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México firmó un acuerdo con Colombia y Ecuador para que, como ya sucede con Venezuela, pague 110 dólares mensuales a migrantes retornados a esos países bajo un programa de prácticas profesionales, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí, se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad, pero va a ser igual (que Venezuela) y nosotros estamos dispuestos a apoyar porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Sin proporcionar mayores detalles, adelantó que será un acuerdo similar al que reveló el jueves pasado la canciller Alicia Bárcena, que detalló que México paga 110 dólares mensuales por seis meses a venezolanos deportados bajo los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

El pacto con Venezuela despertó críticas de diversos sectores, principalmente de la oposición. La candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, calificó dicho acuerdo como “ilegal”.

“El Presidente piensa que el dinero público sale de su bolsa… que puede disponer del presupuesto público como ha dispuesto, y me parece que sí, es ilegal. Maduro debería de ser la persona que les estuviera pagando a los venezolanos para regresar”, dijo la aspirante presidencial.

Precisó que desde que Hugo Chávez llegó al poder, y después Nicolás Maduro “han salido de Venezuela 7.8 millones de venezolanos. Eso es una tragedia humana. La gente va a buscar una oportunidad que nos está encontrando en Venezuela”.

Pese a ello, López Obrador defendió aportar ingresos a los migrantes para que permanezcan en sus países, al citar que el Gobierno de México destina 4,000 millones de dólares anuales para controlar el tránsito migratorio, el apoyo de la Guardia Nacional y protección a indocumentados.

“Entonces, también (es mejor) en términos de eficacia, pero sobre todo por razones humanitarias, nos conviene más ayudar a que la gente tenga trabajo en sus pueblos”, apuntó.

El mandatario argumentó que “esto no le gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca” porque “los conservadores no saben más que querer resolver todo por la fuerza”.

López Obrador aseguró que, con con los programas sociales, “se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio”, pues su Gobierno ha “hecho evaluaciones, incluso grabaciones, videos, de la gente que en otros países recibe estos apoyos”, en referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Estamos absolutamente seguros de que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el Gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina”, insistió.

Los acuerdos ocurren ante el crecimiento de la migración irregular a través de México, que subió un 77.2% en 2023 hasta superar las 782,000 personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Autoridades detuvieron el pasado fin de semana en Cancún al colombiano Nelson Enrique Bautista Reatiga, alias ‘Poporro’, considerado el principal coordinador del tráfico de migrantes de Colombia hacia Estados Unidos.

Así lo informó este martes el director de la Policía colombiana, el general William René Salamanca, que aseguró en una conferencia de prensa que ‘Poporro’ es “socio de los carteles Jalisco Nueva Generación y Tijuana, así como “dinamizador” del microtráfico en el departamento de Santander.

El hombre fue detenido el sábado “en un exclusivo apartamento de la paradisiaca ciudad mexicana de Cancún” y con ello “terminaron 18 años de actividad criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia”.

La fiscalía de Quintana Roo detalló que el “Poporro”, fue detenido cuando circulaba a bordo de un vehículo Tucson Hundai, color negro, sobre el boulevard Punta Nizuc, en Cancún.

Fue extraditado a Colombia, donde “se hizo efectiva la orden de captura en su contra” tan pronto piso el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

El funcionario detalló que en la operación transnacional en la que fue detenido el líder criminal, participaron las autoridades de Colombia, México y Reino Unido. “El éxito de la ‘Operación Éxodo’ es el resultado de una fluida cooperación internacional contra el crimen organizado”, añadió Salamanca.

Bautista Reatiga debe responder en Colombia por los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; homicidio agravado; tentativa de homicidio agravado y tráfico; fabricación o porte de estupefacientes, y tráfico de migrantes.

‘Poporro’ comenzó a delinquir en 2006 en un grupo armado organizado, pero luego decidió crear su propia banda, denominada ‘Los del Sur’, que se dedicaba a microtráfico, extorsión y sicariato en el noreste de Colombia.

Luego entró al negocio del narcotráfico como proveedor y socio de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Tijuana.

En 2020 huyó a México “tras una guerra a muerte con alias ‘Pichi’ por el control territorial del tráfico de estupefacientes. Se estableció en Cancún, desde donde lideraba una red internacional de tráfico de migrantes que llegaban a Colombia provenientes de Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Panamá.

