Tag

congreso

Browsing

Nuevo León aprobó, con 22 votos a favor y 10 en contra, el matrimonio igualitario, luego de 4 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que se legislara a favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

“Al no existir ningún diputado que haya presentado alguna reserva, entonces es aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que contiene la iniciativa de reforma diversos artículos del Código Civil para el estado de Nuevo León”, anunció en el Congreso estatal.

En las reformas aprobadas están el artículo 140, que establece que solo pueden contraer matrimonio los hombres y mujeres que han cumplido dieciocho años.

También está el artículo 147 donde se precisa que el matrimonio “es la unión legítima de dos personas para guardarse fidelidad y crear entre ellos una comunidad de vida permanente y ayuda mutua”.

El artículo 148 establece que, “para contraer matrimonio, los hombres y las mujeres necesitan haber cumplido dieciocho años”, y en el artículo 291 Bis se señala que “el concubinato es la unión de dos personas, que durante más de dos años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí”.

La iniciativa, presentada el 20 de febrero de 2019, no fue dictaminada, debido a la omisión del Congreso del Estado que se negó llevar a cabo las reformas para modificar los artículos relacionados con la figura del matrimonio que la SCJN declaró inválidos por ser inconstitucionales.

La iniciativa de reforma fue presentada por los legisladores Waldo Fernández de Morena, y Jessica Martínez del PRI, quienes celebraron la aprobación del matrimonio igualitario.

“Las personas LGBT solo tenemos algo seguro cuando presentamos iniciativas y es que vamos a recibir un no, pero de vez en cuando recibimos un sí y ese sí nos cambia el mundo, nos cambia la vida, es un sí que nos acerca a garantizar nuestra dignidad como personas en una sociedad que históricamente nos ha despreciado”, dijo Martínez tras el fallo.

Ciudad de México fue la primera entidad en que fue reconocido el matrimonio igualitario en 2010. Le siguieron otros estados como Quintana Roo (2012); Coahuila (2014); Chihuahua y Nayarit (2015); Campeche, Michoacán, Morelos y Colima (2016); Chiapas (2017); San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur y Oaxaca (2019); Puebla y Tlaxcala (2020); Sinaloa, Baja California, Yucatán, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Guanajuato (2021); Jalisco, Veracruz, Durango, Estado de México, Tabasco y Guerrero y Tamaulipas (2022).

Así, el matrimonio igualitario ya es legal en todo el país, coincidiendo con la celebración del mes del orgullo.

Foto: Twitter @Jessy_MtzNL

El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de ayer a favor de suspender el límite de endeudamiento del gobierno federal, tras semanas de tensas negociaciones y a solo cuatro días de la fecha límite para evitar la amenaza de caer en default.

Los economistas advirtieron que el país podría quedarse sin liquidez para pagar sus deudas el lunes próximo, dejando un estrecho margen para la promulgación de la ley de Responsabilidad Fiscal, que extiende la autorización de endeudamiento del país hasta 2024, a cambio de un recorte del gasto federal.

La cámara alta del Congreso aprobó el proyecto de ley después de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio, con lo que no habrá un enfrentamiento por el tema de la deuda hasta después de las elecciones presidenciales.

El acuerdo, negociado directamente por el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos, fue aprobado en el Senado con una mayoría de 63 contra 36. Los demócratas encontraron los apoyos que requerían, y más, dentro de las filas republicanas.

“Nadie logra todo lo que desea en una negociación, pero no nos equivoquemos, este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía”, afirmó Biden en una declaración en redes sociales que llegó tan pronto se aprobó.

Dijo además que promulgaría la ley “tan pronto como sea posible” y además dijo que ofrecerá un mensaje a la nación. Se espera que eso suceda este mismo viernes.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, señaló que el país podrá “tener un respiro de alivio” tras evitar un “catastrófico” colapso económico.

El límite de deuda de los Estados Unidos ha sido elevado más de 100 veces para permitir que el gobierno cumpla con sus compromisos de gastos, por lo general sin mayor contratiempo, y con el apoyo de los demócratas y republicanos.

Ambas partes consideran que aumentar el límite de deuda es políticamente tóxico, pero reconocen que no hacerlo hundiría la economía estadounidense en una recesión, sacudiendo además los mercados mundiales.

