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El Frente Cívico Nacional (FCN) y organizaciones de la sociedad civil, quienes han impulsado la llamada marea rosa, confirmaron la convocatoria para movilizarse en todo el país este domingo 8 de septiembre, en defensa del Poder Judicial y de la República.

Si bien las movilizaciones están llamadas a que se lleven a cabo en todo el país, se hizo énfasis en la concentración que tendrá lugar en la Ciudad de México, donde el contingente marchará del Ángel de la Independencia al Senado.

Los convocantes llamaron a que se sumen a la toma del Congreso y otras acciones a las que convoquen las y los trabajadores del Poder Judicial en paro.

El integrante del FCN, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que México está viviendo días muy difíciles, “días muy negros”, donde la República está en vilo frente al Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por Claudia Sheinbaum.

“Estamos viviendo una vestida que pone en profundo riesgo nuestra democracia, la Constitución y la justicia en México. Están intentando, por todos los medios, imponer un modelo que les permita tener todo el control de la República”, dijo el exdirigente del PRD.

Pidió respaldar a los 43 senadores de oposición, en cuyas manos estará que el próximo martes pase o no la reforma judicial.

“Hay que resistir esta investida” dijo, al recordar que los 43 legisladores han anunciado que votarán en contra de la reforma.

“No están votando por un interés particular. Están votando por la patria, están votando por nuestra democracia, pero no basta que ellos lo hayan hecho. Necesitan respaldo porque viene la peor vestida López Obrador”, alertó Acosta Naranjo.

El también representante del PRD ante el INE aseguró que “aún no vemos al peor López Obrador”, quien dijo, “va a ir con todo; los va a hostigar (a los 43 senadores de oposición), los va a tratar de comprar, los va a tratar de coaccionar, los va a amenazar, les va a sacar juicios con o sin razón; va a intentar imponerse.

En ese sentido, dijo que si bien la movilización del próximo domingo es para defender la Justicia y la democracia, también es para manifestarles un claro respaldo a los 43 senadores de oposición. “Que sepan que no están solos y solas; que los vamos a respaldar, que estamos todas defendiendo nuestro país detrás de ellos y que se los vamos a agradecer”.

Confirmó que el orador principal del próximo domingo será el exministro José Ramon Cossio, a quien calificó como un hombre respetable e intachable.

Foto: @FCN_mx

Una jueza federal otorgó la tarde de ayer una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la polémica reforma al Poder Judicial.

Con esta decisión se busca impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado, donde comenzará su discusión en sesión el próximo domingo y se votará en el Pleno el próximo miércoles 11 de septiembre.

La jueza quinta de distrito en Morelos, Martha Magaña López, otorgó la suspensión en el mismo amparo en el que, el pasado sábado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir el citado dictamen.

Magaña López ordenó a los legisladores que no aprueben, en este caso en el Senado, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, el proyecto de decreto a las legislaturas estatales para su aprobación.

“El dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, se lee en la resolución.

“En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, añadió.

La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, fue aprobada la mañana de ayer en lo general y en lo particular.

“Aprueba el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado mexicano”, expuso la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue recibida ayer mismo en el Senado, donde a Morena y sus aliados les falta un voto para tener la mayoría calificada y poder aprobar la reforma. Ayer, el presidente López Obrador afirmó que la aprobación de su reforma era “muy buena noticia”.

Los trabajadores del Poder Judicial reiteraron que sus protestas continuarán pese a la aprobación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Cámara de Diputados.

“Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que todavía no es la última instancia, sabemos que tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a nivel nacional sino también nivel internacional y los agotaremos absolutamente todos”, afirmó la portavoz de los trabajadores, Patricia Aguayo.

Aguayo anunció que el tema va a pasar a manos de los senadores, a quienes exigió que “respetar el voto” que les dieron en las urnas, en referencia a los senadores de oposición que podrían frenar la reforma.

