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Miles de personas, ciudadanos y opositores, se movilizaron ayer en el primer cuadro de la Ciudad de México, llenando el Zócalo capitalino, para protestar contra el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo a los organizadores, ayer domingo llegaron al Zócalo y calles aledañas poco más de medio millón de personas. Algunos de los asistentes no pudieron llegar a la plancha, y tuvieron que apostarse en calles como Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, en alusión a los colores del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo a los reportes de la prensa, los asistentes gritaban consignas como: «¡Mi voto no se toca!», lema de la concentración.

Y es que las reformas electorales propuestas por López Obrador, que concluyeron su trámite legislativo la semana pasada luego de ser aprobado el segundo paquete en el Senado, pasaron al Ejecutivo para su promulgación. En ellas se contempla reducir el salarios de los funcionarios electorales, cortar el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan las casillas.

El ‘Plan B’ también disminuirá las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

Sin embargo, López Obrador niega que las reformas sean una amenaza contra la democracia y asegura que las críticas son elitistas, argumentando que el INE gasta demasiado dinero, y que ese monto debería invertirse en favor de los más necesitados.

El mandatario dijo el jueves que promulgará el ‘Plan B’, aunque dijo que sí espera impugnaciones judiciales. En ese sentido, muchos de los asistentes a la protesta de ayer expresaron su esperanza de que la Suprema Corte anule las reformas, como han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.

La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en [email protected], colectivo contrario a López Obrador.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte Juan y orador principal del evento, acusó al mandatario de querer «apropiarse del sistema electoral».

Cossío, quien ha sido fuertemente criticado por el presidente, confió en que la Suprema Corte eche abajo la reforma cuando falle las demandas que han sido presentadas ante ese tribunal.

«Confiamos en ellos (los jueces), en su talante democrático, en la decisión que tomarán para preservar la vida democrática del país», sostuvo desde la tarima que se montó en la plancha del Zócalo. Beatriz Pagés fue la otra oradora en la concentración de ayer.

Las autoridades de Ciudad de México, de Morena, sorprendió al señalar que ayer se tuvo una asistencia de 90,000 personas.

La marcha se replicó en cerca de 120 ciudades en al menos 5 países.  De acuerdo con los organizadores, más de 50,000 se concentraron en Monterrey y Guadalajara.

En respuesta a la protesta de ayer, López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México.

Foto: Twitter @FCN_mx 

La Fiscalía estadounidense presentó este miércoles en tres horas y media su alegato final contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, «El Grande», brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva.

«Deben leer el testimonio del Grande», dijo la fiscal Saritha Komatireddy a los miembros del jurado antes de insistir en que su declaración contra García Luna supone una «prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado», a quien calificó como un hombre «inteligente, ambicioso y poderoso» que utilizó su posición para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido.

Ayudada de un panel con los rostros de García Luna, de varios de sus ayudantes como Luis Cárdenas Palomino y de los principales líderes del cártel de Sinaloa como Joaquín «El Chapo» Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael «El Mayo» Zambada y su hermano Jesús «El Rey» Zambada, Komatireddy fue repasando los 26 testimonios que la Fiscalía llamó los largo de las tres semanas y media que duró el juicio.

«Una sola declaración de (un testigo cooperante) puede ser suficiente», dijo la fiscal antes subrayar que el gobierno ha presentado a nueve testigos cooperantes, exnarcotraficantes que cumplen o han cumplido condena den Estados Unidos.

Komatireddy apeló al sentido común de los miembros del tribunal al final de su discurso y les pidió que creyeran a los testigos, porque según ella, han colaborado a pesar de temer posibles repercusiones por parte del acusado. «Usen su sentido común y declárenlo culpable», concluyó.

Durante su exposición, la fiscal, como ella misma expresó, unió «todas las piezas del rompecabezas» y regresó a los lugares y los hechos que el equipo de la Fiscalía fue tejiendo a través de los testigos, desde el pasado 23 de enero que arrancaron los testimonios.

Insistió en que tres de los cooperantes, «El Rey», «El Grande» y «El Lobo», declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

A cambio, insistió la fiscal, García Luna ayudó y ofreció protección al Cártel de Sinaloa, que calificó como «el FedEx de la cocaína» para que pudiera ampliar su territorio, eliminar a bandas rivales, importar cocaína de Colombia y otros países latinoamericanos e introducir toneladas de droga en Estados Unidos.

Además, Komatireddy se detuvo brevemente en repasar la historia del cártel del Sinaloa.