Los republicanos esperaban usar esta ampliación de la deuda para criticar lo que consideran gastos excesivos del gobierno demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2024, aunque los aumentos en el techo de deuda solo cubren los compromisos ya asumidos por ambos bandos.

Congresistas y senadores estudian el proyecto de ley para elevar el techo de deuda acordado entre la Casa Blanca y los republicanos, que según medios locales reportan que no termina de convencer a todos.

El presidente Joe Biden participó este lunes en un acto en el cementerio de Arlington, en la capital estadounidense, en el que visitó, junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, la Tumba al Soldado Desconocido.

Aunque ofreció un discurso en el que llamó a la unidad, no tuvo ninguna referencia al asunto que ha tensado al máximo la política en las últimas semanas, la subida del techo de deuda para evitar la suspensión de pagos.

Tras anunciar ayer que había llegado a un acuerdo definitivo con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el proyecto de ley fue enviado a congresistas y senadores, y explicado por la Casa Blanca y por el propio McCarthy a los miembros de su partido.

Como advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la semana pasada, será el 5 de junio cuando Estados Unidos se quede sin dinero para cumplir con sus pagos.

El tiempo es muy ajustado ya que la ley tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado y firmada por el propio Biden antes de llegar a la fecha límite. Por ello, el Ejecutivo y los republicanos se han puesto en marcha para conseguir que salga adelante a tiempo.

Según fuentes de la Casa Blanca citadas por medios, hoy y mañana el Ejecutivo de Biden realizará llamadas con los demócratas de la Cámara de Representantes y habrá tres reuniones cada día centradas en la política energética o los cambios en los programas de asistencia para familias necesitadas, algunos de los puntos que se han modificado para satisfacer las demandas de recortes de los republicanos.

Las sesiones informativas estarán dirigidas por varios funcionarios de la Casa Blanca, que tendrán la misión de conseguir que los legisladores del partido admitan los recortes, que según Biden han sido necesarios pero protegen las “prioridades clave” de su gobierno.

El portal Axios publica la guía que circula entre los demócratas sobre el proyecto de ley, texto en el que se afirma que no se han aceptado las “demandas extremas” de los republicanos y en el que se llama a votar sí.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes trabajan de manera responsable para evitar un incumplimiento devastador de nuestra deuda (…) Los republicanos extremos de MAGA (afines al expresidente Donald Trump) están amenazando imprudentemente con una recesión que acabará con el empleo”, afirma el texto.

El proceso para aprobar la ley arrancará mañana, cuando se reunirá el Comité de Reglas de las Cámara de Representantes, encargado de considerar los proyectos de ley, programar las votaciones y determinar el debate.

Este será un momento clave, ya que en el comité, con nueve republicanos y cuatro demócratas, están tres de los conservadores más acérrimos, Tom Massie (Ky), Ralph Norman (S.C.) y Chip Roy (Texas), quienes han criticado el proyecto de ley.

Este último ha afirmado que intentará detenerlo: “Antes de este acuerdo, el país se dirigía a toda velocidad hacia la bancarrota… después de este acuerdo, el país seguirá a toda velocidad hacia la bancarrota”, apuntó.

Sin embargo, McCarthy continúa afirmando que contará con el apoyo de la mayoría republicana en la Cámara baja. En una entrevista con Fox News aseguró que más del 95% de los republicanos de la Cámara están entusiasmados con el acuerdo.

En total se necesitan 218 votos para la aprobación en la Cámara de Representantes, que cuenta con 435 congresistas, 222 republicanos y 212 demócratas.

Si la ley se aprueba el miércoles en la Cámara Baja podría votarse en el Senado a partir del jueves. En la Cámara Alta demócratas cuentan con 51 escaños frente a los 49 de los conservadores y se requieren 60 votos para la aprobación.

Según fuentes de la Casa Blanca y una hoja informativa distribuida por los republicanos, el acuerdo suspenderá el límite de la deuda hasta el 1 de enero de 2025, tras las elecciones presidenciales de 2024.

El proyecto de ley mantiene el gasto no relacionado con la defensa en 2024 y lo aumenta solo el 1% en 2025, después de que se hicieran ajustes.

