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La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como a China, como responsables de la crisis narcótica más grave en la historia de Estados Unidos, que se está viviendo por la explosión de drogas sintéticas como el fentanilo.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, destaca el “peligroso cambio” de las drogas de origen vegetal a las drogas sintéticas.

Advierte que este cambio ha resultado en la crisis de drogas más peligrosa y mortal que jamás haya enfrentado Estados Unidos.

“Estas drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, son responsables de casi todas las intoxicaciones mortales por drogas en nuestra nación. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de esta crisis”, apunta en el informe Anne Milgram, titular de la DEA.

Puntualiza que el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son “las principales organizaciones criminales de México y las más peligrosas”, ya que controlan sitios clandestinos de producción de drogas y rutas de transporte dentro de México, así como corredores de contrabando hacia Estados Unidos y redes en ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera suroeste y otros lugares clave.

Estas “organizaciones criminales transnacionales” no son sólo fabricantes y traficantes de drogas, sino que están involucradas en otros delitos como el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno y extorsión.

Además, señala que tienen un “alcance global” con presencia en Europa, África, Asia y Oceanía.

En su informe, la DEA también señala a China como responsable de esta cadena, ya que las organizaciones criminales dependen de las empresas químicas y de las prensas de pastillas de China para que les suministren los precursores químicos y las prensas necesarias para fabricar las drogas.

Además, indica que los cárteles utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México.

“Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero”, asegura la DEA.

Según datos recogidos en el informe, el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que jamás haya afrontado Estados Unidos, matando a casi 38,000 estadounidenses solo en los primeros seis meses de 2023.

Además de su enorme potencia, es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la morfina, señala la DEA, uno de sus principales peligros es que se consume en forma de pastilla y “está hecho para parecerse a una auténtica pastilla de medicamento recetado”.

Otra particularidad es que la producción de fentanilo y de metanfetamina no está sujeta a los mismos desafíos de producción que las drogas tradicionales de origen vegetal, como la cocaína y la heroína, como el clima y los ciclos de las cosechas o esfuerzos gubernamentales de erradicación.

Por el contrario, pueden fabricarse en cualquier lugar y momento, contando con los productos químicos, el equipo y los conocimientos básicos necesarios, alertó la DEA.

México mantiene una colaboración “consistente” con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas, replicó la SRE, luego de que la directora de la DEA, Anne Milgram, criticara el desempeño del gobierno de nuestro país contra ese delito.

“México colabora con sus aliados norteamericanos en la lucha contra el tráfico de drogas de manera consistente”, sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De 2019 a abril de 2024, México ha asegurado 8,202 kilos de fentanilo y 645,569 kilogramos de metanfetamina, expuso la cancillería.

Y es que en una comparecencia el martes pasado, ante el Congreso de Estados Unidos, Milgram dijo que la cooperación bilateral “ha sido desigual”.

“Hemos tenido algunas extradiciones (de criminales mexicanos acusados en cortes estadounidenses), hemos visto a las fuerzas de seguridad mexicanas destruir algunos laboratorios (clandestinos de drogas), pero hay mucho más trabajo por hacer, y nos gustaría mucho colaborar con México para hacerlo”, añadió Milgram.

Ante estas declaraciones, el Gobierno mexicano respondió que ha tomado diversas medidas para combatir el trasiego de drogas, como la mejora de “las capacidades de inspección aduanera para evitar el tráfico de sustancias”, lo que ejemplifica “la determinación” de México en la materia.

La directora de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) incluso acusó que México ha retrasado acreditaciones diplomáticas para sus agentes.

“Estamos esperando 13 visas, creo que una ha estado pendiente durante unos ocho meses y, lamentablemente, todos los que estamos sentados en esta sala sabemos el precio que pagamos como país cuando esperamos tanto tiempo”, aseguró Milgram.

Sin embargo, en su comunicado, la cancillería rechazó dicha afirmación.

