Tag

CIDH

Browsing

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al gobierno federal,  investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.

“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo en un comunicado.

La Comisión condenó las muertes, pero reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pidió a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.

Además, recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.

Dijo también que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.

Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

La CIDH remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia.

Recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.

Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, aunque se mantiene en libertad y al frente del Instituto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que la calificación que le da la ciudadanía subiría de 6.7 a 8, si siguiera financiando a los medios de comunicación para que estuvieran a su favor.

“Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo 8 si soltara los 20,000 millones de pesos que se le destinaba a los periódicos, a los medios, a los periodistas”, sostuvo López Obrador.

López Obrador hizo referencia a la encuesta citada ayer durante la presentación de su informe de gobierno con motivo de los tres años de su victoria electoral, donde indicó que la ciudadanía lo calificó con 6.7 puntos en una escala del 1 al 10, y dijo que los cambios que ha buscado desde su llegada al gobierno le ha costado esta calificación.

Especialmente, citó el combate a la corrupción en la compra de medicamentos y el retiro de la publicidad gubernamental en medios.

Asimismo, defendió su encuesta al asegurar que “no es patito” y mencionó que el estudio se hizo por técnicos de la Secretaría de Gobernación a más de 1,500 personas en todo el país vía telefónica aunque aceptó que tiene un sesgo “porque no todos los mexicanos tienen teléfono”.

Indicó que estadísticamente “es buena la proyección”, aunque aclaró que siempre estará la duda sobre la fiabilidad de los sondeos, pero afirmó que “no somos iguales que quienes ‘cucharean’ las encuestas”.

Además, aseguró que está dispuesto a bajar su calificación de aprobación a 6 si con eso logra ahorrarse otros 1,000 millones de pesos. “Aquí lo importante es tener la conciencia tranquila, ese es el tribunal de uno”, puntualizó.

El tema sirvió para que el presidente volviera a criticar a los medios de comunicación y a organismos internacionales que descalificaron la presentación de supuestas noticias falsas en su conferencia matutina con su Quién es Quién en las mentiras, que el pasado miércoles presentó su primera edición.

“Es una interpretación ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas o que haya un diálogo circular; ¿qué nada mas ellos quieren tener el monopolio de la verdad? ¿Qué nadie puede replicar? Es lo más antidemocrático que puede haber”, dijo AMLO.

Afirmó que sería una falta de respeto al pueblo de México no aclarar las “mentiras” que difunde la prensa contra su gobierno.

Sobre la relación de AMLO y la prensa, ayer el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, expresó su preocupación ante lo que considera una posible “estigmatización” de la prensa y medios de comunicación por parte de la 4T.

En un comunicado, lamentó la nueva sección de AMLO en las mañaneras, pues dijo que un Estado democrático no puede “dar discursos que estigmaticen”.

Por ello, pidió al gobierno mexicano que se replantee la sección ‘Quién es quién en las mentiras’, ya que este podría influir en el debate público con tácticas de señalamientos y culpabilidad.

“El espacio del ‘Quién es quién’ debe reconsiderarse en la medida en la que puede estar afectando las garantías para un debate libre, informado, de señalamiento público”, destacó Vaca, quien afirmó que “un señalamiento no puede trazarse bajo la culpabilidad del reprendimiento y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.

Sostuvo que había que situar este concepto de estigmatización en la “prevención de la violencia” dado que este tipo de discursos da paso a amenazas y agresiones contra profesionales de los medios de comunicación.

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una “amenaza” para la independencia judicial en el país por su intento de “asalto al a justicia”, esto en relación a lo aprobado por Morena en Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, y la ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar.

“AMLO amenaza la independencia judicial en México. El jueves senadores del partido oficialista Morena aprobaron un proyecto de ley para extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema. El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el Artículo 97 párrafo 4 de la Constitución”, señaló Vivanco en una serie de mensajes a través de Twitter.

El responsable de HRW para las Américas indicó que al extenderle el mandato del presidente de la Suprema Corte, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura.

Explicó que la situación resulta preocupante pues con 4 votos se pueden tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. “Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de 5 jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces”, advirtió.