“Esta reforma está invadiendo las funciones del poder judicial, pretenden desaparecer la independencia judicial, la autonomía e inamovilidad de los jueces y esto es una forma de desaparecer el principio de separación de poderes”, explicó el juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón, presente en las protestas.

El juez comentó que además de las movilizaciones y el paro, que señaló como “indefinidas”, se están preparando movimientos en el plano internacional.

“Se van a tomar diversas acciones de índole jurídico, ya se ha anunciado a nivel internacional que se han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos por parte de jueces y magistrados”, advirtió y adelantó que también se están buscando acciones ante las Naciones Unidas.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial fue aprobado este miércoles en lo general y particular gracias al apoyo de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde.

A la oposición no le fueron suficientes sus votos en contra para impedir que el dictamen avanzara.

La modificación constitucional, propuesta en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló, entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.

El dictamen llegó este medio día al Senado, donde fue turnado a comisiones, para que mañana comience su análisis y el martes se le de primera lectura. Si todo avanza como hasta ahora, el miércoles de la próxima semana estaría discutiéndose y eventualmente votando en el Pleno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los Diputados de Morena y partidos aliados que, durante la madrugada de este miércoles, aprobaron la reforma judicial que él mismo presentó en febrero pasad y que plantea la elección de jueces por voto popular.

“No hay razón para preocuparse, felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el poder judicial y que no se olvide que de lo que se trata es que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros”, afirmó el presidente.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial fue aprobado con 359 votos a favor en lo general y con 357 votos a favor en lo particular.

La modificación constitucional, propuesta en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló, entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.

El mandatario también se refirió al paro de actividades que llevan a cabo los trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la propuesta de reforma que ya llegó al Senado.

“Todo eso que están haciendo (los trabajadores) es ridículo, están degradando la institución que representan (…) No va a cambiar nuestra postura, que es la de la mayoría de los mexicanos”, respondió López Obrador .

La aprobación de la reforma tuvo que llevarse a cabo en una sede alterna a la Cámara de Diputados debido a las protestas y bloqueos de los trabajadores en San Lázaro, lo que llevó al oficialismo a buscar otra ubicación para sesionar y sacar adelante el proyecto.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades financieras como Citibanamex, Morgan Stanley UBS, así como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.

La Cámara de Senadores aprobó acuerdos para discutir en ‘fast track’ las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre ellas la polémica reforma al Poder Judicial, entre los que se contempla el uso de sedes alternativas al recinto legislativo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen, por lo que fue remitido al Senado.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el dictamen fue recibido y turnado a comisiones para comenzar con su análisis.

La decisión impulsada por la mayoría del oficialismo permitirá a los senadores comenzar de inmediato la discusión del dictamen que envíe la Cámara de Diputados sobre la polémica reforma judicial y otras, como la que refiere a la desaparición de órganos autónomos, y que han generado polémica al interior del país y en el extranjero.

Los acuerdos alcanzados permitirán que los senadores puedan llevar a cabo su discusión e inminente aprobación en sedes distintas al recinto legislativo de la Cámara alta, que recordemos se ubica en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México.

“En caso de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el trabajo del Senado de la República en el Salón de Sesiones, el Pleno del Senado de la República autoriza que las sesiones plenarias a celebrarse en el lapso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se realicen en sitio diverso al Salón de Sesiones, dentro del recinto del Senado de la República”, se lee en el acuerdo.

Esta determinación ocurre luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon acceso a los congresistas de la Cámara baja para evitar la discusión de la reforma que impulsa elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular y un órgano revisor de los fallos que emitan los juzgadores mexicanos.

La Comisión de Puntos Constitucionales, que presidirá la actual senadora Ernestina Godoy y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, será la encargada de comenzar con el análisis de la reforma judicial.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las Embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.

La polémica reforma judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobada este miércoles por los Diputados, gracias a la supermayoría que Morena, PT y PVEM tienen.