En enero fueron aprobadas cuatro acreditaciones para agentes de la DEA, “por lo que la declaración de la titular de esa agencia antidrogas sobre una demora de más de ocho meses en la acreditación de representantes es infundada”, refutó el comunicado.

Y el 26 de abril pasado, continuó la cancillería, “se aprobaron diez acreditaciones más para la misma agencia y se han iniciado ya los procedimientos de expedición de las visas correspondientes”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el reportaje sobre el presunto apoyo que recibió del narcotráfico en 2006 es una “venganza” de la Agencia Antidrogas (DEA) tras la reapertura del caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

“Lo relaciono con una venganza para afectarnos en épocas electorales y porque se tocó un tema bastante delicado (el magnicidio de Colosio)”, dijo el mandatario este miércoles desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la “venganza” ocurre por la reapertura de la investigación del asesinato de Colosio, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó en enero pasado que existió un segundo tirador que era agente de inteligencia del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La FGR también implicó al exsecretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por hechos de corrupción y narcotráfico y quien trabajaba en el extinto Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) cuando ocurrió el homicidio.

“Ese es el tema, pero yo no imaginaba que los iba a poner tan molestos”, dijo el mandatario.

López Obrador explicó que la molestia surgió, según él, porque se reveló que García Luna, quien encabezó el polémico operativo ‘Rápido y Furioso’ de Estados Unidos entre 2009 y 2011, recibió en 1994 la encomienda para liberar al presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio.

De acuerdo con su versión, tras la reapertura del caso se supo que había una orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador y que al mismo tiempo el hijo de Colosio, Luis Donaldo, pidió el indulto para Mario Aburto, el asesino confeso del político.

Aseveró que, tras ello, se publicó el artículo del periodista estadounidense Tim Golden, en el que cita a exagentes de la DEA que aseguraban que el Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país, aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

“Luego de eso viene la respuesta de la Fiscalía y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista (Tim Golden) o a gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban”, añadió.

Cuestionó cuánto le pagaron al reportero para hacer el reportaje, e incluso lo invitó a México para hacerle algunas preguntas.

“Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y darlo a conocer en estos momentos”, sostuvo.

La polémica sobre el reportaje de Golden persiste pese a que ayer la canciller Alicia Bárcena afirmó que la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, quien estuvo de visita en México, le aseguró que dicha investigación es un “caso cerrado” para el gobierno del país vecino.

En Broojula, Ana Paula platica con Tim Golden, autor de la investigación de ProPublica.

Foto: X @propublica

Las investigaciones sobre los presuntos nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el narcotráfico en su campaña de 2006 es un caso cerrado para las autoridades de Estados Unidos, dijo la canciller Alicia Bárcena.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) mencionó que en medio de una reunión bilateral privada y en la que estuvo presente el mandatario, la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, aseguró que el caso había concluido.

“Liz Sherwood, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos”, dijo a medios de comunicación a su salida de la reunión.

La canciller sostuvo que es un tema de 2006 y en el que todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos “fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello”.

Bárcena sostuvo que no se trata de un tema de pedir disculpas o no, pese a que le jueves pasado López Obrador exigiera en su conferencia matutina, una disculpa del Gobierno estadounidense por el reportaje que lo vinculaba con el Cartel de Sinaloa al considerar que su autor, el periodista Tim Golden, es un “mercenario” de la Agencia Antidrogas (DEA).

“Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, comentó entonces.

En este sentido, Bárcena enfatizó en que es un tema viejo y que, aunque es una investigación llevada a cabo por la DEA, “en realidad es antigua”, que un periodista recoge de anteriores reportes de la agencia antidroga estadounidense.

Además, precisó que este reportaje del periodista Golden no proviene de la oficina de la Casa Blanca, ni del presidente Joe Biden, así como tampoco del Departamento de Estado.

“Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios cursos institucionales, pero, yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado (…) En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá que es lo que ocurre ahí”, insistió la canciller.