Así, contó cómo el grupo vivió «su edad dorada» entre 2001 y 2006, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para sobornar a García Luna y cómo a partir de entonces, empezaron a surgir tensiones entre la facción de «El Chapo» y «El Mayo», por un lado, y la de los hermanos Beltrán Leyva, que acabó desembocando en una guerra interna.

En aquella época, «la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que la policía es parte de esa guerra», dijo la fiscal antes de subrayar que en ese conflicto García Luna acabó tomando partido por la gente de «El Chapo».

Recordemos que quien fuera mano derecha del expresidente Felipe Calderón está imputado de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal que continua su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

En su turno de alegatos finales, la Defensa de García Luna pidió a los miembros del jurado que no crean a «criminales que han mentido toda su vida» y que se atengan más bien a la falta de pruebas concluyentes.

Durante su alegato final, el abogado César de Castro insistió en la inocencia de su cliente y declaró que «la falta de pruebas es escandalosa» y que la acusación del gobierno se fundamenta en los testimonios de «posiblemente los peores criminales que el mundo haya visto».

Tal como lo hiciera en las ultimas tres semanas, De Castro volvió a desplegar los argumentos que empleó con los siete testigos cooperadores con la Fiscalía que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.

Dijo que actuaron por venganza contra la cara visible de la lucha contra el narcotráfico en México o que mintieron para lograr un beneficio personal: para reducir sus sentencias o para conseguir que sus familias puedan viajar a Estados Unidos.

«Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?», comentó De Castro antes de subrayar que los capos y narcotraficantes «son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos».

Sus intervenciones, continuó, «no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común».

Declaró a los miembros del jurado que la Fiscalía se había apoyado en la «cantidad y no en la calidad» y que por esa razón había presentado 26 testigos pero ninguna prueba palpable.

En su discurso, también hizo referencia al testimonio de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, que ayer ofreció la imagen de una familia que había construido poco a poco su patrimonio a base de trabajo, hipotecas y compra y venta de inmuebles y comparó esto con el derroche y las riquezas de los narcotraficantes.

Al finalizar sus alegados, la Fiscalía volvió a tomar la palabra para decir al jurado que lo que De Castro quería demostrar era que había habido una gran conspiración y que García Luna era la persona con peor suerte del mundo.

«Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocios con ellos», dijo la fiscal Erin Reid, encargada de tomar la palabra en la segunda intervención para insistir en la culpabilidad del acusado.

Fue así que concluyeron los alegatos de ambas partes. Mañana el juez Brian Cogan dará las últimas instrucciones al jurado antes de que este se retire a deliberar.

El jurado tendrán que decidir si García Luna es culpable o inocente. Se presume que este mismo viernes se podría tener un veredicto.

La defensa de Genaro García Luna intentó mostrar las contradicciones del testimonio de Jesús «El Rey» Zambada, quien ayer aseguró que pagó al menos 5 millones de dólares al acusado en 2006, cuando este dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

A preguntas de la Fiscalía, «El Rey» declaró ayer que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo pago de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs Elysées a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Hoy, César de Castro, abogado del exsecretario de seguridad, recordó que en reuniones con fiscales e incluso en el testimonio contra Joaquín «El Chapo» Guzmán en noviembre de 2018, «El Rey» había indicado otras cantidades de dinero y otros detalles.

En concreto, en el juicio contra «El Chapo», «El Rey» dijo que le había pagado 3 millones de dólares en la primera reunión y entre 3 y 5 millones de dólares en el segundo encuentro, en lugar de 2 millones como dijo ayer.

Además, insistió en otros detalles de dicho encuentro como el número y el tipo de bolsas en las que supuestamente se entregaron esas cantidades, a lo que «El Rey» reconoció que la memoria le podía fallar en algunos detalles.

Asimismo, el testigo insistió en el «temor» que le produce hablar sobre García Luna: «Es muy duro hablar de una persona tan importante porque uno piensa en su familia y en uno mismo. Es gente que tiene mucho poder. No es fácil hacerlo, esa es la realidad», subrayó para justificar esas lagunas que la defensa señaló.

En la audiencia de hoy, la defensa comenzó a interrogar a «El Rey» empleando la misma estrategia que ha utilizado con otros testigos.

Trató de resaltar su pasado criminal, subrayando las ventajas que ha obtenido del gobierno estadounidense al colaborar con la Fiscalía e hizo hincapié en que tardó más de un año en citar a García Luna en sus reuniones con agentes de seguridad y fiscales, mientras que sí nombraba a otros responsables mexicanos.

Tras el turno de la defensa, la Fiscalía quiso hacer hincapié en que lo importante era que» El Rey» había sobornado a García Luna y que lo vio personalmente entrar y salir del restaurante donde se llevó a cabo la entrega.