Aunque la oposición asistió a la sede alterna a la sesión, el Pleno, dominado por la bancada oficialista, desechó, dos mociones suspensivas presentadas por los diputados Germán Martínez Cázares (PAN) y Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (MC) para detener el procedimiento y ampliar el diálogo.

Desde la sede alterna que se definió, el proyecto finalmente se aprobó en lo general por 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones. Llamó la atención que la votación se hizo “de viva voz”, extendiéndose por cerca de una hora, debido a la falta de tablero eléctrico por las condiciones que había en la sede alterna. Esto sucedió cerca de la cinco de la mañana.

Luego de ser aprobado en lo general, se procedió a comenzar la discusión en lo particular, donde serán discutidos varios de sus artículos antes de que el dictamen se envíe al Senado. Se enlistaron cerca de 1,600 reservas, sin embargo, se acordó presentar en tribuna solamente 10 por grupo parlamentario, con el fin de no extender más la sesión.

Más tarde, pasadas las nueve de la mañana, con 357 votos a favor aprobó en lo particular el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial.

A las 09:35 horas se levantó a maratónica sesión que comenzó la tarde ayer, en punto de las 16 horas, desde el deportivo de la Magdalena Mixhuca, sede que fue elegida por el oficialismo, debido a que el edificio legislativo fue bloqueado por parte de trabajadores del poder judicial que están en huelga desde hace dos semanas.

La reforma es rechazada por la oposición y ha generado tensiones tanto en México como en las relaciones con otros países, como Estados Unidos, que advierte que la propuesta “amenaza” la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un “riesgo” para la democracia de nuestro país.

Recordemos que la propuesta plantea que jueces y magistrados, incluidos lo de la Suprema Corte, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los detractores aseguran que ese mecanismo erosionará la independencia judicial y abrirán las puertas a influencias del crimen organizado en la elección de los juzgadores.

Durante la discusión de la reforma, los legisladores oficialistas hicieron eco de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sostiene que los jueces y magistrados se han convertido en aliados de la oposición, de tener ingresos por encima de lo legal, y de actuar para proteger intereses de grupos económicos.

“El poder Legislativo no puede someterse a ningún juez o autoridad distinta a nuestra soberanía”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. “México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo”, añadió.

En tanto, la oposición criticó el desaseo en que se incurrió para analizar y votar el dictamen, acusando a Morena y aliados de buscar aprobar la reforma lo antes posible, para poderla entregar al presidente López Obrador y pueda ser él quien la publique antes de que deje el poder..

El diputado del PAN, Germán Martínez, rechazó la reforma y aseguró que solo debilita a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

“No merecen tocar la Constitución de esta manera, no lo merecen sus electores, no lo merece la futura presidenta de México, que solo esto la debilita, ustedes lo saben”, sostuvo.

Su compañera de bancada, la diputada Paulina Rubio, indicó que la reforma no es más que “una venganza del Presidente (López Obrador) contra un Poder Judicial que no se dobló ni se agachó, y que le puso límites al Poder Ejecutivo. Atreverse a decirle que no es el gran pecado del Poder Judicial”.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) llegará a las “últimas instancias” internacionales para defender su permanencia frente a la reforma que busca su desaparición, aseguró el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez.

El titular del INAI señaló en una breve entrevista con la agencia Efe que el órgano colegiado analiza alternativas jurídicas frente a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para desaparecer siete reguladores autónomos, incluyendo el INAI, encargado de hacer cumplir la transparencia en el Gobierno.

“Nosotros estamos viendo las alternativas jurídicas (…) estamos ahorita precisamente en la discusión interna, pero anteponiendo siempre la posibilidad de dialogar, de conversar”, comentó.

El comisionado presidente se dijo “un hombre convencido de que las instituciones del Estado mexicano deben dialogar para efecto de encontrar y alcanzar los mejores encuentros”.

Si bien sostuvo que, “antes de la confrontación está el diálogo”, advirtió de que acudirán en su defensa “a las últimas instancias a nivel local e, incluso, a nivel internacional”. “Eso lo tenemos muy decidido, pero anteponiendo siempre el diálogo”, precisó.