Por último, Bárcena calificó a este presunto reportaje como un tema electoral-político, pues recordó que en ambos países habrá jornada comicial para elegir nuevos presidentes; en México en junio, y en Estados Unidos, en noviembre.

“Es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral-político, como está ahora el ambiente en ambos países”, concluyó la funcionaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que recibirá a una delegación de Estados Unidos a petición de su homólogo, Joe Biden, para dar seguimiento al tema de inmigración, uno de los principales temas entre los dos países.

“Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante, que es Elizabeth (Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional)”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

AMLO afirmó que no quería recibir a la comisión estadounidense tras el artículo publicado la semana pasada por el periodista Tim Golden en ProPublica, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA), que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a su campaña en 2006.

Pero expuso que finalmente aceptó recibir a la delegación ante la petición que le hiciera el propio Biden.

“Porque no los iba yo a recibir (pero) ya hice el compromiso que sí (…) Porque ¿cómo voy a estar ahí sentado si soy un sospechoso?”, cuestionó. López Obrador fue enfático en señalar que no quería recibir a los funcionarios por “cómo la DEA actúa”.

“Y si ellos tienen sospechas de mí, cómo los voy a recibir, cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico. Así se los mandé a decir con la secretaria de Relaciones Exteriores a los asesores de Casa Blanca”, expresó.

Sin embargo, señaló que en la llamada telefónica que tuvo el fin de semana con Biden omitió hablar del tema e, incluso, descartó exigirle que le ofrezcan disculpas por lo publicado; aunque advirtió que este tipo de asuntos sí afecta la relación bilateral.

“No hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio y ya que estamos en ese tema también les voy a puntualizar cuál es nuestra postura en el tema migratorio, pero bueno, sí afecta la relación”, dijo.

Afirmó que la llamada de su homólogo estadounidense fue para informarle sobre asuntos de “negociación migratoria”.

Fiel a su discurso, el mandatario fue más allá señalando que el periodista Golden y los agentes de la DEA citados en el texto de ProPublica están “metidos en esos sótanos del poder” con sus opositores. “Lo contrataron o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara esta difamación, montaje, un golpe. Pero miren lo que pasó: ¡Nada!”, acotó.

Asimismo, dijo que una de las posibilidades por las que se soltó el rumor de que su campaña recibió dinero del Cártel de Sinaloa es porque los de la DEA están “molestos porque ya no pueden entrar y salir sin pedir permiso” de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó este jueves el tema reportaje que lo vincula con el Cartel de Sinaloa y exigió una disculpa del Gobierno de Estados Unidos por el reportaje a cuyo autor, el periodista Tim Golden, considera un “mercenario” de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA).

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador opinó que a Golden, ganador del Premio Pulitzer, “deberían darle el premio a la calumnia” por publicar en ProPublica que la DEA investigó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

López Obrador lo acusó de “calumniar impunemente” por “hacer un reportaje sin presentar pruebas”, pero sugirió que detrás de él hay funcionarios de Estados Unidos motivados por las elecciones presidenciales de 2024 en ambos países.

“Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así en abstracto. ¿Qué no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”, expresó.

El mandatario, acusado por la oposición de ser cercano al Cartel de Sinaloa, algo que aseguran quedó evidenciado cuando saludó a la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y por sus constantes visitas a Badiraguato, advirtió que el reportaje afecta los diálogos con Washington sobre migración y narcotráfico.

Por su parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó ayer que la investigación de la DEA sobre la campaña del 2006 concluyó hace 13 años, pero López Obrador consideró insuficiente esta aclaración.

“Ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien que está el cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal, y yo no acepto eso”, reclamó el presidente.

La precandidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió en su campaña en 2006.

“Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano”, dijo Gálvez durante su tercera ‘Conferencia de la Verdad’, ejercicio que arrancó esta semana y con el que busca contrarrestar las llamadas ‘mañaneras’ del presidente López Obrador.

