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El gobierno de Estados Unidos ha adquirido casi el 90% del inventario de los próximos tres meses del fármaco Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado efectos positivos en el tratamiento del Covid-19.

El Departamento de Salud de EUA aseguró la compra de más de 500,000 tratamientos de Remdesivir de la farmacéutica Gilead Sciences para los hospitales estadounidenses hasta septiembre.

En concreto, el volumen adquirido supone el 100% de la producción de julio, y el 90% de agosto y septiembre.

“El presidente Donald Trump ha logrado un increíble acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a la primera terapia autorizada para la COVID-19. Hasta donde sea posible, queremos garantizar que cualquier paciente estadounidenses que lo necesite lo pueda obtener”, dijo en un comunicado el secretario de Salud, Alex Azar.

La compra se conoce justo cuando EUA vive un repunte en el número de contagios por coronavirus, con más de 40,000 diarios, especialmente en estados del sur y oeste del país como Texas, Florida, Arizona y California.

El Remdesivir, una terapia experimental que empezó a desarrollarse en 2009 y se puso a prueba con pacientes del ébola a mediados de la década pasada, se ha autorizado de emergencia para combatir el coronavirus SARS-CoV-2 porque un ensayo clínico mostró que ese fármaco acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes.

Gilead anunció este lunes que va a vender su fármaco a 390 dólares para los gobiernos de países desarrollados, lo que elevaría el precio del tratamiento más habitual a 2,340 dólares por paciente y el de las terapias más largas a 4,290 dólares.

En Estados Unidos, desde que en mayo se aprobó de emergencia el uso de Remdesivir para enfermos de coronavirus, los hospitales han estado usando dosis donadas por Gilead, que a partir de julio comenzará a cobrar por el medicamento.

Se trata de un antiviral, administrado por vía intravenosa, que ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y, como resultado, una infección viral se desarrolla con menos rapidez y los pacientes en estado grave se recuperan una media de cuatro días antes de lo habitual.

Hasta ahora, Estados Unidos registra una cifra de 2.638.338 casos confirmados de Covid-19 y de 127,485 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que delegaciones del IMSS de Quintana Roo, San Luis Potosí, Morelos y Baja California Sur adquirieron 115 equipos que habían sido rechazados en licitaciones en otras delegaciones estatales por no cumplir con especificaciones técnicas y legales.

Y aunque los requerimientos técnicos para ventiladores pulmonares son los mismos en todo el país, las delegaciones del IMSS compran ventiladores que esa misma dependencia ha rechazado en otros estados.

La investigación muestra el caso de la delegación del IMSS en Yucatán, donde rechazaron la propuesta de venta de ventiladores de la empresa Industria Electrónica Médica S.A. de C.V., pero tres días después ganó un contrato en Quintana Roo.

En ambas licitaciones se solicitaban especificaciones técnicas y legales idénticas, y aunque en Yucatán no cumplieron, en el otro estado se compraron los 30 ventiladores a la empresa.

El patrón se repitió en San Luis Potosí, donde Industrias Sandoval S.A. de C.V. obtuvo un contrato del IMSS el 4 de mayo, pese a que días antes las delegaciones del IMSS en Yucatán y Veracruz habían rechazado la propuesta de la empresa porque sus ventiladores de origen chino carecían de registro sanitario de Cofepris.

En Morelos y Baja California Sur también se replicó la irregularidad. Las delegaciones del IMSS en esos estados compraron ventiladores de una marca que ha sido rechazada en 10 entidades por carecer del aval de las autoridades de Cofepris para atender a pacientes con Covid-19.

MCCI documentó que en Quintana Roo, Morelos, Baja California Sur y San Luis Potosí se compraron 115 ventiladores de marcas que anteriormente habían sido rechazadas por otras delegaciones del IMSS con el argumento de que dichos productos no contaban con certificación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

El Gobierno de México informó esta mañana que logró acabar con el sistema de intermediarios en el sistema de salud que generaba se elevaran los costos y se concentrarán en pocas empresas el abasto de medicinas.