Asimismo, la Fiscalía mostró hoy fotografías de viviendas y vehículos de García Luna hallados en sus aparatos electrónicos, antes de dar por concluida su presentación de testigos, que arrancó hace más de tres semanas.

Otro de los temas que causó polémica fue que «El Rey» Zambada negó este martes haber pagado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, para una campaña electoral del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Zambada aseguró en 2013 que pagó dicha cantidad a Regino para la campaña presidencial en 2006 de López Obrador, quien por aquel entonces era jefe saliente del Gobierno del Distrito Federal y competía contra el expresidente Felipe Calderón.

«No pude haberlo dicho porque no es verdad», reculó Zambada en la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York.

Finalmente, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereyra, testificó esta tarde en favor de su esposo.

Convocada por la defensa, Pereyra justificó los ingresos y propiedades de la familia, presentados por la Fiscalía como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido, como el progreso natural de la fortuna familiar gracias al ascenso de su marido y los beneficios obtenidos por la compra venta de propiedades.

A preguntas del abogado Florian Miedel, Pereyra habló de la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles, desde que se conocieron en 1989.

Pereyra insistió en que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y luego vendiendo, como una papelería o una tienda de artículos de fiesta para niños, se compraron gracias a la solicitud de hipotecas y préstamos.

Para dichas compras, según Pereyra, también se beneficiaron de bonos recibidos por García Luna, así como por el dinero que este recibió al finalizar sus funciones como director de la Agencia Federal de Investigación en 2006, por lo que recibió 2.7 millones de pesos.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, indicó que se atenderá, el próximo martes o miércoles, la solicitud expresa de la bancada del PT para remover al diputado Santiago Creel Miranda (PAN) como presidente de la Mesa Directiva.

«Lo va a retomar la Jucopo, porque se tiene que atender la solicitud que hacen dos grupos parlamentarios, que son parte de nuestra coalición, y lo vamos a llevar a la sesión de la Jucopo para el día martes por la tarde o miércoles muy temprano”, dijo el morenista en conferencia de prensa.

Y es que en la sesión de este jueves, diputados del PT, desde su curul, solicitaron la remoción de Creel Miranda como presidente de la Mesa Directiva, por su actuación durante la sesión de Congreso General, del 1 de febrero.

El diputado Leonel Godoy Rangel de Morena también anunció que su bancada hacía suya la solicitud de remoción, aunque más tarde se informó que se analizaría si se presentaría o no una solicitud en el mismo sentido.

Mier Velasco afirmó que la manera de conducir la sesión de Congreso General, por parte del diputado Santiago Creel, “no fue cosa menor”.

«En la Cámara de Diputados, (Creel Miranda) agravió. No notificó sobre el protocolo ni cómo lo iba a realizar, abusó de la práctica parlamentaria para unas cosas, pero fue omiso en otras. No fue institucional. Agravió los símbolos que nos dan identidad y unidad nacional: la bandera, el escudo y el himno. Rompió la institucionalidad, porque él representa la unidad de la Cámara de Diputados, que es la expresión de la representación popular, pero no conforme con eso, hizo un carrusel de medios y llamó ‘palero’ al Partido Verde», dijo el legislador.

Al respecto, el vocero del PAN, Marcos Aguilar Vega, aseguró que Santiago Creel ha hecho y hará valer la ley en todo momento para salvaguardar la seguridad y los reglamentos del recinto Legislativo.

En defensa del diputado federal, Marcos Aguilar estimó que Morena es quién desprecia la ley militarizando todo, incluso abogando para que personal de la Secretaría de la Defensa entrara armado al salón de Pleno de San Lázaro, siendo que está expresamente prohibido esto por la ley.

Marco Aguilar señaló que Morena lo único que intenta es hacer show y pasarse la ley por alto.

«Esto no es más que un ataque político contra quien el Presidente López Obrador y Morena ven como un adversario que representa una amenaza a su sistema autoritario y al México sin ley que impera actualmente y que quieren perpetuar los morenistas», sostuvo el panista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves la contratación de un exfuncionario chavista, para que participe en el diseño de los libros de texto gratuitos en la Secretaría de Educación Pública (SEP)-.

El mandatario calificó como «politiquería del conservadurismo» las críticas que se han hecho por incorporar como subdirector de Materiales Educativos de la SEP a Sady Arturo Loaiza, quien trabajó en el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

«Es politiquería del conservadurismo. Es igual que (cuando dicen) ‘ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba'», expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

«Ya nos estamos ‘venezolando'», dijo entre risas el presidente López Obrador.

