un tema de seguridad nacional, ya que atrás de estos grupos está la delincuencia organizada.

Los legisladores se pronunciaron a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, ya que es un derecho consagrado en la Constitución; sin embargo, consideraron que hay afectaciones económicas a la cadena productiva, cuyo pilar es el uso y aprovechamiento de dichas vías.

“Que quede muy claro, que esto no es un tema de coartar la manifestación, ya que solamente están usando una laguna en la ley”, remataron.

La iniciativa plantea que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con penas que van de los seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un «facturero» que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

«¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción», acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

«Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción», enfatizó AMLO.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con el apoyo de los legisladores del PES y el Partido Verde, lograron aprobar en lo general, el dictamen por el que se extinguen 109 fideicomisos.

El Pleno de la Cámara aprueba así el dictamen que se aplazó el jueves pasado, y que involucra recursos superiores a los 68 mil millones de pesos.

Morena y aliados lograron la aprobación del dictamen al reunir 242 votos a favor; mientras que se registraron 178 votos en contra y 7 abstenciones.

Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD mantuvieron su posición en contra, mientras que en esta ocasión el PT, bancada aliada de la Cuarta Transformación, también votó en contra.

Sin embargo, en Morena no hubo «lealtad a ciegas», ya que las diputadas Lorena Villavicencio, Isabel Alfaro, Lidia García, Rocío Barrera y Wendy Briceño, votaron en contra; en tanto, Tatiana Clouthier, Marivel Solís y Guadalupe Castañeda se abstuvieron.

Aunque se obtuvo la aprobación en lo general, los diputados proceden a discutir las cerca de 400 reservas que se presentaron, tanto de la oposición como de los legisladores que lo apoyaron el dictamen. Debido a que serán más de 300 legisladores que subirán a tribuna, se espera un debate de más de 20 horas.

Fue la tercera votación que se realizaba para aprobar dicho dictamen. La primera fue el jueves pasado cuando la oposición abandonó el recinto, ocasionando que no se alcanzara el quórum necesario. Se citó para este martes, con la intención de retomar la votación. Sin embargo, por segunda ocasión no se obtuvo el quórum requerido, pues se registraron solo 274 votos (230 a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.

Tras la votación obtenido, la Mesa Directiva decretó un receso de 15 minutos, para así tener una tercera votación.

El dictamen señala la desaparición de fideicomisos relacionados con la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, la cooperación internacional para el desarrollo, la cultura y el cine, ciencia y tecnología, el cambio climático y el apoyo a migrantes.

Uno de los fideicomisos cuya desaparición podría consumarse este martes es el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), justo en el día en que el sureste mexicano espera el impacto del huracán ‘Delta’, de categoría cuatro.

El objetivo oficial es el de reasignar recursos para afrontar la crisis económica derivada de la COVID-19, según señala el texto.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador insistió en que pese a la extinción de los 109 fideicomisos, sus beneficiarios seguirán recibiendo apoyos, aunque ahora se entregarán de manera directa.

«Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tanto nos importan que queremos que no haya corrupción», afirmó López Obrador.

El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este lunes que sus «mejores estimaciones» indican que 1 de cada 10 personas en todo el mundo posiblemente ya se han infectado de coronavirus.

«Nuestras mejores estimaciones actuales nos dicen que cerca del 10% de la población global podría haberse contagiado por el virus. Varía dependiendo del país, varía entre zonas urbanas y rurales, varía dependiendo de los grupos».

Durante una reunión de la junta ejecutiva de 34 miembros de la OMS centrada en COVID-19, el doctor Michael Ryan dijo que las cifras varían de zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia significa que «la gran mayoría del mundo sigue en riesgo».

La estimación, que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7,600 millones, supera por mucho la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, ahora con más de 35 millones en todo el mundo.

Los expertos han dicho durante mucho tiempo que el número de casos confirmados subestima por diversas razones la cifra real.

Ryan dijo al Directorio Ejecutivo de la agencia que estaban surgiendo brotes en zonas del sudeste asiático y que los contagios y muertes estaban aumentando en áreas de Europa y en la región del este del Mediterráneo.

