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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde el paquete de rescate de 1.9 billones de dólares que presentó el presidente Joe Biden. El plan de ayuda está diseñado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, e incluye apoyos directos a los ciudadanos.

Esta es la primera gran victoria para el presidente Joe Biden desde que asumió el poder, y que como se comprometió, da un respiro a familias y empresas golpeadas por la pandemia.

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado, fue aprobada como se preveía por los demócratas sin el apoyo de los republicanos. Pasa a La Casa Blanca, donde se espera que Biden lo ratifique el próximo viernes, según declaraciones de la portavoz, Jen Psaki.

Indicó que Biden planea rubricar y convertir en ley “el viernes por la tarde” el plan de rescate que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Será la primera ley que firma Biden desde que llegó al poder el pasado 20 de enero.

“Vamos a actuar a toda velocidad en la implementación de la ley, porque el pueblo estadounidense necesita ayuda lo antes posible”, aseguró Psaki durante su rueda de prensa diaria.

La Casa Blanca considera el proyecto de ley uno de los planes “más progresistas” que se han aprobado en la historia moderna de Estados Unidos, en palabras de Psaki, y tiene previsto dedicar las próximas semanas a promocionarlo y “venderlo” al pueblo estadounidense.

“El presidente va a viajar (para promoverlo), la vicepresidenta (Kamala Harris) va a viajar, la primera dama va a viajar. Tendremos gente comunicándose directamente con las comunidades”, aseguró Psaki.

Biden opinó el mes pasado que, cuando el expresidente Barack Obama consiguió aprobar un plan de estímulo en 2009, cometió un error al no dedicar muchos recursos a promocionarlo, y “pagó el precio por esa humildad” en las elecciones legislativas del año siguiente.

El demócrata quiere que su plan de estímulo, conocido como Plan de Rescate Estadounidense, tenga el efecto contrario y ayude a los demócratas en los comicios legislativos de 2022, por lo que ha pedido a su equipo que se dedique a promocionarlo.

La Casa Blanca incluso se planteó poner el nombre del presidente en los cheques únicos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80,000 dólares anuales por persona que se van a distribuir como parte del plan, pero finalmente decidió no hacerlo, según el diario The Washington Post.

El proyecto de ley amplía hasta comienzos de septiembre las ayudas al desempleo, de 300 dólares semanales, ya que los actuales fondos expiraban el 14 de marzo, fecha límite que se han marcado tanto La Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado.

El paquete asigna 350,000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales, 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, 14,000 millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46,000 millones de dólares para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

El plan de rescate de Biden se une así al de 900,000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre pasado y al de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, en marzo de 2020, bajo la Presidencia de Donald Trump.

El Congreso estadounidense debe aprobar este miércoles el plan de estímulo impulsado por Joe Biden con el apoyo único de los demócratas, lo que sería una importante victoria del presidente a poco tiempo de haber comenzado su mandato.

El plan de estímulo es por 1.9 billones de dólares, el equivalente al PIB de Italia en 2020. Un monto suficiente para tener un impacto considerable en el crecimiento, según han advertido los economistas, además del impacto que tendría en la vida de millones de estadounidenses.

Estados Unidos necesita “desesperadamente” estas medidas para salir de la crisis provocada por la pandemia, insiste el mandatario, que prometió promulgar el “plan de rescate” en cuanto sea adoptado por el Congreso.

Los republicanos se oponen a esta iniciativa, y denuncian medidas de “extrema izquierda” que van más allá de la lucha contra la crisis causada por el coronavirus. Biden, que recuerda repetidamente su larga etapa como senador capaz de conseguir compromisos con el otro campo, no ha logrado hasta ahora convencer a ninguno.

Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, están convencidos de que podrán aprobarlo sin los republicanos. El debate del plan está programado para que inicie a las 09:00 hora local, y se espera que tras dos horas comience la votación.

“Es una ley notable, histórica, que conducirá a una transformación profunda y permitirá avanzar mucho en la lucha contra el virus y responder a nuestra crisis económica”, aseguró el martes la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi.

Los demócratas insisten en el hecho de que con su versión, las pequeñas empresas familiares, y especialmente las gestionadas por personas integrantes de minorías, recibirán un mayor apoyo.