“Los contactaba a través de una docena de cuentas de WhatsApp, a nombre de ‘Don Antonio’, desde donde les ofrecía trasladarlos hasta la frontera con Estados Unidos por precios que oscilaban entre los 5,000 y 8,000 dólares”, agregó el oficial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió del país este viernes rumbo a Colombia, donde se reunirá con el presidente de ese país, Gustavo Petro, con quien abordará temas de seguridad e integración.

Luego de su estancia en Colombia, viajará a Chile, visita que generó en sí el viaje, donde participará en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en ese país.

AMLO y Petro dialogarán “sobre el proceso de Paz Total en Colombia, así como la integración latinoamericana mediante el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, dijo la SRE.

Mañana, ambos presidentes participarán en la clausura de una conferencia latinoamericana convocada por Petro “para iniciar un diálogo regional sobre las causas estructurales del narcotráfico y consumo de estupefacientes”, añadió la dependencia.

Y es que ambos países padecen problemas de inseguridad por el tráfico trasnacional de drogas que tiene como principal destino Estados Unidos.

Tras concluir su agenda en Colombia, López Obrador viajará a Chile, sin atravesar el espacio aéreo de Perú dados las malas relaciones que hay con el gobierno de dicho país, donde el domingo entregará de manera póstuma al presidente Salvador Allende la Orden Mexicana del guila Azteca, la máxima distinción que otorga el gobierno a extranjeros por sus servicios al país o a la humanidad.

La hija menor de Allende, la senadora María Isabel Allende, recibirá la distinción, dijo la cancillería.

El lunes, el mandatario participará del acto conmemorativo con que el gobierno del presidente Gabriel Boric recordará el golpe de Estado contra Allende.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitará sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile, debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno de Dina Boluarte.

López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque (…) no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

“No lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan”, añadió.

Y es que recordemos que López Obrador se ha negado a reconocer como presidenta de Perú a Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo, quien en diciembre pasado fue detenido tras anunciar que disolvería el Parlamento y gobernaría por decreto justo cuando estaba a punto de enfrentar un juicio de destitución.

En respuesta, el Congreso peruano declaró “persona non grata” a López Obrador, cuyo gobierno concedió asilo a la familia de Castillo.

A su vez, Boluarte ordenó el retiro de su embajador en México, con lo cual la relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

En 2019, un avión del gobierno de nuestro país que sacó al expresidente boliviano Evo Morales de su país para otorgarle asilo político en México tuvo que eludir Ecuador y Bolivia, luego de que ambos países negaran el permiso para sobrevolar su espacio aéreo.

López Obrador iniciará este viernes una gira en Colombia donde sostendrá una reunión con su homólogo Gustavo Petro y al día siguiente participará en un congreso sobre drogas en la ciudad colombiana de Cali para luego partir hacia Santiago de Chile.

El 10 de septiembre se reunirá con el presidente Gabriel Boric y luego acudirá a un encuentro con chilenos que se exiliaron en México durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario asistirá el lunes a los actos organizados por el gobierno chileno por los 50 años de la caída del gobierno socialista de Salvador Allende por el golpe militar de Pinochet y ese mismo día regresará a México.

Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la “desproporcionalidad y excesividad” de la Fiscalía en su detención el pasado sábado ya que, según dice, lo grabaron desnudo.

Trujillo denunció las “graves irregularidades” en la captura de hijo del mandatario y criticó que en la audiencia en que se formalizó la detención de Petro Burgos y de su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero, “no se convocó a la defensa” lo que los imposibilitó de apelar o presentar alegatos.

“Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento, y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas”, dijo el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

Según Trujillo, Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, que está embarazada de ocho meses, relató que “los agentes de la Fiscalía ingresaron al apartamento a las seis de la mañana, sigilosamente, sin golpear ni tocar la puerta, tanto que dicen que la mamá de Laura que estaba despierta no escuchó nada, el perro no ladró”.

En este contexto, “abrieron la puerta de la habitación de Laura, ella estaba ahí desnuda, la grabaron, grabaron desnudo a Nicolás ingresando a la ducha, nunca dejaron de grabar a pesar de que Laura se los pidió”, relató Trujillo.

