Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves que México va “hacia el abismo” en materia de derechos humanos, por la impunidad que envuelve a los feminicidios, además de la militarización de la vida pública, entre otras razones.
Así lo expuso la organización en el informe ‘México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?’, que fue elaborado para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México.
#EnVivo Conversatorio: ¿Y cómo va México? Examen Periódico Universal #DerechosConVoz https://t.co/TWpkMIW6gn
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) December 14, 2023
Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.
Así, Amnistía subraya que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y mayo pasado, aunque pone el foco en que sólo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.
“Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios”, alertó la organización.
Además, el informe expresa preocupación por las “deficiencias” en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas.
Otro asunto en el que AI enciende las alarmas es el respeto a la protesta social, pues dijo que “las más altas autoridades”, como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “estigmatizan” la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que cuestionan las acciones del Gobierno.
También acusa al sistema de justicia penal de “mecanismo de disuasión para quienes protestan”, sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, además de que recuerda que México es “uno de los países más peligrosos del mundo” para quienes ejercen el periodismo.
Asimismo, el informe critica la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” impulsada por el Gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos: 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.
El propio López Obrador había ideado la GN como un cuerpo civil, aunque ahora su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado, y en 2022 pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló dicha transferencia.
“La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (…) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas”, asegura la ONG.
En ese sentido, Amnistía Internacional urgió al Gobierno de México a elaborar un plan para “retirar las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y administrativas” antes de 2028.