De acuerdo a los expertos, este paquete millonario debería impulsar el crecimiento. Según La Casa Blanca, esta ley “histórica” creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, abaratará costos de salud y salvará vidas al impulsar la vacunación contra el Covid. La Presidencia afirma igualmente que la pobreza en los niños se reducirá a la mitad.

Si se aprueba definitivamente, el proyecto de Biden mantendrá muchos de los programas anteriores de otros paquetes de ayuda aprobados en 2020, por 2.2 billones de dólares y 900,000 millones respectivamente, repartirá cheques de hasta 1,400 dólares a muchos estadounidenses y concederá ayudas a los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez. También prolongará subsidios por desempleo excepcionales que caducan el 14 de marzo, hasta septiembre.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que “alguien tendrá que pagar” los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

“Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos”, añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso “es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista” para que “verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política”.

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

Gobernar abarca muchos campos, pero quizás el esencial radica en cómo recaudar y en qué gastar el dinero.

Este recordatorio de una obviedad es pertinente ahora que la representación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU protesta por la forma inequitativa del reparto de vacunas contra el Covid.

“La están acaparando 20 países”, dijo el canciller Ebrard.

El gobierno de México, en uso de sus facultades soberanas, ha decidido gastar en lo que llama ‘el rescate de la industria petrolera’. Durante el año pasado Pemex perdió 761 mil millones de pesos.

Sumado al año previo, el gobierno de México ha perdido un billón 200 mil millones de pesos en Pemex.

El Congreso mexicano, electo democráticamente, lo ha permitido. Y la población, mayoritariamente, apoya a su gobierno. No hay nada qué discutir. El gobierno está en todo su derecho de desperdiciar, en un año, 761 mil millones de pesos.

Ha sembrado sus recursos en petróleo y ha cosechado pérdidas estratosféricas. Asunto suyo y de la mayoría que le apoya.

Alemania y otros países sembraron en ciencia y cosechan vacunas.

Para el gobierno de México el rescate de la industria petrolera es considerado un asunto de seguridad nacional.

Y para Merkel y otros gobernantes, el Covid es su tema de seguridad nacional.

Cuestión de enfoques, de prioridades.

Alemania decidió invertir una cantidad –comparativamente ínfima respecto a las pérdidas de Pemex– en apoyar a científicos para obtener una vacuna contra el Covid y lo logró.

La entonces mediana empresa BioNTech, un laboratorio propiedad de dos migrantes turcos, obtuvo de la señora Angela Merkel un apoyo de 375 millones de euros.

Cuando descubrieron la vacuna contra el Covid, se asociaron con la estadounidense Pfizer para producirla en grandes cantidades, y a la vez diseñar sistemas de refrigeración para el producto.

El gobierno de Estados Unidos decidió invertir 10 mil 790 millones de dólares en el desarrollo y producción de vacunas en seis farmacéuticas, y acertó en dos: Pfizer-BioNTech y Moderna.

Ninguna de esas cifras se compara con lo que pierde Pemex, por decisión soberana de su gobierno y del Congreso.

Alemania invirtió en investigación y cosechó las vacunas que van a salvar al mundo.

Estados Unidos invirtió en desarrollar en serie la producción y las cadenas de almacenamiento del producto, y obtiene vacunas para un buen número de sus habitantes.

México, con todo su derecho, prefirió perder 761 mil millones de pesos, tan sólo el año pasado, en ‘rescatar Pemex’ y no lo consiguió.

Si en lugar de recortar presupuesto a la ciencia, maltratar a los médicos especialistas y ofender a los científicos –los llamaron porfiristas–, se les hubiera apoyado, otra sería la situación.

Todo el programa de apoyo económico a laboratorios en búsqueda de la vacuna contra el Covid –desde enero del año pasado– le costó a Alemania 750 millones de euros.

Esa cantidad destinada a la investigación y búsqueda de una vacuna contra el virus, equivale a sólo nueve días de pérdidas del gobierno mexicano en Pemex.

BioNTech recibió del gobierno alemán, para su gran hallazgo, el equivalente a 3.7 días de pérdidas de Petróleos Mexicanos.