Los recortes no afectarán a programas de sanidad ni a la seguridad social, pero sí a algunos programas sociales como el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

El pleno del Congreso peruano declaró, finalmente este jueves, ‘persona non grata’ al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, en relación a una moción con ese planteamiento que fue aprobada el pasado lunes por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

“Expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación al principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del derecho internacional, en perjuicio del Perú”, señala la moción.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, López Obrador restó importancia a esta moción, ahora aprobada en el Pleno del Congreso peruano, y dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

López Obrador ha venido insistiendo que la presidenta Dina Boluarte es una “usurpadora”, y ha reiterado México no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. Sobre este conflicto diplomático, en Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional.

Una comisión del Parlamento peruano aprobó este lunes un pedido para declarar “persona non grata” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y sus presuntas injerencias en asuntos internos.

La solicitud al pleno parlamentario, que debe evaluar el pedido en otra sesión cuya fecha no se conoce, también busca impedir el ingreso a territorio peruano al mandatario mexicano.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

El pedido afirma que López Obrador ha realizado declaraciones “ideologizadas” y “cargadas de falsedades”, sobre el fracasado intento de disolución del Parlamento por parte del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, que permitió asumir el poder a Boluarte y el inicio de la tormenta política que, tras sucesivas manifestaciones, ha dejado más de 60 muertos.

Al respecto, esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”, en referencia a lo que discutía en el Congreso.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

El Congreso lo removió horas más tarde. Castillo comenzó a ser investigado por presunta corrupción poco después de iniciar su gobierno de 16 meses.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios.

López Obrador insistió la semana pasada que Boluarte es una “usurpadora” y que México no entregará la presidencia del bloque económico Alianza del Pacífico a Perú, país al que corresponde dirigir el grupo, debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

El Congreso peruano es una de las instituciones más desprestigiadas e impopulares, según encuestas. La firma Ipsos Perú indicó que el Parlamento tenía 79% de desaprobación en mayo, apenas 13% lo respalda.

La negociación en Estados Unidos sobre el techo de la deuda entre la administración del presidente Joe Biden y el Congreso se ha estancado, según admitieron este viernes ambas partes.

El principal interlocutor en el equipo negociador republicano, el legislador Garret Graves, indicó hoy al salir de una reunión que han decidido apretar el botón de “pausa” porque las discusiones no estaban siendo “productivas”.

Y desde la misma Presidencia también se admitió la falta de avances: “Hay diferencias reales entre las partes en temas de presupuesto y las conversaciones serán difíciles. El equipo del presidente está trabajando arduamente para lograr una solución bipartidista razonable que pueda ser aprobada por la Cámara y el Senado”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, culpó de este impás a Biden por no haber abordado el asunto antes con el líder de la Cámara de Representantes, el conservador Kevin McCarthy.

“Esperó meses antes de aceptar negociar con McCarthy un acuerdo sobre el gasto. Ellos dos son los únicos que pueden llegar a un pacto. Ya es hora de que la Casa Blanca se ponga seria. El tiempo es oro”, señaló este viernes en Twitter.

El tiempo juega en su contra porque el límite actual, de 31.4 billones de dólares, fue alcanzado el pasado enero. El gobierno está recurriendo actualmente a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído, pero el Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio.

Pese a lo que se informó, Biden se mostró convencido esta semana de que se llegaría a un pacto, incluso canceló un viaje que iba a efectuar a Papúa Nueva Guinea y Australia tras la cumbre del G7 en Japón para volver antes a Washington y proseguir las negociaciones.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucede en torno a la gira de Biden y su cancelación de visitar Papúa Nueva Guinea. Brenda Estefan, analista internacional, comenta sobre el tema.

En el bando progresista, hay ya quien le pide a Biden que use la potestad que le confiere la enmienda constitucional número 14 para elevar el techo de deuda sin pasar por la aprobación del Congreso.

El senador Bernie Sanders admitió este jueves que no es “la solución perfecta”, pero que hacerlo “permitiría a Estados Unidos seguir pagando sus cuentas a tiempo y evitar una catástrofe económica y recortes devastadores para algunas de las personas más vulnerables del país”.

Biden y los líderes del Congreso se reunieron por última vez en la Casa Blanca para hablar sobre el límite de deuda este martes, y a la salida de esa cita McCarthy recalcó que todavía están “lejos” de cerrar una solución satisfactoria para todos.

