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Tras el retiro de la protección ecuatoriana a Julian Assange y su entrega a la justicia británica, comenzaron a conocerse más detalles sobre la larga y turbulenta estadía del cofundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.

El gobierno del ex presidente Rafael Correa, quien no confiaba en las autoridades del Reino Unido, encargó la seguridad de la sede diplomática a una firma de seguridad española. Así, las imágenes captadas por las cámaras de UC Global, fueron publicadas por el periódico El País y muestran más detalles sobre el extravagante encierro de Assange.

Desde la Embajada ecuatoriana, el activista continuó dirigiendo su grupo de Internet, realizó conferencias de prensa ante cientos de admiradores desde un balcón, montaba su patineta en ropa interior por los pasillos de la sede diplomática y fue el anfitrión de un desfile de visitantes, incluidas Lady Gaga y Pamela Anderson, de quien se rumoraba era su novia y le llevaba sandwiches veganos.

En una carta escrita en el 2014 por Juan Falconí Puig, entonces embajador ecuatoriano en Londres, describía la incómoda situación de los funcionarios por la presencia y comportamiento de Assange. El asilo estuvo lejos de ser un dolor de cabeza únicamente político: también había temas de convivencia. Entre las principales preocupaciones de Falconí, según reportó el New York Times, destacaban la afición de Assange por montar una patineta y jugar fútbol con los visitantes. El skate, según Falconí, “dañaba pisos, paredes y puertas”.

El embajador dijo que los juegos de fútbol habían destruido el mobiliario de la embajada. Cuando un agente de seguridad detuvo el juego y se llevó el balón, Assange “comenzó a temblar, a insultar y a empujar al agente”, mientras reclamaba el balón y luego “se lo lanzó”.

Además, entre 2012 y 2018, Ecuador gastó 6.2 millones de dólares en la seguridad y manutención de Assange, según la cancillería ecuatoriana. No solo se trataba de su alimentación o cuidados básicos: algunas operaciones requerían gastos excepcionales.

Cuando se dañó una cañería del baño, que Assange solía abrir durante sus conversaciones privadas para hacer ruido, y mitigar el temor a ser grabado, la embajada mandó a traer un plomero de confianza desde España en una misión diplomática de 4,000 euros, pues no quería contratar a cualquier persona bajo la sospecha de que la inteligencia británica no desaprovecharía la oportunidad de usar el ingreso de un plomero.

Otros testimonios de los empleados españoles de la firma de seguridad indican que Assange solía dar entrevistas vestido solo de la cintura para arriba, la parte que se veía en cámara. Para abajo, estaba en ropa interior.

Con un nuevo embajador, Ecuador le entregó nuevas reglas de convivencia que incluían una cláusula de anulación de asilo si las violaba. Assange demandó a Ecuador por vulnerar sus derechos, lo que empeoró aún más las relaciones. El recurso fue rechazado.

 

 

 

Con información de El País y AFP

La Casa Blanca reaccionó una vez más a la decisión que tomó un juez federal de distrito de prohibir el regreso de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a México, para esperar la resolución del trámite.

A través de un comunicado, indicó que la llegada de “extranjeros ilegales” está afectando a su sistema de inmigración y “abrumando” al país.

Señaló que la decisión del juez genera una crisis sin precedentes en la frontera con México.

El gobierno de Donald Trump lamentó que, aunque el Congreso aprobó una ley federal que permite el regreso de extranjeros ilegales e inadmisibles a México mientras esperan las audiencias de asilo, el juez emitiera una orden judicial a nivel nacional que detiene el uso de dicha ley, la cual dijo, forma parte de un programa cooperativo “ampliamente negociado” con el gobierno de México.

Recordó que la intención de dicha ley era garantiza que los inmigrantes no fueran liberados en territorio estadounidense mientras esperan la resolución de su trámite, que era lo que muchos hacían para burlar la ley.

“Esta acción socava gravemente la capacidad del Presidente para abordar la crisis en la frontera con las herramientas que el Congreso ha autorizado e interrumpe la conducta de nuestros asuntos exteriores”, señaló La Casa Blanca.

Adelantó que apelarán dicha resolución, además de que tomarán todas las medidas necesarias para defender los esfuerzos legítimos del presidente Trump para resolver la crisis en la frontera sur.

Un juez de Estados Unidos dictó esta tarde una orden judicial que detiene la política del gobierno de Donald Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en México a que se resuelvan sus casos.

La decisión entraría en vigencia el viernes, según lo dispuesto por el juez federal de distrito Richard Seeborg en San Francisco, quien brindó el tiempo suficiente para que las autoridades pudieran presentar su apelación correspondiente.

