VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

La Corte acaba de mandatar al Congreso para que legisle en materia de publicidad gubernamental. En realidad, los diputados justo perdimos la oportunidad de hacerlo en el decreto del Presupuesto de Egresos 2018. El recientemente aprobado conserva un párrafo, que se repite de años anteriores, que supuestamente limita la posibilidad de incrementar durante el año las partidas de publicidad autorizadas, pero que en realidad establece varias exenciones que permiten contarse por montos muy superiores. En realidad se debió haber establecido en el decreto la obligación de no gastar más de los 2,760 millones de pesos autorizados.

La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que desee, sino que también puede gastar para ese fin sin mayor restricción. De hecho, el gasto en publicidad del gobierno federal es superior a las propias prerrogativas que el INE asigna de manera anual a los partidos políticos. En el 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal “3,600 servicios de comunicación social y pública” fue de 3,537 millones de pesos (mdp), pero el reportado como ejercido en la Cuenta Pública llegó a los 9,614 mdp. Para el 2017 se autorizaron 3,119 mdp, pero a septiembre ya se reportaba un gasto por 7,103. Es decir, incluso cuando el gobierno presume de contener el gasto, para lo erogado en comunicación, se aplica lo contrario.

Varios rubros llaman la atención. Uno es el de la Lotería Nacional, institución que desde el año 2014 no tiene asignado presupuesto alguno para publicidad de origen, pero que durante el 2016 recibió ampliaciones presupuestales para alcanzar los 721 mdp. A septiembre del 2017 este monto pasó de cero programado a 400 mdp ejercido. Para el 2018 el presupuesto aprobado en ese rubro a la lotería es de nuevo de cero pesos. Es decir, es a lo largo del año que el gobierno va decidiendo qué hacer y a quién asigna la publicidad de la lotería. Llama también la atención que el gasto aprobado para comunicación en Salud, que en el 2016 fue de 200 mdp, pero el ejercido al final del año alcanzó los 1,496 mdp. Hasta donde recuerdo, no sufrimos de alguna epidemia u otro fenómeno similar que demandará un gasto extraordinario en difusión de esa magnitud. Para el 2017 se aprobaron 103 mdp, pero ya se gastaron a septiembre 1,110 mdp. La explicación seguramente es que, como sí es posible anunciar programas de salud durante la época electoral, pues se incrementa la pauta en dicho periodo para ayudar a los medios que el gobierno decide. Nada como tener una bolsa de ese tamaño para contratar a discreción publicidad en medio de una contienda electoral.

Como sociedad tenemos que cuestionarnos si se requieren más de 200 mdp para publicitar lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, o si hubiera sido mejor destinarlos al equipamiento de sus cuerpos o a la prevención del delito. Si la Conagua, una de las instituciones con mayores recortes en el gasto de inversión, tiene que destinar a medios 252 mdp. Es el mismo caso de Pemex, que gasta en publicidad 224 mdp. Nadie, por cierto, evalúa el impacto y la pertinencia de este gasto en las políticas de seguridad, agua y energía.

Enrique Peña Nieto prometió en su campaña un mecanismo objetivo y transparente para la contratación de publicidad en medios. El gobierno también se comprometió a controlar el gasto y a destinarlo a los rubros que generen resultados y valor para el ciudadano. Ninguna de las dos cosas sucede cuando se revisa el gasto en publicidad gubernamental. No es sólo evidente que este gasto no contribuye a alcanzar los objetivos de las políticas públicas, sino que incluso no sirve para mejorar la imagen ni del gobierno ni del presidente. El punto es que la discrecionalidad del gobierno federal en los montos y el destino del gasto en publicidad, representa un costo presupuestal inaceptable para la ciudadana y un obstáculo para el libre debate y la competencia electoral democrática. Es simplemente inaceptable.