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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

Acusó que con dicho acuerdo, la Secretaría de Energía (SENER) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Explicó que dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, por lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares.

Señaló que pese a la oposición de representaciones diplomáticas y participantes de la industria, el acuerdo atenta contra los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional; además de que no sólo discrimina a las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

Adelantó que agotará los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el acuerdo de la Secretaría de Energía ahuyentará importantes inversiones en el país, además de que desatiende las obligaciones adquiridas por México en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC.

Acusó al gobierno federal, de permitir a través de la SENER, de cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron millonarias inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.

“Desde el sector privado, exhortamos a la SENER y la CONAMER para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se de seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País”.

El abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo no tener mayor información sobre la detención de su cliente esta mañana en Málaga en España, sin embargo, dijo que se trasladarán hasta ese punto para conocer los detalles y comenzar con la defensa.

Javier Coello Trejo indicó que se enteró por la confirmación del Fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien dijo, no puede no creerle, pues es una persona recta y honorable.

En entrevista con FOROtv, el abogado dijo que llevan tiempo preparando la que será la defensa del exfuncionario, pues reconoció que algún día tenía que ser detenido su cliente. “Estamos listos”.

Coello dijo que hay muchas cosas que no se han aclarado en torno a su cliente y a los delitos que se le imputan; insistió en que “no se mandaba solo”.

Reconoció que el proceso que se seguirá dependerá de lo que Lozoya decida: quedarse en España y ser ahí donde se le juzgue, o bien, aceptar su extradición a México. “Es complicado, es costosísimo”.

El defensor aseguró que tienen “pruebas contundentes” que podrán ayudar a demostrar la inocencia de su cliente; además señaló, los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, el abogado dijo desconocer que Lozoya se encontraba en España, “sabía que estaba en alguna parte del continente europeo, solo tenía contacto telefónico con él”.

El nuevo juez que lleva el caso de Rosario Robles, Ganther Alejandro Villar Ceballos, negó por tercera vez modificar la medida cautelar a prisión domiciliaria, por lo que la exfuncionaria continuará su proceso en el Penal de Santa Martha Acatitla.

En una audiencia que se prolongó durante nueve horas, el juez a quien recién fue asignado el caso, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Robles, fuera cambiado de puesto, negó que la exsecretaria de Estado use brazalete como medida cautelar.

Robles Berlanga se encuentra recluida en el Penal de Santa Martha desde agosto del año pasado acusada del presunto ejercicio indebido del servicio público en el caso de contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles mediante empresas fantasma, mejor conocido como Estafa Maestra.

En el transcurso de la audiencia, realizada en el Reclusorio Sur, Robles y su defensa intentaron convencer al juez, por tercera ocasión, de que no tiene intención de fugarse.

Sin embargo, el juez determinó que la exsecreatria de Desarrollo Social continúe en prisión porque en las audiencias anteriores, la defensa de Robles afirmó que el único domicilio legal de Robles es el de la calle de Las Flores 91 en Coyoacán, pero ayer admitió que también vivió en un departamento en Reforma 222, y en Tennyson 223, en Polanco.

Asimismo, señaló que Robles dijo en audiencias previas que ganaba 40 mil pesos al mes como funcionaria, pero la Fiscalía acreditó que ganó 12 millones de pesos en seis años; es decir, dos millones de pesos al año, 166 mil pesos al mes.

La defensa de Robles determinará si interponen un amparo indirecto o un recurso de apelación.

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue trasladada esta mañana al Reclusorio Sur para una nueva audiencia del proceso que enfrenta por presunto uso indebido del servicio público.

La audiencia se realizará a petición de la defensa de Robles, en prisión preventiva en el Penal de Santa Marta Acatitla desde agosto de 2019 por el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles mediante empresas fantasma, mejor conocido como La Estafa Maestra.

De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que la defensa de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) insista en que a Robles se le otorgue la medida cautelar de prisión domiciliaria.

La acusada interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre ratificó la medida de prisión preventiva justificada.