«Nos encaminamos a un período difícil. La enfermedad se sigue propagando», advirtió el experto.

La OMS ha presentado una lista de expertos que participarán en una misión internacional a China para investigar el origen del coronavirus, para consideración de las autoridades chinas, dijo.

Por su parte el Jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la pandemia de coronavirus es una «llamada de atención» para la comunidad internacional, por lo que pidió una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias.

Adhanom Ghebreyesus defendió la labor de la organización, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de incompetencia en su gestión de la pandemia.

«No vamos por el camino equivocado, (…) pero necesitamos movernos más rápido. La pandemia es una llamada de atención para todos nosotros» , dijo el responsable.

El jefe de la OMS subrayó el lunes la necesidad de reforzar la vigilancia internacional de países.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio un duro revés a la administración del presidente Donald Trump, al denunciar la ilegalidad de los aranceles punitivos impuestos a China al inicio de la guerra comercial entre ambas potencias.

Este caso, llevado por China ante la OMC en 2018, se centra en una parte de las tasas aduaneras que Estados Unidos impone a los bienes chinos, concretamente sobre 250,000 millones de dólares.

Al reaccionar ante el fallo del órgano de solución de diferencias de la OMC, la administración Trump consideró que el organismo es «totalmente inadecuado» para poner fin a las prácticas comerciales de China, consideradas desleales y que condujeron a Washington a imponer aranceles punitivos contra Pekín.

«Aunque el grupo especial de expertos de la OMC no haya constatado los numerosos elementos de prueba presentados por Estados Unidos sobre el robo de propiedad intelectual efectuado por China, su decisión muestra que la OMC no ofrece ningún recurso ante tal error», lamentó el representante estadounidense para el Comercio, Robert Lightizer, en un comunicado.

Según un tuit del diario semioficial chino Global Times, el ministerio del Comercio chino indicó por su parte que «China espera que Estados Unidos respete plenamente la decisión del grupo especial de la OMC y el sistema comercial multilateral basado en reglas».

Estos aranceles punitivos marcaron el inicio de una guerra comercial entre los dos gigantes económicos, que ha estado presente en todo el mandato de Trump.

El presidente estadounidense acusó a Pekín de prácticas comerciales deshonestas, de robo de propiedad intelectual, y de querer utilizar la tecnología para extender su control sobre algunas regiones del mundo o para reforzar la represión en China, en especial contra los musulmanes uigures.

Washington y Pekín lograron un acuerdo comercial posteriormente, pero está prácticamente en punto muerto.

En su decisión publicada este martes, el órgano de solución de diferencias de la OMS concluyó que los aranceles «son incompatibles» con varios artículos del GATT, organización que antecedió a la OMC, y «recomienda que Estados Unidos adapte estas medidas a sus obligaciones».

Ambas partes pueden apelar la decisión de la OMC, aunque el órgano de apelación de la institución con sede en Ginebra no está operativo desde el 11 de diciembre, debido a una falta de magistrados.

En su informe, el panel de expertos de la OMC aseguró que es «totalmente consciente del contexto más amplio en el que el sistema de la OMC funciona actualmente, contexto que refleja una serie de tensiones comerciales mundiales sin precedentes». Anima a Estados Unidos y a China «a continuar sus esfuerzos para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria».

El gobierno de Estados Unidos dijo que el falló de la OMC demuestra «la necesidad de una reforma» a la institución, idea que el propio Trump ha venido sosteniendo meses atrás.

Ojalá fuera tan fácil deshacernos de los políticos chatarras como ellos intentan deshacerse de la comida chatarra. Piensan que si pasan una reforma… ¡pum! los niños no vuelven a consumir alimentos altos en azúcares y grasas y bajos en nutrientes.

El intento por regular la comida chatarra, nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es más importante que nunca porque la obesidad es la causa principal de que en México esté muriendo tanta gente por el virus de Covid-19.

El problema es que, dadas las cifras oficiales, la razón principal de tanta muerte en México apunta más a un sistema de salud disfuncional. Basta comparar cuánta gente muere al ser tratada en los hospitales públicos con la que muere en los hospitales privados para darse cuenta de ello.