Recordó que en recientes semanas, AMLO intentó sancionar a un juez por fallar en su contra, en referencia al caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica que el propio López Obrador impulsó.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN, que a su vez también implica permanecer al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien también se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); expresó su preocupación por el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron los Senadores, pues dijo, al ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN y de los Consejeros del CJF, se viola el plazo constitucional que se marca para dichos encargos.

“La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”.

El coordinador de proceso parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, también se posicionó al respecto; en un mensaje de Twitter aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte “no podrá transitar” ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

 

El Gobierno federal se disculpó este jueves públicamente por la matanza de Acteal de 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles, y se comprometió a reparar los daños con compensaciones económicas para superivientes y familiares de las víctimas.

“Asumo en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre”, expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque “no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre”.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

En la matanza fallecieron 45 tzotziles, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

Este acuerdo engloba a 18 fallecidos y 12 supervivientes, puesto que el resto prefirió esperar a que la CIDH emita el informe definitivo sobre la masacre.

El subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano pretendió ocultar la tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.

“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad”, expresó.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso “no habría sido posible de lograr en
administraciones pasadas” y añadió: “Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo toztzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”.

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

El equipo de abogados de Rosario Robles acudió este martes a presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que  actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa.

El equipo legal también se solicitó el apoyo de dicho organismo internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.

Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart,  y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en  específico contra el juez, por violar flagrantemente la Constitución mexicana, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

Argumentaron que si bien se reconoce que los hechos relacionados con la denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades, “no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado”. Afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva.

Además de presentar pruebas y argumentos que muestran la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con la diputada Dolores Padierna, la defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.

Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Ángela Buitrago y Francisco Cox, especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa regresaron para sumarse a la investigación de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Los expertos llegaron este jueves a la Secretaría de Gobernación para sumarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, ahí estuvieron acompañados por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, quien dijo que esperan que haya un análisis a fondo.

Hoy participaron en una reunión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y otros integrantes de la comisión como funcionarios federales, una representación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que los han acompañado.

En el encuentro se definieron las nuevas actividades que realizarán los expertos en torno al caso y la forma en que coadyuvarán con la Comisión para la Verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la “política de tolerancia cero” del presidente Donald Trump, informó hoy el organismo.

La Comisión emitió dos resoluciones, una impulsada por la petición de organizaciones nacionales de derechos humanos procedentes de México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Honduras, y otra en favor de cinco familias concretas afectadas por la separación familiar.

La Comisión insiste en sus resoluciones en que es el Estado, a través de las autoridades nacionales, el “principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción”, y en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya.

“La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto”, se agrega en la nota.

La Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo. Subrayó el grave impacto que resulta a tales derechos como resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con
su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación.

Se solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad de las personas propuestas beneficiarias, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los menores.

Además insta al Gobierno estadounidense a que adopte “las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior”.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recriminó hoy al Gobierno de Enrique Peña Nieto que no se haya esclarecido aún el grado de participación de actores estatales en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto a poco más de tres años de los hechos.

“El paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. No hay nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos en Iguala”, señaló el informe realizado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH.

El organismo añadió que es importante determinar el grado de participación de la policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías  municipales y autoridades estatales.

Recordemos que el Gobierno de Peña Nieto ha sido fuertemente cuestionado por este caso, y no es la primera vez que la CIDH le ha recriminado que no se  sepa dónde están los jóvenes.

“Persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”, apuntó el informe presentado hoy por el mecanismo que la Comisión creó para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo  Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El informe de la CIDH llega a días de que un tribunal federal ordenara la creación de una  comisión de la verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, una decisión que organismos de derechos humanos calificaron como “histórica”.

 

Con información de DPA / Foto: Archivo APO

Este viernes se llevaron a cabo dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, donde se abordó el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.

 

 

En la primer audiencia, donde se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas, la representación del Gobierno reiteró a los familiares de las víctimas que será este año cuando se llegue a conclusiones en las investigaciones, pues a casi 4 años de su desaparición, familiares acusan de no haber avances ni consignación de responsables.

 

El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado entre las partes, entre las que destacó que en las últimas semanas se ha logrado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.

 

Durante la audiencia también se actualizó sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos, sobre las que se dijo que tras analizar los casos y someterlos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, aunque afirmaron que se continuarán realizando las diligencias correspondientes.