El presidente Donald Trump rechazó este lunes las acusaciones del juicio político o “impeachment” que se alcanzaron en la Cámara de Representantes, y calificó los argumentos de que ha abusado de su poder y obstruido el Congreso como afrentas a la Constitución de Estados Unidos que deben desestimarse.

“El Senado debe rechazar rápidamente estos deficientes artículos de impugnación y absolver al presidente”, indica el resumen del alegato previo al juicio de Trump, que constituye la primera defensa integral del presidente republicano antes de que comience su juicio en el Senado.

Trump, cuarto presidente estadounidense que se enfrenta a la posibilidad de ser destituido por un juicio político, está acusado de abusar de los poderes de su cargo al pedir a Ucrania que investigue a un rival político demócrata, Joe Biden, y de obstruir una investigación del Congreso sobre su conducta.

El sumario ejecutivo afirmaba que la “novedosa teoría de ‘abuso de poder'” de los demócratas de la Cámara de Representantes no es una ofensa que pueda ser objeto de un juicio político suplantando el criterio constitucional de “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”.

“La teoría recién inventada de ‘abuso de poder’ de los demócratas de la Cámara de Representantes se derrumba en el umbral porque no alega ninguna violación de la ley en absoluto”, dice el resumen.

También rechazó la acusación de obstrucción al Congreso por ser “frívola y peligrosa”, afirmando que el presidente ejerció sus derechos legales al resistirse a las demandas de información del Congreso, también conocidas como citaciones.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes proponen que se destituya al presidente de su cargo porque hizo valer los derechos y privilegios legales de la rama ejecutiva contra citaciones defectuosas, basándose en el asesoramiento del Departamento de Justicia”, dice el resumen. “Aceptar esa teoría haría un daño duradero a la separación de poderes” entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Estado.

También acusó a los demócratas de la Cámara de Representantes de llevar a cabo un proceso amañado, dijo que solo lograron demostrar que Trump no había hecho nada malo y argumentó, como lo ha hecho la Casa Blanca en repetidas ocasiones, que se trata de una maniobra para anular la victoria electoral de Trump en 2016.

Aunque es muy poco probable que el Senado, controlado por los republicanos, destituya a Trump de su cargo, el presidente republicano quiere desacreditar las acusaciones demócratas como parte de una cacería de brujas partidista.

Trump necesita limitar el daño político a su campaña para reeditar su cargo en las elecciones de noviembre.

El equipo legal de Trump dice que estaba dentro de su autoridad constitucional ejercer presión el año pasado sobre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, para que investigara a Biden y a su hijo Hunter como parte de una campaña, según Trump, en contra de la corrupción. Los Biden niegan haber cometido ninguna infracción y las acusaciones de Trump han sido refutadas de forma rotunda.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que, como toda persona, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido ayer en Texas, Estados Unidos, tiene derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada.

La funcionaria federal añadió que la propia Fiscalía General de la República (FGR), informó que iniciará una investigación y solicitará al Juez de Control la orden de aprehensión con fines de extradición contra García Luna.

“Lo único que les puedo decir yo, juzgadora desde hace más de 25 años, que todas las personas, como un derecho humano, tenemos el derecho a un juicio justo, al acceso a la justicia y a una defensa adecuada”, sostuvo.

La titular de la Segob dijo desconocer si la detención de García Luna por los delitos de conspiración para traficar cocaína y declaraciones falsas a autoridades judiciales federales podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón.

Al ser cuestionada sobre si la gravedad de las acusaciones amerita una investigación paralela por parte de las autoridades de México, mencionó que “creo que el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) ya tiene una investigación. Él lo ha mencionado, él dice que tiene una carpeta de investigación integrada”.

Sánchez Cordero aprovechó para confirmar que el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en un video robando un libro en ese país sudamericano, arribó esta mañana a la Ciudad de México.