Al presentar el informe El Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que se decidió romper la forma en que se operaba la compra y el abasto tanto de material esencial médico como de medicinas.

“Ahora compramos a fabricantes y laboratorios con registro sanitario, sin intermediarios ni condicionamientos comerciales, con licitaciones abiertas a proveedores nacionales e internacionales y se tiene un nuevo compendio nacional de insumos para la salud para todo el sector”, explicó López-Gatell.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario también explicó que se mantienen las visitas a los institutos nacionales de salud y aprovecho para puntualizar que no hubo recortes presupuestales a los institutos.

Tal fue el caso de el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), del que dijo: “teníamos antecedentes de quejas por parte del personal médico y enfermería por falta de insumos y esto motivó una visita de supervisión, de inspección pública. Esto detonó una visita de autoridades en la que los trabajadores expresaron las deficiencias en material de curación esenciales para la atención médica y quirúrgica”.

Sobre el tema, López Obrador indicó que el plan que consiste en mejorar la calidad de salud del sector público para cumplir con el artículo 4 y garantizar el derecho a la salud del pueblo de México.

Dijo que recibió un sistema de salud “tirado”, pero su gobierno busca levantarlo con cuatro acciones: resolver el desabasto de medicinas, atender la falta de médicos y especialistas; combatir la corrupción que impactó en la construcción de infraestructura de salud, y basificar a los trabajadores de salud.

“Como otros planes tiene oposición, tiene resistencias por los grupos de interés creados. El objetivo es que el primero de salud de este año va a haber un programa de salud distinto y gratuito. Nada de cobrar por la atención médica o los medicamentos”, refirió el mandatario.

En ese sentido, López-Gatell añadió que las deficiencias que se han registrado en el sector “no es por falta de presupuesto. El dinero existe y está asignado. No es por falta o indisposición del gobierno de que tengan los insumos dado que tienen contratos con entidades intermediarias de la provisión de los insumos”, puntualizó.

En cuanto a la compra de medicamentos, el subsecretario indicó que en el gobierno anterior las adquisiciones se concentraban en cuatro proveedores y adquirían medicamentos distintos para padecimientos iguales.

Informó que de 2013 a 2018 el IMSS, que era la institución que realizaba el proceso de compras, realizó un acumulado de 257 mil 188 millones de pesos para la compra de insumos, la cual se concentró en dos empresas: Dimesa-PISA y Fármacos Especializados.

Una investigación especial de El Universal, revela esta lunes que entre 2006 y 2018, el gobierno federal gastó 675 millones 750 mil 402 dólares en la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea Mexicana.

Entre las aeronaves destaca el avión Presidencial, un Boeing 787-8 Dreamliner, que representó un costo de 127 millones 348 mil 857 dólares; y aunque se adquirió durante la administración del expresidente Felipe Calderó, entró en funciones con Enrique Peña Nieto.

En el sexenio de Calderón, destacan las adquisiciones de un jet ejecutivo Challenger 605, en 26 millones 889 mil dólares, y del avión turbohélice King Air 350i, en 8 millones 86 mil dólares. Están, además, cinco helicópteros Cougar EC725, con un valor de 27 millones 500 mil dólares cada uno. En ese mismo lapso se compraron 11 aeronaves, cinco aviones y seis helicópteros.

Por su parte, en la administración de Peña Nieto las compras aumentaron 90%. De 2012 a 2018 se adquirieron 21 aeronaves: 16 aviones y cinco helicópteros. Destacan un Black Hawk UH-60M, en 14 millones 188 mil dólares; nueve aviones: un Challenger 605, un King Air 350R, un King Air 350i, un T-6C+, un CASA C 295W, un GRUOB G150 y tres Gulfstream 150, 450 y 550.

Debido al derroche de recursos que hubo en esta material, tan pronto llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió no comprar ningún avión o helicóptero, además de que ordenó una revisión del catálogo de aeronaves, así como la venta de aquellas que no sean necesarias para el servicio público.

