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LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

En la Odisea, Ulises retorna a su casa habiendo aprendido a distinguir lo esencial de la vida: separar lo profano de lo sagrado, así como la existencia de límites para el ejercicio del poder. Ulises había destruido el alcázar sagrado de Troya para conseguir alimentos para sus compañeros, un cálculo pragmático que entrañaba la profanación de lo que merecía respeto. La experiencia le enseña a Ulises que tiene que aprender a ser reverente ante lo sagrado, metáfora que emplea Homero para explicar los límites de las cosas, la necesidad de mesura.

El debate político en el país es álgido y en ocasiones violento, pero siempre divertido, sobre todo porque refleja lo que es natural: los intereses, pero también las pasiones. Lo que es peculiar del debate es la personalización de los asuntos: que si Calderón inició una “guerra contra las drogas” o si a López Obrador le robaron la elección de 2006. Como dice Leonardo Curzio, llevamos más de dos décadas de alternancia en una multiplicidad de estados, municipios y la presidencia y, sin embargo, seguimos peleando los asuntos electorales, como si la realidad fuese la de la vieja era del PRI. Las cosas cambian, los actores se mimetizan y la naturaleza de los problemas acaba siendo otra, exigiendo respuestas que tienen que ser distintas.

Nuestro problema es de gobierno -gobernanza- y no de naturaleza electoral. Por supuesto, no tengo duda que se podrían y deberían mejorar los procesos electorales y avanzar hacia un estadio en el que las prácticas violatorias del espíritu de la ley sean erradicadas, a la vez que se logra una legitimidad absoluta del resultado. Sin embargo, el hecho de que no hayamos logrado romper con estos vicios sugiere que el problema que enfrentamos no se encuentra en el ámbito electoral pues es evidente que quienes ahí se juegan la vida son los mismos que establecen las reglas y están dispuestos -de hecho, decididos- a violarlas tan pronto se seca la tinta del Diario Oficial.

México tiene un sistema de gobierno nominalmente federalista pero que de hecho tiene un espíritu centralista. El fenómeno del “jefe máximo”, el caudillo instalado en la silla presidencial se reproduce a nivel estatal y municipal. Antes, con un centralismo asfixiante, el presidente servía de contrapeso frente a los gobernadores, evitando sus peores excesos. Ahora, con un sistema centralista en ruinas pero que permanece ubicuo, nos hemos quedado con todos los vicios del centralismo sin su única potencial virtud, que es la que hoy caracteriza a China: ser capaz de enfocar todos los recursos hacia el desarrollo, le guste a la población o no.

Nuestro federalismo es de papel. No existen estructuras institucionales para hacerlo funcionar, sobre todo a nivel estatal y municipal, donde sobrevive el viejo centralismo asfixiante, pero dedicado casi sin excepción al enriquecimiento del gobernante en turno. Pero son las excepciones las que son reveladoras: independientemente de que se enriquezca el gobernador temporal, hay estados en los que las realidades del poder -o sea, la existencia de contrapesos de facto- hacen mucho más difícil el exceso. Por ejemplo, no es casualidad que haya menos escándalos de corrupción desmedida en estados como Querétaro y Aguascalientes, donde la presencia de enormes inversiones extranjeras se ha tornado en un factor de estabilidad y avance sistemático (en infraestructura, seguridad, etc.) que no existe en estados más diversificados o menos exitosos en atraer esas inversiones. Con esto no quiero sugerir que tienen un mejor sistema de gobierno, solo que existen contrapesos fácticos y éstos cambian la lógica del ejercicio del poder. Es decir, los incentivos del gobernador son muy claros y limitativos.

Así como antes los presidentes “supervisaban” a los gobernadores y, con frecuencia, los removían del cargo, hoy muchos gobernadores hacen lo propio con los presidentes municipales. Los métodos han cambiado en algunos casos, pero el fenómeno es el mismo: la noción del mando único es exactamente eso, la búsqueda de la subordinación con la excusa de la inseguridad. Lo que no ha mejorado -ni cambiado- es la forma de “gobernar”.