El director ejecutivo y cofundador de Open AI, desarrolladora del programa de generación de texto ChatGPT, Sam Altman, pidió este martes al Congreso de Estados Unidos que regule el desarrollo y los usos de la inteligencia artificial (IA).

En una comparecencia ante un subcomité del Senado, Altman hizo un listado de las aplicaciones beneficiosas de la tecnología, desde la medicina hasta la lucha contra la crisis climática, y confió en que la IA puede ser utilizada para el beneficio de la humanidad.

Sin embargo, matizó que es necesaria la intervención de los gobiernos del mundo para asegurar que estas herramientas se desarrollan de manera que protejan y respeten los derechos y las libertades de los ciudadanos.

“Creemos que los beneficios de las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora superan ampliamente los riesgos”, defendió el empresario durante la audiencia.

El testimonio de Altman se produce en medio de la preocupación por parte de las autoridades estadounidenses por la posibilidad de que el rápido avance de las tecnologías de IA tenga efectos inesperados sobre la sociedad.

Los legisladores citaron riesgos como la pérdida de empleos o el uso de herramientas de creación de contenidos para generar información falsa por parte de actores extranjeros.

Para ilustrar sus preocupaciones, el senador Richard Blumenthal, presidente del subcomité de Privacidad, Tecnología y la Ley e impulsor de la audiencia, emitió una grabación realizada con inteligencia artificial que había sido escrita por ChatGPT, imitando el estilo y los principales focos de interés del congresista.

Altman admitió que probablemente la IA afectará al mercado laboral, pero se mostró optimista en que a la larga, la tecnología generará más empleos nuevos de los que destruirá. “Somos tremendamente creativos”, confió el empresario.

Altman también se mostró abierto a la sugerencia de Blumenthal de que el gobierno desarrolle laboratorios independientes para comprobar la fiabilidad de los modelos de inteligencia artificial, y que les darían una nota similar a la calificación nutricional de los alimentos.

El responsable de OpenAI admitió que sus productos todavía cometen errores, pero que con el tiempo se volverán más y más fiables.

Otro de los senadores impulsores de la audiencia, el republicano Josh Hawley, aseguró que la inteligencia artificial es “una de las innovaciones más significativas de la historia”, pero que todavía no está claro si será más parecida a la invención de la imprenta o a la de la bomba atómica.

Los congresistas defendieron que si bien es cierto que se necesita regulación pública, las empresas de IA como OpenAI no tienen que esperar al Congreso para instaurar mecanismos que permitan controlar el desarrollo de la tecnología para mitigar los daños.

El gobierno federal denunció este viernes el racismo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por aprobar ayer una ley que reanuda la construcción del muro fronterizo que inició Donald Trump, así como nuevas medidas antiinmigrantes.

“Esto está organizado porque el año que entra hay elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas de quienes promueven esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra las y los mexicanos, y en general todos los hispanoparlantes”, dijo el canciller Marcelo Ebrard quien participó en la conferencia matutina.

Ebrard criticó el proyecto de ley que impulsó el legislador republicano de Florida Mario Díaz-Balart que reactiva las obras del muro, restringe aún más los procesos de asilo y autoriza drones operativos 24 horas en la frontera con México.

La iniciativa se aprobó por 219 votos a favor de los republicanos y 213 en contra, pero no tiene probabilidades de prosperar porque el Senado está en manos de los demócratas, además de que el presidente Joe Biden ya anticipó que la vetará en caso de avanzar.

Por ello, el canciller acusó a los republicanos de insistir con esta ley “para sacar raja política” rumbo a las elecciones de 2024.

“Nosotros, desde luego, rechazamos eso, pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata: sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México preparando su campaña político electoral, porque el único cemento de ese partido hoy es el racismo”, sentenció.

El secretario aseveró que “hay una serie de mentiras que manejan” los republicanos, como el que los migrantes trafican fentanilo. También reiteró que “los planteamiento son inaceptables para México”.

“Se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir: es absurdo”, manifestó.

El canciller también rechazó las declaraciones del senador republicano John Kennedy, quien afirmó que México “estaría comiendo comida para gatos” sin el apoyo de Estados Unidos, y quien exigió a la Agencia Antidrogas (DEA) que presione para usar militares estadounidenses contra cárteles mexicanos.

