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En voz del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el gobierno federal defendió la iniciativa de reforma constitucional que el mandatario envió al Congreso sobre el sector eléctrico público, con el que asegura, busca evitar que las empresas privadas «se apoderen del mercado».

«Hablan de que les vamos a expropiar. Se les deja el 46% del mercado y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, allí está», dijo el presidente al advertir a las empresas privadas nacionales y extranjeras que sus negocios en el sector eléctrico deberán tener «ganancias razonables».

«A robar, a otro lado», sostuvo el mandatario, quien afirmó que quienes se oponen a la reforma eléctrica que propuso «son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México».

Indicó que si no se adopta la reforma que envió, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y México enfrentaría lo que ahora está pasando en España, «que las tarifas de la luz están por las nubes».

Según la presentación hecha por Rocío Nahle, actualmente la CFE genera el 38% de la energía y el sector privado el 62%, algo que aseguró debe revertirse para que al menos el 54  sea del sector público.

«Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación», dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia del presidente.

La funcionaria aseguró que los privados seguirán en el mercado y que «no se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca», en referencia a que no se va a expropiar nada. Y es que al ser la CFE el único distribuidor de electricidad en México, las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.

Nahle criticó que ahora la CFE está obligada a comprar primero la electricidad de las empresas privadas, porque «se ponen de acuerdo» para ofertarla más barata, dejando las plantas públicas «subutilizadas». «La CFE sostiene prácticamente a los privados y les ha dejado el mercado», señaló.

También reivindicó la eliminación de los organismos autónomos que regulan el mercado eléctrico, la Comisión Reguladora De Energía (CRE) y la Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), funciones que sería absorbida por el gobierno.

Nahle también dijo que se contempla el fin de los permisos de autoabastecimiento para que las fábricas generen su propia electricidad, ya que según dijo la secretaria, las empresas lo usaron para vender esta electricidad y generar un mercado ilegal.

Sin embargo, y pese a lo expuesto, tanto empresas como ambientalistas han advertido que la reforma de López Obrador pondrá en riesgo las energías limpias porque no considera las renovables como prioritarias. El sistema actual coloca primero en la red la electricidad de plantas eólicas y solares, por ser menos costosas, las cuales pertenecen a empresas privadas.

Pero la secretaria de Energía dijo que las plantas hidroeléctricas de la CFE generan la energía más «limpia, constante y barata», lo cual ha sido cuestionado por especialistas. Por ello, el nuevo modelo priorizará la hidroeléctrica, seguido de la nuclear, la geotermia, el gas de la CFE, la térmica, la eólica, la solar, el gas de los privados y el carbón.

Algunos expertos han advertido que lejos de controlar el precio de la luz, este nuevo modelo dispararía las tarifas ya que las plantas de la empresa pública son más viejas e ineficientes.

La reforma también propone cancelar los Certificados de Energías Limpias, que se entregan a las empresas privadas por generación de energía eólica o solar y que obligan a la CFE a comprarlos, aunque Nahle aseguró que México cumplirá sus «compromisos internacionales» en materia de medioambiente y que la CFE garantizará que en 2024 el 35% de la energía sea limpia.

La reforma también incluye la nacionalización del litio. La secretaria de Energía explicó que no se otorgarán concesiones de explotación de este mineral, usado para baterías portátiles, aunque aseguró que las entregadas por gobiernos anteriores no se cancelarán si están «debidamente avaladas».

El presidente López Obrador dijo que todos los mexicanos deben saber los motivos por los que conviene la reforma constitucional; afirmó que le conviene al pueblo. «Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente», expresó.

Insistió en su mensaje a las y los legisladores; les dijo que, a diferencia del pasado, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

«Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia», dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos «para que no se afecte a la economía popular».

«Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas», añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. «Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación».

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

Tras la polémica que se generó, el gobierno de la Ciudad de México anunció que no será el artista Pedro Reyes quien realice la obra escultórica de una mujer indígena que sustituirá la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma.

«Sobre quién va a ser o cómo se va a hacer la escultura hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos (…) de la Ciudad de México», dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sin dar muchos más detalles.

Solamente dio un «agradecimiento» a Pedro Reyes, sobre quien aseguró que «es probable que parte de su obra esté en la ciudad».

Y aunque no descartó por completo que no sea Tlali la obra elegida, indicó que será el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) quien decida en «los próximas días o semanas» quien se encargará de realizar la obra de la mujer indígena.

Al respecto, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México puntualizó que «Tlali» de Reyes no ha sido totalmente descartado, sino que todo el proceso de selección estará avalado y por el Comaep.