Hay que insistir, si el gobierno de México quiere tirar el dinero a razón de 100 millones de dólares diarios (así ha sido en los últimos 12 meses), puede hacerlo.

Pero vamos a la pregunta central: ¿tiene derecho el gobierno mexicano a acusar de acaparadores a los países que invirtieron en ciencia y obtuvieron la vacuna?

Mientras en México las autoridades se burlaban del virus, decían que eran de una raza inmune, que se combatía con amuletos, apostaban por la “ciencia colaborativa” (¿?) en lugar de la “ciencia neoliberal”, y quemaba su dinero, el gobierno de la señora Merkel empujaba por las vacunas.

¿No tienen derecho los alemanes a vacunarse primero, con su producto?

Estados Unidos, con todo y su disparatado presidente, invirtió en desarrollo y producción de vacunas (menos de la tercera parte de lo que Pemex perdió el año pasado, por decisión del gobierno mexicano).

¿No tienen derecho a vacunarse ellos primero, porque hicieron lo correcto con su dinero y lograron el producto?

Biden ha invertido más recursos que Trump en vacunas y solicitó dinero adicional al Congreso para producir aceleradamente 200 millones de dosis más, que deben estar listas en verano y así concluir la tarea con los adultos.

Desde luego que hay una falta de solidaridad flagrante hacia los países pobres al no donarles vacunas las naciones que tienen más.

Pero México no es un país pobre. Según la ONU, es país de ingreso medio-alto, y tiene dinero para gastarlo y perderlo a manos llenas.

Pemex ha perdido, en un año, más dinero que lo invertido por Alemania y Estados Unidos juntos en la investigación del Covid, la producción de vacunas y los sistemas de almacenamiento y distribución.

Las vacunas no fueron su prioridad. Entre los países latinoamericanos de ingreso medio-alto, los individuos que han recibido una vacuna por cada 100 habitantes, Chile tiene 3.2, Brasil 1.7, Costa Rica 0.9, Argentina 0.7 y México 0.5 (Washington Post).

Que proteste Haití. A ese país auténticamente pobre de las Antillas sólo llegan los aviones de Estados Unidos cargados con deportados.

Afortunadamente, la OMS llevará a los países pobres, antes de fin de año, 2 mil millones de vacunas. Irán a las naciones que carecen de dinero para comprarlas.

¿Y el gobierno de México es el que protesta?

Lo que se tiró en un año en Pemex, 761 mil millones de pesos de pérdidas netas (resultado que queda después de todos los ingresos, menos todos los gastos y ya pagados los impuestos y amortizaciones), alcanzaría para construir más de 700 hospitales de alta especialidad. O 7 mil 600 millones de dosis de vacunas contra el Covid, suficientes para vacunar a México y, solidariamente, a todos los pobres del mundo.

Pero gobernar es, fundamentalmente, decidir en qué se gasta el dinero.

Y el gobierno de México decidió tirarlo, en lugar de invertir en ciencia e investigación.

¿Qué reclama, entonces?

El presidente de México podrán ser imputado y juzgado por cualquier delito cometido a partir de mañana, después de que este viernes se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a los artículo 108 y 111 de la Constitución mexicana, que implican cambio al fuero especial presidencial.

Con las nuevas disposiciones, los presidentes podrán ser juzgados mientras ocupen el cargo por delitos como traición a la patria, corrupción y delitos electorales, entre otros, como cualquier otro ciudadano.

Y aunque la noticia se difundió como que se acaba el fuero presidencial, especialistas refieren que es falso que desaparezca, pues el trámite de desafuero para que pueda ser imputado, se conserva.

Para proceder penalmente contra el presidente sólo se necesitará acusarlo ante el Senado, el cual atenderá el caso conforme a la legislación vigente. Para esto, serán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el acuerdo.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el Senado aprobó con 89 votos a favor y 23 en contra de los cambios al fuero presidencial, casi dos años después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara la iniciativa.

La publicación en el DOF de da luego de que fuera aprobador por las legislaturas estatales.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

“Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político”, dice Raskin en el documento. “A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021”, señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

“Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones”, advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque “amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales”, le acusaron de provocar “violencia” contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir “radicalmente” la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de “incitar a la rebelión” durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un “fraude”, aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de “inconstitucional”.