AMLO indicó que salvo los integrantes del gabinete de seguridad, todos los funcionarios, incluido él, deben hacer sus traslados en vuelos comerciales o por carretera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló esta mañana que ya existe una empresa en proceso para comprar el avión presidencial, aunque no dio mayores detalles pues dijo, se están revisando trámites legales y protocolos.

El mandatario aclaró que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos, bajo la guía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por lo mismo, aclaró que no se puede dar a conocer todavía mayor información, en tanto no se concrete la compra de la unidad, la cual será vendida junto con 73 aeronaves más.

Recordó que la venta del avión presidencial es un proceso del que hasta los adversarios están al tanto porque quisieran que no se vendiera; en ese sentido aseguró que no es un asunto fácil ya que se requiere cumplir con una serie de procedimientos legales y con transparencia.

Recordó que tras ganar las elecciones como presidente de la República, fue que el presidente Felipe Calderón quien tomó la decisión de comprar el avión para manejarlo “como un regalo o como una ofrenda al presidente electo”, Enrique Peña Nieto

En todo caso, advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto debió cancelar la compra, pero no lo hizo “y se compró ese avión carísimo, lujosísimo”, por lo que al resultar electo como presidente, él decidió venderlo porque era un insulto al pueblo de México.

Recordó que al tomar dicha decisión, se tuvo que llevar la aeronave a Estados Unidos e iniciar una serie de trámites y se le solicitó a la ONU acompañar el proceso de venta, además de que se hizo una licitación en la que intervinieron empresas.

Al final hay ya una empresa interesada en la adquisición y esto requirió de la elaboración de avalúos, a los que se suma un proceso de revisión del funcionamiento del avión, en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interviene en el arreglo del avión en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento.

Advirtió que en el caso de que al final no se haga la operación de todas maneras va a seguir en venta, pero de momento la ONU aclaró que no se debe dar a conocer la información hasta en tanto no se llegue a un acuerdo.

En ese sentido, aprovechó para reprochar que en el sexenio pasado, además del avión presidencia, se compraron seis aviones, “jets modernos”, cada uno que costó alrededor de mil millones de pesos, y “estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos”.

Además, dijo, se compraron seis nuevos helicópteros con un costo estimado en mil millones de pesos por aeronave, también para el servicio de funcionarios.

Los diputados de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández e Hirepan Maya Martínez, presentaron una nueva iniciativa que busca regular el consumo lúdico de la mariguana en México y establecer impuestos a su compra y venta.

En conferencia de prensa, Salazar Fernández expuso que se propone modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de regular el mercado.

Destacó que el objetivo principal es que el Estado reciba ingresos de los impuestos que se establecerían a la compra y venta de marihuana y productos derivados.

Del mismo modo, abonaría a la no criminalización de los consumidores, a evitar su venta de forma ilícita y desincentivaría el consumo en la población más joven a partir del factor precio.

También se plantea modificar la Ley de los Impuestos Generales a Importaciones y Exportaciones para modificar las fracciones arancelarias que mantienen prohibida la entrada y la salida de cannabis al país.

El diputado expuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que, derivado del cobro de impuesto de la venta de marihuana y sus productos, recaudaría alrededor de 18 mil millones de pesos anuales.

“Este dinero puede destinarse a programas de prevención y educación; a nuestro sistema de salud; a prevenir riesgos y daños; y al desarrollo económico de las comunidades azotadas por el crimen organizado”, apuntó.

Se desarrollaría una industria nueva, que contaría con la supervisión del Estado y permitiría generar empleos y oportunidades en un nuevo mercado productivo.

Indicó que también se busca liberar a las pequeñas comunidades indígenas y los campesinos que están sometidos bajo el yugo del crimen organizado, pues dijo que en muchos casos son perseguidos por la justicia de manera injusta.

Salazar Fernández añadió que esta reforma también busca implementar sanciones más graves o altas a quienes vendan mariguana a menores de edad.

El legislador aclaró que esta iniciativa es complementaria de la propuesta del coordinador de su bancada, Mario Delgado; aunque dijo, la del líder parlamentario establece un impuesto muy elevado.