La orden judicial se produce gracias a la solicitud de que luchan por los derechos humanos, quienes argumentaron que dicha política violaba las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.

A penas en enero pasado, cuando la política entró en vigor, fue duramente criticada pues representaba un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de los Estados Unidos, instrumentada por el presidente Donald Trump quien alegaba que los migrantes buscaban burlar a la ley y quedarse en territorio estadounidense mientras se resolvía su solicitud.

Al respecto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aclaró en su momento que se trataba de una medida implementada por Estados Unidos conforme a su ley, por lo que “no se plantea la firma de un tratado o de un acuerdo donde México acepte ser tercer estado seguro”, como muchos medios lo señalaron.

 

El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velazco Álvarez, confirmó que sí ha habido conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para tratar de facilitar un diálogo que permita la solución a la crisis en Venezuela.

Precisó que el papel de la cancillería se ha dado como parte de lo establecido en el Mecanismo de Montevideo.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se ha planteado en esas conversaciones la posibilidad de que se otorgue asilo político en México a persona alguna del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Y es que ayer el funcionario estadounidense, comentó en una comparecencia en la Cámara de Representantes, que había planteado a los gobiernos de México y Noruega la posibilidad de que dieran asilo político al actual presidente venezolano.

En su encuentro con la prensa, Pompeo reiteró que Estados Unidos descarta dialogar con Maduro como forma de superar el impasse político.

“Debo decir que no hay pruebas de que valga la pena hablar con Maduro en este momento. Le llegó la hora, se le acabó el tiempo, es hora de que se vaya”, sostuvo.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, habló sobre la implementación de la sección 235 B-12 de la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos, en la que se señala que los inmigrantes que soliciten asilo a su país serán devueltos a México donde tendrán que esperar a concluir el tramite.

Ebrard enfatizó que a pesar de que varios medios afirmaran que México había firmado un acuerdo de Tercer País Seguro, “no es el caso”. Dijo que se trata de una medida implementada por Estados Unidos conforme a su ley, por lo que “no se plantea la firma de un tratado o de un acuerdo donde México acepte ser tercer estado seguro”.

Señaló que tan pronto fueron notificados por el gobierno estadounidense de su decisión, México emitió un primer posicionamiento basado en “razones humanitarias”, pues explicó que México está en posición de definir si las personas que son devueltas son deportadas o son aceptas en territorio nacional.

“México no aceptaría ese tratado, se los hemos dicho (a Estados Unidos) muchas veces (…) Ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni vamos a hacer todo el procedimiento de asilo en México”, enfatizó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Pese a que México podría tomar la decisión de no aceptar a los migrantes devueltos por Estados Unidos, Ebrard dijo que “no es la posición de México deportar a esas personas”, ya que dijo que si esa fuera la posición, ya se hubiera deportado a todas las personas que se encuentran en la frontera norte.

El canciller finalizó indicando que México no deportará a las personas que están buscando asilo en Estados Unidos, pues dijo que eso iría en contra de la tradición mexicana en favor del derecho al asilo, e iría en contra de los derechos humanos de los migrantes.

 

La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dio avisó al Congreso que funcionarios federales se reunirían con autoridades mexicanas “en los próximos días” en busca de un “acuerdo técnico” sobre la implementación de las nuevas medidas sobre asilo anunciadas esta mañana.

En una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Nielsen señaló que el objetivo es lograr que la implementación de las nuevas directrices migratorias se haga de manera “transparente, efectiva” y asegure un flujo ordenado y seguro de migrantes.

“Ambos países están comprometidos a trabajar en un plan integral para reducir la migración irregular en toda la región (…) Aguardamos trabajar con nuestros socios mexicanos para lidiar con el contrabando, tráfico y actividades de cruce ilegal en toda Centroamérica de una vez por todas”, agregó la funcionaria.

Durante la audiencia, Nielsen destacó la decisión de la administración del presidente Donald Trump de invocar la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) a fin de regresar a México a los solicitantes de asilo de terceros países que ingresen desde territorio mexicano, donde esperarán el resultado de su solicitud.

El presidente del Comité, el republicano Bob Goodlatte, felicitó a la funcionaria por haber llegado al acuerdo con el programa “Quédense en México” y lo consideró importante para ejercer más control en la situación migratoria en la frontera. Por su parte la legisladora demócrata Zoe Lofgreen señaló que la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) excluye a los solicitantes de asilo.

 

El Gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que regresará a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur. El gobierno mexicano fijó su postura al respecto.

“Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

Por su parte la cancillería mexicana informó que esta mañana el gobierno estadounidense les informó sobre su decisión de implementar la sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden el desarrollo  de su proceso migratorio en Estados Unidos.