El anuncio, hecho durante el evento de «Entrega de firmas para la descolonización del Paseo de la Reforma», llega después de que se le remitiese a la Jefa de Gobierno una carta firmada por más de 350 personas del mundo de la cultura en contra e la participación de Reyes en el proyecto.

«Nos parece inadmisible la elección de Pedro Reyes, un artista hombre que no se autoidentifica como indígena, para representar a “la mujer indígena”: así, generalizada, negando con ello la particularidad y diversidad de las mujeres que se autoidentifican como miembros de pueblos y naciones originarias, y poniendo su imagen en manos de la mirada de un hombre blanco-mestizo», expusieron en la carta entregada al gobierno capitalino.

Además, consideraron que dicha elección reproduce «el silenciamiento e invisibilización de la lucha de las mujeres y la de los pueblos originarios para que sus voces sean reconocidas y escuchadas».

Entre los firmantes se encuentran personas como las artistas Lorena Wolffer y Julieta Aranda, la artista y crítica de arte Mónica Mayer, o las historiadoras Graciela de la Torre y Sol Henaro.

Jesusa Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de Cultura para la Ciudad de México, entregó a Sheinbaum las firmas de 5,000 mujeres indígenas para la «descolonización del paseo de la Reforma», mediante las que solicitaron que se retirase la estatua de Colón y se optara por un monumento en representación de la mujer indígena.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró en días reciente la sustitución de esta figura, pero a la vez, opositores y críticos lanzaron una petición para exigir que se restituya la estatua de Colón.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró urgente que desde el Congreso de la Unión se impulse nuevamente la reforma político-electoral y que ésta pueda quedar lista en el primer año de esta nueva Legislatura que comienza en septiembre, la LXV.

“Si bien hay una independencia y autonomía de instituciones como el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, es importante garantizar desde las leyes que estos órganos no se conviertan en una trinchera de protagonismos e intereses personales, ajenos al avance democrático del país”, dijo el morenista.

Aseguró que la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), demuestra la vulnerabilidad y la descomposición que se vive al interior de instituciones importantes, encargadas de garantizar la legalidad en nuestro país.

Mier Velazco indicó que es momento de acabar, desde las leyes, con la  vieja práctica de los gobiernos pasados: “la cuota y los cuates en las instituciones”.

“Por esta razón expresamos la necesidad urgente para el país de que se haga la reforma político-electoral, que abarque no sólo el respeto a lo que establece la Constitución a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en los procesos electorales, sino todo lo que tiene que ver con los conflictos postelectorales se haga de manera plena, y en este caso, el Tribunal es necesario”, explicó.

Ante lo sucedido en el TEPJF, Mier Velazco llamó a serenar los ánimos; pidió realizar una autocrítica hacia las debilidades de la institución, y no convertir esta situación en un escenario donde se aplique la ley de la selva y anteponerse con «mayoriteos y madruguetes”.

“Hemos visto durante todo este tiempo que ninguno de los integrantes del Tribunal podría arrojar la primera piedra. Más allá de las circunstancias personales, ninguno se salva”, acusó el morenista.

Por ello, insistió en que, una vez resueltos los temas referentes a lo contencioso electoral, los litigios que se están ventilando derivado de las elecciones e impugnaciones para renovar la Cámara de Diputados, los consejeros del TEPJF, y algunos consejeros del INE, principalmente su presidente, deben renunciar por un asunto de ética moral.

«Lo que nosotros queremos es fortalecer el acto democrático, instituciones realmente que garanticen el libre ejercicio de la democracia en México. Ésa es una de las principales debilidades que tiene México, no ha podido en 30 años de promesa de cambio, consolidar su régimen democrático», remató.

Durante años se pugnó en México para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de premiar o castigar a nuestros políticos a través de la reelección. La idea era que así se rompería el monopolio de los liderazgos partidistas sobre los legisladores, quienes se tendrían que preocupar por su desempeño como funcionarios públicos para que los ciudadanos los quisieran reelegir.

Por ello, en septiembre del 2014 se reformó el artículo 59 constitucional para que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.

En las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos por primera vez desde 1933 reelegir o no a los diputados federales. Sin embargo, los liderazgos partidistas siguieron manteniendo el control sobre sus legisladores y los ciudadanos no pudimos realmente ser quienes decidiéramos si queríamos premiar o castigarlos.