Y es que la polémica surgió después de que el PAN consideró «inaceptable» que el gobierno haya contratado a Loaiza para participar en el análisis y rediseño pedagógico de materiales de contenidos de telesecundaria, así como en la elaboración de libros de texto de educación básica.

«Los contenidos de los libros de la SEP no pueden ni deben estar en manos de un ideólogo y populista que colabora con Nicolás Maduro», reclamó el PAN.

Sin embargo, López Obrador cuestionó que la oposición «estigmatice a un pueblo». «Es de pena ajena. Ahora un profesional o dos que estuvieron en Venezuela y que estén trabajando en la SEP, es un escándalo», sostuvo.

Loaiza, según expuso el PAN, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018, así como también director general de Proyectos Especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

Pese a ello, López Obrador defendió la experiencia del funcionario y la incorporación de lecturas de pensadores como Lenin y Marx a los libros de texto. «Entonces estamos adoctrinando», se burló el presidente.

Recordemos que López Obrador ha enfrentado críticas de la oposición por su postura frente al gobierno de Maduro en Venezuela y de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

En ese sentido, AMLO comparó la controversia del funcionario chavista con la que afrontó el año pasado por contratar a cientos de médicos cubanos para cubrir el déficit de especialistas en la sanidad pública en el país.

«Es como los médicos de Cuba, que vienen a ayudarnos porque necesitamos especialistas y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. ¿Qué tiene que ver con las ideologías? Pero así son los conservadores», remató.

Desde prisión, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció este miércoles a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «su solidaridad con el pueblo peruano», tras el mensaje que ofreció en el marco de la cumbre de la CELAC, en el que este afirmó que fue «una infamia» lo que pasó en su país.

A través de un mensaje en Twitter, Castillo agregó que «más pronto que tarde», estará junto a quienes califica como sus «hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza».

Recordemos que Castillo fue destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre después de que anunciara el cierre del Parlamento, la intervención de la judicatura y el establecimiento de un gobierno de emergencia.

Debido al intento de golpe de Estado, la Fiscalía le abrió una investigación por rebelión y le impuso 18 meses de prisión preventiva, que las cumple actualmente en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en Lima.

Ayer, López Obrador pidió a los líderes de la CELAC, un pronunciamiento conjunto contra la «represión» en Perú y por la libertad del exmandatario Castillo.

«No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo», declaró el mandatario en el mensaje que envió a la Cumbre, que se celebra en Buenos Aires, Argentina, y a la cual no asistió personalmente.

López Obrador indicó que habría que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo y que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú.

«No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado», concluyó AMLO en su mensaje.

López Obrador ha cuestionado en repetidas ocasiones la violencia en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que comenzaron las protestas.

Además, México ha otorgado asilo político a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, que también es investigada por presunta corrupción junto a otros integrantes de su familia.

El esperado juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, arrancará mañana en Nueva York, más de tres años después de que fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos.

El proceso arrancará con la selección del jurado, con entrevistas a decenas de posibles candidatos a integrarlo tras una búsqueda inicial llevada a cabo en los últimos días.

Una vez formado el jurado, darán comienzo los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de diez años en prisión y a una máxima de cadena perpetua.

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública durante el gobierno del PAN de 2006 a 2012, está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

El antiguo líder de la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue juzgado y condenado en 2019 a cadena perpetua en el mismo tribunal del distrito neoyorquino de Brooklyn que se encarga del caso de García Luna.

Aunque desde hacía años circulaban acusaciones sobre una supuesta colaboración del exsecretario con el grupo del narcotráfico, en el juicio contra «El Chapo», García Luna fue involucrado directamente por uno de los testigos clave, Jesús «El Rey» Zambada.

«El Rey», un exalto cargo del Cartel preso en Estados Unidos, aseguró haber pagado sobornos millonarios a García Luna, tanto cuando era secretario de Seguridad Pública como previamente, cuando dirigía la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La Fiscalía estadounidense asegura que «el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cartel de Sinaloa» a cambio de «sobornos multimillonarios» y ha adelantado que cuenta con suficientes pruebas.

La gran cantidad de documentos y otras evidencias recopiladas por las autoridades estadounidenses es lo que en parte ha alargado el proceso previo al juicio, para dar tiempo a los abogados a revisar esos materiales y poder preparar su defensa.

Entre los argumentos que se espera que use García Luna figura, según lo adelantado en documentos judiciales, está el hecho de que durante su mandato fue reconocido por Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, y los numerosos encuentros que mantuvo con responsables de ese país.

Está pendiente de definición si el excolaborador del gobierno federal involucra durante el juicio a otros altos cargos o si también pueden hacerlo algunos de los testigos que declaren a lo largo del proceso.