También aceptó ser respetuoso de la resistencia y las manifestaciones de otros órganos autónomos y poderes, como el Judicial, para defender sus posturas frente a las reformas impulsadas en el Congreso, donde a partir de esta semana el oficialismo tiene una ‘supermayoría’.

Tan solo en el caso del INAI, el presidente López Obrador lo ha acusado de ser “inútil” y “ostentoso”, por lo que sugiere que sus funciones se trasladen a dependencias del Gobierno federal, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que le restaría autonomía.

Sin embargo, Alcalá argumentó que este cambio a la Constitución significa un retroceso para México, sus derechos humanos y la democracia.

Defendió que el diseño del INAI permite salvaguardar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Asimismo, alertó que las propuestas de reforma de López Obrador, si bien mencionan que se protegerá los derechos laborales de todas las personas del Instituto, ponen en riesgo a 800 de sus colaboradores en su sede nacional y una cantidad similar en los 32 órganos locales.

Al respecto, Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos y Privacidad (AEPD) advirtió que la independencia de los órganos que vigilan derechos como la protección de datos personales y el acceso a la información es indispensable en su ejercicio.

Al participar en el ‘Primer Congreso Internacional de Protección de Datos y Privacidad’, organizado en la Ciudad de México por el INAI, España Martí defendió que estos derechos son la base de la democracia en todo el mundo.

Por ello, abundó que, “si no hay una independencia, no hay libertad para la toma de decisiones”.

La directora de la AEPD sostuvo que la protección de datos hoy en día se inserta en lo que llamó “la reconfiguración de la nueva humanidad” inmersa en un mundo digital.

Adicional, relatoras de Naciones Unidas (ONU) pidieron al Gobierno federal reconsiderar la desaparición del INAI por la posible “afectación sustantiva” y “merma” a derechos constitucionales.

En una carta pública, las relatoras especiales sobre el Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères, y sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan, manifestaron su preocupación ante la reforma que suprimirá siete órganos autónomos, incluyendo el INAI.

“Esto resultaría especialmente preocupante, ya que es notable la contribución internacional del Inai en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”, señalaron.

La misiva, firmada por ambas relatoras, sostiene que la incertidumbre generada por esta propuesta “merma la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público”.

Indicó que trasladar a dependencias del Gobierno las facultades del INAI, advirtieron, podría “conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”.

Las relatoras de la ONU consideraron que, sin un árbitro autónomo de transparencia, se incurre en una mayor vulnerabilidad de los datos personales y una disminución en la protección de la privacidad.

Pidieron al Gobierno “reconsiderar la decisión de eliminar el Inai y las medidas conducentes a dicha supresión, así como a explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía”.

Ofrecieron su asistencia técnica y pidieron al Gobierno esclarecer información sobre cómo se garantizarán estos derechos sin un órgano autónomo.

El diputado Ricardo Monreal confirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la realización de dos sesiones el próximo 1 de septiembre: la de instalación del Congreso General, y la segunda, será para dar publicidad al dictamen de la reforma al Poder judicial.

“Tendremos la sesión de instalación donde se recibe el informe último del Presidente de la República y se instala el nuevo periodo de sesiones y la segunda sesión que sólo será para dar publicidad a la reforma judicial contenida en el dictamen correspondiente”, señaló.

Tras la instalación de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, Monreal Ávila, quien fue designado presidente del órgano de Gobierno, confirmó que se acordó sesionar el próximo lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, a fin de llevar a cabo un debate amplio de la reforma al Poder Judicial.

“Esos dos acuerdos se suscribieron el día de hoy, tendremos otra reunión la Jucopo el día domingo, en el trayecto de la sesión de instalación o posterior a ella, para iniciar la segunda sesión ordinaria de la Cámara de Diputados”, añadió.