Primero porque los liderazgos dentro del partido fueron los que decidieron quién de sus legisladores podían buscar reelegirse. A principios del proceso electoral más de 440 diputadas y diputados manifestaron que querían buscar la reelección, pero al final solo 207 se pudieron postular. La decisión de quién sí y quién no podía hacerlo fue de los liderazgos que pudieron premiar a sus cuadros leales con ese ‘permiso’. Por ello, por ejemplo, alguien como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder del partido y no de los ciudadanos.

Según un estudio estimado de la reelección que hizo Fernando Dworak, quien conoce como pocos en México el tema, de los 500 diputados de la nueva legislatura, la LXV, 140 van a repetir porque ganaron la reelección. Esto es el 28 por ciento de los legisladores. No es mucho, pero lo importante más allá del número, fue ver que los liderazgos de los partidos fueron quienes permitieron o no a sus legisladores buscar la reelección. Así, los ciudadanos no logramos ser quienes premiamos o castigamos a nuestros legisladores. El control lo mantuvieron los lideres de los partidos.

Otro de los propósitos de la reforma al artículo 59 para permitir la reelección era que se mantuviera la continuidad y con ello la experiencia de los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender como funciona el legislativo y, cuando apenas se estaba logrando agarrarle la onda al proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la experiencia.

Pero, dado como legislaron los diputados en los tres años de la actual legislatura en donde vimos con claridad que el presidente López Obrador mandó órdenes de no modificar ni una coma a iniciativas como la Ley de Energía Eléctrica y que los diputados de su partido le obedecieron, es difícil pensar que la experiencia legislativa que obtuvieron los 80 diputados de Morena que se reeligieron sirvan mucho a la ciudadanía. Más bien, todo indica que seguirán sirviendo al presidente.

Así, dos de los principales propósitos de reformar el artículo 59 para permitir la reelección legislativa no se lograron cumplir en esta primera ronda. La clase política está claramente abocada en darle la vuelta a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por más reglas electorales que se hagan, seguiremos viendo que los políticos responden antes a sus liderazgos que a sus votantes.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Un tribunal federal ordenó este jueves revocar la suspensión definitiva que pesaba sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca «rescatar» a la CFE del «saqueo» de privadas y extranjeras.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró este jueves improcedente la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, de acuerdo con el expediente 144/2021.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados revocaron la suspensión que otorgó el 19 de marzo Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Competencia Económica, con base en un amparo del Parque Solar Orejana de Zuma Energía con el expediente 199/2021.

El tribunal argumentó que la nueva legislación no afecta por ahora a los productores privados, como sostuvo Gómez Fierro, porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que aún no ocurre.

Este fallo se suma al del 1 de julio, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, que también revocó otra suspensión definitiva similar con el argumento que las disposiciones «no causan ningún daño a particulares».

Sin embargo, la reforma eléctrica permanecerá suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica.

Aun así, esta decisión es un respiro para la reforma que impulsó López Obrador para suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La Ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Recordemos que la polémica reforma también afronta controversias constitucionales, por presuntamente violar la libertad de competencia, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver.

Ante las controversias legales, el presidente López Obrador anunció este miércoles una reforma constitucional para establecer que la CFE controle el 54% del mercado eléctrico nacional. «No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», justificó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles su intención de modificar la Constitución mediante una reforma, para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada se quede con el 46%.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», sostuvo AMLO.

El mandatario señaló que la CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, ya que una de sus funciones es que al ser una empresa pública, sirva para que no aumente el precio de la luz, esto en beneficio de los consumidores domésticos.

López Orador indicó que actualmente la CFE puede aportar solo el 35% de la energía eléctrica, aunque tiene capacidad para más; sin embargo, denunció que las plantas generadoras están subutilizadas debido a las medidas adoptadas durante el periodo neoliberal en beneficio del sector privado.

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que «según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección».

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de «propaganda» lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo «y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos», indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario «son inventadas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

«Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional», reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que «fortalezca» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la «protección civil» y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso «hace como 20 días», lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de «violar la ley» al ampararse contra sus políticas.

«Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos», argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del «periodo neoliberal» que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

«Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos», dijo.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de un contexto adverso por la pandemia del COVID-19, la situación de violencia que impera en el país y un discurso contrario a las autoridades electorales, el pasado 6 de junio México tuvo elecciones exitosas.

Córdova Vianello destacó que la alta participación ciudadana que se registró, así como los sistemas electorales que dijo, funcionaron a la perfección, y la pluralidad política que se evidenció en las urnas, demostraron que el Sistema Electoral de México funciona.

En ese sentido, el Consejero Presidente hizo un llamado a defender la democracia, señalando que “la democracia y el sistema electoral siguen teniendo enemigos”.