La funcionaria comentó que el diplomático, quien presentó sus cartas credenciales en agosto de este año, venía en el mismo vuelo en el que ella arribó a territorio nacional, tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Alberto Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De hecho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterrizó él también aquí en México”, declaró.

La diputada de Morena, Dolores Padierna, afirmó que las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir a los cárteles en la lista de “grupos terrorista”, es un “arrebato” y no debe generar alarmar.

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva señaló que los cárteles de la droga son organizaciones criminales internacionales, no terroristas. Indicó que cualquier otra clasificación o etiqueta que le quiera imponer el mandatario estadounidense, sólo es parte “de su verborrea mediática a la cual ya deberíamos de estar acostumbrados”, aseveró.

Aseguró que los alcances de la eventual declaratoria unilateral no alterarían en nada la relación de colaboración y cooperación para combatir la delincuencia internacional.

Sostuvo que, en ningún escenario, al Presidente de EUA le interesaría iniciar una “guerra” a unos kilómetros de su frontera, así como tampoco abrir un nuevo frente de seguridad internacional a un año de que buscará la reelección.

Por su parte el diputado del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte, afirmó que la eventual declaración “no es un buen signo” para México, dado que implicaría intervenciones de ese país de diversos tipos.

“Rechacemos cualquier intervención en México, cualquier tipo. A nosotros nos toca resolver nuestros problemas”, subrayó el diputado al pedir a los tres órdenes de gobierno que colaboren entre sí para combatir al crimen organizado y demostrar que la paz es posible, “y para eso tienen la fuerza del Estado”.

Y aunque reconoció que los narcotraficantes actúan como terroristas, porque en muchas ocasiones generan terror a toda la comunidad; para lograr su cometido de infringir la ley, meten miedo a la comunidad; eso es indudable, insistió en que no es aceptable que Estados Unidos trate de interferir en nuestro país violando la soberanía.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que Estados Unidos busca una forma de volver a intervenir en México con la eventual declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, toda vez que el actual gobierno federal ya no permite la presencia de agentes estadounidenses, como sucedió en anteriores administraciones.

“El gobierno norteamericano siempre ha estado buscando el formato de cómo entrar a intervenir en México. Sabíamos que había en el país gente de la DEA armada, de la CIA, del FBI, y con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador eso se fue”, subrayó en declaraciones a la prensa.

Ante esa intención de Estados Unidos, dijo, el gobierno mexicano se debe “parar con firmeza” y hacer uso del derecho internacional para garantizar la soberanía.

Finalmente, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que es indispensable que el gobierno de México fije una postura firme para no permitir la intromisión de Estados Unidos en los asuntos considerados de seguridad nacional, y así no se viole la soberanía del país.

Puntualizó que Trump busca utilizar este tipo de temas “en sus asuntos electorales como una moneda de cambio, que es en lo que no estamos de acuerdo”.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Emilio Manzanilla Téllez, sugirió una vez más a la población ejercer el derecho contenido en el artículo 10 constitucional a comprar un arma, ante las condiciones de inseguridad que se viven en el país.

“Hago un llamado a los ciudadanos que están sufriendo ese problema, porque se ha propagado ya por todo el país, para que hagan uso del artículo 10 de nuestra Constitución y acudan a la Defensa Nacional a comprar y adquirir su arma de fuego apegados a los requisitos”, dijo en el marco de la sesión ordinaria de ayer en la Cámara de Diputados.

El legislador por el Estado de México sostuvo que “en todos los hogares mexicanos y en todas las familias” debe de existir un arma de fuego para la defensa y en su caso, usarla en legítima defensa.

De igual forma, cuestionó la forma en que las fiscalías estatales y general de la República atienden las denuncias por extorsión y secuestro, pues “por experiencia propia, traen a los ciudadanos de un lado para otro, sin que nadie se haga responsable de atender el delito”.

Recordemos que el artículo 10 constitucional señala que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas de fuego en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, excepto las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

No es la primera vez que el legislador hace este tipo de sugerencias a la población. En marzo pasado, tocó el tema en una entrevista con el diario La Jornada, en el que indicó que el tener armas ayudaría a defenderse de los “malandros (…) ni modo que los van a sacar a escobazos”.