“El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional”, afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de “maniobra de relaciones públicas” de los demócratas.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó las líneas generales de su paquete de estímulo económico por 1.9 billones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluye millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de la Covid-19.

A escasos seis días de asumir el cargo, el líder demócrata da a conocer el llamado “Plan de Rescate Estadounidense”, con el que espera reanimar al aparato productivo del país más golpeado por la pandemia, con 23.3 millones de casos positivos y 387,103 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La iniciativa, que deberá recibir el aval del Congreso al igual que los paquetes aprobados previamente, incluye una ronda de pagos directos por 1,400 dólares, un suplemento de seguro de desempleo de 400 por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos, según un resumen adelantado a los periodistas.

De igual forma, destina 160,000 millones de dólares para el programa de vacunación en el país, 20,000 millones para las tareas de distribución de las dosis, así como 50,000 millones de dólares para pruebas.

También propone invertir 170,000 millones en escuelas e instituciones de educación superior, incluido un monto de 130,000 millones para asegurar que los establecimientos educativos puedan reabrir de manera segura pese a la pandemia de coronavirus.

La propuesta contempla aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y estipula 350,000 millones de dólares en fondos de emergencia para gobiernos estatales y locales, señalaron los informes.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico por 900,000 millones de dólares, que incluyó el pago de 300 dólares a la semana a cada desempleado y prorrogó hasta el 31 de enero una norma que suspendía los desahucios y que iba a expirar a finales de año.

Además, incluyó 325,000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45,000 millones a los sistemas de transporte público, 13,000 millones en asistencia alimentaria y 82,000 millones para que las escuelas puedan reparar sus instalaciones y adecuarlas a la enseñanza en medio de la pandemia. Para las aerolíneas destinó 15,000 millones para pagar los salarios de sus trabajadores.

En marzo del año pasado, cuando el país sufrió el mayor impacto de la pandemia, el Congreso avaló otro paquete de ayuda, por valor de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país.

Una semana después de que los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio, la Cámara de Representantes votará este miércoles para acusar al mandatario por su papel en lo que consideran un golpe a la democracia estadounidense y dejó cinco muertos.

El Congreso de Estados Unidos inició esta mañana los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político (impeachment) al presidente Trump.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 15:00 hora local, aunque el resultado está claro desde ahora, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja.

Al menos cinco legisladores republicanos han dicho que se unirán a los demócratas para acusar a Trump por segunda vez, siete días antes de que deje el cargo y el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

Una votación mayoritaria de la Cámara baja pondría en marcha un juicio en un Senado aún bajo control republicano, aunque no está claro si dicha instancia se celebraría a tiempo para sacar a Trump de La Casa Blanca.

Los demócratas avanzaron en una votación de juicio político después de que el vicepresidente Mike Pence rechazara un esfuerzo para persuadirlo de que invocara la 25 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir a Trump.

“No creo que tal acción esté en el mejor interés de nuestra nación ni sea coherente con nuestra Constitución”, dijo Pence en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Pese a la carta, la Cámara aprobó una resolución ayer por la noche pidiendo formalmente a Pence que actúe. La votación final fue de 223-205 a favor.

Mientras, había indicios de que el control dominante de Trump sobre el Partido Republicano estaba comenzando a disminuir. Al menos cinco republicanos de la Cámara de Representantes, incluida Liz Cheney, miembro del equipo de liderazgo de su partido, dijeron que votarían por su segundo juicio político, una perspectiva que ningún presidente antes de Trump ha enfrentado.

“Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución”, dijo Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, en un comunicado. Trump “convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque”, agregó.

Otros cuatro congresistas republicanos, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger y Fred Upton, dijeron que también respaldarán el juicio político. En una excepción a su procedimiento estándar, los líderes republicanos de la Cámara no instaron a sus miembros a votar en contra de la impugnación de Trump, diciendo que es un asunto de conciencia individual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este jueves pronunciarse sobre el episodio de violencia que se registró ayer en Washington, Estados Unidos, causada por los seguidores de Donald Trump, al argumentar que la política exterior mexicana es de no intervención.

“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que competen a los estadounidenses, esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones de AMLO llegan un día después del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump que se niegan a reconocer su derrota electoral, un asedio que duró casi cuatro horas y dejó cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.

