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Este lunes 24 de enero entra en vigor el nuevo Semáforo de Riesgo Epidémico COVID-19, el cual tendrá vigencia hasta el próximo 6 de febrero, y que contiene nuevos lineamientos en la clasificación y ponderación de los indicadores que la Secretaría de Salud da seguimiento relacionados con la pandemia.

Son 12 entidades federativas las que estarán en color verde: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. En la edición anterior, eran 28 estados los que tenían color verde.

En color amarillo estarán: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.  El número de estados en este color se mantiene respecto a la edición anterior, aunque hubo una variación en las entidades que integran este indicador.

En color naranja: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas. Anteriormente solo había tres estados en este color. Finalmente, en color rojo estará Aguascalientes.

Recordemos que el gobierno federal anunció la semana pasada que el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi), acordó modificar la metodología del semáforo epidemiológico ante la alta transmisión de Ómicron y los contagios que está generado en el país.

“El SARS-CoV-2 cambia y se adapta, nosotros debemos hacer lo mismo para hacerle frente”, señaló Alcocer en referencia a las modificaciones que se harían en los criterios a considerar para la elaboración del semáforo; sin embargo, dichos cambios no han sido informador con claridad. Según palabras de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los nuevos criterios buscan dar mayor peso a las hospitalizaciones y menos al aumento de casos.

Se espera que mañana, durante El Pulso de la Salud que se presenta en la conferencia matutina del presidente, las autoridades sanitarias puedan dar a conocer detalles.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que “alguien tendrá que pagar” los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

“Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos”, añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso “es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista” para que “verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política”.

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió este viernes un acuerdo por el que se señalan los lineamientos para que los trabajadores del Estado, continúen sus labores en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19.

En el acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia establece que los criterios para el manejo de los recursos humanos se aplicarán en el gobierno federal entre el 3 de agosto y el 30 de septiembre de 2020.

La SFP señala que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de las unidades de Administración y Finanzas de cada dependencia serán los encargados de autorizar o facilitar que los servidores públicos sigan realizando trabajo desde casa, siempre y cuando se cumpla con sus funciones.

Se precisa que ´para los servidores públicos mayores de 60 años, con discapacidad, con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de Salud y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, será obligatorio seguir realizando trabajo a distancia.

Entre los criterios publicados, se detalla que las entidades del gobierno podrán organizar días de trabajo alternados y horarios escalonados, haciendo uso de las tecnologías y comunicación para la realización de reuniones de trabajo y capacitación, procurando en todo momento las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

Enfatizó que se deberá asegurar la disponibilidad permanente, dentro del horario laboral, de los servicios preventivos de salud, tales como los filtros sanitarios de acceso, gel antibacterial, toma de temperatura, entre otros.

Tal como venía sucediendo, se indica que el intercambio de información oficial deberá seguirse realizando a través de correo electrónico institucional.

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los criterios para la definición del formato y realización de los tres debates entre los candidatos a la Presidencia de la República.

 

El Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, fue el encargado de dar a conocer las sedes, temas y subtemas para cada uno de los encuentros, así como los sitios donde se llevarán a  cabo. Detalló que los debates tendrán un formato flexible y una moderación activa para que se divulgue la mayor cantidad de información relevante para que los ciudadanos decidan su voto.

 

Debate Tema Subtemas
CDMX, 22 de abrilPalacio de Minería Política y gobierno Combate a la corrupción e impunidad
Seguridad pública y violencia
Democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad
Tijuana, 20 de mayo Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana México en el mundo Comercio exterior e inversión
Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional
Derechos de los migrantes
Mérida, 12 de junioMuseo del Mundo Maya Economía y desarrollo Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
Educación, ciencia y tecnología
Desarrollo sustentable y cambio climático

 

Aún queda pendiente lo referente a la obligatoriedad que tienen las concesionarias públicas y privadas de transmitir los debates, pues el tema fue turnado al Comité de Radio y Televisión, quien tendrá que fallar al respecto en los próximos días.

 

Los criterios aprobados definen la duración de los ejercicios, que será entre 90 y 120 minutos dependiendo del formato final de cada uno y el número de participantes registrados.

 

Sobre la interacción entre candidatos se afirmó que será en un espacio de discusión libre; además de que la figura de los moderadores será activa y buscará propiciar el diálogo entre los candidatos, y su intervención podrá emplearse para hacer más dinámico el debate.

 

Cada uno de los debates deberá contemplar la participación de mínimo dos y máximo cuatro moderadores. Adicional se incluirán intérpretes de lengua de señas mexicanas.