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El alcalde de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López Palacios, fue asesinado a tiros este martes cuando se encontraba en su domicilio, informó la Fiscalía del estado.

López Palacios tenía apenas 10 días de haber asumido el cargo, tras ganar las elecciones extraordinarias luego de que su hermano, Juan José, murió en junio de 2021 debido a un infarto.

Según las primeras versiones de la Fiscalía, alrededor de las 15:00 horas locales fue reportado a emergencias un ataque armado en un domicilio del municipio. Testigos indicaron que unas siete personas entraron a la casa de López Palacios y lo acribillaron para después huir en un vehículo. El alcalde recibió cuatro disparos que le provocaron la muerte.

Según un conteo de la Consultora Etellekt, con el homicidio de López Palacios suman 14 alcaldes asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Fiscalía estatal indicó que autoridades llevan a cabo investigaciones para la identificación, localización y aprehensión de los responsables de estos hechos de violencia y para que no exista impunidad en este hecho.

Al respecto, esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó el fallecimiento del alcalde y señaló que el compromiso del gobierno federal es trabajar de manera coordinada con las autoridades locales, para que en caso de que se necesite, se refuerce la presencia de elementos de seguridad a través de la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad y la paz.

Indicó que entrarán en contacto con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para que juntos analicen el estado de la seguridad en la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió este martes una carpeta de investigación por el delito de tortura en el caso de José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

La intervención de la FGR ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometiera justicia para el joven, y solicitara la intervención del gobierno federal.

La Fiscalía dijo que atendiendo a la relevancia y trascendencia del caso y a las diversas denuncias presentadas “ha determinado iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura”.

También pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán “la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados”.

Además, indicó que personal pericial especializado y de investigación policial federal “se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes”.

“Hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías, que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías, sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad”, sostuvo ayer López Obrador.

Ravelo fue detenido el pasado 21 de julio por policías de Yucatán y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres anales, según ha denunciado su madre, María Ravelo.

Pero el 13 de agosto cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes. Además, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este lunes que habrá justicia para José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

“Que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba, que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el pasado 21 de julio, y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado la madre de la víctima.

Pese a las denuncias, el viernes pasado los cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”; incluso aseguró que no había evidencia de abuso policial.

Sin embargo, el caso ha tomado fuerza, luego de que el  fin de semana se difundiera un video de la detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.

Ante los crecientes reclamos, agrupados en el movimiento #JusticiaParaJoséEduardo, que se ha hecho viral en las redes sociales, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender el asunto.

“Que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo”, sostuvo.

María Ravelo ha denunciado que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para desistirse de sus denuncias. Ante esa situación, la madre ha pedido una audiencia con López Obrador, quien este lunes afirmó que no hace falta. “Es lo que puedo mandarle decir a la señora, que voy a intervenir”, declaró.

El mandatario también ha criticado al Poder Judicial por la liberación de los policías acusados. “Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, sentenció.

Un padre de familia estadounidense acusado de asesinar a sus dos hijos en nuestro país permanece detenido en California tras declarar a agentes del FBI que tenía que matarlos porque habían sido infectados con ADN de serpiente.

El hombre, de nombre Matthew Taylor Coleman, de 40 años, es seguidor del movimiento QAnon.

El ciudadano estadounidense habría asesinado a su hijo de 2 años y a su bebé de 10 meses el lunes en Rosarito, Baja California, de acuerdo con la denuncia penal federal presentada en el Tribunal de Distrito del Centro de California en Los Ángeles.

El hombre fue acusado de asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero ayer por la tarde. La ley estadounidense permite el enjuiciamiento de un asesinato cometido en otro país, siempre que tanto el acusado como la víctima sean ciudadanos estadounidenses y el acusado haya abandonado el país donde se cometió el delito.

Coleman, residente de la ciudad de Santa Bárbara, dijo a los agentes del FBI que mató a sus hijos incrustando un arpón de pesca en el pecho de los niños, según detalla la acusación.

El hombre argumentó que había sido “iluminado por las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati” y “creía que estaba salvando al mundo de los monstruos” porque su esposa “poseía ADN de serpiente y se lo había transmitido a sus hijos”, según la denuncia del Departamento de Justicia (DOJ).