Países como Canadá, España, Reino Unido, Francia, Australia, y otros latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia e incluso Venezuela se pronunciaron al respecto y condenaron los hechos de violencia; sin embargo, López Obrador insistió en que la Constitución de México no permite opinar.

“La Constitución establece en los conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias, y esto también debe ser norma en lo interno, por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades, eso es todo”, añadió.

La postura de López Obrador contrasta con la del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, y el líder de la bancada de Morena en el Senado , Ricardo Monreal, quienes sí condenaron los hechos a través de sus redes sociales.

Aunque López Obrador ha defendido su neutralidad exterior, ha despertado críticas de la oposición luego de haber ofrecido asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La oposición también lo acusó de ayudar a la campaña de reelección de Trump con su visita a Washington en julio pasado, el único viaje al extranjero que ha hecho como jefe de Estado.

Otro punto a destacar, es que López Obrador tardó cerca de un mes en reconocer a Joe Biden como presidente electo al recordar el fraude electoral que él afirma que padeció en 2006, cuando perdió la presidencia frente al ahora expresidente Felipe Calderón.

López Obrador, quien ha presumido su “muy buena relación” con el presidente Donald Trump, se limitó a pedir que prevalezca la paz.

“Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo y la vía pacífica”, sostuvo.

Horas después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un intento por impedir la certificación de Joe Biden como próximo presidente, el Congreso certificó formalmente la madrugada de este jueves la victoria electoral del demócrata.

El Congreso reanudó la noche de ayer el proceso de certificación del triunfo de Biden en el Colegio Electoral, tras las caóticas escenas vividas en el Capitolio. Después de un debate que se extendió hasta las primeras horas del jueves, el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron dos objeciones al recuento y certificaron el cómputo final de 306 votos para Biden y 232 para Trump en el Colegio Electoral.

Al declarar los totales finales de la votación, el vicepresidente Mike Pence dijo que “debería ser considerada como una declaración suficiente de las personas elegidas presidente y vicepresidenta de Estados Unidos”.

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, asumirá el cargo junto a Biden.

Aunque el resultado del proceso de certificación nunca estuvo en duda, la sesión fue interrumpida por una turba que superó las vallas metálicas de seguridad, rompió ventanas y escaló muros para irrumpir en el Capitolio. La policía dijo que cuatro personas murieron durante los disturbios, una por heridas de bala y tres por emergencias médicas, y que 52 personas fueron arrestadas.

El asalto al Capitolio fue la culminación de meses de una escalada retórica divisiva en torno a los comicios del 3 de noviembre, con reiterados comentarios falsos de Trump sobre una votación amañada y llamados a sus seguidores para que le ayudaran a revertir su derrota.

Minutos después de la certificación, La Casa Blanca emitió un comunicado en el que se comprometía a “una transición ordenada el 20 de enero”, día que Biden llegue al poder, aunque volvió a mostrarse “totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones”.

“Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales. ¡Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo!”, añadió, citando su lema electoral.

La declaración de Trump, publicada en Twitter por su asesor de comunicación Dan Scavino, fue probablemente lo más cerca que estará el mandatario saliente de reconocer la derrota en las elecciones, algo que ha prometido a sus seguidores que “nunca” hará.

El presidente Donald Trump aseguró esta mañana que “nunca aceptaremos la derrota”, esto al ofrecer un mensaje en un mitin de miles de simpatizantes poco antes de que el Congreso iniciara una sesión conjunta para confirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Trump subió al escenario en la manifestación “Save America” (Salvemos a Estados Unidos), que atrajo a miles de partidarios que inundaron la capital del país, mientras los aliados republicanos del presidente en la Cámara y el Senado planean oponerse a su derrota electoral de noviembre ante Biden.

Trump instó al vicepresidente Mike Pence, quien desempeñará un papel en gran parte ceremonial en el proceso, a impedir la certificación de la victoria de Biden, a pesar de que el vicepresidente no tiene ese poder.

“Nuestro país ya ha tenido suficiente”, dijo Trump. “No lo soportaremos más”, agregó. Pence, sin embargo, desafió a Trump al decir que no tiene autoridad para rechazar votos electorales que darán la presidencia a Biden.