“Es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país, y lo vamos a seguir diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, primeramente estaríamos aceptando que pisoteen nuestro orgullo nacional”, comentó Ebrard.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que pedirá a los mexicanos en Estados Unidos, donde habitan cerca de 38 millones, que no voten por este tipo de políticos, es decir, por los republicanos que usan a México de ‘piñata’.

“Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos”, sostuvo López Obrador.

AMLO descartó represalias o diferencias con el gobierno del presidente Joe Biden, pues dijo, las “imprudencias” que se han cometido, y declaraciones desafortunadas, tienen que ver con la “politiquería” a la que recurren algunos políticos, en referencia a figuras como John Kennedy o el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como el “Plan B”, que Morena y aliados aprobaron en el Congreso.

Este llamado ‘Plan B’ ha sido señalado por la oposición y expertos en la materia, de atentar contra la democracia y de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los votos a favor del proyecto fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto. Las dos figuras más cercanas a Morena y al gobierno federal.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.

Además, el Instituto Nacional de Electoral (INE) aún con Lorenzo Córdova al frente, denunció que dichas reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

Es decir, el rechazo se produjo no por el contenido o los cambios aprobados, sino porque los legisladores que la aprobaron violaron el proceso durante su aprobación en las Cámaras del Congreso.

En tanto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.

Este es el primer revés del “Plan B” de López Obrador en la Corte, el cual llegó luego del fracasó de la su iniciativa constitucional que el mandatario envió al Congreso, con el que buscaba “transformar” al INE.

La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el “Plan B”.

El Congreso peruano rechazó este martes una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Bolaurte, presentada por partidos de izquierda, que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales.

La moción en busca de la vacancia de Boluarte por su “incapacidad moral” para gobernar fue denegada con 64 votos. Otros 37 votaron a favor y se requería un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para iniciar el proceso.

Como se esperaba, los partidos de derecha que dominan el Congreso desestimaron el primer intento para destituir a Boluarte.

La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas, entre civiles y militares, durante los últimos tres meses de violentos enfrentamientos que estallaron tras la asunción de Boluarte, de 60 años, en reemplazo de Pedro Castillo.

“Existen razones para la vacancia de Boluarte, ha instaurado un gobierno de represión y muerte”, dijo durante el debate antes de la votación el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo.

La expulsión de Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso, desató una ola de protestas en demanda de la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Parlamento y una asamblea para redactar una nueva Constitución.

Las protestas con bloqueos de carreteras, que por momentos paralizaron la operación de importantes minas en el segundo mayor productor mundial de cobre, se han reducido drásticamente desde más de un centenar en enero y solo se mantienen de forma esporádica en la región de Puno, frontera con Bolivia.

“Se debe individualizar las responsabilidades”, dijo la legisladora Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, el mayor bloque en el Congreso. “Pretender una vacancia en estos momentos no resulta prudente”, afirmó en el debate.

Recordemos que Amnistía Internacional dijo en febrero que tenía evidencias documentadas de “uso excesivo y desproporcional” de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú al enfrentar las protestas.

Boluarte, que debe completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026, enfrenta en la fiscalía una investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas, en la que se ha incluido a parte de su gabinete.

Asimismo, la fiscalía ha iniciado una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y lavado de activos, relacionados a aportaciones de campaña electoral en el 2021 que llevó al poder al profesor rural y exdirigente sindical Castillo.

Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que tenía perdida, mientras que Martín Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020 en una votación en el Parlamento, entre otros mandatarios de transición o que no lograron terminar su mandato.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, compareció este jueves ante congresistas estadounidenses, ante los señalamientos, cada vez mayores, de presuntos vínculos de la red social con el gobierno chino.

La presencia del CEO en el Congreso buscaba tranquilizar y despejar temores de que el uso de TikTok afecte la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Propiedad de la empresa china ByteDance, TikTok está bajo una enorme presión en diversos países: los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Letonia, Países Bajos, por mencionar algunos, han prohibido la aplicación en los dispositivos de sus funcionarios.