Según la investigación, el sábado pasado, la esposa de Coleman se comunicó con la Policía de Santa Bárbara para informar que su esposo había salido con los niños y no sabía a dónde habían ido. Gracias al GPS del teléfono, se pudo determinar que el hombre había estado en Rosarito el domingo por la tarde, mientras que el lunes estaba cerca de San Ysidro, frontera entre Estados Unidos y México.

Agentes del FBI determinaron que había ingresado a Estados Unidos sin los niños. Tras comunicarse con la Policía de Rosarito supieron que la policía habían recuperado esa mañana los cuerpos de dos niños que coincidían con la descripción de sus hijos.

En su declaración, Coleman dijo que no tenía una silla de auto para bebés, por lo que puso a su hija en una caja y así manejo hasta nuestro país. Detalló cómo los asesinó y que trasladó los cuerpos hacia un matorral. La descripción coincide con el reporte de las autoridades de Baja California.

El acusado fue interrogado por los agentes sobre si sabía que lo que hizo estaba mal, a lo que contestó que “él sabía que estaba mal pero que esa era la única manera en que podría salvar el mundo”.

En 2019, el FBI etiquetó a QAnon como potencial amenaza de terrorismo interno tras incidentes como uno registrado en 2018 cuando un hombre cargado de armas y en un vehículo blindado bloqueó el paso en la presa Hoover, en el estado de Nevada, para desvelar “verdades ocultas”.

Un informe del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado en junio pasado advirtió sobre una acción más violenta por parte de los seguidores de QAnon.

Un exfuncionario del ministerio de justicia de Haití, Joseph Felix Badio, habría dado la orden de asesinar al presidente del país Jovenel Moïse, reveló este miércoles el director de la Policía de Colombia.

El general colombiano Jorge Luis Vargas señaló que, según una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la policía colombiana junto a Interpol, Badio habría dado la orden tres días antes del asesinato.

También afirmó que las autoridades tienen datos sobre cómo se cometió el homicidio.

“Sabemos quiénes fueron las personas que entraron en el primer vehículo, cómo lo hicieron”, dijo en un vídeo Vargas, quien sostuvo que Badio les dio la orden de asesinato a los exsoldados colombianos Duberney Capador y Germán Rivera, quienes inicialmente habían sido contactados para servicios de seguridad.

“Varios días antes, al parecer tres, Joseph Felix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití”, agregó Vargas.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros en su casa el pasado 7 de julio, que las autoridades haitianas arribuyen a un grupo armados de hombres que incluía a 26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses.

Dieciocho colombianos fueron detenidos, entre ellos Rivera y otros tres murieron tras enfrentamientos con la policía local, incluido Capador.

Una fuente del gobierno de Estados Unidos había dicho que un comité del Senado investiga el entrenamiento por parte del Ejército de ese país de algunos de los colombianos detenidos.

En tanto, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, dijo que el gobierno enviará una misión consular a Haití tan pronto como lo apruebe el país, para reunirse con los colombianos detenidos, asegurar que se respeten sus derechos y seguir adelante con la repatriación de los restos de los fallecidos.

El ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que muy pocos de los exsoldados sabían sobre el plan de asesinato, pero dijo que los responsables deberán pagar el precio. “Sea quienes sean, vengan de donde vengan todas las consecuencias drásticas que este crimen debe tener”, enfatizó.

Por su parte, familiares y colegas de algunos de los detenidos han afirmado que los sospechosos fueron contratados para trabajar como guardaespaldas y señalan que son inocentes del complot.

Haití tendrá un nuevo gobierno este martes, y será encabezado por Ariel Henry como primer ministro, quien había sido nombrado en ese puesto por el presidente Jovenel Moïse antes de ser asesinado.

En este nuevo gobierno que enfrenta múltiples desafíos, dada la magnitud de la actual crisis institucional y de seguridad, el primer ministro en funciones Claude Joseph retomará su cargo como ministro de Relaciones Exteriores.

La nueva administración carecerá de presidente y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones “lo antes posible”. “Desde hace varios días, Claude Joseph y Ariel Henry han estado llevando a cabo una serie de reuniones de trabajo que conducirán a la formación de un gobierno inclusivo con Ariel Henry como primer ministro”, destacó un funcionario del gobierno que habló en condición de anonimato.

Este anuncio parece poner fin al enfrentamiento entre Joseph y Henry, que competían por el liderazgo del Ejecutivo haitiano.