“Hay que cuidar el mercado en un sentido. Si tú aplicas impuestos muy elevados a un producto de mariguana te puede ocurrir como en el estado de Washington, Estados Unidos, que aplicaron impuestos tan elevados que la gente sigue consumiendo en el mercado negro”.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció un informe sobre el dengue en el país, luego de que el presidente fuera cuestionado al respecto la mañana de ayer.

El funcionario inició mencionando que el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas. Recordó que la clave de la prevención está en el saneamiento básico, que tiene que ver con los espacios públicos, que su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales.

Añadió que la transmisión del dengue ocurre principalmente en las viviendas, que es en donde entra la primera parte de la prevención, que está basada en limpiar los espacios: que no haya depósitos de agua.

Indicó que cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro: temporada fría, temporada seca, poco dengue o nada de dengue; empiezan las lluvias y empieza a subir el dengue: mayo, junio a veces, si se retrasan las lluvias, hasta finales de octubre. Ante dicho panorama señaló, se llega a recurrir a controlar con insecticidas el problema de los mosquitos, que es donde entra la participación del gobierno, en la compra del mismo.

El funcionario aclaró que han sido sujetos de una campaña de desinformación por parte y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas, toda vez que es un mercado anual de más de 900 millones de pesos de pesos, sólo de la compra federal.

Acusó que había mercados amafiados, dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales; respondiendo a las críticas que se han hecho, López-Gatell Ramírez dijo que desde hace muchos años, dos terceras partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados y desde el inicio del año, para lo que se transfiere dinero a las secretarías de salud estatales, que son quienes se encargan de las compras de insecticidas.

Sobre la participación del gobierno federal, dijo que interviene en una fase que es tardía, como ha venido ocurriendo desde hace varios años.

“Debemos decirlo, reconocerlo en términos de calendario, sí tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurrió en agosto, pero nótese que no cambia la operación, porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados; de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales”.

Explicó que la razón del retraso en la compra es porque se está “luchando contra la corrupción”, pues encontraron que no había bases científicas o técnicas para preferir un insecticida a otro. En ese sentido dijo, se hacían compras con “dedicatorias” y se elegía a algunas compañías.

El subsecretario reconoció que en el 2019 hay tres veces más dengue, aunque dijo, es un fenómeno que ha ocurrido en el pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la tarde de ayer la reunión con la primera ministra danesa prevista para dentro de dos semanas debido a su falta de interés en vender Groenlandia, un territorio con abundantes recursos naturales.

La visita a Dinamarca del presidente estadounidense fue simplemente “anulada”, precisó un portavoz de La Casa Blanca tras la publicación de varios tuits de Trump.

La casa real de Dinamarca expresó su “sorpresa” en un mensaje escrito difundido por la televisión pública danesa DR. El conjunto de los políticos daneses expresaron su asombro por la decisión del presidente estadounidense.

“La realidad trasciende la ficción”, este “hombre es imprevisible”, declaró en un tuit Martin Østergaard, dirigente de la izquierda radical que forma parte de la mayoría parlamentaria.

“Sin ninguna razón, Trump considera que una parte (autónoma) de nuestro país está en venta. Luego anula de manera insultante una visita que todos estaban preparando. ¿Hay parte de Estados Unidos en venta? ¿Alaska?”, reaccionó indignado en Twitter el dirigente conservador Rasmus Jarlov. “Por favor, más respeto”, agregó.

“Dinamarca es un país muy especial pero en base a los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen sobre que no tendría ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, postergaré para otro momento nuestra reunión prevista para dentro de dos semanas”, tuiteó Trump.

El republicano dijo que la primera ministra ahorró una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto a Estados Unidos como a Dinamarca al ser tan directa.

El anuncio se produce en vísperas de que el presidente estadounidense viaje a Francia para participar en la cumbre del G7 en Biarritz del 24 al 26 de agosto.

Hace unos día, The Wall Street Journal reveló que Trump había comentado su interés en que Estados Unidos comprara Groenlandia, una región de Dinamarca, cuya mayor parte está cubierta de hielo, de 55.000 habitantes y con un gobierno autónomo.