En ese sentido, confió en que haya respeto por parte de los integrantes del Poder Judicial, quienes ya han hecho pública la intención de manifestarse el 1 de septiembre en las inmediaciones del recinto legislativo.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena apuntó que se suscribió otro acuerdo para que el PAN presida la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI Legislatura y el PVEM haga lo propio en el tercer año. Esto al ser segunda y tercera fuerzas políticas.

“Nosotros no tenemos inconveniente y así le corresponde al PAN dado que los números de cada bancada, ellos ocupan el segundo lugar, no vamos a regatear ni vamos a limitar los derechos que le corresponden a cada grupo parlamentario, aun siendo de oposición o de minoría”, enfatizó.

El morenista destacó que promoverá un ambiente de respeto, de manera recíproca, al interior de la Cámara de Diputados, señalando que “se cierra” el debate respecto de la sobrerrepresentación de Morena.

“Hoy contundentemente se cierra el debate con la toma de protesta de diputados y diputadas. El debate se cerró y la población que otorgó la mayoría calificada, el poder transformador de la Constitución, nadie los puede ya modificar, pero eso no te da derecho a pisotear, ni a ignorar, ni a desoír a los grupos minoritarios. Hemos decidido en Morena escuchar, dialogar y debatir con altura de miras y con respeto al pensamiento e ideología de todos los partidos”, comentó.

Sobre la transferencia de 15 diputadas y diputados del PVEM al Grupo Parlamentario de Morena, con el fin de que éste se quede con la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los tres años de la LXVI Legislatura, el líder parlamentario aclaró que fue producto del diálogo y de la generosidad del PVEM.

“A cambio sólo hay la agenda verde, incorporarla. Frente a lo que en el mundo está pasando con la tierra y con el planeta, nosotros coincidimos con políticas públicas verdes que recuperen el daño ambiental. Esto lo planteó el dirigente nacional del PVEM, Jorge Emilio González y el coordinador, Carlos Puente”, detalló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó este jueves que no habrá represalias contra los trabajadores del Poder Judicial que se manifiesten contra su reforma judicial, que propone elegir a los jueces por voto popular y que ha desatado un paro nacional de este gremio.

“No (habrá represalias), nada”, aseguró tras los cuestionamientos durante su conferencia de prensa sobre el temor que han expresado los manifestantes por ser violentados tras las protestas.

López Obrador afirmó que está a favor de que los trabajadores se manifiesten, no obstante, pidió que fueran autocríticos “que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular porque no hay nada en la iniciativa de reforma que les afecte”.

También rechazó un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que alertaba de dejar de pagar sueldos a los trabajadores en huelga desde el miércoles. Insistió en que México es un país de libertades plenas y no hay represión.

“Yo mejor hago un llamado a que los que se están manifestando, recapaciten, entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, que presenten específicamente por qué ellos están en contra”, refirió.

López Obrador también defendió la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante un “proceso democrático”, pues aseguró que los actuales funcionarios del Poder Judicial no perderán su derecho a ser candidatos en este nuevo esquema, que comenzaría en 2025.

“Ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, la comisión va a revisar si llenan los requisitos y, si son muchos, se va a elegir a un juez (…) Van a haber 200 solicitudes, se va a revisar si cumplen con los requisitos”, explicó.

Asimismo, reiteró que la reforma asegurará la “independencia” del Poder Judicial y explicó que pese al paro, no se puede detener el funcionamiento de este órgano.

Los trabajadores judiciales están en contra de la reforma constitucional que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo controle dos tercios de los escaños, porque argumentan que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.

El paro indefinido no incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral, mientras que algunos juzgados atienden casos de emergencia.

Foto: X @Jufed_2octo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles en que “no va a haber ningún problema” con la huelga nacional que comenzaron este miércoles los jueces y trabajadores del Poder Judicial en rechazo a la reforma que su Gobierno impulsa y que, entre otras cosas, busca elegir por voto popular a jueces y ministros.