Moïse había elegido a Henry para reemplazar a Joseph como primer ministro en los días previos a su asesinato a tiros en su residencia de Puerto Príncipe en la madrugada del 7 de julio. Pero en las horas posteriores al magnicidio, Joseph declaró el “estado de sitio” y dijo que estaba a cargo, provocando una lucha por el poder en la atribulada nación caribeña, sumida en la pobreza y la violencia.

La balanza finalmente se inclinó a favor de Henry, quien se benefició durante el fin de semana del apoyo de un grupo de embajadores en representación de países como Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Unión Europea, así como la Representante Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado el sábado, este “Grupo central” pidió “la formación de un gobierno consensuado e inclusivo”.

“Con este fin, (el Grupo) alienta encarecidamente al primer ministro designado Ariel Henry a continuar la misión que se le ha confiado para formar dicho gobierno”, agregaron los embajadores.

El funeral de Moïse , asesinado a los 53 años por un comando armado, tendrá lugar el viernes. Herida en el ataque nocturno, su esposa Martine Moïse regresó a Puerto Príncipe el sábado, luego de ser atendida en un hospital de Miami.

Paralelamente a la preparación del funeral de Moïse, continúa la investigación sobre su asesinato, con el apoyo técnico de la agencia policial federal estadounidense, el FBI.

La policía haitiana arrestó a unos 20 militares retirados colombianos que oficiaron como mercenarios y afirma haber descubierto un complot organizado por un grupo de haitianos, incluido un exsenador actualmente buscado y un pastor médico radicado en Florida, sureste de Estados Unidos. Estos hombres habrían reclutado al comando gracias a una empresa de seguridad colombiana, también establecida en ese estado estadounidense.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y colaborador del gobierno venezolano, denunció este martes que los cuerpos de seguridad frustraron un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.

Dicho complot se habría dado durante los festejos del pasado 24 de junio, cuando se conmemoraban los 200 años de la Batalla de Carabobo, así como el 5 de julio, Día de la Independencia.

En rueda de prensa Rodríguez acusó al líder opositor Juan Guaidó y sus aliados de ser parte de una supuesta trama en la que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para desestabilizar al gobierno y asesinar Maduro.

Miembros de la banda de “El Koki”, desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2,400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas, supuestamente abrirían fuego contra un desfile militar el 5 de julio desde lo más alto de las barriadas de la avenida conocida como la Cota 905.

“En uno de los teléfonos de los delincuentes encontramos videos con tomas de la tarima del Paseo Monumental Los Próceres para ejecutar su plan magnicida el 5 de julio”, destacó Rodríguez, quien entre otros señaló al exdiputado opositor Freddy Guevara, dirigente del partido de Guaidó, de ser uno de los responsables en el plan y fungir de enlace con los delincuentes.

Las acciones de los cuerpos de seguridad y el anuncio de las recompensas de hasta 500,000 dólares por los líderes de la banda de “El Koki” se produjeron semanas después de que miembros de grupo criminal dispararan ráfagas al aire y contra transeúntes y vehículos, en ocasiones en rechazo a cualquier acción policial contra otras organizaciones criminales y por la presencia de policías en el barrio donde operan.

Recordemos que Guevara fue aprehendido ayer por orden de la Fiscalía General debido a su supuesta “vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”. La fiscalía indicó que a Guevara se le imputará los presuntos “delitos de terrorismo atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”.

Rodríguez además señaló que cuatro drones fueron desactivados por los servicios de inteligencia el 22 de junio en momentos que Maduro se encontraba en la inauguración de un nuevo monumento en el campo de Carabobo, dos días antes de los actos conmemorativos del segundo centenario de la batalla, que selló la independencia de Venezuela.

“Tenían un plan para asesinar al presidente de la república con drones”, destacó el también exministro de Comunicación de Maduro.

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro, declaró en paralelo al respecto, que los cuerpos de inteligencia venezolanos manejaban información sobre un posible atentado que llevo “al presidente de la república (a) no estar presente en los actos” del 24 junio y 5 de julio.

La oposición ha rechazado las acusaciones y sostienen que las bandas criminales en Venezuela se han fortalecido por el fracaso de políticas de seguridad pública del gobierno, entre las que se incluyó el retiro de las fuerzas policiales en sectores peligrosos para promover el desarme voluntario de los delincuentes.

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada al interior de su residencia por desconocidos en medio de una devastadora crisis política económica en el país.

La primera dama Martine Moïse resultó herida en el ataque, por lo que fue hospitalizada, indicó el primer ministro interino Claude Joseph.