“Esos videos los tiene la Fiscalía, nosotros no los tenemos”, indicó el abogado, que los ha solicitado porque demostraría que “hubo irregularidades graves”.

Además, Trujillo denunció que los agentes de la Fiscalía al parecer arrendaron un apartamento en el conjunto residencial donde vive Nicolás Petro y llevaban viviendo allí “entre una y dos semanas” y desde allí planearon todo para hacer la operación sin necesidad de presentar órdenes judiciales en la portería “como normalmente se hace en estas diligencias”.

Todo esto “lo habrían hecho sin la autorización previa de un juez de control de garantías”, concluyó el abogado.

Trujillo también cuestionó que las presuntas pruebas de que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre se conocían desde hacía cinco meses y, por lo tanto, la captura se habría tenido que hacer entonces.

Está previsto que mañana la Fiscalía lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra su exesposa por los de lavado de activos y violación de datos personales.

Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado.

El punto de partida fue una entrevista de Vásquez a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero.

Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, le entregó a Nicolás Petro “más de 600 millones de pesos para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

El presidente Petro, tras conocer ayer la noticia, manifestó: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

Tal como lo informaran ayer el canciller colombiano y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tras reunirse en Bruselas en el marco de la cumbre de la Unión Europea y la Celac, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó su viaje en septiembre próximo a Colombia.

AMLO detalló que dialogará con el gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, sobre la cooperación bilateral para hacer frente al narcotráfico y la atención de las causas de la violencia a través de los Programas para el Bienestar.

Sin embargo, además de confirmar la visita de Estado que realizará a Colombia el próximo 8 y 9 de septiembre; reveló que el 10 y 11 de septiembre aprovechará para hacer una escala y visitar Chile.

La visita de López Obrador ya se había anunciado a finales del año pasado tras la invitación que le extendió Petro en su viaje oficial a México, pero no se había fijado fecha hasta el momento.

En ese momento se indicó que proponían discutir la propuesta que hizo el presidente Petro sobre un cambio del paradigma en la lucha antidrogas.

“El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas”, señaló López Obrador en su momento.

El titular del Ejecutivo enfatizó en la importancia de evitar que incremente el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes, razón por la cual se llevará a cabo esta nueva reunión.

En noviembre de 2022, tras una reunión celebrada en la Ciudad de México, los gobiernos de México y Colombia anunciaron que convocarían a una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas de la región.

Y es que ambos países reconocieran “el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática”.

La propuesta de Petro es invitar a otros presidentes de América Latina y el Caribe, entre ellos al de Chile, Gabriel Boric, con quien AMLO se reunirá en el marco de dicho viaje.

En los casi cinco años al frente del gobierno, el presidente López Obrador ha hecho sólo 5 viajes al extranjero, cuatro de ellos a Estados Unidos y una gira a países de Centroamérica y el Caribe.

Los cuatro viajes a Estados Unidos fueron en julio de 2020, en noviembre de 2021 y en julio de 2022. La gira a Centroamérica y el Caribe incluyó visitas a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, entre el 5 y el 8 de mayo del año pasado.

Sin embargo, ha rechazo participar en diferentes eventos internacionales al asegurar que la mejor política exterior es la interior. Ha argumentado que hay varios temas que atender en el país, por lo que prefiere no salir a actos en el extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitará Colombia los próximos 8 y 9 de septiembre para reunirse con su homólogo Gustavo Petro y discutir la propuesta de cambio del paradigma en la lucha antidrogas, entre otros asuntos.

Así lo confirmaron el canciller colombiano, Álvaro Leyva, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tras reunirse en Bruselas en el marco de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Entre los temas de interés mutuo que abordaron estuvieron las cumbres sobre migración y drogas en las que ambos países trabajan conjuntamente, agregó la Cancillería colombiana en un comunicado.

La visita de López Obrador ya se había anunciado a finales del año pasado tras la invitación que le extendió Petro en su viaje oficial a México, pero no se había fijado fecha hasta el momento.

“El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas”, señaló López Obrador en su momento.

En noviembre de 2022, tras una reunión celebrada en la Ciudad de México, los gobiernos de México y Colombia anunciaron que convocarían a una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas de la región.