La aplicación intenta sobrevivir a un ultimátum de la Casa Blanca, que exige que ByteDance venda la aplicación para evitar ser prohibida en Estados Unidos. Está bajo la lupa de varias leyes, incluido un proyecto de ley respaldado por la Casa Blanca que allana el camino para prohibir la aplicación.

En la sesión del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, los congresistas no dieron respiro a Chew, y con frecuencia le negaron la posibilidad de extenderse en sus respuestas o de promocionar la popularidad mundial del sitio entre los jóvenes.

“ByteDance no es propiedad ni está controlado por el gobierno chino y es una empresa privada”, dijo Chew a los congresistas. “Creemos que lo que se necesita son reglas claras y transparentes que se apliquen ampliamente a todas las empresas de tecnología: la propiedad no es la base para abordar estas preocupaciones”, agregó Chew.

Una prohibición sería un acto sin precedentes para una empresa de medios en Estados Unidos y dejaría sin acceso a ella a 150 millones de usuarios mensuales en el país, sobre todo jóvenes.

Chew se vio obligado a reconocer que algunos datos personales de los estadounidenses todavía estaban sujetos a la ley china, pero insistió en que esto pronto cambiará.

Antes de la audiencia, el Ministerio de Comercio chino afirmó que “se opondría firmemente” a una venta forzada, y subrayó que cualquier acuerdo o escisión de TikTok requeriría la aprobación de las autoridades chinas.

Chew habló de un plan elaborado por la compañía, conocido como Proyecto Texas, para satisfacer las preocupaciones de seguridad nacional, según el cual el manejo de los datos de Estados Unidos correría a cargo de una división dirigida desde este país.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves un proyecto de presupuesto en el que pide al Congreso que apruebe una partida de 1,430 millones de dólares para reducir la inmigración procedente de Latinoamérica.

Cerca de 1,000 millones estarían destinados a ayudar a Centroamérica y otros 430 millones al resto del continente.

Así aparece en el proyecto presupuestario para el año fiscal 2024, que comprende del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, que hizo público este jueves La Casa Blanca, y que suele ser visto como el inicio de las negociaciones del presidente con el Congreso,.

Recordemos que es el Congreso el órgano con autoridad para aprobar el presupuesto.

Una de las partidas lleva el título de “Construir seguridad y prosperidad en Centroamérica y Haití”. En ella, el gobierno de Biden pide que se destinen mil millones de dólares a abordar las “causas de raíz”, entre otras la violencia y la falta de oportunidades económicas, que provocan que millones de centroamericanos migren a Estados Unidos.

Recordemos que durante su campaña a la Presidencia y cuando llegó a La Casa Blanca en enero de 2021, Biden dejó clara que su intención era trabajar con el Congreso para aprobar 4,000 millones de dólares en asistencia a Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, para acabar con la migración forzada.

Los mil millones que pide ahora Biden son un paso en esa dirección, argumenta el texto del proyecto.

Además, se solicitan 291 millones de dólares para Haití, uno de los países del que provienen gran cantidad de los migrantes que llegan a Estados Unidos de manera irregular y al que Washington quiere ayudar a recuperarse de la crisis que vive en materia de seguridad, salud, economía e instituciones democráticas.

El presupuesto incluye otra partida para implementar la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” que Estados Unidos y otros 19 países del continente americano suscribieron durante la Cumbre de las Américas del año pasado.

En concreto, Biden pidió al Congreso 430 millones de dólares para ayudar a los países del continente americano a gestionar los flujos migratorios con medidas que aumenten las oportunidades para migrar legalmente, mientras que al mismo tiempo se trata de contener la migración irregular.

Además, el presupuesto contiene una petición de 40 millones de dólares para programas de ayuda a migrantes en Latinoamérica y 75 millones para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que Washington ya es el máximo accionista.

Otra de las prioridades de Biden, según muestra el presupuesto, es aumentar las medidas de seguridad en la frontera con México, partida para la que pide una cantidad sustancial de dinero.

Específicamente, el gobierno pide 25,000 millones de dólares para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), encargada de la seguridad en la frontera, y para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que gestiona entre otras cosas los centros de detención para migrantes.