El gobierno (y la seguridad) comienza desde abajo. Si queremos lograr un país bien gobernado tendremos que construir un sistema de gobierno municipal que funcione y eso comienza con el impuesto predial, pues así se establece un vínculo de contrapeso entre el ciudadano que paga y el munícipe que gasta. De ahí hacia arriba: justo lo opuesto de lo que hoy existe.

Cuando “explotó” Michoacán al inicio de este sexenio, el gobierno envió al ejército y a la policía federal para estabilizar el lugar, a la vez que envió a un encargado que se dedicó a comprar voluntades sin ton ni son, pero también sin éxito. Hubiera sido mucho mejor aprovechar la presencia de las fuerzas federales para construir capacidad local: policías nuevas, un sistema fiscal, un fuerte contrapeso ciudadano y así sucesivamente. O sea, construir un nuevo sistema de gobierno.

Oportunidades no faltan, pero el diagnóstico correcto sigue estando ausente, probablemente porque eso cambiaría el equilibrio de poder que es, a final de cuentas, nuestro problema de fondo.

@lrubiof

 

Luego de haber alcanzado su peor nivel (12%) en enero pasado tras el gasolinazo, la aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto registra al mes de julio un repunte alcanzando un 20% de opiniones positivas. Así lo reveló la medición del diario Reforma.

 

A pesar del repunte que presentó, 8 de cada 10 mexicanos consideran que el Presidente no tiene las riendas del País y que las cosas se están saliendo de su control, y señalan a la inseguridad como el principal problema que aqueja al país. La corrupción se posiciona como el segundo problema percibido desde la ciudadanía.

 

La aprobación más alta alcanzada por el presidente se registró justo hace un año en julio de 2016 cuando alcanzo 52%.

 

Al cuestionar a los entrevistados sobre el rumbo que lleva el país, 77% cree que México no va por buen camino, mientras que 9% cree que el rumbo es positivo.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, encabezó esta tarde un anuncio de parte de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y grupos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, para la celebración de un plebiscito en donde sean los ciudadanos quienes decidan si aceptan o rechazan la formación de la nueva Asamblea Constituyente.

 

 

“Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro”, sostuvo Borges en un acto público.  “Toda las organizaciones que suscriben este documento expresan lo siguiente: De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución nacional convoque a un proceso de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país”.

 

El referéndum se realizará el próximo 16 de julio y será a partid de este resultado resultado que se activará “el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional”.

 

 

Ese referéndum incluiría dos preguntas más; una sobre el papel que de acuerdo a la ciudadanía deben desempeñar los funcionarios y las fuerzas armadas en cuanto al “orden constitucional”, y una más sobre si los ciudadanos apoyan la renovación de los poderes públicos.

 

Con información de El País /  Foto: Twitter

NEXOS

José Woldenberg

 

 

 

 

¿No sería bueno inyectar al análisis de las elecciones la dimensión política? Porque pareciera que de pronto se nos olvida lo fundamental: los ciudadanos que acuden a las urnas y votan.

 

Al escuchar y leer a algunos parecería que todo se reduce a un asunto de malas mañas, compra de voluntades, presiones ilegales, ríos de dinero que todo lo inundan, olvidando que el día de los comicios comparecen ante la urna millones de ciudadanos que votan según su muy real saber y entender. No digo que las malas artes no existan, pero no lo explican todo.

1. Antes de los comicios del domingo se habían celebrado, desde 2015, 21 elecciones para renovar Gobernadores. Pues bien, en 13 ganaron las oposiciones (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) y en 8 se mantuvo en el Gobierno el mismo partido (Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Puebla, San Luis, Tlaxcala y Zacatecas). En el 62 por ciento de los casos hubo alternancia y en el 38 continuidad. Estos datos (creo) ilustran que no existe un gran titiritero (el Gobierno o los Gobiernos) y unos títeres (nosotros). El malestar con los Gobiernos puede estar explicando ese fenómeno.