“Esta mañana el presidente dijo que es una calumnia y me parece que el presidente está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque estar acusando al jefe del Estado mexicano es muy delicada esta situación”, precisó la senadora con licencia.

Esto en referencia al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes antidrogas de Washington descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.

Incluso, dijo que hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia en las elecciones, y añadió que “han ido ganando terreno”, al denunciar que en muchos estados del país Morena “decidió aliarse” con el crimen organizado.

“El presidente tiene que limpiar su nombre. Como él dice: ‘Lo que no mancha, tizna’ y debe ser el más interesado en que su nombre se limpie. No está bien que el presidente del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que lo está haciendo”, añadió Gálvez

Horas antes, en su conferencia diaria, López Obrador tachó como una “calumnia” el artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política”, manifestó.

Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la que perdió ante Felipe Calderón, recibió dinero por el narcotráfico.

Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no esta información y cuál es la investigación que hicieron al respecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la condecoración que le entregó ayer.

“La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior, pudimos constatar que era una venganza y que no habían elementos”, señaló AMLO.

El mandatario respondió a las críticas sobre la condecoración que entregó a Cienfuegos, con motivo de los 200 años de la creación del Colegio Militar. Aclaró que el reconocimiento “se les entregó a todos los que fueron directores”.

“Ese fue el motivo, entonces, sin decir el marco en que se da la ceremonia se lanzan todos los que están en contra de nosotros”, reprochó.

Recodemos que el exsecretario fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante su periodo frente a la Sedena.

Tras su detención, López Obrador primero expresó que el arresto era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, pero días después acusó a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.

En noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados, quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México como se los permitía Calderón”, acusó ahora el mandatario.

López Obrador también defendió a Cienfuegos sobre su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

“Él va a empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro”, apuntó.

Todo esto se da cuando las Fuerzas Armadas han cobrado un papel preponderante en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado mayores facultares en tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, entre otras.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la situación en que se encuentra la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), luego de que trascendiera la renuncia de su titular.

El INE confirmó que tanto en la Presidencia del Consejo General del INE como en la Secretaría Ejecutiva recibieron un escrito mediante el cual Ignacio Ruelas Olvera, titular de la DEA presentó su renuncia voluntaria.

Se indicó que en la carta de renuncia, el hasta ahora funcionario del INE expresó y justificó que su salida se debía a motivos de salud. “La renuncia es con carácter de irrevocable y surte efectos a partir del 14 de agosto”, se detalló.

A raíz de ello, en uso de sus facultades, la Presidencia del Consejo General deberá nombrar a una o un encargado de despacho a fin de dar continuidad a los trabajos de esa Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, aclararon que la definición y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto institucional es una labor que realizan de manera conjunta la DEA y la Comisión Temporal de Presupuesto del Consejo General, que es quien determinan en última instancia el sentido del trabajo técnico.

Así, enfatizaron que la elaboración del presupuesto no se verá afectado con la renuncia de Ruelas Olvera y ante posibles cambios de funcionarios.

El INE finalizó la aclaración señalando que “reconoce y agradece la colaboración y el compromiso del Mtro. Ruelas Olvera a lo largo de varios años de su trayectoria, primero en el IFE y ahora en el INE”; se espera que en breve se conozca quien asumirá las tareas al frente de la DEA.

El gobierno de Estados Unidos defendió este jueves haber imputado a 28 miembros del cártel de Sinaloa a pesar de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) sobre la presunta “infiltración” en nuestro país para espiar a los narcotraficantes.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo que las imputaciones a los miembros del cártel responden al objetivo marcado por Estados Unidos, México y Canadá de llevar a presión a los integrantes de los cárteles y traficantes de droga.