Y es que ambos países reconocieran “el fracaso de la lucha contra las drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática”.

La propuesta de Petro es invitar a otros presidentes de América Latina y el Caribe, entre ellos al de Chile, Gabriel Boric.

Precisamente este lunes, Petro abordó en una reunión bilateral con su homóloga hondureña, Xiomara Castro, esta reunión, que se celebrará en Cali y de la que todavía no se tienen muchos detalles.

Miles de colombianos salieron este martes a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra las reformas laboral, a la salud y pensiones presentadas al Congreso por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Vamos a frenar las reformas en las que él (Petro) cree”, aseguró el excandidato presidencial ultraconservador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, quien se refirió al mandatario como un “antidemócrata” que “miente” y que “tiene tendencias dictatoriales”.

Bautizada como “Marcha de la mayoría”, las manifestaciones aglutinaron a decenas de miles de personas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y otras ciudades, superando en número a las que salieron el pasado 7 de junio para apoyar a Petro y sus reformas sociales, consideradas por muchos como dañinas para el país.

En Cali y Bogotá, las marchas culminaron con plantones en la Plazoleta Jairo Varela y en la Plaza de Bolívar, respectivamente. En la capital se llevó a cabo un minuto de silencio por los miembros de la Fuerza Pública caídos en combate, sector al que se apoyó con pancartas que rezaban “Gracias héroes”.

El respeto a la libertad de prensa fue otro de los pedidos de los detractores del gobierno de Petro, cuya Administración se ha visto en las últimas semanas sacudida por escándalos como el de el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, y la exjefa de gabinete del mandatario Laura Sarabia, supuestamente involucrados en un caso de abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales.

John Milton Rodríguez se pronunció sobre la firma del cese al fuego entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 9 de junio en La Habana al asegurar que se le está “entregando el dominio del territorio colombiano a ese grupo criminal”.

Del mismo modo, los manifestantes condenaron la idea de que se cree un fondo multidonante internacional para subsidiar a esa guerrilla a cambio de que deje de secuestrar.

Según datos de la Policía de Colombia, en la “Marcha de la mayoría” participaron más de 92,000 personas de las cuales 30,000 se concentraron en Bogotá.

“Las marchas son grandes. Petro debe hacer una reflexión. O abre el compás y logra objetivos transformadores menos radicales o corre el riesgo de mover el país a la derecha”, reflexionó el senador y exvicepresidente Humberto de La Calle en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter @OscarVillamiz

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este viernes “todo” su apoyo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien ha buscado el apoyo popular en las calles en medio de la crisis que vive su gobierno por escándalos internos.

“Yo lo apoyo, es un gran presidente Gustavo Petro, un gran presidente de Colombia, hermano de México”, dijo el mandatario al ser consultado durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO aseveró que la llegada de Petro a la Presidencia de Colombia “es una bendición” para ese país. “Después de muchos años de padecer malos gobiernos, entonces todo mi apoyo al presidente de Colombia”, señaló.

Sus declaraciones se dan luego de que el mandatario colombiano se haya visto obligado a salir a las calles a buscar el apoyo de la ciudadanía para darle fuerza diversas reformas que impulsa: laboral, de pensiones y a la salud.

El gobierno de Petro impulsa estas reformas pero están estancadas en el Congreso porque algunos sectores las consideran un retroceso, especialmente la sanitaria.

El apoyo popular es fundamental ya que el gobierno colombiano carece de mayorías en el Congreso, donde el plazo para la aprobación de las reformas vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque Petro puede convocar sesiones extras.

El impulso a estas reformas se da en medio de una crisis por las amenazas de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, quien ha dicho que podría revelar información sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral que llevó a Petro a la Presidencia.

Benedetti, que fue pieza clave del triunfo de Petro, especialmente en la costa Atlántica, se vio obligado a dimitir de la embajada el pasado viernes por un enfrentamiento con la ahora exjefa de Gabinete presidencial Laura Sarabia, a raíz del escándalo en el que están involucrados ambos por presunto abuso de poder e interceptaciones ilegales a una niñera que trabajaba para la alta funcionaria y fue acusada de robo.

