El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó esta semana un evento para celebrar la publicación de las reformas en materia de propiedad privada, pública y social, iniciativa presentada en su administración.
El decreto, que entró en vigor ayer martes 3 de septiembre, ha sido muy criticado por grupos que acusan que con los cambios implementados, el Gobierno pretende expropiar propiedades privadas para ser utilizadas de acuerdo a sus intereses y conveniencia,
Según lo expuesto por el jefe de gobierno, dicho decreto restablece los principios del artículo 27 de la Constitución Política, el cual garantiza que todos los bienes están subordinados a la Nación y al interés público en la ciudad.
El artículo en cuestión señalaba el “principio rector” de “respeto a la propiedad privada” en la Constitución local, lo que fue sustituido por un nuevo párrafo que resalta las nociones de la propiedad originaria de la Nación, así como el derecho de la Nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
En esencia, el decreto reforma el inciso A, numeral 2 del artículo 3 de la Constitución local de la Ciudad de México y reconoce la propiedad de la Ciudad sobre los bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; así como de la propiedad ejidal y comunal.
Esto encendió las alertas de los propietarios de inmuebles, que guiados por cadenas de whatsapp que difundieron información inexacta, aseguraban que con base en este cambio el gobierno realice despojos por considerarlo necesario para el bien común, incluso hay quienes a través de redes sociales se han quejado y tachado de retroceso el ajuste.
De acuerdo con el Jefe de Gobierno, la intención de este decreto es prevenir que el Poder Judicial haga interpretaciones en favor de los grupos económicos más poderosos ignorando el Artículo 27 de la Constitución.
Sin embargo, según expertos, el decreto no es algo que deba preocupar, ni dar origen a ningún tipo de reacción de pánico, pues si bien subraya la supremacía de los intereses de la Nación y del bien común sobre los intereses privados, también reitera el respeto a los derechos humanos y enfatiza la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Pero ¿de qué se trata este decreto? ¿Nos debemos alarmar de que nos quedaremos sin propiedad privada? En Broojula, Carla Escoffié, abogada, docente de la Facultad libre de derecho en Monterrey y autora del libro “País sin Techo”, platica con Ana Paula Ordorica sobre los cambios hechos y los alcances que tendrá.