“El presidente (Joe Biden) tuvo una importante discusión en México con el presidente López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre la necesidad de seguir presionando a los traficantes de drogas y a los carteles y lo que hizo el Departamento de Justicia es un paso en esa dirección”, dijo el funcionario estadounidenses en referencia a los compromisos de los tres mandatarios en su reunión de enero pasado.

“Vamos a seguir haciéndolo, porque es importante para la seguridad del pueblo estadounidense”, advirtió Kirby, quien no quiso opinar sobre las declaraciones de López Obrador.

Además, añadió que el gobierno de Estados Unidos seguirá en contacto con sus socios, particularmente con su vecino del sur, “que sufre igualmente las consecuencias de estas actividades y, en algunos casos, sin que se pongan impedimentos a los cárteles en México”.

Recordemos que el pasado lunes, López Obrador acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrarse para espiar al cártel de Sinaloa sin informar a las autoridades mexicanas.

Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de los cargos contra cabecillas del cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas, AMLO aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar a su gobierno.

Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a la agencia The Associated Press (AP) personas con conocimiento.

Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, se encuentra uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.

Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9,000 empleados de la propia DEA.

También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.

El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.

Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato.

Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.

La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas.

Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100,000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.

“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, respondió la DEA a la agencia AP.

“Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”, añadió.

Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.

Esta investigación, que revela AP, fue retomada esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, en medio de las acusaciones y señalamientos que el presidente mantiene, desde días atrás, en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la DEA.

Fue Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, quien interrumpió al mandatario en su exposición, para señalar que había un “escándalo” por la investigación contra Anne Milgram.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló este viernes a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en territorio estadounidense.

En un informe de las operaciones extranjeras de la agencia, la DEA recordó que en septiembre del año pasado, creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y desmantelar los esfuerzos de esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” a Estados Unidos.

El secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas a inicios de marzo, ha aumentado el debate en Estados Unidos sobre los cárteles en nuestro país.

Recordemos que un grupo de legisladores republicanos pidió que los cárteles sean catalogados como organizaciones terroristas, lo que permitiría que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan combatirlos aún en nuestro país.

Esta medida fue rechazada por la Casa Blanca, aunque en recientes días el Departamento de Estado dijo que no se descarta. Además, la propuesta ha sido criticada duramente por el presidente López Obrador y el gobierno federal.

El canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington el pasado 13 de marzo para reunirse con los cónsules del país en Estados Unidos, con la intención de lanzar una estrategia de comunicación para rebatir la propuesta de los congresistas del partido opositor.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene actualmente catalogados como grupos terroristas extranjeros a organizaciones como el Estado Islámico (EI), Hamás y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar por su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de narcotraficantes, reveló el diario The Washington Post.

Palmeri, que estaba encargado de las operaciones de la DEA en México y Centroamérica, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Washington Post y aseguró que su “jubilación forzosa” obedece entre otras cosas a una “venganza personal” por parte de otro funcionario de la agencia, al que no nombró.

La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un órgano encargado de supervisar a la DEA, publicó un informe en el que ofrece detalles de una investigación a un director regional de la agencia.

El director regional no aparece identificado en ese reporte, pero Palmeri dijo posteriormente a The Washington Post que se trata de él.

Según las acusaciones recogidas en el reporte, Palmeri usó fondos de la agencia para comprar “artículos no permitidos” e intentó que la DEA le reembolsara los gastos de una fiesta que dio para celebrar su cumpleaños.

Esa investigación no acabó con la presentación de cargos criminales, según el informe.

Sin embargo, de manera paralela, la DEA abrió otra investigación sobre si Palmeri había tenido relaciones inapropiadas con abogados famosos por defender a narcotraficantes, dijeron a The Washington Post funcionarios y exfuncionarios con conocimiento de esas pesquisas.

Entre otros, Palmeri reconoció en declaraciones a The Washington Post que él y su esposa visitaron a principios de 2021 al abogado David Macey en los Cayos de Florida.

No obstante, Palmeri dijo al Post que lleva años sin estar implicado en los casos que defiende Macey y, por tanto, negó haber cometido cualquier infracción.

Palmeri comenzó a dirigir la oficina de la DEA en México a principios de 2020, en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) ordenó la reducción en la colaboración con la agencia estadounidense con el argumento de que debía respetarse la soberanía de México.

La DEA no ha ofrecido información públicamente sobre el cese de Palmeri y las razones de su despido.

Y aunque la destitución se produjo en marzo de 2022, no se había hecho pública hasta ahora, coincidiendo  con el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra Genaro García Luna, donde se ha puesto en duda el actuar de las agencias estadounidenses.

El gobierno de México ya recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar a Rafael Caro Quintero, detenido hace un mes, según reveló este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cuestionado por la solicitud de extradición de Washington, el mandatario respondió que “sí, claro que sí” la ha recibido.

“Yo creo que sí, Relaciones (Exteriores) debe de tener ya la solicitud y la Fiscalía (General de la República) lo mismo”, señaló.

Sus declaraciones se producen tras cumplirse un mes del arresto de Caro Quintero, el 15 de julio en Sinaloa, con fines de extradición a Estados Unidos, donde la Agencia Antidrogas (DEA) lo considera el capo más buscado.

Pero la extradición se ha retrasado porque Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, ha obtenido amparos para suspender de forma indefinida su traslado a Estados Unidos, donde está acusado del secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la DEA.

“El señor Caro Quintero ha promovido amparos, entonces su asunto está en la Fiscalía y en el Poder Judicial, por lo que a nosotros corresponde, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard)”, comentó López Obrador.

Fiel a su estilo, López Obrador aprovechó para denunciar la “intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos” tras declaraciones anónimas de agentes de la DEA a la prensa nacional e internacional en las que expresaron su desconfianza en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente también rechazó la información de que hubo cerca de 14 intentos de detener a Caro Quintero desde 2013 entorpecidos por autoridades mexicanas.

López Obrador opinó que los agentes siguen con la misma concepción de “los tiempos” del expresidente Felipe Calderón, cuando Estados Unidos realizó el operativo “Rápido y furioso” para introducir armas al país y rastrear a narcotraficantes.

“Ahora se respeta nuestra soberanía y nosotros le tenemos mucha confianza a las Fuerzas Armadas de México, al Ejército y la Marina, y no aceptamos esos comentarios porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía”, manifestó.

Fundador del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero fue uno de los principales capos en la década de 1980 y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos. La DEA otorgaba una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, la cifra más elevada ofrecida por el arresto de un fugitivo por parte de la agencia antidrogas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó el lunes que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tuviera una “injerencia directa” en la captura de Rafael Caro Quintero el viernes de la semana pasada como se afirmó en un inicio.

El narcotraficante, requerido por la justicia estadounidense por el asesinato en la década de 1980 del agente de la DEA Enrique Camarena, fue detenido en un operativo encabezado por la Marina, en uno de los mayores golpes al narco desde la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Tras la detención, la directora de la agencia, Anne Milgram, felicitó a su personal a través de un comunicado por trabajar “en colaboración” con las autoridades mexicanas para capturar al capo, pero el embajador en México, Ken Salazar, dijo luego que “ningún personal” de su país intervino en el arresto.

“A veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación, eso está establecido, está escrito, cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Estamos hablando de equipos, de drones”, afirmó López Obrador.

Además, negó que la agencia estadounidense hubiera localizado al narco. Indicó que su localización fue fruto del trabajo de la inteligencia mexicana, que lo ubicó y lo detuvo, y demuestra que México ya no protege a criminales.

“¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina?”, preguntó una reportera. “No”, contestó tajante. “Y mucho menos elementos (extranjeros), ya no es como antes”.

López Obrador reconoció el lunes que existe cooperación regular entre los dos países y que las autoridades estadounidenses participan “cuando se requiere”, por ejemplo, con drones, pero aclaró que este no fue el caso.