“México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al respecto informó que decidido tomar algunas acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, estén acompañados o no:

  • Autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
  • Permitir que las personas extranjeras soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”.
  • Garantizará que las personas extranjeras gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.

Pese que con dichas acciones México acepta que los migrantes permanezcan en territorio mexicano tal y como lo quería el gobierno estadounidense, la cancillería explicó que no se trata de un “esquema de Tercer País Seguro”, pues dijo que dicho concepto obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México.

Aclaró que las decisiones tomadas están dirigidas a facilitar el seguimiento de las  solicitudes de asilo en los Estados Unidos, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó limitar las opciones para solicitar asilo en la frontera con México, de forma que quienes accedan de forma irregular no puedan conseguirlo.

“Acabo de firmar la proclamación sobre asilo. Muy importante. La gente puede venir, pero tienen que venir a través de los puertos de entrada (autorizados)”, dijo Trump al ser cuestionado por periodistas antes de partir rumbo a Francia.

En una orden publicada este viernes, Trump prohibió durante al menos 90 días la entrada al país a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación del Gobierno que elimina la elegibilidad para obtener asilo a quienes han incumplido una prohibición presidencial.

El anuncio del Gobierno de Estados Unidos tiene lugar después de tres semanas de advertencias del presidente Trump a la caravana de centroamericanos que ahora recorre México para llegar a Estados Unidos, en busca del sueño americano.

El gobierno de México se ha opuesto a la petición de La Casa Blanca de que las personas que soliciten refugio en la frontera lo hagan en su territorio en vez de en Estados Unidos, según informó una fuente y que se constata en un documento oficial al que la agencia Reuters accedió.

La posición del gobierno mexicano significa un un revés para la cooperación bilateral entre los países antes de que asuma el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Funcionarios estadounidenses creen que un pacto conocido como “Acuerdo de Tercer País Seguro” podría disuadir a miles de centroamericanos que buscan asilo cada año, saturando los tribunales migratorios y provocando dolores de cabeza al presidente Donald Trump y su promesa de reducir la inmigración.

Pese a la creciente presión de Estados Unidos para que acepte el tratado, México ve la propuesta como una línea roja que no cruzará, de acuerdo con una nota oficial preparada para la reunión del canciller, Luis Videgaray, con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, que se llevó a cabo el martes en Guatemala.

“(México) no estaría en posibilidad de atender casos de refugio para un tercer país, como ha sido el planteamiento de Estados Unidos en anteriores ocasiones”, se lee en la carta de la cual informa la agencia. “México ha realizado un esfuerzo significativo para proveer de mayor información sobre refugio a los centroamericanos que son asegurados en la Frontera Sur, y recientemente adoptó medidas que permiten a los solicitantes de refugio laborar en tanto se resuelve su caso”.

La propuesta de un “tercer país seguro” obligaría a los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera terrestre de Estados Unidos a través de México a solicitar el estatus de refugiados al sur de la frontera compartida.

Muchos de los aproximadamente 2,000 niños extranjeros separados de sus padres recientemente bajo la política de tolerancia cero de Trump contra la inmigración ilegal fueron separados de padres que buscan asilo en los Estados Unidos.

 

Con información de Reuters / Foto: Archivo APO

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy que va a enviar a la frontera con México 35 fiscales y 18 jueces de inmigración más ante la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos que espera a poder entrar y pedir asilo.

“No vamos a dejar que este país sea inundado. La gente no va a hacer caravanas o estampidas en nuestra frontera”, dijo en declaraciones a  los periodistas en Washington. “Estamos mandando un mensaje a nivel  mundial: no vengan ilegalmente”.

El fiscal general citó expresamente a los países de Centroamérica y a  México. “Tenemos un sistema legal migratorio generoso. Admitimos 1,1  millones de personas legalmente al año”; y es que recordemos que al menos dos centenares de migrantes centroamericanos y mexicanos que formaron parte de la caravana que atravesó México hasta la frontera  con Estados Unidos esperan desde el domingo en Tijuana, junto a un  puerto fronterizo de entrada, poder entrar y solicitar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguró el domingo que no tiene capacidad para atender de una vez a todos.

Sessions habló hoy después de que el Departamento de Justicia, al  frente del cual se encuentra, anunciara el martes que ha presentado cargos criminales contra 11 supuestos integrantes de la caravana que  entraron ilegalmente en el país. Los 11 fueron arrestados por la patrulla fronteriza en cuatro puntos distantes entre 3 y 6 kilómetros del puerto de entrada de San Ysidro.