La Fiscalía ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a «numerosos testigos», aunque sus identidades no se han dado a conocer.

El pasado mes noviembre, el juez que dirige el caso, Brian Cogan, autorizó a la Fiscalía a informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, sólo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

Según la Fiscalía, identificar a los testigos relevantes podría poner en riesgo su seguridad. También se garantizará anonimato y protección a los miembros del jurado, según indicó el año pasado Cogan, quien destacó «la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan».

A diferencia de muchos otros acusados en procesos de este tipo, García Luna acudirá al juicio vestido de civil, de traje y corbata, y no con el uniforme de preso que es habitual, según autorizó recientemente el juez en respuesta a una solicitud de la defensa.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, confirmó la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la madrugada de este jueves en Sinaloa.

Sandoval identificó al detenido como Ovidio «N», confirmando que era parte de una de las facciones del cártel conocida como «Los menores», nombre que se refiere a los hijos de «El Chapo».

En conferencia de prensa, el secretario indicó que en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada de hoy personal del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con el diversas instancias de seguridad, detuvieron a Ovidio «N».

en el presunto líder de la fracción los menores afín al Cartel del pacífico. Con base en la planeacion coordinación institucional y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país

Detalló que el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres en el noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención, luego de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del grupo criminal.

Añadió que se identificó a personal armado a bordo de varias camionetas, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales, por lo que se procedió a establecer un cerco de seguridad, y se intentó a disuadir a dichas personas a que descendieran y permitieran fueran revisados.

Ante esta aproximación, precisó que los elementos de la Guardia Nacional fueron objeto de una agresión armada, por lo que se activó un plan de defensa. Después de controlar la agresión, el secretario dijo que los elementos de las fuerzas de seguridad identificaron a Ovidio «N» entre los integrantes del grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.

Luis Crescencio Sandoval reconoció que después de la detención, células integrantes del grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes puntos de Culiacán, entre ellos el aeropuerto de Culiacán y la base militar número 10. Adicional señaló que fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad.

«El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea mexicana (…) Ovidio «N» es quien lidera la fracción «Los Menores», afín al cartel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América», confirmó el secretario.

Agregó que Ovidio «N» fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del agente del ministerio público federal, quien determinará su situación jurídica.

«Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cartel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, el CNI, la Fiscalía General de la República y Secretaría de seguridad pública de Sinaloa», sostuvo el funcionario federal.

Finalmente, el secretario indicó que continúan las agresiones por parte del grupo criminal en la entidad, específicamente en Culiacán, mientras que las autoridades de los tres niveles llevan a cabo una serie de acciones restablecer y mantener el orden público y del Estado de derecho.

Por su parte la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el operativo fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa, contando con la coordinación entre diversas instancias y autoridades, con el fin de evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia posible.

«El gabinete de seguridad nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización (…) decirle al pueblo de México, y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, que los instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de su familia es nuestra labor fundamental», sostuvo la funcionaria.

Finalizó sosteniendo que: «no venimos a venir una guerra venimos a construir la paz».

Jesús Murillo Karam seguirá bajo vigilancia en el área médica del reclusorio, después de que en las primeras horas de este viernes un juez federal le negara el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de salud.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, argumentó que la salud no fue una de las razones que él consideró para imponerle la prisión preventiva justificada.

Recordemos que el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra preso por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sobre la resolución a la solicitud de cambio de medida cautelar que determinó el juez de control este viernes, la defensa de Murillo Karam manifestó su sorpresa.

«Estamos sorprendidos de que a pesar de la irrefutable evidencia médica, el juez de control haya decidido anteponer la política criminal a la vida de un ser humano, manteniendo como argumento el riesgo de fuga», expuso la defensa en un comunicado.

Agregó que el hecho que se mantenga en la torre médica «es una prueba de que el estado de salud de Murillo Karam es reservado y requiere tratamiento y observación tal como lo han señalado los médicos tratantes», añadió la defensa que adelantó apelará la resolución.

«(Desde su detención) advertimos sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas, entre ellas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral», argumentó el equipo legal del exfuncionario.

Los abogados recordaron que desde el primer momento señalaron que «la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada», y precisaron que desde su ingreso al Reclusorio Norte, Murillo Karam ha sido trasladado en cinco ocasiones a diversos hospitales públicos.