“Se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen: no pasa nada con su movimiento, no importa porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que, al contrario, si los jueces, los magistrados y los ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar los delincuentes de la cárcel”, dijo esta mañana en su conferencia.

El mandatario se refirió al paro que comenzó este miércoles la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), lo que hará que solo se atiendan casos urgentes. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral seguirán en funciones.

Los trabajadores judiciales están en contra de la reforma constitucional que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo controle dos tercios de los escaños de la Cámara de Diputados, porque argumentan que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.

Pese a los planteamientos que han hecho, López Obrador insistió en que los empleados “no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba”.

“Yo, primero, respeto su derecho a manifestarse, son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho y, además, la libertad no se implora, se conquista”, expresó.

Recordemos que ayer, el presidente calificó de “ilegal” la huelga que iniciaron el lunes los trabajadores judiciales, a los que acusó de ser “paleros” de los corruptos que hay en el Poder Judicial; ahora prometió que no habrá “represión”.

“Nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores, ya les dije qué distingue al conservadurismo: uno, son muy hipócritas. Dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, les brillan los ojos por el dinero. Y tres, son muy autoritarios”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó este martes de “ilegal” la huelga que convocaron los jueces y trabajadores judiciales contra la reforma que impulsa Morena en el Congreso, a propuesta de él, y minimizó las consecuencias del paro al afirmar que “no pasa nada”.

“No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar”, declaró el mandatario.

AMLO minimizó el paro que este lunes convocó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que a partir de mañana miércoles harán una huelga nacional contra la reforma judicial que el oficialismo pretende votar el próximo mes.

La iniciativa de López Obrador permitirá desde 2025 elegir por voto popular a jueces, magistrados y a ministros de la Suprema Corte, por lo que la JUFED argumenta que afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión”.

El presidente argumentó que “lo que está detrás” de la oposición a la reforma, “es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo, un Poder Judicial al servicio de una minoría”.

“Nosotros no tenemos ningún problema (con el paro), nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz”, expresó.

López Obrador aseveró que a la mayoría de los mexicanos no les va a importar la huelga del Poder Judicial y que, incluso, “hasta va a ayudar”.

“Si no están los jueces, si no están los magistrados, si no están los ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado. Y, cómo no van a trabajar los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, expuso.

El respaldo de los mexicanos a elegir a los jueces por voto popular, como plantea la reforma judicial que propuso el presidente López Obrador y apoya el oficialismo,  ha disminuido en los últimos dos meses de acuerdo con la más reciente  encuesta de El Financiero, publicada este lunes.

El sondeo reveló que menos de la mitad de los ciudadanos (44%) apoyan ahora la propuesta de elección popular de jueces e integrantes de la Suprema Corte, una caída significativa en comparación con el 59% que la respaldaba en junio y el 64% que la avalaba en enero, según el histórico de la casa encuestadora.

En contraste, un 38% de la ciudadanía dijo estar en contra de las elecciones abiertas de jueces en agosto, frente a un 29% que las rechazaba en junio, y un 19% en enero.

Respecto a la iniciativa en general, que también contempla adelgazar a la Suprema Corte y crear un Tribunal de Disciplina Judicial, un 45% de los encuestados se manifestó a favor de una reforma judicial en agosto, un 24% en contra, y un 31% se mantuvo sin una postura al respecto.

Sumado a ello, los resultados de la encuesta destacan que la mayoría de la ciudadanía, un 53%, se considera “poco o nada informada” sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que un 43% dijo estar “muy o algo informada”.

En cuanto al procedimiento para la selección de jueces e integrantes de la Suprema Corte, un 54% prefirió que sean nombrados “con base en sus conocimientos, trayectoria e imparcialidad”, frente a un 42% que se inclinó por la elección popular.

Además, los resultados del estudio arrojaron también que la aprobación a la Suprema Corte ha incrementado, alcanzando un 66% en agosto, en comparación con un 57% un mes atrás.

