El gobierno federal presentó esta mañana la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, ante la influencia de grupos criminales en la política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular en el actual proceso electoral.
Y es que se indicó que hay regiones del país donde los grupos delictivos solían decidir a los candidatos que participaban en las contiendas, en busca de mantener el control mediante campañas de miedo.
De septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país. Más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Las autoridades alertaron que en estado como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.
La Estrategia busca prevenir y sancionar la violencia política, así como proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expuso que es necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
La estrategia se compone de ocho acciones específicas, entre las que destacan un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. Establecer mesas de trabajo para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada. Consultar a los gobernadores la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. Reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo. Atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
Las otras medidas son coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales; establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.
“Es claro que, como bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó el partido de la delincuencia organizada’; y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, advirtió Rosa Icela Rodríguez.
La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional destacó que se hará todo lo necesario para proteger el proceso electoral y la ciudadanía sea la que decida. Precisaron que entre las estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.
Rodríguez indicó que el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, para extorsionar, pedir moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.