Joseph condenó el “detestable, inhumano y bárbaro acto” y afirmó que la Policía Nacional y otras autoridades tenían bajo control la situación en el país caribeño. Agregó que “la democracia y la república ganarán”.

Incluso antes del asesinato, Haití se había vuelto cada vez más inestable y descontento con Moïse. El presidente gobernó por decreto durante más de dos años después de que el país no pudo celebrar elecciones y la oposición exigió su renuncia en los últimos meses.

En la mañana del miércoles, las calles estaban prácticamente vacías en la capital Puerto Príncipe, pero algunas personas saquearon negocios en un área.

Joseph dijo que la policía fue enviada al Palacio Nacional y la comunidad de lujo de Pétionville y será enviada a otras áreas.

En el comunicado, el primer ministro indicó que algunos de los atacantes hablaban español, pero no ofrecieron más explicaciones. Más tarde dijo en un discurso de radio que hablaban español o inglés.

Los problemas económicos, políticos y sociales de Haití se han profundizado recientemente, con la violencia de las pandillas aumentando en Puerto Príncipe, la inflación en espiral y la comida y el combustible escaseando en un país donde el 60% de la población gana menos de 2 dólares al día. Esto sucede mientras el país todavía intenta recuperarse del devastador terremoto de 2010 y del huracán Matthew de 2016.

Los líderes de la oposición acusaron a Moïse, que tenía 53 años, de buscar aumentar su poder, incluso mediante la aprobación de un decreto que limitaba los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno y otro que creó una agencia de inteligencia que responde solo al presidente.

En los últimos meses, los líderes de la oposición exigieron su renuncia, argumentando que su mandato terminó legalmente en febrero de 2021.

Moïse y simpatizantes sostuvieron que su mandato comenzó cuando asumió el cargo a principios de 2017, luego de una caótica elección que obligó al nombramiento de un presidente provisional que tendría que quedarse solo un año. Haití tenía previsto celebrar elecciones generales a finales de este año.

La Casa Blanca calificó este miércoles de “horrible” el asesinato del presidente de Haití y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación. La secretaria de prensa, Jen Psaki, calificó el magnicidio perpetrado por asaltantes aún no identificados como un “ataque horrible”.

“Ayudaremos de cualquier manera al pueblo de Haití, al gobierno de Haití si hay una investigación”, dijo, añadiendo que La Casa Blanca estaba “todavía reuniendo información”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo estar “conmocionado” por este “acto odioso”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia matutina enviando su pésame al pueblo de Haití, por el asesinato del presidente y su esposa. Recordó que el presidente visitó México en 2018 cuando asumió el poder.

“Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho”, dijo el mandatario.

Indicó que México estaba por enviar 150,000 dosis de vacunas a Haití, que dijo, es un pueblo pobre y muy necesitado de ayuda internacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, por el partido Movimiento Ciudadano; dijo que ya se investiga el caso en coordinación con el gobierno estatal.

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Barragán fue atacada a balazos ayer por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

El presidente aseguró que este ataque proviene de “gente que quiere generar inestabilidad” y afirmó que son personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Recordó que Guanajuato es un estado donde hay mucha confrontación “lamentablemente entre grupos”, y apuntó que están colaborado con las autoridades estatales en la investigación y van a seguir brindando protección a los candidatos que lo pidan.

Agregó que estos “lamentables” delitos deben ser atendidos por las autoridades estatales pues “son (delitos) del fueron común”, puntualizó. “En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva la investigación”; añadió que ya existe alguna información sobre el asesinato, aunque no ofreció mayores detalles.

Insistió en que este tipo de crímenes pretenden atemorizar a la sociedad para que no salga a votar, por ello, destacó que toda la gente debe participar a en los comicios del próximo 6 de junio.

El ataque de Barragán ocurrió en la misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a diputado local por la coalición PRI-PRD, Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.

Barragán es la tercera candidata asesinada en este proceso electoral en Guanajuato, estado que desde 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios cometidos en México.

La primera víctima fue Juan Antonio Acosta Cano, quien era precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas y fue asesinado el 12 de enero mientras se ejercitaba en las calles de dicho municipio. Posteriormente, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD en el municipio de Apaseo El Grande, murió en un ataque a balazos, en el cual también quedó herido el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz.