Esta encuesta llega cuando el paro indefinido de labores en el Poder Judicial explotó a primera hora de este lunes, sumando hasta este momento 13 estados donde los trabajadores se han sumado a la huelga en rechazo a la reforma electoral.

Los trabajadores acordaron que solamente atenderán los casos urgentes en materia penal donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas, y para ello funcionarán las guardias que los propios circuitos consideran.

Trabajadores del Poder Judicial comenzaron este lunes un para de labores indefinido, esto como medida en contra de la reforma al sector que impulsa el oficialismo y que plantea, entre varios puntos, la elección por voto popular de jueces de distintos niveles y que es rechazada por la oposición.

“Estamos defendiendo a México de los abusos del poder autoritario”, afirmaron en un comunicado, al anunciar el paro, varios organizaciones de trabajadores del Poder Judicial que dijeron representar a cerca de 55,000 empleados del sector.

Según imágenes difundidas en redes sociales, decenas de trabajadores cerraron el acceso a instalaciones del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), impulsor de la reforma como parte de un paquete de cambios constitucionales lanzado en febrero, argumenta que el sistema de justicia está al servicio de intereses económicos y plagado de corrupción, y que no representa al “pueblo”.

Su sucesora Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el próximo 1 de octubre, ha asegurando que la reforma dará certidumbre jurídica a los inversores porque combate los altos niveles de impunidad en el país, y a finales de la semana pasada, reiteró que se respetarán los derechos laborales y de carrera de todos los trabajadores.

Los trabajadores insistieron que la reforma pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades.

Aseguraron que la base trabajadora ha intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la reforma judicial, en los términos propuestos, es nociva, además de que no resolverá los problemas de justicia en el país.

Acusaron que no se les permitió el acceso a los foros que se organizaron como parte del análisis a la propuesta de reforma, por lo que señalaron que contrario a lo que se ha expuesto, nunca se les ha escuchado.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que los trabajadores del Poder Judicial que se unan al paro de labores están en su derecho de manifestarse aunque, fiel a su estilo, los acusó de servir de “paleros” a quienes forman parte de la corrupción y están en contra de su reforma judicial.

“Si teniendo esa información, que la tienen ellos, deciden ir a huelga, también están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte la corrupción en el Poder Judicial”, dijo el mandatario.

Insistió en que su reforma no afecta a los trabajadores, “al contrario, se les beneficia”. Por el contrario, dijo que su Gobierno no está en contra de los trabajadores, sino en contra de la “corrupción y los privilegios” que hay en el Poder Judicial y del que están enterados los trabajadores.

Foto: X @CurulPuebla

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) reiteró su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por el oficialismo.

Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, explicó durante una manifestación a la entrada del edificio del Poder Judicial en la Ciudad de México, que los integrantes de la judicatura formaron una “coalición para la defensa de la independencia judicial”, como previsión de la posible aprobación de la reforma por la amplia mayoría con la que contaría el oficialismo en el nuevo Congreso.

“En su caso, (los trabajadores del Poder Judicial) acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”, señaló Fuentes Velázquez.

La jueza precisó que “la suspensión de labores, como última medida” será empleada “con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.

“Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria”, amagó.

Fuentes Velázquez subrayó que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que pretende la elección de jueces y ministros por voto popular, “sin duda alguna abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.

Asimismo, la jueza advirtió que aunque esta propuesta puede parecer una medida democrática, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que implica para la independencia judicial, la estabilidad constitucional y la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables.

“Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz y poder se ven relegados”, alertó.

Por lo tanto, la juzgadora señaló que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental si reconoce el deber de abordar los problemas de acceso a la justicia para todas las personas, y al mismo tiempo, para proporcionar el incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas.

Además, dijo que “afrontar este reto con asertividad puede ser la bandera del próximo Gobierno, si se toma en cuenta que las múltiples voces que han mostrado preocupación legítima merecen ser atendidas para emprender un proceso de reforma distinto y sin apresuramientos”.