 

En la segunda audiencia, se abordó el tema de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, misma que se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguirá acompañando todo 2018 la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, México) desaparecidos en 2014 y exige avances al Estado.

 

Así lo anunció el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien sitúa la “búsqueda de justicia” para los familiares de los estudiantes entre las prioridades del organismo para el próximo año. “Exigimos una agenda concreta sobre la apertura de otras líneas de investigación, así como avanzar en otras materias que tienen que ver con el rol que la Fiscalía debe tener en una respuesta que incorpore una visión más sistémica de la investigación en marcha, vamos a seguir este tema con mucha atención”, explicó.

 

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha tenido un papel clave en el seguimiento de este caso, que se considera emblemático de las violaciones de derechos humanos en la región.

 

Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión acompañó la investigación entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuando el Gobierno mexicano decidió que no prosiguieran con su tarea, tras haber contradicho con sus pesquisas el relato oficial.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al gobierno de Estados Unidos a suspender la ejecución del ciudadano mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, prevista para este miércoles en el estado de Texas.

 

La CIDH llamó tanto al gobierno federal como al de Texas “a respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y hacer efectiva la medida cautelar que otorgó al mexicano el mes pasado. Recordó que Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su incorporación en 1951 al máximo foro hemisferio.

 

“La CIDH urge asimismo a Estados Unidos a otorgarle una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana, indicó el ente en un comunicado.

 

Advirtió que si el gobierno de Texas procedía con las ejecuciones en virtud de las actuaciones penales analizadas en el caso, estaría cometiendo una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida, previsto en el artículo I de la Declaración Americana.

 

En consecuencia, recomendó a las autoridades una reparación efectiva del daño, incluyendo realizar un nuevo juicio acorde con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo previstas en la Declaración Americana, incluido el derecho de representación legal competente.

 

Adicional se informó que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, negó por unanimidad otorgar clemencia al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, a poco más de 24 horas de cumplirse el plazo fijado para su ejecución por la violación y homicidio, en febrero de 1997, de su prima de 16 años.

 

Raymond M. Estrada, director de información pública del organismo, informó que la Junta votó 6-0 en contra de recomendar al gobernador de Texas, Greg Abbott, posponer la ejecución y también 6-0 por no conmutar la sentencia del mexicano.

 

Con información de Notimex / Foto: Twitter

Kate del Castillo se presentó  a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde interpuso una denuncia contra el gobierno mexicano, al señalar la violación a sus derechos civiles y ante la falta de justicia para su caso en territorio mexicano.

 

 

 

Acompañada de sus abogados, la actriz arribó a la CIDH con dos cajas de documentos que según lo informado, contenían pruebas de las violaciones a sus garantías individuales cometidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto luego de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 

Al ser cuestionada sobre si pensaba que su caso era una represalia directa, la también empresaria indicó que “No creo que sean nadie en específico, no tengo el fundamento para decir una cosa así. Sí ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona, sin duda, y no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general, desde luego”.

 

Del castillo sostuvo que la decisión de imponer la denuncia se debía en gran parte a los daños que ha sufrido profesionalmente por el desprestigio del que ha sido víctima, pues perdió varios contratos. “La gente piensa a veces que soy culpable, pero todos los cargos que se me hicieron, la gente cree muchas veces lo que dicen los medios y lo que dice la televisión, ¿Por qué? porque fueron filtradas todas esas informaciones erróneamente del gobierno a las televisoras y los medios”.

 

 

Con información de Proceso / Foto: Twitter

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de las acciones “racistas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 

López Obrador aseguró que se trata de medidas cautelares contra 30 víctimas concretas, pero adelantó que se van a añadir nuevos casos y  detalló que estas acciones son contra dos órdenes ejecutivas del magnate republicano, para que se proteja a indocumentados de todas las nacionalidades en ese país.

 

AMLO indicó que hasta el momento los casos que se presentaron son de México y Guatemala, y desestimó que la CIDH vaya a rechazar estas medidas,  pues asegura que sí tiene jurisdicción en este caso porque Estados Unidos es un país miembro de la OEA, además presentará formalmente una denuncia jurídica contra el gobierno de Donald Trump ante Naciones Unidas.

 

 

Con información de El Financiero / Foto: Facebook AMLO