Recordemos también que el pasado 13 de mayo, Abel Murrieta, exprocurador de justicia del estado de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme, quien militaba en el mismo partido que Barragán, fue asesinado en un acto de campaña.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato son ocho los candidatos, seis hombres y dos mujeres, los que hasta ahora han solicitado alguna medida de seguridad personal por sentir que su integridad está en riesgo.

Según la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante la actual contienda electoral, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas); de estos el 89% eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.

Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales, todos eran opositores a los gobiernos estatales. Mientras que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

En el primer aniversario del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, su familia urgió a realizar una reforma policial radical, esto durante una reunión que sostuvo este martes con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden y Harris recibieron a varios familiares de Floyd en La Casa Blanca, quienes antes sostuvieron encuentros con legisladores para presionar por un avance de la reforma policial, que está atascada en el Senado.

“Si puedes hacer leyes federales para proteger a los pájaros, al águila calva, puedes hacer leyes federales para proteger a las personas de color”, dijo Philonise Floyd, el hermano menor de George, al salir de la reunión a puertas cerradas, que duró más de una hora.

Terrence, otro de los hermanos Floyd, dijo que se sintió alentado por la “conversación productiva” en la que Biden y Harris estaban ansiosos por “escuchar nuestras preocupaciones”.

La madre de Floyd, sus hermanos y su hija Gianna, junto con los abogados de la familia, se reunieron previamente en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y otros legisladores.

Mientras los adultos discutían sus esperanzas de una reforma policial, fue Gianna, de siete años, quien, abrazando a su madre Roxie Washington, se refirió elocuentemente al legado duradero de su difunto padre, al afirmar que él “cambiaría el mundo”.

“La familia Floyd ha demostrado un valor extraordinario, especialmente su pequeña hija Gianna, a quien volví a ver hoy”, dijo el mandatario a través de un comunicado.

Asesinado el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis durante su detención por cuatro agentes de policía, Floyd se ha convertido en un símbolo en Estados Unidos y más allá.  En esa ciudad del noreste del país, la tensión se mantenía alta este martes: una persona resultó herida por disparos en el lugar de la muerte de Floyd, donde la gente se congregó al cumplirse un año del drama.

Derek Chauvin, el agente que se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante casi diez minutos, fue condenado por asesinato. La sentencia se conocerá el 25 de junio, pero los miembros de la familia Floyd, que se han transformado en portavoces de esta lucha, insisten en que las cosas deben cambiar en profundidad y presionan para que el Congreso apruebe un amplio proyecto de ley de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer este lunes que después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia, peritos del Servicio Médico Forense concluyeron que Victoria Esperanza Salazar, murió debido a una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.

Recordemos que la mujer de origen salvadoreño fue sometida y finalmente perdió la vida durante una detención por parte de elementos de la policía municipal de Tulum, caso que ha causado indignación en México y el extranjero, además de que las imágenes del arresto se han viralizado

“Las lesiones referidas, de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico, que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”, enfatizó la Fiscalía.

La dependencia reconoció que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado, se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

Al llegar a dichas conclusiones, el fiscal del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, por su probable participación en el feminicidio de Victoria Salazar.

Por ello, este lunes fueron detenidos los agentes municipales y fueron ingresados al centro de detención correspondientes, donde fueron puestos a disposición de un juez de control.

Sobre el crimen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su gobierno se hará cargo de la manutención y estudios de las dos hijas que se sabe dependían de Victoria Salazar, así como de todo lo que necesiten.

“Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”, dijo el mandatario, quien recordó que “no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos crimínales en la policía de Tulum”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la víctima tenía residencia permanente en el país tras obtener una visa por razones humanitarias

“El INM lamenta el homicidio de la mujer migrante originaria de El Salvador, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, ocurrido en Tulum, Quintana Roo”, indicó el organismo en un boletín.

Precisó que de acuerdo con el registro de la autoridad migratoria, se autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias el pasado 6 marzo de 2018, cuando le dieron condición de “refugiado”.

El INM refrendó en este boletín su compromiso por el “respeto irrestricto a los derechos humanos de la personas migrantes”, independientemente de su origen, condición migratoria, social o económica.

Adicional, e informó que tras un encuentro entre el alcalde de Tulum, Víctor Mas, y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, se tomó la decisión de destituir al director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Hernández Gutiérrez propuso a Carlos Lázaro Caraveo Vázquez, como nuevo director general de Seguridad Pública en el municipio, lo cual deberá ser analizado y, en su caso, ratificado por el Cabildo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana el homicidio de una mujer salvadoreña, quien fue detenida y sometida en Tulum, Quintana Roo, cuyo caso ha dado la vuelta al mundo y se ha viralizado en redes sociales.