Con información de DPA / Foto: Archivo APO

Este lunes por la noche, los inmigrantes centroamericanos que viajaron en caravana a través de México hasta la frontera con San Diego comenzaron a entregarse a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo.

Se trata de alrededor de 200 migrantes, entre ellos varios niños, los cuales decidieron pedir protección en el cruce fronterizo más transitado de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump y algunos miembros de su gabinete que han dado seguimiento a la caravana, la calificaron como una amenaza para Estados Unidos desde que comenzó el 25 de marzo en Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.

El secretario de Justicia Jeff Sessions señaló que la caravana es un “intento deliberado de socavar las leyes y sobrecargar el sistema estadounidense”, y prometió enviar más jueces de inmigración a la frontera para solucionar casos de ser necesario.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no indicó a cuántos migrantes se les permitió el ingreso el lunes, sin embargo Alex Mensing, organizador del proyecto para el grupo activista Pueblos Sin Fronteras, dijo que fueron once personas las que lograron entrar.

Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien ha sido señalada como la presunta operadora financiera en los desvíos cometidos por la pareja, tiene abierta una solicitud de asilo desde hace varios meses en Londres, misma que incluye a sus tres hijos.

 

A la medida también se sumó Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del priísta, sólo que él ha presentado la solicitud ante el gobierno canadiense, donde se encuentra desde que salió de territorio nacional.

 

Ambos argumentan persecución política; Macías ha señalado que se ha utilizado al aparato de justicia para tratar de fincarle imputaciones penales que son infundadas.

 

De acuerdo a las últimas investigaciones, Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur en calidad de prófugo, es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se sabe que las cuentas bancarias de Karime se encuentran congeladas.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Gobierno de Chile informó que concedió asilo diplomático a cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la oposición venezolana que se encontraban desde hace semanas refugiados en la residencia del embajador chileno en Caracas.

 

El encargado de informar sobre la decisión fue el ministro de Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, quien en conferencia de prensa informó que los magistrados en cuestión son Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, Luis Marcano, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle, quienes después de permanecer en la residencia del embajador en calidad de “huespedes” solicitaron formalmente asilo.

 

“Llegó la hora de honrar nuestro compromiso y nuestra solidaridad, y el Gobierno de Chile ha decidido otorgar a estos cinco ciudadanos venezolanos la condición de asilados diplomáticos”, informó Muñoz.

 

El representante chileno subrayó que ahora corresponderá al gobierno de Nicolás Maduro conceda las condiciones para que los cinco asilados puedan abandonar el país y trasladarse a Chile, y sostuvo que espera que “la situación de crisis que vive el pueblo venezolano se pueda resolver a la brevedad posible y se pueda restablecer el orden democrático y el respeto de los Derechos Humanos por una vía pacífica”.

 

 

Con información de The Europa Press / Foto: Twitter

Luego de que se diera a conocer que el pasado viernes la ex fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, llegara a territorio colombiano en compañía de su esposo el diputado Germán Ferrer, este lunes el presidente Juan Manuel Santos confirmó la presencia de los venezolanos en su país.

 

 

A través de sus redes sociales, Santos afirmó que Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano, e incluso aseguró que “Si pide asilo se lo otorgaremos”.

 

Por su parte el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmó que la fiscal no se quedará en su país, sino que pretende solicitar asilo a Estados Unidos.

 

“Ojalá hubiera pedido asilo en Colombia para que nos cuente todo lo que sabe de las Farc y su relación con el cartel de los soles, la relación con el narcotráfico y Maduro y saber cuál es la injerencia de Cuba y Venezuela y como mantiene las FARC todavía su negocio que es considerado como el primer cartel de la droga”, afirmó Pastrana en entrevista con medios locales.

 

 

 

Con información de agencias / Foto: Twitter

Este jueves se ha informado sobre la detención de la ex diputada, Lucero Sánchez, a quien se le ha vinculado con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo a su abogado, Sánchez fue detenida por elementos de la patrulla fronteriza al intentar cruzar hacia los Estados Unidos.

 

Francisco Verdugo, abogado de la ex diputada indicó que al intentar cruzar con sus papeles en regla de Tijuana a San Diego, su clienta “fue detenida por el Gobierno de Estados Unidos aparentemente acusada de conspiración, el motivo de la presencia de ella es que se siente amenazada en México”.

 

Detalló que Lucero Sánchez intentaba llegar a suelo estadounidense en busca de asilo político, pues asegura ha sido amenazada por grupos criminales. Lo que diversos medios han cuestionado es que si intentaba conseguir asilo en el país del norte, tuviera que haber viajado en compañía de su familia, y cuando se le detuvo iba sola.

 

Con información de Terra / Foto: Archivo APO