También se incluye una solicitud de fondos para contratar a 350 nuevos agentes fronterizos de la CBP, 535 millones para mejorar con nueva tecnología la seguridad en los puntos de entrada en la frontera y 40 millones para la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

Convencer a Estados Unidos de que él es el arquitecto de la recuperación económica y el garante de su éxito futuro:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien evalúa buscar la reelección en 2024, pronuncia esta noche su discurso anual del Estado dela Unión, que según diversos especialistas, en esta ocasión tiene mucho en juego.

El discurso del estado de la Unión, programado para las 21:00 locales, es la larga alocución anual mediante la cual, desde hace décadas, en enero o febrero cada presidente estadounidense describe sus logros y revela sus planes ante el Congreso.

La Constitución exige al inquilino de la Casa Blanca informar a los legisladores “de vez en cuando”. Esta obligación se ha convertido en un gran ritual de la vida política estadounidense.

A sus 80 años, el mandatario demócrata tendrá mucho que hacer para convencer a sus compatriotas de que él es su mejor opción, ahora y potencialmente para las elecciones presidenciales de 2024, frente a su antecesor republicano Donald Trump, quien ya está en campaña.

Ante un Congreso en el que una de las cámaras, la de representantes, está ahora en manos de la oposición republicana, el “principal mensaje (será) que todavía tenemos que avanzar, pero que la gente se tiene que sentir optimista”, dijo ayer el principal asesor económico de Biden, Brian Deese.

El presidente tiene las cifras a su favor: un crecimiento robusto, un riesgo de recesión a la baja; un desempleo bajo y una inflación que se desacelera tras haber golpeado duramente a los hogares el año pasado.

Sin embargo, Biden se enfrenta al hecho de que las estadísticas no se reflejan en el sentir ciudadano: a pesar de las enormes inversiones y reformas votadas por Biden, el 62% de los estadounidenses cree que “no ha hecho mucho” o “casi nada” desde que asumió en enero de 2021, según una encuesta del Washington Post/ABC.

Incluso en el terreno demócrata no muestra entusiasmo por una nueva campaña de Biden. La misma encuesta revela que el 58% de los votantes demócratas quiere a otro candidato.

A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, se espera que Biden dedique buena parte de su mensaje a elogiar el papel de liderazgo de Estados Unidos en la respuesta occidental a Rusia y, más ampliamente, su visión de “líder del mundo libre” frente a las autocracias.

En particular frente a China, a la que Estados Unidos acusa de haber enviado un globo espía sobre su territorio, finalmente derribado el sábado pasado.

Más allá de la economía y la geopolítica, Biden también buscará, como es costumbre, abarcar un amplio abanico de temas.

La lista de invitados de la Casa Blanca, publicada el martes, da una idea. Estarán presentes los padres de Tyre Nichols, un joven negro víctima de la violencia policial en Memphis; la embajadora de Ucrania; el cantante y activista Bono; personas que han superado el cáncer; una pareja de lesbianas; el padre de una víctima de una sobredosis de fentanilo, por mencionar a algunos.

El discurso del Estado de la Unión es un gran escaparate. En 2022 de Biden atrajo a más de 38 millones de espectadores, que no se comparta con lo que el Super Bowl de ese año reunió: 112 millones de espectadores. Sin embargo, no hay evento anual en el calendario político que se le acerque.

La tarde de ayer, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso aprobó con 10 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, el dictamen de idoneidad sobre la designación de Omar Mejía Castelazo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Recordemos que esta propuesta fue presentada por la Secretaría de Hacienda, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que decidiera no ratificar a Gerardo Esquivel en dicha posición.

Mejía Castelazo compareció ante diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran la Tercera Comisión para exponer su plan de trabajo, en donde destacó el “honor” de haber sido propuesto como subgobernador del Banco de México.

El funcionario señaló estar consciente de la “alta responsabilidad que conlleva ser parte de la Junta de Gobierno del Banco Central del Estado mexicano” y que de ser ratificado “pondré todo mi empeño, conocimiento y experiencia para lograr el cumplimiento del mandato constitucional”. 

En su exposición, Mejía Castelazo reconoció que la política monetaria del país enfrenta desafíos importantes. Señaló que en el corto plazo, se necesita atender y resolver las presiones inflacionarias que se observan, así como garantizar que la inflación regrese hacia su meta dentro del horizonte de pronóstico.

“Mis esfuerzos estarán enfocados en que el país recupere su estabilidad de precios y conduciré la política monetaria de manera responsable, eficiente, oportuna e independiente”, sostuvo.