“Si se hiciera caso a esta petición, todos en la judicatura, los más de 50,000 mujeres y hombres que la conformamos, apoyaremos las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en el Congreso”, remató.

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que la transparencia en México no requiere de grandes organismos ni burocracias, reforzando así la intención que Morena tiene de desaparecer distintos organismos autónomos, entre ellos el INAI.

Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia de este día sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los varios organismos autónomos que el actual presidente se ha pronunciado a favor de desaparecer al argumentar que “no sirven para nada”.

“El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción”, expuso Sheinbaum.

Y a pesar de la afirmación que hizo, la morenista dijo que “nosotros estamos comprometidos con la transparencia”.

Recordemos que en febrero pasado, López Obrador presentó una iniciativa de reforma para desaparecer, entre otros, al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el INAI.

Sheinbaum recordó que desde su campaña presidencial acusó que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, defendía al INAI, pero tenía contratos con ese instituto.

“La candidata del PRIAN (Gálvez) tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI, y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente”, apuntó.

Sobre si se reunirá con los comisionados del INAI, Sheinbaum dijo: “podríamos reunirnos, pero el tema central es ¿qué objetivo tendría esta reunión? siempre vamos a tener diálogo” y dijo que los acercamientos podrían ser con la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Mediante un comunicado, los comisionados del Pleno del INAI le reiteraron a Sheinbaum su voluntad “por construir con usted un diálogo franco, honesto y transparente que nos permita colaborar con su administración en la construcción del nuevo andamiaje institucional y legal en las materias de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y privacidad en México”.

La petición de López Obrador, cercano a Sheinbaum, es que las funciones del INAI pasen a la Secretaría de Economía.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reiteró su intención de entablar un diálogo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y con el Poder Legislativo, en torno a la reforma constitucional que busca desaparecer a diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI.

Los comisionados del Pleno cerraron filas para defender los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, expuso que el objetivo es entablar un diálogo respetuoso y transparente con el Poder Legislativo federal y la virtual presidenta de México, sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de acceso a la información y de protección de datos personales.

Recordó que dicha iniciativa busca desarticular a los organismos garantes y transferir sus atribuciones a instituciones gubernamentales.

Se debe “pensar cómo acercar información de calidad a las personas para mejorar su vida cotidiana, reflexionar sobre cómo proveer a la sociedad de información oportuna frente a desastres naturales o bien cómo hacer que los datos personales sean un insumo fundamental para mejorar la provisión de bienes y de servicios públicos y contribuir así a la economía y otros sectores estratégicos del país”, expresó Alcalá Méndez.

No es la primera vez que el INAI expresa su intención de tener un acercamiento con la próxima presidenta. Fue el pasado 10 de junio cuando los comisionados plantearon la urgencia de entablar un dialogo al respecto.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la importancia de combatir la campaña de desinformación contra los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

“Lo que tenemos que hacer, más allá de la confrontación, es la explicación. Decir qué hacemos nosotros y qué hace la Secretaría de la Función Pública. En estas tareas no hay duplicidad, no habría un ahorro como se espera. Entonces, ¿qué hay detrás de la intención de desaparecer al INAI?”, cuestionó.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI, dijo que el diseño institucional del Estado mexicano puede y debe revisarse para hacer más efectivo el ejercicio y la garantía de los derechos humanos.

“Ninguna democracia puede subsistir sin transparencia. Y no hay democracia si las personas no pueden conocer archivos y documentos como la fuente primigenia de los actos públicos, así como los motivos y fundamentos de las decisiones públicas, y aún menos si no se tutela la autodeterminación informativa y la privacidad como espacios fuera del escrutinio público”.

Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), advirtió que si se aprueba la propuesta de reforma se quebrantaría el equilibrio de poderes y regresaría a México a antiguos esquemas de gobierno.

“Es cierto que todas las instituciones pueden mejorarse y el INAI no es la excepción. Sin embargo, cualquier reforma debe basarse en un diagnóstico integral que incluya a la academia, a la sociedad civil y a las autoridades involucradas”.