Tras su renuncia, Benedetti se distanció de Petro y del resto del gobierno, a lo que se sumaron polémicos audios enviados a Sarabia, que fueron publicados el domingo por la revista Semana.

Foto: Twitter @AlbertoAnayaGt

El Gobierno de Perú arremetió nuevamente contra los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, a los que acusó de ir contra “los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región”.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, remarcó que la defensa de la democracia “constituye una obligación que compromete a todos” los estados de la región de acuerdo con los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana.

Gervasi enfatizó que la posición de López Obrador de no entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú “es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior”.

Agregó que Petro, al haberse referido a la fiscal general peruana, ha demostrado “su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las Fiscalías en el marco de un sistema democrático”.

Y es que ayer, López Obrador calificó de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Los mandatarios “insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, que ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional”, añadió.

Además, reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú” a consideración de México.

Por su parte, Petro criticó el domingo las visitas que hicieron políticos y funcionarios a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, y la señaló como “protagonista” de lo que consideró “un golpe de estado” contra Castillo.

La canciller peruana consideró que la posición de los dos gobernantes “muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países”.

Añadió que los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza del Pacífico “deben considerar suspender su participación en este mecanismo, permitiendo así que el mismo continúe avanzando con aquellos que nos encontramos comprometidos con sus principios y objetivos fundacionales”.

“El Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado”, concluyó la canciller.

El dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, llegó este martes a Florida, Estados Unidos, luego de su sorpresiva llegada y salida de Bogotá, donde esperaba reunirse con la comunidad internacional en una conferencia organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Guaidó abordó un avión en la capital colombiana ayer por la noche, horas después de anunciar en un mensaje en Twitter que había cruzado a pie la frontera desde Venezuela. En ese tuit dijo que ha recibido nuevas amenazas por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro me están sacando de Colombia”, dijo Guaidó en un video que divulgó en su cuenta de Twitter desde el avión antes de despegar de Colombia.

El líder opositor afirmó que la persecución de “la dictadura de Venezuela se extendió a Colombia” y aseguró que el canciller colombiano, Álvaro Leyva, había invitado a la oposición a un encuentro con la comunidad internacional en Bogotá.

“Llegando ya a Estados Unidos. Muy preocupado por mi familia”, dijo Guaidó horas después a reporteros a su llegada al aeropuerto de Miami. Denunció que su esposa, Fabiana Rosales, y sus dos hijas, estaban resguardadas, pero no reveló si aún permanecían en Venezuela.

Agregó que familiares de su esposa habían recibido en Venezuela llamadas de intimidación, pero declinó dar otros detalles sobre esas amenazas, indicando que temía por la seguridad de su familia y su equipo de colaboradores.

Por su parte, la cancillería colombiana aseguró que el líder de la oposición compró su boleto aéreo y negó que el gobierno de Petro hubiera dispuesto un avión para su traslado a Estados Unidos.

El presidente colombiano dijo a través de redes sociales que Guaidó no tenía por qué “entrar ilegalmente al país”.

“Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido”, dijo el mandatario colombiano. A Guaidó “se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EEUU voló” a territorio estadounidense, agregó.

La oficina de Migración de Colombia dijo este martes en un comunicado que abrió un procedimiento administrativo a Guaidó por “infractor a la norma migratoria”. Agregó que “la apertura del proceso no constituye una sanción en contra del señor Guaidó”.

En el mismo sentido se expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, quien dijo que Guaidó ingresó al país de manera “inapropiada”.

“Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos”, informó la cancillería en un comunicado.

El partido Voluntad Popular, en el que milita Guaidó, rechazó la salida del opositor de Colombia, que calificó como una “expulsión”.

“Con esta decisión (de Colombia) avala las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro contra el líder de nuestro partido”, dijo VP en un comunicado.

El objetivo de la conferencia que se tiene programada para hoy, a la que asisten representantes de 19 países y de la Unión Europea, es ayudar a reiniciar las estancadas conversaciones en México entre el gobierno de Maduro y la oposición.

Recordemos que Guaidó encabezó un gobierno interino en enero de 2019 para forzar una salida de Maduro, que se ha mantenido en el cargo con el apoyo de militares y países aliados. El opositor fue reemplazado de la presidencia interina y como jefe de la legislatura opositora a fines de 2022.