El domingo, Trump confirmó su interés en comprar Groenlandia pero dijo que esta operación, que calificó de “gran negocio inmobiliario”, no era una de las prioridades de su administración.

La ambición de Trump no cayó bien en el gobierno de Groenlandia. El Ministerio de Asuntos Exteriores insistió el viernes pasado en que la isla estaba dispuesta a hablar de negocios, pero no en venta.

Es la segunda vez que Trump menciona en su cuenta Twitter la compra de Groenlandia. “Prometo no hacer esto en Groenlandia”, dijo Trump el lunes en un tuit con un fotomontaje donde se veía su inmenso hotel de Las Vegas en medio de un paisaje del territorio autónomo danés.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, ofreció un informe sobre la subasta de bienes inmuebles que se realizó este domingo en el centro cultural de Los Pinos.

Indicó que se lograron comercializar en total cinco inmuebles, por los que se obtuvieron 125.8 millones, de los cuales, 102 procedieron de la venta de lo que es la ‘joya de la corona’, la mansión en Lomas de Chapultepec del empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon.

“Es el bien inmueble de mayor valor que hemos dado cauce en la actual administración, estamos hablando de 102 millones de pesos. Estos 102 millones de pesos representan cuatro veces de lo que se obtuvieron en vehículos y lo doble de lo que obtuvimos de la subasta de bienes e inmuebles, incluso de Santa Lucía”, dijo Rodríguez.

El titular indicó que el gobierno federal sigue contando con la participación y la solidaridad de la ciudadanía en las subastas. Adicional, dijo,ayer contaron con la presencia de forma directa, vía telefónica o a través de sus representantes, de empresarios con vocación “cívica, con vocación social, socialmente responsables” que se sumaron al proyecto del señor presidente de apoyar a los 544 deportistas que participaron en #Lima2019.

Detalló que fueron 33 personas las que compraron las bases de participación para la subasta, y alrededor de seis personas participaron en la puja de la casa, cinco de ellas empresarios y  un vecino de la zona.

Sobre la compra de la mansión en Lomas de Chapultepec, se dijo que fue la fundación Butaca-Enlace que dirige el empresario Carlos Bremer, y que ha apoyado al deporte desde hace 11 años.

“Quien compró la casa fue un empresario con sentido social, Carlos Bremer; un empresario regiomontano fue quien al final decidió hacer la puja por teléfono y fue quien apoyó el proyecto del señor presidente. Nos comentaba él que lo hacía con mucho agrado, con el objetivo de sumarse muy puntual al llamado del señor presidente”, señaló el también titular del SAE.

Se informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la liberación de recursos para la compra de dos estadios de beisbol en Sonora.

El anuncio lo hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fanático de dicho deporte.

De acuerdo con reportes perodísticos, la adquisición de los dos inmuebles ascendería a los 1,057 millones de pesos.

Los recursos serían liberados con ayuda del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Se trata de los estadios “Héctor Espino”, en Hermosillo y “Tomás Oroz Gaytán”, ubicado en Ciudad Obregón; se convertirán en escuelas de beisbol, como parte del proyecto propuesto por López Obrador.

“Van a ser escuelas, son proyectos para entretenimiento, porque los estadios están muy bien ubicados, se van a construir instalaciones”, indicó el mandatario.

AMLO dijo que aunque ahora se está contemplando iniciar el proyecto de las escuelas con participación del gobierno, se prevé la participación de la iniciativa privada, pues dijo, se está contemplando en algunos casos la construcción de hoteles, de centros comerciales, plazas tomando como base el estadio.

Dicho planteamiento recuerda a los proyectos a los que el mandatario se ha opuesto tales como el aeropuerto de Texcoco, que dijo, se pretendía construir toda una zona comercial alrededor del mismo.

El gobierno federal, en voz del director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que hay seis posibles compradores interesados en adquirir el avión presidencial, todos ellos particulares de Estados Unidos.