La última ocasión registrada, el 19 de octubre, señalaron, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a 4 diferentes hospitales públicos.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando se informó que Murillo Karam enfrentaba una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La denuncia se presentó el 14 de noviembre pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

La UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers, que apuntaban diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

De acuerdo con el análisis de la Unidad, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) agradeció la participación «multitudinaria», de quienes ayer salieron a las calles en diferentes partes del país, siendo la principal movilización la registrada en la Ciudad de México, donde descartó que los y las mexicanas salieron a las calles en favor del respeto a la institucionalidad democrática y la integridad electoral del país.

El INE señaló que los pronunciamientos que prevalecieron fueron en defensa del sistema electoral, que insistió, ha costado generaciones enteras construir.

«Para quienes laboramos en el INE, estas significativas manifestaciones ciudadanas, además de ser un valioso respaldo, constituyen un claro llamado de exigencia para que nuestro desempeño siga siendo imparcial, autónomo, independiente, objetivo, legal y con máxima transparencia», indicó el Instituto luego de las movilizaciones vividas.

Aunque autoridades capitalinas reportaron que a la movilización que salió del Ángel de la Independencia contó con un aproximado de 12 mil personas, diversos de los organizadores y convocantes señalaron que la asistencia fue de más de medio millón de personas.

Una de las organizaciones que convocó, Frente Cívico Nacional, indicó que en la Ciudad de México salieron a las calles 500 mil personas. Sin embargo, figuras como Guillermo Valdés Castellanos, ex director del CISEN en la administración de Felipe Calderón, estimó 640 mil asistentes.

Sin embargo, entre los mismos convocantes hubo discrepancia en los números, otros líderes y asistentes a la marcha, como Fernando Belaunzarán, hablaron de 200 mil asistentes.

«A toda la ciudadanía participante, incluyendo a muchos jóvenes que pronto serán ciudadanos y ciudadanas, el INE, SU INE, les agradece y les reitera que mantendrá su compromiso inquebrantable con la organización profesional de todos los procesos electorales de los años por delante, vigilando siempre que las contiendas ocurran en condiciones de equidad y que los diversos actores políticos cumplan con las reglas existentes», añadió el Instituto en su comunicado.

Entre los convocantes a las movilizaciones de ayer estuvieron figuras como los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, el líder de la oposición Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD). También se dejó ver la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y diversos legisladores.

Foto: Twitter @JaviCorral1977

Más de 50 asociaciones hicieron este miércoles el anuncio oficial de la marcha que se llevará a cabo el próximo domingo, en 26 ciudades del país, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ante el intento de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de vulnerar su autonomía mediante una reforma electoral.

«Queremos seguir viviendo en democracia. Con este INE llegaron y con este mismo INE queremos decidir en 2024», expresó Carlos Moris, representante de Sociedad Civil MX, en una conferencia de prensa.

La principal manifestación tendrá lugar el domingo a las 10:00 horas en la Ciudad de México, saliendo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Sin embargo, se replicará en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, Puebla, Ciudad Juárez y Tijuana.

Las agrupaciones que convocan a la movilización se oponen a la reforma que presentó López Obrador en abril pasado, y que ya se discute en la Cámara de Diputados, por la que se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en sustitución del INE.

Han señalado que el INE nació como un órgano autónomo para quitar el control de las elecciones al gobierno, entonces con el PRI en el poder.

La reforma electoral de AMLO también propone eliminar 200 diputados y 32 senadores, los plurinominales; reducir el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de «propaganda» para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones.

Todas estas propuestas han sido fuertemente criticadas al ser señaladas como medidas que favorecerían al actual partido en el poder, Morena.

Las organizaciones rechazaron los ataques del presidente López Obrador, quien esta mañana volvió a acusar a quienes convocan y han confirmado su asistencia a la marcha del domingo, de ser conservadores y racistas.

«No somos clasistas, no somos racistas, mucho menos somos cretinos», respondió Édgar Gómez, representante de la organización Voto por el Clima MX.

En su conferencia de prensa, los organizadores aprovecharon para cuestionar el recorte de 4,500 millones de pesos que los Diputados aplicaron al INE para el Presupuesto 2023.

«El riesgo que corremos como nación, como sistema político y como ciudadanos, es que nos quiten nuestros derechos de forma repentina y al vapor, es por eso que pedimos una sola cosa: no tocar al INE hasta pasadas las elecciones de 2024», pidió el activista Diego Ernesto Díaz.

Entre los convocantes están agrupaciones que se han opuesto a otras iniciativas de López Obrador, como Resistencia por México, Renacimiento México, Frente Cívico Nacional, UNE, Sí por México, 50 + 1 y Misión Rescate México.

En el dictamen Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 se perfilan recortes a órganos autónomos, siendo la mayor reducción el contemplado para el Instituto Nacional Electoral (INE), al que se proyecta quitar 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos.