Perú reclamó este martes la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó realizar una consulta al respecto y alertó a nuestro país que no formalizar el traspaso “acarrearía responsabilidad internacional”.

“En la fecha, el gobierno del Perú ha planteado la realización de consultas entre todas las partes del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico a fin de llevar a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore al Perú, sin mayores dilaciones”, señaló la cancillería peruana en un comunicado.

El gobierno de Dina Boluarte recalcó que el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado.

La cancillería puntualizó que, en esta comunicación, la primera remitida a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros, se invocó el principio “pacta sunt servanda”, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Sobre las consultas referentes al traspaso de México a Perú de la Presidencia pro tempore, el país andino defendió que estas se contemplan en el propio Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, según el cual “las partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones” del mismo.

Adicionalmente, el gobierno de Perú ha dejado abierta la puerta para utilizar los medios políticos y jurídicos a su disposición para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Por otro lado, la cancillería expresó su “alto aprecio” ante los diversos pronunciamientos por parte de sectores gubernamentales, empresariales y académicos tanto nacionales como de otros países, que “coinciden en la urgente necesidad de continuar con los trabajos” de este proceso de integración regional.

“Los cuatro estados miembro debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económico-comercial sin politizaciones y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos”, insistió el ministerio.

El comunicado de la cancillería concluye señalando que el gobierno de Boluarte “no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su Presidencia Pro Tempore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional”.

Y es que recordemos que en reiteradas ocasiones, la mandataria peruana ha acusado a López Obrador de no querer hacer el traspaso porque “sigue apoyando al expresidente” Pedro Castillo.

Desde la destitución de Castillo en diciembre pasado, López Obrador se ha alineado con el exjefe de Estado, otorgando asilo a su mujer e hijos y denunciando que fue víctima de un golpe de Estado supuestamente orquestado por la oligarquía.

Perú retiró a su embajador en Colombia, de la misma forma que hizo con México en febrero, debido a las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, que no reconoce que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado.

La cancillería de Perú comunicó que la actitud de Petro y sus “continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo” que ha existido entre Perú y Colombia.

Explicó que Perú ha reaccionado de manera “ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años”.

Subrayó que el país “hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados”.

Asimismo, el ministerio precisó que con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre el Perú y dicho país quedan formalmente a nivel de encargado de negocios, de la misma forma que procedió en febrero al retirar a su embajador en México por los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desconoce el actual gobierno de Dina Boluarte.

También en febrero último, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra la administración de Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión.

Recordemos que en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Pedro Castillo, quien se encuentra detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.

“Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso”, expresó Petro ante la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien le contestó que si Castillo no está presente es porque “dio un golpe de Estado”.

“Si estuviera, tendrían a un dictador”, expresó Gervasi en la cumbre.

Ayer, López Obrador reiteró que “el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel”.

Sin embargo, el mandatario agregó que dialogará con Petro y con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para ver cómo entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, después de haberse negado a hacerlo en los últimos meses.

Con la salida del embajador peruano en Colombia, Félix Denegri Boza, ya son tres los representantes diplomáticos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha mandado retirar por las críticas hacia su gestión.

Antes de Boza, fueron retirados los embajadores en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, y en México, Manuel Talavera Espinar. A su vez, el representante diplomático de Chile en Perú, Óscar Fuentes Lira, fue convocado por Lima después de que Santiago criticara la represión policial de las protestas contra Boluarte.

A pesar de todas estas salidas, las relaciones diplomáticas no han quedado del todo rotas, pues algunos países como México siguen con representación en Lima, mientras que Perú mantienen a sus encargados
de negocios, quienes cuenta con funciones similares a las de un ministro de Asuntos Exteriores, pero sin capacidad de reunirse con su homólogo o el jefe del Estado.

México será la sede de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cerraron este lunes el primer ciclo, en Caracas, Venezuela, tras 21 días de conversaciones.

El embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyves, informó que nuestro país aceptó con “todo gusto y responsabilidad” la solicitud hecha por el Alto Comisionado para la Paz de Colombia para ser sede de la siguiente ronda de negociación.