“Un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México; una mujer: Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza”, dijo el mandatario.

Envío un mensaje a los familiares de la víctima, asegurando que se va a castigar a los responsables. Incluso dijo que los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados. Prometió que no habrá impunidad.

Y es que este fin de semana, un familiar de la mujer salvadoreña pidió que se investigue el caso y se haga justicia; el caso ha sido comparado con el crimen del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, en 2020.

Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran a una uniformada colocando su rodilla sobre la nuca de Salazar y presionándola contra el pavimento mientras otros tres elementos observan la escena, junto a una patrulla. Minutos más tarde, los agentes suben su cuerpo inerte a la parte trasera de la camioneta.

René Olivares, hermanastro de la víctima, dijo el domingo a la agencia Reuters que sintió “impotencia” al ver los videos y cuestionó a la policía. “Para mí hay un abuso de poder y lo único que (se) busca es que se haga justicia, que se juzgue a los que están implicados en eso”.

Desde El Salvador, Olivares detalló que su hermanastra emigró a México hace tres años desde el municipio de San Antonio del Monte, 66 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña, y logró una visa humanitaria en su destino. Dos hijas, una de 17 años y otra de 15, vivían con ella.

En su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que espera se haga justicia por el caso y expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. “Estoy seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables”.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó lo sucedido y señaló que “actos como estos no deben quedar impunes”. La Fiscalía de Quintana Roo informó este lunes que abrió una investigación por homicidio e indaga las causas de la muerte de Salazar.

Se detalló que son cuatro policías municipales los que son investigados por la muerte de Salazar: tres hombres y una mujer. La Fiscalía precisó que las huellas dactilares y las pruebas forenses están siendo examinadas en el caso.

“No habrá impunidad para quienes participaron en el fallecimiento de la víctima y se actuará con toda la fuerza de la ley para llevar ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Foto: Twitter

Una exdiputada y su hija, que buscaba ser candidata por Morena en esta elección, fueron asesinadas en Veracruz, informó este lunes la fiscalía local.

Gladys Merlín Castro, quien fue diputada estatal y alcaldesa del municipio de Cosoleacaque, y su hija, Carla Merlín, fueron encontradas sin vida dentro de su domicilio, señaló un comunicado de la fiscalía.

“Se ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación y se han iniciado diversas diligencias”, añadió el comunicado sobre este crimen registrado en Cosoleacaque, en el sur del estado.

Una fuente policial, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, señaló que ambas mujeres mostraban “lesiones de arma blanca”. El gobierno estatal adelantó que hay tres líneas de investigación, pero no se compartieron mayores detalles.

Merlín Castro había sido alcaldesa de Cosoleacaque en dos ocasiones, y ocupó un escaño en el Congreso local. Su hija, por otro lado, había hecho públicas sus aspiraciones de ser candidata a alcaldesa de Cosoleacaque por Morena.

Al respecto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, utilizó sus redes sociales para condenar el asesinato y exigir a las autoridades federales y del estado una investigación seria para el esclarecimiento de los hechos. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también condenó el asesinato.

Recordemos que apenas la semana pasada fue asesinado otro político de Veracruz que buscaba ser alcalde del municipio de Ursulo Galván.

Estos hechos se dan en el marco de la contienda electoral por las elecciones del próximo 6 de junio, donde serán renovados los 500 escaños de la Cámara de Diputados y se elegirán gobernadores de diversos estados, además de miles de cargos locales.

La pasada elección, en 2018, estuvo marcada por una ola de violencia inédita que dejó unos 120 políticos muertos, la mayoría de ellos ocupaban o eran candidatos a puestos locales.

Doce personas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados con huellas de torturas en un camino rural De Veracruz, informaron este lunes autoridades locales.

Fuentes policiales y ministeriales detallaron que los hechos ocurrieron la noche de ayer en el municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, y de acuerdo con las primeras investigaciones se trataría de una crimen derivado de una disputa entre productores ganaderos.

Las víctimas, cuyos cuerpos estaban atados de pies y manos, fueron abandonadas a orilla de un camino que comunica dos ejidos de la localidad.

Miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecieron puestos de revisión y patrullajes permanentes, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno.  Adicional, agentes de la Fuerza Civil, el grupo élite de la corporación, realizó sobrevuelos para tratar de ubicar a los responsables, sin tener hasta el momento éxito.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró este lunes que el crimen fue resultado de una pugna entre ganaderos de esa región.

“Las primeras indagaciones apuntan a que un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron. Los abusos y amenazas entre unos y otros provocó un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable desenlace”, indicó.

Aseguró que estos hechos no quedarán impunes porque no se puede hacer justicia por su propia mano. “No permitiremos que hechos tan lamentables como el sucedido en una comunidad de Las Choapas queden impunes. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano”, afirmó.

El Fiscal General de Jalisco, Octavio Solís, informó que la escena del crimen, donde se perpetró el asesinato del exgobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, fue alterada por el personal del restaurante donde sucedieron los hechos, Distrito 5.

Indicó que cuando ocurrieron los hechos, el personal “prácticamente” limpió “la escena del crimen”. Indicó que barrieron, limpiaron y quitaron cosas tras el ataque al exgobernador de Jalisco, por lo que dijo, se obtendrán muy pocas pruebas que ayuden a las investigaciones.

El Fiscal calificó como “indebidas” las acciones de los trabajadores del restaurante. Informó que fueron extraídas las grabaciones y las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que solicitó la cooperación de la ciudadanía para ofrecer, de manera anónima, alguna denuncia o elementos que pudieran ayudar a la investigación.

Adicional se indicó que ya herido, el exmandatario local fue trasladado al Hospital San Javier ubicado en Puerto Vallarta, a donde llegó sin vida.

El ataque habría sido cometido por un grupo de entre ocho y diez personas, según expusieron las autoridades. De igual forma, se indicó que resultó herido uno de los escoltas del exgobernador, pues se detalló que comentaba con 15 elementos de seguridad, así como autos blindados.

El dirigente nacional del PRI, partido al que perteneció Sandoval Díaz, ocupó sus redes sociales para lamentar la muerte del exgobernador.

En el mismo sentido se posicionó la exdirigente del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, quien condenó el asesinato y pidió a las autoridades hacer todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Llamó a que no quede impune el caso.

Los senadores del PRI, emitieron un breve posicionamiento en redes sociales, donde condenaron el asesinato del exgobernador, y pidieron que los hechos sean investigados y se aplique la ley.

El dirigente nacional del PRD. Jesús Zambrano, dijo que el asesinato de Sandoval Díaz, reafirmaba el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal “abrazos, no balazos”. Incluso dijo que hacer memoriales como el que ayer inauguró AMLO en Bavispe, Sonora, ss pura “demagogia presidencial”.

Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, fue asesinado esta madrugada en un atentado, informó el gobierno local y más tarde confirmado por el gobierno federal.

Sandoval fue “víctima de un atentado en el municipio de Puerto Vallarta”, dijo el gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, en Twitter.

En otro mensaje, Alfaro explicó que el Gabinete de Seguridad del estado ya se ha trasladado a Puerto Vallarta para encabezar las investigaciones.

El fiscal de Jalisco, Octavio Solís, dijo en conferencia de prensa que el exgobernador había pasado recientemente unos días de vacaciones en Puerto Vallarta con “familiares y amigos” y que regresó a esa ciudad hace aproximadamente una semana.

El gobernador se hospedó en un hotel y realizó “diversas actividades recreativas y empresariales”, dijo Solís.

Sin embargo, detalló que la noche de ayer, llegó a un restaurante de la avenida principal de Puerto Vallarta y poco antes de las dos de la mañana, se levantó de la mesa en la que estaba junto con otros tres hombres y una mujer para dirigirse al baño.

En el baño fue atacado por la espalda, al parecer, por un individuo con un arma de fuego, detalló el fiscal. “Se está haciendo un barrido de la zona” y entrevistando a “testigos”, añadió Solís.

El atentado fue perpetrado a pesar de que el exgobernador contaba con 15 guardaespaldas y vehículos blindados, dijo en la misma conferencia Ricardo Sánchez, coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco. “Estaba protegido de acuerdo a la ley”, aseguró.

Sandoval fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2013 y 2018 en Jalisco.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se sumó a las condolencias y condenó el asesinato.

“Antes quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del Estado de Jalisco Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a su familiares y amigos, y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se castigue a los responsables”, dijo en su conferencia matutina.

AMLO indicó que aunque le corresponderá a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, el gobierno federal está dispuesto a “ayudar”.