De acuerdo al dictamen que comenzó a circular el pasado fin de semana, el recorte, que equivale al 24% del dinero que solicitó el Instituto, con lo que pasaría de 24 mil 696 millones de pesos a 20 mil 221 millones.

En total, los recortes a órganos autónomos asciende a poco más de 6 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la Secretaría del Bienestar para los diferentes programas sociales.

A la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se le recortarían 33 millones de pesos menos; al INAI 18 millones de pesos y al IFT 17 millones de pesos, por mencionar algunos,

El Poder Judicial también tendría una reducción de mil 425 millones de pesos, mientras que al Poder Legislativo se le estaría recortando el presunto en 466 millones de pesos.

Ante los embates que libra, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a la defensa de las instituciones democráticas, que dijo, son producto de luchas colectivas.

“Todos juntos defendamos una institución que es un patrimonio de las y los mexicanos y, con autocrítica, propongamos mejoras, pero no permitamos que esta institución que tanto nos costó construir caiga en manos de una facción política que es legítima y que llegó al poder por la vía de las urnas gracias al trabajo que ha desarrollado”, dijo Córdova Vianello en una sesión de la Junta General Ejecutiva.

El Córdova Vianello consideró que es claro que, en varios países del mundo, hay una embestida en contra de las autoridades electorales, caracterizada por la desinformación, los ataques personales e institucionales y la asfixia presupuestal.

Sostuvo que en el INE son guardianes de la democracia, pero también son responsables del mantenimiento del orden constitucional, que acusó, «hoy ha sido vulnerado por otra institución».

Lorenzo Córdova revindicó su responsabilidad constitucional, como Presidente del INE, de defender a la institución frente a mentiras que se difunden desde otras instituciones y poderes; por ejemplo, que el INE es la institución electoral más cara del mundo o que en México las elecciones son las más costosas del orbe.

“Dejemos el discurso de los fraudes y la descalificación de la autoridad electoral y cuidemos una institución que es de todas y todos los mexicanos”, invitó.

Rusia completó la movilización de 300,000 reservistas convocados hace un mes para reforzar la ofensiva militar en Ucrania, anunció el viernes el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, en una intervención televisiva junto al presidente Vladimir Putin.

«La tarea de reclutamiento de 300,000 personas se ha cumplido» y 41,000 de esos efectivos ya se integraron en unidades militares en Ucrania, le informó Shoigu a Putin, quien elogió el «patriotismo» de los reclutas.

El funcionario dijo que se detuvo la notificación de ciudadanos, y adelantó que no se planean «tareas adicionales».

Según los datos facilitados por Shoigu, unos 82,000 rusos han sido movilizados hasta el frente ucraniano. Rusia continuará reclutando tropas solo aceptando voluntarios y candidatos para el servicio militar bajo contrato.

Recordemos que el 21 de septiembre, el presidente Vladímir Putin anunció la movilización de reservistas, en una medida que buscaba contrarrestar lo que llamó el «chantaje nuclear» de la OTAN, que se proponía «destruir» a Rusia.

«Al día de hoy nuestras Fuerzas Armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los mil kilómetros, combaten no sólo contra formaciones neonazis, sino prácticamente contra la máquina militar del Occidente colectivo», dijo Putin durante un discurso televisado.

La Unión Europea dijo que era una reacción «desesperada» en reconocimiento al fracaso de la «operación militar especial» en Ucrania.

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la movilización fue «una tragedia, ante todo, para el pueblo ruso», y también un resultado de la «incapacidad del Ejército profesional» de Rusia.

Según los analistas, con la movilización de reservistas, Putin admitió sin mencionarlo textualmente que su país estaba en guerra.

Los reservistas debían haber cumplido el servicio militar obligatorio, tener experiencia en combate o alguna especialidad militar que necesiten las Fuerzas Armadas. Andréi Kartapólov, el jefe del comité de Defensa de la Duma o Cámara de diputados, indicó que los primeros movilizados serían suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años.

Los reservistas movilizados no tenían elección. El Parlamento ruso aprobó recientemente leyes que endurecen hasta con diez años de cárcel el castigo por deserción, rendición voluntaria o negarse a entrar en combate.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de cargos de tráfico de drogas, han pedido que el juicio se postergue hasta al menos enero del 2023.

Recordemos que el juez Brian Cogan, a cargo del caso, determinó que el juicio debía comenzar el octubre próximo. La propuesta es que sea el 9 de enero la fecha en que inicie el proceso.