Con datos de 118 mil 191 pacientes hospitalizados con pruebas positivas de SARS-CoV-2 al 2 de agosto, el 43 por ciento de los pacientes que llegó a un hospital del IMSS murió. En el caso del ISSTE, murió el 32.4% de los pacientes. Por el contrario, en hospitales privados han muerto el 15.7% de los pacientes.

La mortalidad de los hospitales privados es alta, pero es menos del doble de la que ocurre en los hospitales públicos. Realmente no importa qué tantas camas de hospitales tengamos sino cuánta gente que llega a tratarse al hospital y ocupa una cama muere.

Según un artículo de Nathaniel Parish Flannery publicado en el portal de Forbes, en México la cifra de muertos se compara con la de India, un país que tiene diez veces más población. La explicación es que 8 de cada 10 pacientes que mueren en un hospital, nunca fueron intubados. Así pues es relativamente fácil salir a aplaudir que las camas con ventiladores no se han saturado, pero ¿de qué sirve tenerlas vacías a costa de tanta muerte?

El diferencial de muertes en hospitales públicos versus privados no puede deberse a que es menos gorda la gente que acude a un hospital privado que la que va a uno público. El problema de obesidad en México es claro y evidente, pero pretender endosar la culpa de la cantidad de muertes en el país a ello es una simplificación que no se sostiene.

Y sin embargo, ese es precisamente el argumento oficial. Según los dos López que hoy son autoridad, esta terrible herencia del neoliberalismo, la alimentación basada en comida procesada, es la que tiene a México con la cifra cercana a 70 mil muertos por la pandemia.

Por ello, en menos de un mes entra en vigor el nuevo etiquetado de alimentos que busca disuadir el consumo de ciertos productos, más no informar sobre qué es mejor comer o no para nuestra salud. Este es un etiquetado que estaba buscando imponer el gobierno desde antes de que el mundo enfrentara la pandemia pero que el COVID le ha caído como anillo al dedo al discurso oficial de que ciertos productos chatarra nos están matando.

Un etiquetado que en nada ayudará a disuadir a quienes deciden comprar un refresco o unas papas porque quien lo hace, ya sabe que no está alimentándose sanamente pero, o no tiene otra opción igual de económica para no quedarse con sed y hambre, o simplemente decide ignorar la oportunidad de comer algo nutritivo.

La catástrofe que está siendo la estrategia del gobierno para lidiar con el coronavirus es igual de chatarra que la estrategia para combatir la obesidad. Pretender echarle la culpa a los alimentos sin reconocer que ni usar cubrebocas quiere el presidente López Obrador lo dice todo.

 

Columna completa en El Universal

Los Diputados  aprobaron esta tarde reformas a los artículos 108 y 111 Constitucional, lo que permitirá que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como otros considerados graves.

Con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general y particular, la eliminación del fuero presidencial.

El dictamen pasará ahora al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Fue el presidente quien en las últimas semanas insistió en sus conferencia de prensa matutina, que «pedía con todo respeto» a los legisladores que la reforma fuera la primera en ser discutida al inicio del periodo ordinario de sesiones.

El dictamen avalado señala que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano».

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, aseguró que con la reforma aprobada se terminaba con la figura del presidente impune e intocable.

«Ahora podrá ser juzgado por corrupción, fraudes electorales y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano», indicó Delgado Carrillo.

Sin embargo, la bancada panista rechazó las afirmaciones de Morena y sus aliados, pues aseguraron que no se trata de una eliminación del fuero a la figura presidencial.

Señalaron que debe ser en un proceso ante el Senado donde se decida si la denuncia en contra del Jefe del Ejecutivo procede. Indicaron que lo único que se hizo fue ampliar el catálogo de delitos por el que se le podría procesar.

“No se elimina el fuero, se mantiene el texto del párrafo 4 del artículo 111 que establece que dicha acusación deberá realizarse ante Cámara de Senadores. Si se quisiera eliminar, el párrafo debía quitarse”, expresó el panista Marcos Aguilar Vega.