Los organizadores de la concentración, prevén marchar por la tarde hacia el Capitolio, donde el Congreso votará para confirmar los resultados del Colegio Electoral, que Trump continúa poniendo en duda.

Se esperaba que varios partidarios prominentes de Trump asistan a las protestas, que comenzaron el martes con un mitin en la Plaza de la Libertad, a unas cuantas cuadras de La Casa Blanca. En ese lugar, los manifestantes, muchos de ellos sin mascarillas, expresaron su rechazo al voto del Colegio Electoral. Al caer la noche, con la temperatura descendiendo y bajo una lluvia constante, cientos de personas continuaban en la plaza.

Trump tuiteó su apoyo a los manifestantes: “Washington está siendo inundado por personas que no quieren ver que los demócratas radicales de izquierda se roben una victoria electoral. ¡Nuestro país ha tenido suficiente, ya no lo soportarán. ¡Los escuchamos (y los queremos) desde la Oficina Oval. Hagan a Estados Unidos grande una vez más!”.

Las protestas han obligado a las autoridades y agencias policiales locales a prepararse para posibles enfrentamientos violentos en las calles. Muchos de los negocios del centro de la capital cubrieron sus ventanas por miedo a que las manifestaciones se conviertan en disturbios similares a los ocurridos en mayo y junio, cuando decenas de establecimientos fueron vandalizados.

Foto: Twitter

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para “llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados”, afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

“Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien”, dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

El ingeniero y legislador centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como mandatario interino de Perú, en busca de calmar una crisis política desatada por fuertes protestas y la salida de dos presidentes en una semana.

Sagasti, parlamentario del Partido Morado, recibió 97 votos de apoyo y 26 en contra para encabezar una nueva junta directiva del Congreso unicameral, lo que constitucionalmente significa que asumirá la presidencia del país.

La elección se realizó un día después de la renuncia del mandatario encargado Manuel Merino y en medio de una ola de protestas que dejó dos muertos y decenas de heridos, luego de la impopular decisión del Congreso de destituir hace una semana a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción.

“Hoy no es un día de celebración”, dijo Sagasti, en sus primeras palabras en el Congreso, en relación a las dos muertes y heridos en la protesta. “No podemos retroceder, volverlos a la vida, pero si podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar acciones para que esto no vuelva a suceder”, manifestó.

Sagasti, de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, deberá completar el mandato gubernamental que culmina en julio del 2021 y que incluirá la celebración de elecciones presidenciales y del Congreso el 11 de abril.

El político se convierte en el cuarto presidente de Perú en menos de tres años, tras la renuncia de Merino y la destitución de Vizcarra (los dos en una semana) y de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, por acusaciones de corrupción.

La designación de Sagasti apunta a calmar las protestas lideradas en su mayoría por jóvenes cansados de los políticos tradicionales, pero también a los mercados financieros.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó por Twitter la designación de Sagasti y dijo que confía en su capacidad para conducir al país y realizar los próximos comicios.

Recordemos que la crisis en el país comenzó cuando Vizcarra fue acusado de recibir cerca de 640,000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron obras cuando fue un gobernador hace siete años. Tras un segundo juicio político en dos meses, Vizcarra fue expulsado por el Congreso dominado por la oposición. Pero Merino, que reemplazó a Vizcarra porque era el jefe del Congreso, se vio asediado por las protestas y renunció.

Perú, que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicidio en las últimas dos décadas.

Perú se encuentra en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.

Recordemos que Merino renunció cinco días después de haber asumido la presidencia tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.

Ayer, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, sin embargo no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.

El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.

En tanto, Manuel Merino y varios miembros de su gobierno serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.

Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que asumiera la presidencia. Esa represión dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.

Manuel Merino juró este martes como el tercer presidente de Perú desde 2016, en medio de protestas y una profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Merino reemplaza a Martín Vizcarra, quien fue destituido la tarde de ayer de la presidencia por supuestamente recibir sobornos cuando era gobernador, una acusación que hasta ahora no tiene pruebas concluyentes.

“Aquí no hay nada que celebrar, es un momento muy triste para el país”, dijo Merino, quien hasta el lunes era presidente del Parlamento.