El diplomático indicó que se están analizando las fechas propuestas, así como los “requerimientos necesarios y los aspectos logísticos para que pueda llevarse a cabo dicha ronda bajo las mejores condiciones y garantías”, sin emabergo, se adelantó que esto podría tener lugar en enero próximo.

Asimismo, el embajador señaló que, en los próximos días, el gobierno de México “mantendrá contacto con las partes para finalizar los detalles necesarios y realizar los anuncios correspondientes de manera coordinada”.

“México hace votos para que los diálogos de paz alcancen los acuerdos y compromisos necesarios que aseguren la paz total y estabilidad en la hermana República de Colombia”, agregó el funcionario.

Recordemos que las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN estaban congeladas desde 2018 por orden del entonces mandatario, Iván Duque, relevado al frente del Ejecutivo el pasado agosto por Gustavo Petro, quien decidió retomar el diálogo tan pronto resultó vencedor en las elecciones presidenciales.

El pasado 25 de noviembre, ambas partes acordaron invitar a Estados Unidos y cuatro países europeos, entre ellos España, a acompañar el proceso de negociación, y a Chile, Brasil y México como garantes.

Noruega, Venezuela, Cuba, México y Chile fueron ratificados como países garantes y la Iglesia católica y las Naciones Unidas como acompañantes permanentes de la mesa de negociación.

El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, opera actualmente en 212 municipios de toda Colombia, según la estatal Defensoría del Pueblo.

Se focaliza especialmente en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Nariño, fronterizos con Venezuela y Ecuador, respectivamente, así como en Chocó y Valle del Cauca, al suroeste del país. En algunas zonas está en proceso de expansión o consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados.

Las delegaciones del gobierno colombiano y del ELN cerraron este lunes el primer ciclo de negociaciones con el anuncio de que 20 personas que estaban bajo el poder del grupo irregular fueron liberadas en los últimos meses. Además, se comunicaron acciones humanitarias, pero no un alto al fuego.

El secretario de Seguridad estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el canciller colombiano, lvaro Leyva, anunciaron este viernes en Bogotá la realización de una conferencia latinoamericana sobre migración en el primer trimestre del próximo año.

“Se va a convocar en el primer trimestre del año entrante una conferencia latinoamericana que toca el tema de la migración (…) que involucra intereses de los Estados Unidos”, declaró Leyva, junto a Mayorkas, tras un encuentro en la sede de la cancillería.

Sin dar detalles sobre el lugar donde se llevará a cabo el encuentro ni la fecha exacta, el secretario de Seguridad estadounidense aseguró que su país participará en la discusión “para abordar lo que no es un desafío exclusivo para Estados Unidos” ni “para Colombia”, sino que “es el desafío hemisférico” de la migración.

La cancillería colombiana informó en un boletín que la conferencia tiene como “objetivo establecer unas reglas de juego claras para todas las partes que vayan a concurrir”.

“Lo que acordamos hoy es reunirnos todos y asegurarnos de que todos participen en desarrollar y ejecutar una solución para lo que es un desafío colectivo”, insistió Mayorkas.

El secretario de Seguridad estadounidense llegó a Colombia desde Ecuador en una visita sobre cooperación en la gestión de los flujos migratorios hacia Norteamérica.

Mayorkas y Leyva también discutieron sobre el proceso de regularización de 2.4 millones de venezolanos que migraron a Colombia, huyendo de la crisis en su país.

Los nuevos compromisos se dan luego de la Declaración de Los Ángeles sobre inmigración, adoptada en la IX Cumbre de las Américas en junio pasado en California.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, su administración ha tenido que lidiar, tanto operativa como políticamente, con un número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal.

Autoridades fronterizas estadounidenses realizaron 2.2 millones de detenciones de migrantes en la frontera en el año fiscal 2022, que finalizó el pasado 30 de septiembre, aunque muchas incluyeron a personas que cruzaron la frontera repetidamente.

Además, un juez federal estadounidense invalidó en noviembre una orden fronteriza de la era COVID-19 conocida como Título 42, implementada en marzo de 2020 bajo el mandato de Donald Trump, que permitía a las autoridades expulsar rápidamente a migrantes detenidos al cruzar la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo.