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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la situación en que se encuentra la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), luego de que trascendiera la renuncia de su titular.

El INE confirmó que tanto en la Presidencia del Consejo General del INE como en la Secretaría Ejecutiva recibieron un escrito mediante el cual Ignacio Ruelas Olvera, titular de la DEA presentó su renuncia voluntaria.

Se indicó que en la carta de renuncia, el hasta ahora funcionario del INE expresó y justificó que su salida se debía a motivos de salud. “La renuncia es con carácter de irrevocable y surte efectos a partir del 14 de agosto”, se detalló.

A raíz de ello, en uso de sus facultades, la Presidencia del Consejo General deberá nombrar a una o un encargado de despacho a fin de dar continuidad a los trabajos de esa Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, aclararon que la definición y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto institucional es una labor que realizan de manera conjunta la DEA y la Comisión Temporal de Presupuesto del Consejo General, que es quien determinan en última instancia el sentido del trabajo técnico.

Así, enfatizaron que la elaboración del presupuesto no se verá afectado con la renuncia de Ruelas Olvera y ante posibles cambios de funcionarios.

El INE finalizó la aclaración señalando que “reconoce y agradece la colaboración y el compromiso del Mtro. Ruelas Olvera a lo largo de varios años de su trayectoria, primero en el IFE y ahora en el INE”; se espera que en breve se conozca quien asumirá las tareas al frente de la DEA.

El gobierno de Estados Unidos defendió este jueves haber imputado a 28 miembros del cártel de Sinaloa a pesar de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) sobre la presunta “infiltración” en nuestro país para espiar a los narcotraficantes.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo que las imputaciones a los miembros del cártel responden al objetivo marcado por Estados Unidos, México y Canadá de llevar a presión a los integrantes de los cárteles y traficantes de droga.

“El presidente (Joe Biden) tuvo una importante discusión en México con el presidente López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre la necesidad de seguir presionando a los traficantes de drogas y a los carteles y lo que hizo el Departamento de Justicia es un paso en esa dirección”, dijo el funcionario estadounidenses en referencia a los compromisos de los tres mandatarios en su reunión de enero pasado.

“Vamos a seguir haciéndolo, porque es importante para la seguridad del pueblo estadounidense”, advirtió Kirby, quien no quiso opinar sobre las declaraciones de López Obrador.

Además, añadió que el gobierno de Estados Unidos seguirá en contacto con sus socios, particularmente con su vecino del sur, “que sufre igualmente las consecuencias de estas actividades y, en algunos casos, sin que se pongan impedimentos a los cárteles en México”.

Recordemos que el pasado lunes, López Obrador acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrarse para espiar al cártel de Sinaloa sin informar a las autoridades mexicanas.

Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de los cargos contra cabecillas del cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas, AMLO aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar a su gobierno.

Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a la agencia The Associated Press (AP) personas con conocimiento.

Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, se encuentra uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.

Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9,000 empleados de la propia DEA.

También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.

El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.

Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato.

Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.

La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas.

Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100,000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.

“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, respondió la DEA a la agencia AP.

“Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”, añadió.

Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.

Esta investigación, que revela AP, fue retomada esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, en medio de las acusaciones y señalamientos que el presidente mantiene, desde días atrás, en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la DEA.

Fue Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, quien interrumpió al mandatario en su exposición, para señalar que había un “escándalo” por la investigación contra Anne Milgram.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló este viernes a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en territorio estadounidense.

En un informe de las operaciones extranjeras de la agencia, la DEA recordó que en septiembre del año pasado, creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y desmantelar los esfuerzos de esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” a Estados Unidos.

El secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas a inicios de marzo, ha aumentado el debate en Estados Unidos sobre los cárteles en nuestro país.

Recordemos que un grupo de legisladores republicanos pidió que los cárteles sean catalogados como organizaciones terroristas, lo que permitiría que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan combatirlos aún en nuestro país.

Esta medida fue rechazada por la Casa Blanca, aunque en recientes días el Departamento de Estado dijo que no se descarta. Además, la propuesta ha sido criticada duramente por el presidente López Obrador y el gobierno federal.

El canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington el pasado 13 de marzo para reunirse con los cónsules del país en Estados Unidos, con la intención de lanzar una estrategia de comunicación para rebatir la propuesta de los congresistas del partido opositor.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene actualmente catalogados como grupos terroristas extranjeros a organizaciones como el Estado Islámico (EI), Hamás y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar por su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de narcotraficantes, reveló el diario The Washington Post.

Palmeri, que estaba encargado de las operaciones de la DEA en México y Centroamérica, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Washington Post y aseguró que su “jubilación forzosa” obedece entre otras cosas a una “venganza personal” por parte de otro funcionario de la agencia, al que no nombró.

La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un órgano encargado de supervisar a la DEA, publicó un informe en el que ofrece detalles de una investigación a un director regional de la agencia.

El director regional no aparece identificado en ese reporte, pero Palmeri dijo posteriormente a The Washington Post que se trata de él.

Según las acusaciones recogidas en el reporte, Palmeri usó fondos de la agencia para comprar “artículos no permitidos” e intentó que la DEA le reembolsara los gastos de una fiesta que dio para celebrar su cumpleaños.

Esa investigación no acabó con la presentación de cargos criminales, según el informe.

Sin embargo, de manera paralela, la DEA abrió otra investigación sobre si Palmeri había tenido relaciones inapropiadas con abogados famosos por defender a narcotraficantes, dijeron a The Washington Post funcionarios y exfuncionarios con conocimiento de esas pesquisas.

Entre otros, Palmeri reconoció en declaraciones a The Washington Post que él y su esposa visitaron a principios de 2021 al abogado David Macey en los Cayos de Florida.

No obstante, Palmeri dijo al Post que lleva años sin estar implicado en los casos que defiende Macey y, por tanto, negó haber cometido cualquier infracción.

Palmeri comenzó a dirigir la oficina de la DEA en México a principios de 2020, en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) ordenó la reducción en la colaboración con la agencia estadounidense con el argumento de que debía respetarse la soberanía de México.

La DEA no ha ofrecido información públicamente sobre el cese de Palmeri y las razones de su despido.

Y aunque la destitución se produjo en marzo de 2022, no se había hecho pública hasta ahora, coincidiendo  con el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra Genaro García Luna, donde se ha puesto en duda el actuar de las agencias estadounidenses.

El gobierno de México ya recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar a Rafael Caro Quintero, detenido hace un mes, según reveló este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cuestionado por la solicitud de extradición de Washington, el mandatario respondió que “sí, claro que sí” la ha recibido.

“Yo creo que sí, Relaciones (Exteriores) debe de tener ya la solicitud y la Fiscalía (General de la República) lo mismo”, señaló.

Sus declaraciones se producen tras cumplirse un mes del arresto de Caro Quintero, el 15 de julio en Sinaloa, con fines de extradición a Estados Unidos, donde la Agencia Antidrogas (DEA) lo considera el capo más buscado.

Pero la extradición se ha retrasado porque Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, ha obtenido amparos para suspender de forma indefinida su traslado a Estados Unidos, donde está acusado del secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la DEA.

“El señor Caro Quintero ha promovido amparos, entonces su asunto está en la Fiscalía y en el Poder Judicial, por lo que a nosotros corresponde, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard)”, comentó López Obrador.

Fiel a su estilo, López Obrador aprovechó para denunciar la “intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos” tras declaraciones anónimas de agentes de la DEA a la prensa nacional e internacional en las que expresaron su desconfianza en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente también rechazó la información de que hubo cerca de 14 intentos de detener a Caro Quintero desde 2013 entorpecidos por autoridades mexicanas.

López Obrador opinó que los agentes siguen con la misma concepción de “los tiempos” del expresidente Felipe Calderón, cuando Estados Unidos realizó el operativo “Rápido y furioso” para introducir armas al país y rastrear a narcotraficantes.

“Ahora se respeta nuestra soberanía y nosotros le tenemos mucha confianza a las Fuerzas Armadas de México, al Ejército y la Marina, y no aceptamos esos comentarios porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía”, manifestó.

Fundador del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero fue uno de los principales capos en la década de 1980 y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos. La DEA otorgaba una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, la cifra más elevada ofrecida por el arresto de un fugitivo por parte de la agencia antidrogas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó el lunes que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tuviera una “injerencia directa” en la captura de Rafael Caro Quintero el viernes de la semana pasada como se afirmó en un inicio.

El narcotraficante, requerido por la justicia estadounidense por el asesinato en la década de 1980 del agente de la DEA Enrique Camarena, fue detenido en un operativo encabezado por la Marina, en uno de los mayores golpes al narco desde la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Tras la detención, la directora de la agencia, Anne Milgram, felicitó a su personal a través de un comunicado por trabajar “en colaboración” con las autoridades mexicanas para capturar al capo, pero el embajador en México, Ken Salazar, dijo luego que “ningún personal” de su país intervino en el arresto.

“A veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación, eso está establecido, está escrito, cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Estamos hablando de equipos, de drones”, afirmó López Obrador.

Además, negó que la agencia estadounidense hubiera localizado al narco. Indicó que su localización fue fruto del trabajo de la inteligencia mexicana, que lo ubicó y lo detuvo, y demuestra que México ya no protege a criminales.

“¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina?”, preguntó una reportera. “No”, contestó tajante. “Y mucho menos elementos (extranjeros), ya no es como antes”.

López Obrador reconoció el lunes que existe cooperación regular entre los dos países y que las autoridades estadounidenses participan “cuando se requiere”, por ejemplo, con drones, pero aclaró que este no fue el caso.

Y es que recordemos que desde que llegó al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha criticado la intervención de la DEA en México. Morena ha impulsado leyes para reducir la cooperación entre las agencias estadounidenses y autoridades mexicanas. En 2021, el gobierno federal disolvió una selecta unidad antinarcóticos que colaboraba con Estados Unidos.

El “narco de narcos”, como se le conoce a Caro Quintero, se encontraba entre matorrales en la población San Simón, en el estado occidental Sinaloa, cuando fue aprehendido. Actualmente se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en el centro del país.

“Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar y si se pide apoyo al gobierno (mexicano) se ejecuta, sea quien sea, es un asunto de rutina, no hace falta que (las fuerzas armadas) me consulten”, añadió el mandatario en su conferencia.

Sobre el proceso de extradición, el mandatario dijo que no sabía cuánto tiempo podría demorar el trámite, además de que enfatizó que sería la autoridad competente quien decidiría el futuro del narcotraficante.

Al respecto, este lunes se informó que un juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, otorgó una suspensión a la defensa del capo, que impide por ahora que el gobierno federal lo extradite a Estados Unidos, esto sin antes no enfrentar un juicio de extradición.

El recurso legal fue promovido por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del narcotraficante, quien solicitó que se detuviera la deportación hasta que no se haya seguido el procedimiento correspondiente que marca la ley.

En el marco del operativo de la Marina y la FGR, 14 marinos que participaban en labores de resguardo murieron al desplomarse su helicóptero, que rápidamente se especuló que pudo haber sido una represalia a la detención de Caro Quintero.

Desde un inicio, la Marina indicó que se investigaban las causas del desplome, y este lunes, la dependencia confirmó que el helicóptero ‘Black Kawk’ no fue derribado, sino que el suceso fue un accidente.

Fuentes de la Marina confirmaron a El Universal que, pese a que el helicóptero estuviera involucrado en el caso del narcotraficante, su caída al suelo fue fruto de un accidente y no de un ataque.

Una de las aeronaves que participaba en el operativo, con quince personas a bordo, se desplomó cerca del aeropuerto internacional de Los Mochis, quedando tan solo un ocupante vivo aunque herido de gravedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hace un año se disolvió una unidad antinarcóticos  de alto nivel en la que colaboraron por más de 20 años el gobierno federal y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, explicó.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que trascendiera esta semana que México disolvió la unidad antinarcóticos, en la que había más de 50 agentes que participan en operativos especiales, como la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

El presidente cuestionó los reportes y las críticas de los opositores, quienes acusaron al gobierno federal de cerrar de forma repentina el grupo de cooperación.

“Les falta información, eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos”, expresó, aunque evitó mencionar nombres y tampoco explicó por qué su gobierno no anunció la desaparición de la unidad en su momento.

López Obrador enmarcó la decisión en la nueva política de seguridad que existe entre México y Estados Unidos, cuyos gobiernos firmaron el Entendimiento Bicentenario en 2021 para acabar con el enfoque militarista de la Iniciativa Mérida.

También recordó que ahora México solo admite los agentes “que por ley se permiten” de la DEA y otras agencias extranjeras, tras la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de diciembre de 2020 que restringe su presencia.

“Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”, comentó.

López Obrador reiteró sus críticas a los agentes de la DEA y de otras organizaciones extranjeras, a los que acusó de que “antes entraban y salían por el país y hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos”. Reafirmó su cuestionamiento a la DEA por la captura en 2020 en Los Ángeles del exsecretario, Salvador Cienfuegos.

Incluso, citó que en un nuevo libro de memorias, William Barr, fiscal general del gobierno de Donald Trump, reconoció que ellos desconocían la detención de Cienfuegos, entregado poco después a México, donde fue liberado, tras la presión del gobierno mexicano.

“Ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían. Imagínense detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren de arriba”, subrayó.

Elementos de la DEA y el FBI, así como de la Policía Montada de Canadá, viajarán en unas dos semanas a Quintana Roo para apoyar en labores de análisis y seguridad, informó este viernes el gobernador Carlos Joaquín González.

“En dos semanas estaremos teniendo la visita de instituciones internacionales de Estados Unidos y Canadá que vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, de intercambio de información y mejora para tratar de evitar situaciones” de inseguridad, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

El gobernador reconoció que los destinos turísticos de Quintana Roo se han convertido en un punto de atracción para muchos delincuentes, e incluso habló del incremento de armas de fuego.

“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.

Calificó los recientes sucesos de violencia que se han registrado de “extremadamente llamativos”, al tiempo que externó su preocupación por el incremento de armas en manos de los grupos delictivos, un hecho que calificó de “difícil y preocupante” al no conocer por dónde se introducen dichas armas.

Además, dijo, trabajan con organizaciones empresariales para establecer una línea de acción de 10 puntos para incrementar la seguridad en establecimientos privados y así darles mayor confianza a los turistas.

Recordemos que en días pasados, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Quintana Roo tras la actividad delictiva registrada en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Hace una semana, un tiroteo ocurrido al interior de un hotel ubicado en Playa del Carmen, de la cadena Xcaret, dejó dos canadienses muertos y un herido. Mientras que esta semana se produjo la muerte a balazos del argentino Federico Mazzoni, gerente del Mamita’s Beach Club.

“En todos los casos tenemos responsables, tenemos detenidos, tenemos casos resueltos, en el caso de Mamita’s, que está en proceso de investigación, se tiene detenidos ya a los posibles culpables, se trabaja muy intensamente en poder tenerlos”, afirmó el mandatario estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su confianza en los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos que se encuentran en nuestro país, quienes dijo respetan la soberanía mexicana.

“Si me preguntas si confiamos diría que sí, en que no van a cometerse actos ilegales, ilícitos que afecten nuestra soberanía”, precisó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador respondió esto luego de que ayer, se publicaran notas periodísticas en la que denuncia el supuesto fracaso de las acciones de la DEA para evitar que el narcotráfico mexicano siga reclutando a agentes mexicanos.

“No tenemos información de que estén haciendo actividades sin informar al Gobierno de México”, dijo el presidente. Refirió que cambiaron las leyes en México para regular la presencia de agentes extranjeros en el país. “Ahí está claro cuántos pueden estar, no se permite que estén con armas, hay un número, tienen que avisar sobre sus actividades”, añadió.

AMLO recordó que con el marco normativo anterior no se respetaban estas condiciones, por lo que ahora la relación entre Estados Unidos y México es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo. Aseguró que por ello ahora los agentes de la DEA “no podrían hacer algo a espaldas de nosotros”.

Asimismo, indicó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido un gran conducto para estrechar los lazos con el país vecino y destacó su origen mexicano.

Recordemos que en 2020, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que retiraba la inmunidad de los agentes extranjeros en el país. La iniciativa obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.

El fentanilo está al alcance de un click para millones de estadounidenses, incluidos adolescentes, según reveló un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

En el informe se indica que los traficantes están utilizando las redes sociales para promocionar, vender y distribuir esta droga como si fueran pastillas de medicamentos conocidos porque son aplicaciones muy accesibles, donde pueden operar desde el anonimato y sin que nadie los controle.

Según el gobierno estadounidense, México es el principal abastecedor de esta droga, la más letal y lucrativa que existe hoy en el mercado, y que ha matado a unos 100,000 ciudadanos en un año.

Anne Milgram, titular de la DEA, denunció que “las redes criminales mexicanas están usando la herramienta perfecta para el narcotráfico: las aplicaciones de redes sociales que están disponibles en cada teléfono inteligente”. Explicó que las ventajas son muchas: las aplicaciones son fáciles de usar, los traficantes pueden ocultar su identidad y mentir sobre los productos que ofrecen haciéndolos pasar por medicinas, “y más importante, las plataformas permiten que la venta de esas píldoras falsas se haga cada día sin control”, explicó la funcionaria.

Según un análisis de la DEA, en operativos con otros cuerpos de seguridad, fueron decomisados más de 680 kilos y más de ocho millones de pastillas que imitaban medicinas reales pero que, en realidad, eran fentanilo. Una sola de esas píldoras puede conllevar la muerte, advirtieron.

Esas operaciones estuvieron directamente relacionadas con 85 sobredosis, 39 de las cuales acabaron en muerte. En 76 de esos casos los traficantes utilizaron redes sociales como Snapchat, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok y YouTube, y en 32 casos se encontraron vínculos directos con los principales cárteles mexicanos que producen y trafican fentanilo, indicó Milgram.

Las dos principales organizaciones criminales que controlan el negocio de esta droga en México son el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Agencia Antinarcóticos (DEA) presentó un informe en el que señala que son nueve las organizaciones transcriminales mexicanas las que tienen impacto en Estados Unidos, aunque alerta del rápido crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se detalla que el cártel tiene presencia en ciudades que van desde Orlando, Florida, hasta Honolulú, en Hawái, y en San Juan, Puerto Rico. El CJNG “es uno de los cárteles de más rápido crecimiento”.

Y aunque se reconoce que es el Cártel de Sinaloa el que tiene la influencia internacional más amplia, apuntando que en nuestro país tiene presencia significativa en 15 de 32 estados, el CJNG tiene presencia en 23 de los 32 estados de México.

“La rápida expansión de las actividades de tráfico de drogas del CJNG se caracteriza por la disposición del grupo para involucrarse en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad mexicanas y cárteles rivales”, señala el informe de la DEA.

Al respecto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que incluyó que en su lista negra a dos integrantes del CJNG, a los que señala como responsables de perpetrar un ataque armado en contra de funcionarios mexicanos de alto nivel.

Carlos Rivera, alias “La Firma”, y Francisco Gudino, conocido como “La Gallina”, lideran un grupo del CJNG en el turístico Puerto Vallarta, y dan apoyo financiero y tecnológico al cártel, precisó la institución estadounidense.

“Esta organización lleva a cabo ataques violentos en contra de rivales y funcionarios gubernamentales que, en última instancia, benefician el control territorial y las actividades de narcotráfico del CJNG”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La entidad aseguró que el grupo comandado por Rivera, quien tiene nacionalidades colombiana y mexicana, y Gudino es presuntamente responsable del intento de asesinato del secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García, a mediados del año pasado y de la muerte de Aristóteles Sandoval, exgobernador del occidental estado Jalisco, a fines de 2020.

La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleva a la captura del líder de la organización: Nemesio “El Mencho” Oseguera.

El CJNG, también dedicado al tráfico de armas, es considerado uno de los grupos delictivos más peligrosos de México y más prolíficos del mundo, según la DEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que su gobierno hizo “lo correcto” y “ético” al publicar el expediente que la DEA envió a México en torno al general Salvador Cienfuegos, quien el jueves pasado fue exonerado de las acusaciones de narcotráfico por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No se pueden fabricar delitos a nadie. Lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola”, señaló el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los comentarios del mandatario llegan luego de que de que este fin de semana, el Gobierno de Estados Unidos expresara su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos por parte de la FGR, que decidió no investigarlo por falta de pruebas.

Además, el Departamento de Justicia acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.

Ante lo expuesto por la dependencia estadounidense, AMLO respondió que “no es posible que se lleve a cabo una investigación sin sustento y quedarnos callados”. Justificó que el expediente se dio a conocer el viernes porque las circunstancias así lo exigían, pues estaba en entredicho el prestigio de México.

“Es inédito (la publicación del expediente) pero así lo exigían las circunstancias, porque esta de por medio el prestigio de México, y ningún grupo, ningún gobierno puede socavar el prestigio de nuestra nación”, sostuvo López Obrador.

Destacó que por ello el compromiso de su gobierno fue dar a conocer la información que envió el Departamento de Justicia estadounidense “sin borrar nada”, aunque reconoció que el expediente de la Fiscalía, dado a conocer el sábado pasado, sí tenía partes borradas por la naturaleza de la investigación.

El jefe del Ejecutivo reiteró que la investigación de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue “irresponsable” pues se fabricaron delitos con base solamente en fotografías de capturas de pantallas de un celular. Indicó que no se debe pensar que las agencias de investigación extranjeras son “infalibles o perfectos”, ni que todo lo malo tiene que ver con su gobierno.

López Obrador descartó que la relación con Estados Unidos se hayan fracturado tras hacerse público el expediente que el país vecino compartió con México.

“Actuamos bien y esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana”, apuntó.

El gobierno federal publicó este viernes el expediente que le entregó Washington sobre el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al que se había acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y que ayer fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, establece dentro del expediente una carta firmada por Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la DEA de “fabricar” los cargos contra el General y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Les ofrecemos disculpas (a Estados Unidos) y ojalá comprendan, pero por encima de todo está la dignidad del gobierno y la autoridad moral del presidente”, declaró en su conferencia matutina, donde dijo que instruyó a la cancillería a hacer público el expediente.

El expediente difundido por la SRE consta de 748 páginas, incluyendo las cartas de Shea a Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

En su mayoría son mensajes de texto e imágenes que, presuntamente y de acuerdo con la DEA, Cienfuegos se intercambió con narcotraficantes. En la carta, el administrador del Departamento de Justicia explica que estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero.

“No hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano”, afirma Shea en la misiva.

El funcionario del Departamento de Justicia asegura que la DEA “no investigó a Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones”. La DEA, argumenta Shea, se topó con el caso de Cienfuegos mientras investigaba a Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante conocido como el H2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, quienes operaban en Nayarit.

“Él (Cienfuegos) fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez”, sostiene el texto. Las pruebas de la DEA afirman que en los mensajes de texto se identificaba a Cienfuegos como Padrino y Zepeda, su segundo apellido.

En la evidencia, también incluyen presuntas capturas de pantalla de “comunicaciones” de Cienfuegos sobre “unas reuniones de la DEA con sus homólogos mexicanos” acerca de investigaciones en contra de Patrón Sánchez. “Las interceptaciones electrónicas del fuero federal revelaron también el papel que desempeñaba Cienfuegos Zepeda al restringir operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez”, asevera el funcionario del Departamento de Justicia.

Al desestimar los cargos, el gobierno mexicano ha sostenido que un narcotraficante se hizo pasar por Cienfuegos en los mensajes y que la evidencia es meramente circunstancial.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, mientras acusó a la DEA de fabricar pruebas en su contra.

“Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que su gobierno “secunda, avala y respalda” la decisión de la FGR, que se dio a conocer la noche de ayer.

Recordemos que López Obrador enfatizó en más de una ocasión, que los “elementos de prueba” presentados por la DEA “no tienen ningún valor probatorio” para enjuiciar a Cienfuegos. Además, indicó que había cierta relación entre la fecha de la detención de Cienfuegos y las elecciones estadounidenses. “Todo esto hay que aclararlo”, subrayó.

“Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera”, subrayó el mandatario.

El presidente remarcó que habrá “transparencia plena” en el caso para evitar críticas, por lo que indicó que se difundirá el expediente del caso, aunque a las autoridades estadounidenses no pudiera estar de acuerdo.

“Que se tenga toda la información, no ocultar nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio, que somos encubridores, cómplices. Y que somos también peleles, de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros”, añadió.

Al respecto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este viernes en un comunicado que se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

El gobierno federal publicó este jueves las reglas para limitar el trabajo de agentes de seguridad extranjeros, como lo es la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego de que hace un mes se aprobara la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

La Presidencia de la República expidió los nuevos “lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que entrarán en vigor este viernes, cinco días antes del cambio de Administración en Washington.

“Los agentes extranjeros que cometan delitos o infracciones por infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas no gozarán de ningún tipo de inmunidad”, advierten las nuevas reglas.

La nueva norma exige a los agentes foráneos acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el aval de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).  Obliga a embajadas y misiones extranjeras a compartir informaciones con “un impacto significativo en la vida del país, que representen una amenaza a la seguridad nacional o que se refieran a presuntas conductas delictivas de servidores públicos o exservidores públicos mexicanos”.

Las dependencias del Gobierno mexicano deberán recibir un informe mensual por parte de las embajadas extranjeras acreditadas en México, relativo a los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

Los lineamientos se publican después de que el Congreso aprobara el 15 de diciembre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular a los agentes extranjeros, esto luego del roce diplomático por la detención del general Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, California, el 15 de octubre tras una investigación de la DEA.

Y aunque la legislación aplica para todos los países, el presidente y Morena, han admitido que tendrá repercusiones especiales para la DEA y otras agencias de Estados Unidos.

Con la detención de Salvador Cienfuegos, el gobierno de México se quejó con Washington por no compartir la información del caso que llevó al arresto, y gestionó su liberación en noviembre pasado, cuando regresó a México sin cargos.

En los lineamientos publicados este jueves, México reconoce la vigencia del memorando de entendimiento conocido como “Acuerdo Brownsville-Mérida” firmado en 1998 con Estados Unidos, pero aun así advierte de la necesidad de cumplir con la nueva legislación. “Se reconoce en particular la vigencia del compromiso bilateral de comunicar previamente, realizar consultas e informar sobre actividades de los agentes extranjeros”, estipula el texto.