Y es que recordemos que desde que llegó al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha criticado la intervención de la DEA en México. Morena ha impulsado leyes para reducir la cooperación entre las agencias estadounidenses y autoridades mexicanas. En 2021, el gobierno federal disolvió una selecta unidad antinarcóticos que colaboraba con Estados Unidos.

El “narco de narcos”, como se le conoce a Caro Quintero, se encontraba entre matorrales en la población San Simón, en el estado occidental Sinaloa, cuando fue aprehendido. Actualmente se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en el centro del país.

“Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar y si se pide apoyo al gobierno (mexicano) se ejecuta, sea quien sea, es un asunto de rutina, no hace falta que (las fuerzas armadas) me consulten”, añadió el mandatario en su conferencia.

Sobre el proceso de extradición, el mandatario dijo que no sabía cuánto tiempo podría demorar el trámite, además de que enfatizó que sería la autoridad competente quien decidiría el futuro del narcotraficante.

Al respecto, este lunes se informó que un juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, otorgó una suspensión a la defensa del capo, que impide por ahora que el gobierno federal lo extradite a Estados Unidos, esto sin antes no enfrentar un juicio de extradición.

El recurso legal fue promovido por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del narcotraficante, quien solicitó que se detuviera la deportación hasta que no se haya seguido el procedimiento correspondiente que marca la ley.

En el marco del operativo de la Marina y la FGR, 14 marinos que participaban en labores de resguardo murieron al desplomarse su helicóptero, que rápidamente se especuló que pudo haber sido una represalia a la detención de Caro Quintero.

Desde un inicio, la Marina indicó que se investigaban las causas del desplome, y este lunes, la dependencia confirmó que el helicóptero ‘Black Kawk’ no fue derribado, sino que el suceso fue un accidente.

Fuentes de la Marina confirmaron a El Universal que, pese a que el helicóptero estuviera involucrado en el caso del narcotraficante, su caída al suelo fue fruto de un accidente y no de un ataque.

Una de las aeronaves que participaba en el operativo, con quince personas a bordo, se desplomó cerca del aeropuerto internacional de Los Mochis, quedando tan solo un ocupante vivo aunque herido de gravedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hace un año se disolvió una unidad antinarcóticos  de alto nivel en la que colaboraron por más de 20 años el gobierno federal y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, explicó.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que trascendiera esta semana que México disolvió la unidad antinarcóticos, en la que había más de 50 agentes que participan en operativos especiales, como la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

El presidente cuestionó los reportes y las críticas de los opositores, quienes acusaron al gobierno federal de cerrar de forma repentina el grupo de cooperación.

“Les falta información, eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos”, expresó, aunque evitó mencionar nombres y tampoco explicó por qué su gobierno no anunció la desaparición de la unidad en su momento.

López Obrador enmarcó la decisión en la nueva política de seguridad que existe entre México y Estados Unidos, cuyos gobiernos firmaron el Entendimiento Bicentenario en 2021 para acabar con el enfoque militarista de la Iniciativa Mérida.

También recordó que ahora México solo admite los agentes “que por ley se permiten” de la DEA y otras agencias extranjeras, tras la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de diciembre de 2020 que restringe su presencia.

“Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”, comentó.

López Obrador reiteró sus críticas a los agentes de la DEA y de otras organizaciones extranjeras, a los que acusó de que “antes entraban y salían por el país y hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos”. Reafirmó su cuestionamiento a la DEA por la captura en 2020 en Los Ángeles del exsecretario, Salvador Cienfuegos.

Incluso, citó que en un nuevo libro de memorias, William Barr, fiscal general del gobierno de Donald Trump, reconoció que ellos desconocían la detención de Cienfuegos, entregado poco después a México, donde fue liberado, tras la presión del gobierno mexicano.

“Ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían. Imagínense detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren de arriba”, subrayó.