Merino es un político desconocido para la mayoría de los peruanos y recientemente fue acusado de intentar asegurar el apoyo del ejército en la destitución de Vizcarra. Aseguró que respetará las elecciones presidenciales y legislativas programadas para abril del próximo año, y se comprometió a entregar el poder al próximo mandatario en julio.

El nuevo presidente agradeció su nombramiento a los legisladores y afirmó que los 105 votos con los que se destituyó a Vizcarra “no fueron comprados”.

Cerca del Parlamento, cientos de personas protestaban por la destitución de Vizcarra, a la que calificaban de “golpe de Estado disfrazado”, y eran contenidos por la policía con gases lacrimógenos.

Merino, que gobernará por ocho meses, pidió calma a los manifestantes y dijo que existe una mala intención de querer dividir al país.

El nuevo mandatario agregó se concentrará en el sector de la salud para evitar que una segunda ola de infecciones del nuevo coronavirus encuentre al país en medio de la “vulnerabilidad”.

Vizcarra fue destituido por “incapacidad moral permanente” luego de que los legisladores lo acusaron de recibir más de 630,000 dólares en sobornos por dos obras de infraestructura licitadas cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014. Los congresistas usaron una investigación inconclusa de la fiscalía en la que los investigados lo acusaron de recibir dinero sucio a cambio de una reducción en la condena.

Vizcarra ha negado todos los cargos y afirmó que se va “con la frente en alto”.

El presidente Donald Trump desafió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aprobar de inmediato un segundo cheque de 1,200 dólares para los estadounidenses, como medida para aliviar el impacto económico de la pandemia.

“Si me envían un proyecto de ley separado con un cheque de estímulo (1,200 dólares), irá a nuestro gran pueblo INMEDIATAMENTE”, escribió el presidente en su cuenta Twitter. “Estoy listo para promulgarlo en este mismo momento” ¿Está escuchando, Nancy?”, añadió.

En otro mensaje, el presidente afirmó que la Cámara de Representantes y el Senado deberían aprobar un paquete de 25,000 millones de dólares para apoyar el pago de sueldos de las aerolíneas, y 135,000 millones de dólares para el programa de protección de sueldos de las empresas pequeñas.

El republicano dijo que ambos apoyos se pagarían totalmente con los fondos no usados de la Ley de Estímulo Económico.

Sus nuevos mensaje llegan horas después de que ordenara ayer suspender hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia del coronavirus.

“He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos una gran Ley de Estímulo centrada en los trabajadores Estadounidenses y las pequeñas empresas”, escribió Trump en Twitter, en un mensaje al que los mercados de valores reaccionaron inmediatamente con caídas.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas para aprobar un nuevo rescate han estado estancadas. En marzo pasado, cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó a la economía de Estados Unidos, el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump promulgó una ley de estímulo económico que incluyó la distribución de cheques por 1,200 dólares a los contribuyentes impositivos.

Otro elemento de la ley de marzo fue un subsidio por desempleo extendido a trabajadores independientes y contratistas que no están cubiertos, normalmente, por la prestación convencional. Esos pagos de 600 dólares por semana terminaron a fines de julio sin un acuerdo entre el Congreso y Trump para extenderlo.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para un segundo paquete de estímulo se han prolongado, con recriminaciones de ambas partes, mientras millones de personas siguen desempleadas y sin la capacidad financiera de hacer frente a deberes.

Al respecto, el jefe de gabinete de La Casa Blanca, Mark Meadows, dijo este miércoles que no es optimista ante la eventual consecución de un acuerdo de ayuda financiera por el COVID-19.

No obstante, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump sí respalda una estrategia de aportes más graduales, incluso a pesar de que aseguró que las negociaciones con el Congreso habían terminado.

“Estamos dispuestos a comprometernos. Pero no veo con optimismo un acuerdo integral. Estoy optimista en que podamos resolver unas 10 sobre una base gradual”, dijo Meadows en una entrevista a Fox News.

Meadows no precisó qué 10 asuntos quiere abordar el gobierno, pero reiteró la postura tuiteada por Trump, cuando indicó que apoyaría una legislación aparte sobre las aerolíneas, las pequeñas empresas y los cheques de estímulo para las personas.