El funcionario indicó que para la venta del avión “José María Morelos y Pavón“, se trabaja en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tenemos seis interesados, de los cuales creemos que son propuestas serias y pues más adelante estaremos tomando una decisión, como gobierno, cuál de esas es atractiva y si conviene o no”, expuso Mendoza Sánchez desde San Luis Potosí, donde acompaña al presidente en su gira.

Dijo que se está en proceso de revisar las propuestas, con el fin checar de dónde vienen los recursos, la seriedad de cada una de ellas, para después hacer una recomendación al gobierno federal de cuál podría ser el comprador.

Reconoció que se tiene información de las ofertas, pero no están en condiciones de publicar el monto, “lo vamos a hacer público más adelante, una vez que se tome la decisión”, y aseveró que será el postor con el precio más alto, siempre y cuando califique y muestre la seriedad de su oferta.

Aclaró que debido a que el avión lo compró Banobras y se lo arrendó al gobierno federal, esperan que con lo que se recaude por su venta se pueda liquidar el arrendamiento que es alrededor de dos mil 100 millones de pesos.

Precisó que es Naciones Unidas quien lleva el proceso de la enajenación de la aeronave, pues durante este mes ellos han revisando los manifiestos de interés de cada una de las seis propuestas que se tienen.

Tras ser ventilado que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por haber recibido un presunto soborno para autorizar la compra-venta de Fertinal, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015, se ha revelado la lista de funcionarios que dieron visto bueno a la transacción.

Diversos funcionarios fueron testigos y avalaron desde sus respectivas posiciones y responsabilidades en el Gobierno Federal la compra de Fertinal por 635 millones de dólares.

  • Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía
  • Juan José Guerra Abud, entonces Secretario del Medio Ambiente
  • Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda
  • María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener
  • José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía

Sin embargo, se menciona que también acompañaron el proceso de compra-venta los consejeros independientes de Pemex: Carlos Elizondo Mayer-Serra; Jaime Lomelín Guillén; Jorge José Borja Navarrete; Octavio Francisco Pastrana Pastrana y Alberto Tiburcio Celorio, según consta en las actas del Consejo de Administración de Pemex y de Fertilizantes Mexicanos.

Al respecto, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, confirmó que la planta de fertilizantes sí se compró durante el sexenio pasado, “porque así lo autorizó el consejo de administración”, cuando su representado se encontraba a la cabeza de Pemex.

Incluso aseguró que de Pemex no salió ni solo peso para la transacción. “Yo nada más pregunto, ¿Quién la autorizó? ¿Quién dio el dinero?, porque de Pemex no salió un peso. El dinero lo dio Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Investiguen a los que formaban parte del Consejo”.

Sostuvo que es difícil de creer que el entonces presidente de la República, no haya sido informado de las decisiones que tomaba el Consejo en Pemex.

Luego de la investigación que publicó este martes el diario El Universal, respecto a que el ex mandatario Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por recibir supuestos sobornos para autorizar la compra de una planta de fertilizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado al respecto.

AMLO dijo que no tenía información sobre lo publico, pero señaló que lo revisaría. Sin embargo, dijo que lo que existe y por tanto tiene conocimiento, es de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que se dictaron para quienes están involucrados en la compra-venta de la planta en cuestión.

“Se decidió comprar una planta de fertilizante, son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero, se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal; y eso lo llevaron a la práctica y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto lo que inspira es el afán de lucro, no es realmente ninguna teoría, es una argucia el decir que había que darles los bienes públicos a los particulares porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas, lo que pasa es que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo”, explicó López Obrador.

Lamentó que ni en el porfiriato, ni los tres siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en los últimos 36 años del llamado periodo neoliberal.

Recordó que en el marco del llamado ‘Pacto por México’ se decidió comprar la planta que era sabido por todos que estaba en desuso, por lo que desde que se compró se cometieron irregularidades, pues además de la transacción de compra, se otorgó un crédito para “hacer” la planta pues ya no pudo repararse, “eran fierros viejos”.

AMLO descartó que una posible colaboración o intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos, en caso de ser solicitada, se trate de una persecución política.

“Yo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado y que se viera hacia adelante, una especie de punto final”, expuso el presidente.