En documentos introducidos ayer por la noche en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, los abogados dijeron que el volumen de pruebas que presentan los fiscales del distrito este de Nueva York es enorme y que por lo tanto la defensa de García Luna necesita más tiempo para revisarlo todo.

García Luna, responsable de la seguridad del país entre 2006 a 2012 está acusado en cortes de Nueva York de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario actualmente se encuentra en prisión en Nueva York.

A inicios de semana, los fiscales dijeron que planean entregar al abogado de García Luna cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo, como pruebas ante el futuro juicio del exfuncionario. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonio de testigos del caso y que planean entregar 7,500 páginas adicionales con el testimonio de testigos.

El abogado de García Luna, César de Castro, dijo en la carta introducida ayer que, en total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran como pruebas contra García Luna. Además, muchas de las grabaciones presentadas, dijo De Castro, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

Un primer grupo de 54 médicos cubanos contratados por el gobierno federal se incorporó este fin de semana en Nayarit, donde apoyarán y brindarán atención a la ciudadanía como parte del programa IMSS-Bienestar.

«Aprovecho para agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo (…) Necesitamos a los médicos para curar a nuestro pueblo», dijo en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel indicó que Cuba está siempre para lo que necesite y mande México.

Pese a las criticas que ha recibido de opositores y el gremio médico, por su compromiso con el gobierno de la Isla de contratar a 500 doctores para trabajar en zonas donde, según el mandatario, se niegan a servir profesionales de la salud nacionales.

El primer contingente incluye a especialistas en ginecobstetricia, medicina interna, cirugía y anestesiología, declaró a Radio Fórmula el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía.

El funcionario local dijo que los médicos que arribaron el sábado pasado, están recibiendo capacitación sobre manejos administrativos, pero que será mañana cuando se desplacen a las zonas donde brindarán atención, para poder comenzar a atender.

«Van a colaborar con nosotros en los hospitales en los cuales no ha sido posible tener el número de especialistas que se requieren», detalló José Francisco Munguía.

Se tiene contemplado que los médicos sean ubicados en zonas como Las Varas, en Compostela; a Puente de Camotlán, en La Yesca; a Jesús María, en el municipio Del Nayar; a San Francisco y Tondoroque, en Bahía de Banderas; a las cabeceras municipales de Santiago Ixcuintla, Rosamorada e Ixtlán del Río, y siete atenderán en el hospital central de Tepic, en instalaciones del estatal Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobierno estatal proporcionará a los médicos cubanos vivienda y alimentación, añadió el secretario de salud local.

Recordemos que tras las críticas por optar por especialistas extranjeros, el gobierno federal anunció la convocatoria para la contratación de poco más de 14 mil médicos con estímulos salariales, aunque luego del proceso de selección, el gobierno informó que solo se cubrieron poco más de la mitad de las plazas ofertadas.

Eso sirvió al presidente López Obrador para volver a recalcar que no importaba de donde se tuvieran que traer los médicos, pero que se garantizaría la atención a todas las personas del país.

Bajos salarios, falta de vivienda, la inseguridad y la falta de instalaciones médicas adecuadas son algunas de las razones de los médicos del país expusieron para negarse a postularse a las vacantes, que implicarían trabajar en comunidades apartadas.

Durante los meses más álgidos de la pandemia, México recibió una brigada de casi 600 médicos cubanos para reforzar los servicios de salud públicos, especialmente en la Ciudad de México.

Luego de que la semana pasada se dieran a conocer los resultados de la primera encuesta que se aplicó en el Estado de México, para medir en reconocimiento a los 68 aspirantes que se registraron para encabezar los trabajos de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que una vez que avance la contienda local, se convertirá en el candidato o candidata a la gubenatura.

En conferencia de prensa, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que el comité de elecciones de Morena tomó la decisión de que sean cuatro los finalistas que pasan a la etapa final, a la segunda y definitiva encuesta para coordinar los trabajos en el Estado de México.

Mario Delgado dijo que aunado a la encuesta de reconocimiento que se aplicó, se hizo una valoración política de los perfiles, lo que permitió tomar la decisión.

Los aspirantes que pasarán a la última etapa son: Delfina Gómez, secretaria de Educación, y siendo la única mujer, además del senador Higinio Martínez; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, y el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis.

Delgado indicó que se procederá a aplicar una nueva encuesta, que llevarán a cabo dos empresas nacionales con ejercicios espejo, que garantizará transparencia, certidumbre y certeza en la encuesta.

Recordemos que la primera encuesta estuvo a cargo del propio comité de elecciones de Morena.

Dicho ejercicio permitirá conocer al mejor perfil, el más reconocido y mejor calificado, mismo que se dará a conocer a más tardar el 10 de agosto-