Los diputados integrantes de la Tercera Comisión intervinieron en la sesión. La senadora Nuvia Mayorga Delgado del PRI consideró que el papel de Omar Mejía Castelazo debe ser autónomo para el bien de México. Afirmó que es necesario utilizar una política monetaria más eficiente para bajar la inflación. 

Previamente, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, comentó que uno de los cuestionamientos hacia Mejía Castelazo es que no cuenta estudios de posgrado.

Se dice es una persona joven, “pero 43 años no parece que sea tan joven como se ha expresado; tiene experiencia dentro del Banco de México, pero ciertamente sería el primer funcionario en no tener el título de un posgrado en esa posición”, dijo el perredista.

El postulante a la posición de subgobernador de Banxico respondió que en efecto no cuenta con título de posgrado, pero aclaró que ya terminó sus estudios, por lo que solo se encuentra a la espera del titulo que lo avale.

El presidente de la Tercera Comisión, integrada por Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, informó que el dictamen se remitió a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que el nombramiento sea avalado en el Pleno.

El 118 Congreso estadounidense inicia dará inicio mañana martes con una nueva relación de fuerzas entre sus dos cámaras, además de la previsión de que los dos últimos años de mandato del presidente, Joe Biden, se vean obstaculizados por la oposición republicana.

Cuando los conservadores lograron el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato de noviembre pasado, recuperaron el poder de marcar el calendario legislativo, al gestionar qué proyectos de ley van a ser debatidos y cuándo, y con esto se hicieron fuertes frente a un Senado dominado aún por los demócratas.

En los pasados comicios los republicanos obtuvieron 222 escaños en la Cámara de Representantes, 9 más que sus rivales, mientras que los demócratas mantuvieron el Senado inicialmente con 51 puestos, si bien la senadora Kyrsten Sinema los abandonó en diciembre para registrarse como independiente.

Los republicanos han prometido actuar para que el gobierno “responda al pueblo estadounidense”, luchar por los derechos constitucionales de la gente, realizar una vigilancia “rigurosa” y “exigir transparencia”.

Estarán liderados por Kevin McCarthy, hasta ahora líder de la minoría y que pese a las rencillas internas parece tener asegurados los 218 votos requeridos para hacerse con el puesto de “Speaker”. Si algunos congresistas no acuden a la votación o votan “presente” el umbral mínimo para lograr la presidencia de la Cámara Baja descendería.

En estos dos próximos años cruciales antes de las elecciones presidenciales de 2024, para las que el exmandatario republicano Donald Trump ya se ha postulado y no parece cuestionarse que Biden también lo hará, este último finalizará así su mandato con una virulencia creciente desde el bando contrario.

Los republicanos ya tienen en su punto de mira indagar en las razones que llevaron a registrar la mansión del expresidente Trump en agosto o los supuestos negocios de la familia Biden con adversarios del país aprovechando sus lazos políticos.

Y en esa misma línea planean no dar continuidad al comité legislativo que investigó el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio estadounidense, que recomendó al Departamento de Justicia procesar a Trump y consideró a este último máximo responsable de esa insurrección.

Pero el cambio en este nuevo ciclo no será solo de color político. El nuevo Congreso contará con un récord de 149 mujeres (106 demócratas, 42 republicanas y una independiente), 124 de ellas en la Cámara de Representantes.

Las mujeres ostentarán el 28.5% de los escaños y el 25% de los del Senado y para el Centro para la Mujer y la Política Estadounidenses (CAWP) serán el grupo más diverso hasta ahora a nivel racial y étnico, con nuevos récords de representación entre las mujeres latinas o hispanas (19) y negras (27).

No estará en su primera fila su congresista más ilustre, la demócrata Nancy Pelosi, hasta ahora presidenta de la Cámara Baja y que tras la derrota en los comicios de noviembre anunció ese mes que deja lugar a las nuevas generaciones y que solo mantiene su escaño como representante por California.

Bajo su batuta el partido de Biden ha negociado algunos de los logros de los que más se ha enorgullecido en la anterior legislatura, como la Ley para la Reducción de la Inflación o la que promueve la fabricación nacional de microprocesadores para mejorar la posición estadounidense frente a la competencia china.