Aprovechó para destacar que el Sistema Electoral del país funciona, por lo que no se requiere una reforma electoral. “¿Es indispensable una reforma electoral? Mi respuesta es clara y contundente, no. ¿Podríamos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos?, la respuesta es clara, sí», sostuvo.

Precisó que una reforma electoral es pertinente si se cumplen tres condiciones: que tenga un diagnóstico serio y objetivo de lo que se quiere cambiar; que cuente con amplio consenso y que sea congruente con 30 años de evolución democrática. Resumió que una reforma en el futuro debe servir para mejorar la integridad de las elecciones, la calidad democrática de nuestro sistema, la representatividad y no que sea una contrarreforma.

Lorenzo Córdova resaltó los retos que tuvo el Instituto para organizar el proceso electoral más grande y complejo de la historia. En el caso de la pandemia, aseguró que gracias a los protocolos sanitarios implementados, la jornada electoral no provocó una alteración en la curva de contagios.

En cuanto a la violencia que impera en distintos puntos del país, señaló que no impidió la instalación de las 162 mil 500 casillas. También mencionó la intensidad de los ataques en contra de la autoridad electoral.

Sobre qué retos tiene el INE, Córdova Vianello mencionó la realización de la revocación de mandato, así como la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, que precisó, contará con 57 mil mesas de votación y costará 522 millones de pesos.

Finalizó recordando que en 2022 habrá elecciones en seis entidades; mientras que en abril de 2023 se renovará parcialmente el Consejo General del INE y habrá renovación en la gubernatura del Estado de México y Coahuila.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

«Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial», informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial «más importantes en los últimos 25 años», las cuales señaló, fueron posible gracias a un «esfuerzo inédito» de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

«Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía» del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar «una postura a la brevedad posible». Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para «dirimir» estas controversias instruirá «la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial».

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre «íntegro y honesto».

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura «es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial» y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), este jueves el senador Martí Batres presentó una iniciativa que busca «silenciar» a los consejeros electorales, justificando que lo que se busca es evitar que se vulnere la imparcialidad del órgano electoral o se altere la equidad de una contienda.

El legislador de Morena propuso establecer en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que las consejeras y consejeros electorales se abstengan de realizar conductas o emitir opiniones, que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos.

En el proyecto plantea que la actuación y desempeño de las y los consejeros se tiene que llevar a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Y es que Batres Guadarrama señaló que hoy en día se tiene un Instituto Nacional Electoral que parece más un partido político que un órgano electoral imparcial, pues ha hecho públicas en diversas ocasiones, sus opiniones sobre partidos y candidatos.

Recalcó que se debe contar con un INE sin compromisos con las fuerzas políticas contendientes.

Acusó que tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdova, como otros consejeros, han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones, con el objetivo de inclinar la balanza a favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra.

«No le corresponde al Institutito, a sus consejeros o a su Presidente, definirse ideológica y políticamente en una contienda electoral», advirtió el legislador.

El morenista señaló que la iniciativa que plantea formen parte de los debates que se llevarán a cabo sobre una posible reforma electoral una vez que se finalice la actual contienda. «Queremos un órgano que cuide las elecciones, que cuente bien los votos, no que haga campaña política, ni en contra ni a favor de nadie».

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

«Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores», dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de «derecha», se perfila a convertirse en el «país de un solo hombre». «Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia», dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

«Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres», sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

«El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo».

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en que presentará una reforma electoral, esto después de que se cancelara los registros de los candidatos de Morena a dos de las gubernaturas que se renovarán el próximo 6 de junio.

El mandatario acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de «violar los derechos» de Raúl Morón, quien quería ser gobernador de Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador de Guerrero, acusado además de delitos sexuales.

“Sí, la voy a presentar (la reforma) porque, por ejemplo, se quedan en estado de indefensión, es una violación constitucional, violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro de que les darían la razón, ¿pero cuánto lleva ese trámite?”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y aunque dijo que ya había manifestado su posición, el presidente se lanzó de nueva cuenta contra los árbitros electorales (INE y el TEPJF), que cancelaron de forma definitiva las candidaturas de ambos morenistas por no presentar sus informes de precampaña, como establece la ley electoral.

López Obrador insistió que la remoción de las candidaturas «no se justifica» y que «el pueblo debe decidir». «Fue un golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia», sostuvo.

La pugna entre el presidente y los organismos electorales toma mayor fuerza de cara a las elecciones más grandes de la historia de México, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

El mandatario y su partido han acusado a los árbitros de comportarse como oposición contra sus candidatos. «¿Cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos?, cuestionó López Obrador.