Fue en ese punto donde dijo que aunque no se tiene la información confirmada, es probable que la compra de la planta pasara por la oficina de Peña Nieto, pues enfatizó, “es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”.

Enfatizó que se decidió dar vista a la Fiscalía de dicho caso, y por ende dar paso a la investigación, pues al tener esos elementos y pruebas, quedarse callados se hubiera convertido en encubridores.

Ante la insistencia de la prensa sobre la compra de pipas para transportar gasolina en los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la transacción y alegó que se cuidaron todos los procedimientos.

Indicó que para que todo fuera transparente se integró una Comisión, a quienes pidió que tuvieran cuidado con las empresas, para que fuesen empresas serias y honestas.

Adelantó que cuando se terminen de firmar todos los contratos de la compra, la misma Comisión va a informar cómo quedaron los contratos y qué características tienen cada una de las empresas.

“Yo avalo esta compra porque le tengo plena confianza a quienes fueron en esta misión a adquirir los autotanques: mujeres inteligentes y sobre todo honestas, mujeres con convicción. Son tres servidoras públicas ejemplares”, sostuvo el mandatario.

Afirmó que la Comisión, conformada por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y la Oficialía Mayor, no tiene semejanza con los “malandrines” que ocupaban cargos en otros tiempos.

Al respecto informó que ya se tienen a los 700 operadores contratados, que pasaron exámenes, y que serán quienes se harán cargo de las nuevas unidades.

 

El Gobierno de México realizó la compra de 671 pipas para trasladar aproximadamente 140 mil barriles de gasolina en el país al día, de las cuáles 50 llegarán el próximo 1 de febrero, señaló Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.

La funcionaria detalló que en la adquisición de estas unidades se hizo una inversión de 92 millones de dólares.

Buenrostro explicó que debido a la necesidad y urgencia de la administración federal para atender el desabasto de gasolina en algunas entidades del país, estas compras se hicieron mediante adjudicación directa.

Buenrostro señaló que el próximo 8 de febrero llegarán 50 pipas. La entrega de las unidades se hará progresivamente hasta el 29 de marzo.

Las pipas tienen capacidades de transporte de 30 mil, 31 mil 500, 40 mil y 60 mil litros, de acuerdo con la presentación hecha por Buenrostro.

Para el proceso de compra, se contactó a la Asociación Nacional de Autobuses y Tractocamiones Nacionales y a la Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados Unidos.

En el proceso participó personal técnico de Pemex que ayudó al grupo con la determinación de los requerimientos técnicos de las unidades y para evaluar técnicamente las ofertas que recibieron.

La compra de estas pipas fue hecha por la comisión anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que este grupo estaría formado por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y la Oficialía Mayor.

El mandatario detalló el 17 de enero que el grupo buscaría adquirir 500 pipas de 60 mil litros de capacidad o mil de 30 mil litros.

López Obrador señaló que la adquisición de los automóviles busca “quitar presión” a los ductos para las labores de distribución de gasolina.

Al ser cuestionado sobre si no hubiera sido preferible recurrir a una licitación para comprar las 571 pipas, que se ha informado tendrán un costo de 85 millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no pues se trató de una emergencia.

El mandatario indicó que la decisión de compra se tomó en el marco de la ley, y como se trató de una emergencia, el gobierno puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera.

Sostuvo que se cuidaron los procedimientos para la compra, argumentando que para que fuera transparente se decidió integrar a la misión que realizó la transacción a la Secretaria de la Función Pública.

“Se actúa con absoluta transparencia, no tengo yo la menor duda. Si se hubiese lanzado una licitación normal, hubiésemos comprado las pipas, si nos iba bien, en tres meses. Es más, se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para empezarnos a entregar las pipas a partir de marzo y como ustedes comprenderán esto demanda de prontitud”, defendió el presidente.

Sin embargo, añadió que como no tiene él o su gobierno problemas de conciencia al no ser corruptos, se procedió a hacer la compra directamente sin licitaciones.

Afirmó también que pese a que tiempo atrás anunció que las compras que hiciera su gobierno tendrían el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en esta ocasión “no dio tiempo”.