2. De las 34 mil 094 casillas que debían colocarse en los Estados, todas funcionaron. No es un asunto menor, menos una cuestión rutinaria. Mucho nos dice de las autoridades electorales, pero sobre todo de los ciudadanos -insaculados y capacitados- que cumplieron con su tarea. Pese al mal humor público imperante, cientos de miles de vecinos siguen realizando una labor fundamental en el desarrollo de los comicios.

3. La participación no fue mala. En el Estado de México pasó del 46.15 por ciento en 2011 al 52.5 según datos del PREP. Un incremento de más del 6 por ciento. Aunque en Nayarit y Coahuila se mantuvo casi en las mismas cifras que en el pasado, pero por encima de la del Edomex (un poco más del 60 por ciento). No existe un abandono de las urnas, por el contrario. Legiones de ciudadanos se presentan a la cita y ejercen un derecho fundamental.

4. En los resultados del Estado de México influyeron diferentes “variables”. Pero no conviene excluir a la política. Todas las encuestas previas al día de la elección indicaban que la mayoría de los ciudadanos deseaban un cambio. Y eso se constató con la votación. El “pequeño detalle” es que las oposiciones fueron cada una por su lado. Esa fragmentación ayudó al PRI, pero también estuvo a punto de favorecer a Morena. El Conteo Rápido nos informó que Alfredo del Mazo obtendría entre el 32.75 y el 33.59 por ciento de los votos y Delfina Gómez entre el 30.73 y el 31.53. Eso lo corroboró el PREP con el 97.79 por ciento de las actas. El PRI y aliados 33.72 y Morena 30.81. Falta el conteo oficial que inicia mientras escribo estos apuntes. Y ojalá se haga de manera exhaustiva de tal forma que coadyuve a despejar dudas.

5. En Nayarit, único Estado en el que la diferencia fue amplia, sí hubo coaliciones. Por un lado, PAN-PRD-PT y un partido regional), por el otro (PRI-PVEM-Nueva Alianza). Antonio Echevarría, de la primera, obtuvo (según el conteo rápido) entre el 37.96 y el 41.40 por ciento de los votos y Manuel Cota entre el 24.84 y 28.20. El margen fue tan amplio que el perdedor aceptó su derrota.

6. En Coahuila, el Conteo Rápido le dio al candidato del PAN y aliados entre el 36.64 y el 39.08 por ciento de los votos y al del PRI y compañía entre el 34.75 y el 37.34. Y dado que los números se empalman fue claro desde el inicio que habría que esperar hasta el conteo oficial. Esa necesidad se incrementó cuando el PREP, que dejó de contabilizar un número muy elevado de actas (más de mil), dio un resultado en el que el abanderado del PRI (38.31) supera al del PAN (36.81). Así que a esperar.

7. En Veracruz se precipitó un alud contra el PRI. Perdió 54 Alcaldías. De 212 ayuntamientos, 112 fueron ganados por la coalición PAN-PRD, 36 por el PRI-PVEM, 18 por Nueva Alianza y 17 por Morena. Pero si uno se concentra en las 10 ciudades más importantes la derrota es mayor: PAN-PRD ganaron 5 (Veracruz, Tuxpan, Córdoba, Papantla y Boca del Río), Morena 4 (Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán) y el PRI sólo una (Orizaba). ¿Tendrá algo que ver la gestión y la rapiña del Gobernador Duarte?

 

A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), instó a los candidatos y partidos que participaron en esta jornada electoral, respetar la voluntad de los electores, al indicar que un signo de madurez de nuestra democracia debe ser el fortalecimiento de las instituciones, de manera que la sociedad reconozca, acate y respete los resultados de las votaciones y las decisiones de las autoridades electorales.

 

Informó que 19 de 21 candidatos a gobernador, firmaron los 11 compromisos por la transparencia y el combate a la corrupción, una iniciativa de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad y de la COPARMEX.

 

Solicitó a todos los actores políticos a acatar diversos puntos:

 

  • Acatar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y hacerlas públicas;
  • Mantener informada a la ciudadanía sobre los expedientes y acciones derivadas de dichas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
  • Poner fin al uso de archivos de papel y transitar a la digitalización y sistematización de todos los procesos de obra pública
  • Presentar junto con su gabinete al Gobernador la Declaración “3 de 3”;
  • Informar sobre la contratación de deuda pública, pagos pendientes y obras inconclusas;
  • Adoptar un padrón único de Programas Sociales;
  • Transparentar las licitaciones de obra pública;
  • Realizar todos los procesos de compra pública y convenios con dependencias a través de la plataforma CompraNet.
  • Impulsar la legislación que esté pendiente para la conformación del Sistema Local Anticorrupción;
  • Adoptar las compras consolidadas de medicamentos, y finalmente
  • Reducir al mínimo el uso de efectivo en las operaciones de sus gobiernos estatales.

 

Indicó que estas iniciativas son sin duda un gran baluarte que hará a los ciudadanos nuevos instrumentos para el seguimiento a la gestión de los nuevos gobernadores, una vez que asuman el cargo para el que fueron electos.

 

Envió un mensaje a los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos, “les pedimos honrar los compromisos firmados con la sociedad. Esperamos que actúen con transparencia, con responsabilidad y con estricto apego a la legalidad. Los convocamos a seguir avanzando juntos en la construcción de acuerdos para el bien de México”.

 

Foto: Twitter

LEO ZUCKERMANN

EXCÉLSIOR

No sé usted, pero si yo fuera el dueño de Pemex, lo primero que haría sería despedir a los empleados involucrados en el robo de combustibles, un atraco que se calcula en veinte mil millones de pesos al año, según el secretario de Hacienda. ¿Por qué los administradores de la petrolera mexicana no lo han hecho? ¿Acaso no los han encontrado? Difícil de creerlo. Aquí el problema de fondo es que la administración de Pemex toma sus decisiones con base en criterios políticos y no económicos.

Supuestamente, el dueño de Pemex somos todos los mexicanos. Sí, como no. Si así fuese, yo, como usted, tendríamos una acción de la empresa a nuestro nombre que nos generaría un dividendo anual sobre las utilidades. O la acción tendría un precio de mercado que fluctuaría de acuerdo al flujo de efectivo traído a valor presente neto. Pero no, los dueños de Pemex no somos los ciudadanos: son una gran cantidad de grupos que ordeñan los ingresos de la empresa comenzando por el gobierno mexicano.

Me van a decir que nuestras autoridades son las que nos representan como propietarios de la empresa. Pero precisamente ahí está el problema: los intereses del gobierno no necesariamente están alineados con los de la ciudadanía. En economía, este tema se conoce como el problema del agente-principal. Los agentes son los que toman decisiones (la administración de una empresa) a nombre de los principales (los accionistas). Supuestamente, la gerencia tiene la misión de generar valor para los dueños. Pero no necesariamente ocurre así. Para empezar, el agente suele tener mayor información que el principal, lo cual significa una relación asimétrica. Pero, además, el agente puede tener intereses diferentes al del principal. Al director de una empresa, por ejemplo, le puede encantar viajar en avión privado, aunque esto incremente los costos, generando menos utilidades.

Regresemos a Pemex. El principal, supuestamente, somos los mexicanos y el agente son los directivos de la empresa. ¿Tienen incentivos éstos para maximizar el valor de los múltiples negocios en que están metidos? La respuesta es no. A los gobiernos de México, priistas o panistas, lo único que les ha importado es extraerle todos los recursos posibles a Pemex. Desde hace lustros, la tratan como si fuera una vaca lechera: le ordeñan todo el dinero posible porque, desde el punto de vista político, es más fácil esto que cobrar impuestos a la ciudadanía.

El petróleo, por más mal que se administre, es un gran negocio. Los márgenes de rentabilidad son altísimos. La ubre petrolera es, en este sentido, enorme. Los que más se han beneficiado son los gobiernos. Pero muchos más se han unido a la succión. Líderes sindicales involucrados en jugosos negocios dentro de la empresa. Empleados que tienen las mejores prestaciones laborales del país. Contratistas privados que, en colusión con empleados corruptos de la empresa, incrementan los costos de insumos y obras.

A la succión de la teta petrolera se ha unido, ahora, el crimen organizado que se dedica literalmente a ordeñar los ductos para robar combustible. Esta operación es imposible sin la información de empleados de Pemex que saben por dónde pasan los ductos, a qué hora se puede perforar un tubo para que no explote y cuándo se envía el flujo de gasolinas por esas tuberías.

Quizá los 20 mil millones de pesos por la criminal ordeña de ductos no sean nada para una empresa que vendió el año pasado 1.08 billones de pesos: representan menos del 2% de los ingresos anuales. Quizá Pemex los pueda considerar como “mermas”. Pero el problema es la suma de todos los que están pegados a la teta de Pemex, comenzando por el gobierno federal. Entre extracciones por aquí y por allá, la petrolera mexicana tuvo el año pasado una pérdida, después de impuestos y derechos, de 296 mil millones de pesos. Más que ser una empresa que genere utilidades a sus accionistas, Pemex es una vaca en cuya ubre están conectados diversos grupos que la chupan y chupan hasta dejarla exhausta. Agréguese, ahora, a los llamados huachicoleros.

Y la administración de la empresa, en lugar de encontrar a los empleados que están coludidos en este robo, se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Seguramente porque son personas influyentes: amigos de poderosos funcionarios públicos y/o miembros del sindicato que, por cierto, pertenecen al partido que hoy gobierna México (el PRI). Y como la política es más importante para los administradores de Pemex, pues los  empleados involucrados en un crimen son intocables.

 

                Twitter: @leozuckermann

Durante una conferencia de prensa que ofreció esta tarde junto a la canciller Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la protección de los ciudadanos de su país, debe ser una prioridad de seguridad nacional, por lo que considera  “la inmigración es un privilegio, y no un derecho”.

 

Merkel y Trump coincidieron en reconocer que es “prioridad de proteger” a los ciudadanos de ambas nacionales y en que “la seguridad migratoria es seguridad nacional”. “También reconocemos que la seguridad migratoria es seguridad nacional. Debemos proteger a nuestros ciudadanos de aquellos que tratan de difundir el terrorismo, el extremismo y la violencia dentro de nuestras fronteras”, aseguró el republicano.

 

Respecto al tema de la lucha contra el terrorismo, el presidente reconoció “a la canciller Merkel por las contribuciones de Alemania, tanto civiles como militares, como miembro de la coalición contra el Estado Islámico”, e indicó que los países deben “seguir trabajando juntos” para protegerse del terrorismo islamista.

 

 

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

 

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, aseguró que en Estados Unidos “No hay tal cosa como la privacidad absoluta en el país, no hay nada que esté fuera del alcance judicial”.

 

Esto lo aseguró durante una conferencia sobre ciberseguridad en la Universidad de Boston.  en donde recalcó que a pesar de no existir dicho estatus, el gobierno no podrá traspasarla sin “una buena razón”, al comentar el auge de las comunicaciones encriptadas. Indicó que “en las circunstancias apropiadas, un juez puede obligar a cualquiera de nosotros a testificar ante un tribunal sobre esas mismas comunicaciones privadas”.

 

Hizo énfasis sobre que los estadunidenses cuentan “con una razonable expectativa de privacidad en sus casas, sus coches y sus aparatos… es un parte vital de ser ciudadano de Estados Unidos. El gobierno no puede invadir tu privacidad sin una buena razón, comprobable en un tribunal”.

 

 

Ante los cuestionamientos sobre si dejaría el cargo debido a varios escándalos, el director del FBI descartó que vaya a dejar el cargo antes de que se cumpla su mandato de 10 años “están pegados a mí por otros seis años y medio más”.

 

 

 

 

Con información de Excelsior / Foto: Archivo APO