López Obrador insistió en sus señalamientos de que los organismos de «estar al servicio del partido conservador».

Fue en ese punto donde indicó que como parte de la reforma administrativa que se estará presentando en breve, se busca que las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado.

Sirvió para decir que con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar este lunes sobre una eventual reforma electoral, esto luego de semanas de enfrentamientos con el Instituto Nacional Electoral (INE), al que ha acusado de comportarse como opositor.

«En el caso del INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres», reiteró este lunes el presidente López Obrador.

El mandatario no quiso detallar la reforma con el argumento de que hay veda electoral, lo que le impide hablar de temas controvertidos, e incluso acusó a uno de los consejeros del INE, Ciro Murayama, de «querer encarcelarlo».

Aun así, sus declaraciones ocurren después de que Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió «una profunda reforma electoral».

«Ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda, que impida, entre otros puntos, ver a un Instituto Nacional Electoral totalmente fuera del principio de la legalidad», declaró Monreal el sábado pasado.

Sobre la reforma, a la cual ha dejado abierta la puerta, López Obrador ha señalado que se tendría que realizar en dado caso una vez que pasen los comicios del próximo 6 de junio, cuando se conozca la integración del Congreso.

Entre los casos que han influido en el enfrentamiento entre AMLO y el INE, aparecen el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de violar o abusar de cinco mujeres, y que coincidió con la cancelación su registro como candidato a gobernador de Guerrero por no entregar su informe de precampaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá este martes sobre el futuro del guerrerense.

El INE también ha cancelado la candidatura de casi una decena de aspirantes a diputados de Morena y del candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón. Otros temas que han ocupado la agenda es que López Obrador ha acusado a quienes defienden al INE de avalar el presunto fraude electoral que él dice que padeció en 2006.

«Se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de información, bueno el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto», dijo AMLO.

AMLO afirmó que sus declaraciones no se relacionan con su partido ni con el apoyo a sus candidatos. «Esto es hablar de la democracia, si México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción, entonces necesitamos la democracia», sostuvo.

A través de un comunicado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, celebró la aprobación de las leyes reglamentarias al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Agradeció a las y los legisladores por aprobar dichas leyes que dijo, son las más trascendentes desde 1994, que permitirán tener un Poder Judicial renovado y fortalecido. «Los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto de un trabajo de años y de un amplio consenso».

Tras varios días de silencio sobre el tema, Zaldívar habló sobre el artículo transitorio que incluyó el Senado, y con el que se amplía por dos años la duración del presidente de la Suprema Corte. Indicó que no se había pronunciado por respeto al procedimiento legislativo.

Zaldívar precisó que aunque el artículo transitorio extiende el periodo del presidente de la SCJN, no extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte.

Tal como lo hiciera el Consejo de la judicatura Federal, Zaldívar se deslindó del artículo incluido; indicó que no participó en su elaboración, y detalló que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

Señaló que estará atento a la publicación de las reformas, y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que dijo, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad.

«Ejerceré el cargo del Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fui electo por mis padres y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de la sentencias como a las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del Poder formal como de los poderes fácticos».

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su apoyó a las reformas que se aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados, y que contemplan la extensión de mandato del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; dijo que así se podrán impulsar los cambios necesarios dentro del Poder Judicial, que está «muy mal».

«Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido», respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Dijo que «desgraciadamente» está «muy mal» el Poder Judicial, situación que atribuyó a los gobiernos anteriores, cuando aseguró, había una «República simulada», donde todos los poderes institucionales estaban «tomados» por un mismo grupo.

AMLO insistió en que se tenía «cooptados» a todos los funcionarios, y en el caso de la Justicia, eran la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Sostuvo que en el Poder Judicial «seguiría lo mismo» sino fuera por el actual presidente de la SCJN.

Aprovechando su discurso, dijo que son los «conservadores» los que se oponen a los cambios, y sirvió para que se lanzara una vez más contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra la reforma eléctrica y contra la obligación de registrar datos biométricos de usuarios de la telefonía móvil.

Recordó que los opositores a sus reformas siempre pueden «inconformarse» ante el Poder Judicial y declarar que estas son inconstitucionales.

En ese sentido dijo que en caso de que se impugnen los cambios, si los órganos autónomos, el Poder Judicial o el Legislativo resuelve que no son procedentes, «no pasa nada», aunque aseguró que así él y su administración tendrán la «conciencia tranquila» ya que no fueron cómplices.