Manzanilla Téllez promovió en 2015 la creación de autodefensas en el municipio de Tlalnepantla, región de San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México.

Este viernes se dio a conocer que el abogado Epigmenio Mendieta se incorporó a partir de esta semana al equipo legal que representa a Rosario Robles.

Su hasta ahora equipo defensor, el despacho Hernández Barros Abogados, indicó que se trata de un experimentando litigante especialista en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio con quien trabajarán de la mano en las estrategias de defensa de la exsecretaria de estado.

Se detalló que Mendieta Valdés es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con las Especialidades en Derecho Penal y Función Pública y Derechos Humanos, por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Recordemos que a inicios de septiembre, el equipo legal de Robles, conformado por el Bufete Hernández Barros Abogados y Oléa & Oléa Abogados, dieron a conocer que tras sostener una reunión con ella decidieron finiquitar su relación profesional.

A través de un comunicado señalaron que Robles Berlanga les informó que por la precaria situación económica por la que atraviesa, no le era posible cubrir el pago de los honorarios profesionales.

Sin embargo, desde el anuncio emitido, el despacho Hernandez Barros continúa trabajando con la exsecretaria federal.

El aún abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, acusó este jueves que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México incurrió en contradicciones sobre la expedición de dos licencias de conducir a nombre de su cliente, emitidas con domicilios diferentes.

El defensor dijo que su defendida debe enfrentar su proceso en libertad, pues la dependencia capitalina primero negó que haya confirmado la autenticidad de las licencias, pero luego reconoció haberlas certificado a petición de los abogados y que ambas se encuentran en sus registros.

Indicó que la dependencia dijo carecer de los elementos para afirmar que la interesada acudió a realizar los trámites de manera personal, al tiempo que estableció que el trámite de expedición del documento “es personal e intransferible.

El jurista cuestionó que la Semovi confirme que ambas licencias fueron tramitadas el 28 de marzo de 2018, así como la posibilidad de que la dependencia pueda registrar dos licencias a nombre de la misma persona, por lo que dijo que con dichas irregularidades, el gobierno capitalino se prestara a la “persecución contra su defendida”.

Señaló que el Ministerio Público de la Federación mencionó sin exhibir una licencia de conducir a nombre de Rosario Robles con un domicilio diferente al señalado por la exfuncionaria, y que el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, tomó como ciertos los dichos de la Fiscalía General de la República, sin verificar la existencia, veracidad y legalidad del documento.

“Con este documento como ‘única’ prueba, el juzgador impuso prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga porque concluyó que con esa licencia no podía demostrar su arraigo en la Ciudad de México”, dijo Hernández Barros.

En diversas ocasiones, la defensa de Robles Berlanga, acusada de ejercicio indebido de la función pública, ha señalado que la supuesta licencia falsa tiene una fotografía tomada de Internet, y un domicilio inexistente, pues la calle de Tennnyson está en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y no en la colonia Axotla, en Álvaro Obregón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre el nuevo reportaje que vincula a Manuel Bartlett con 12 empresas que no están incluidas en sus declaraciones patrimoniales.

El mandatario consideró que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una campaña en su contra por parte de los conservadores, y confió en que el funcionario aclarará todo lo que se ha difundido sobre su patrimonio.

López Obrador aseguró que no le tiene confianza a quienes hacen estas investigaciones “porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político, y lo digo por como he padecido calumnias de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.

AMLO dijo que los grupos opositores están en todo su derecho de cuestionar, sin embargo, el gobierno y los funcionarios también tienen derecho a dar su punto de vista.

Acusó que la prensa y los periodistas estaban acostumbrados a que nada mas ellos podían hacer cuestionamientos, por lo que se pronunció a favor de garantizar el derecho de réplica, siempre con una actitud de respeto.

“Es un hecho (…) están tratando de reagruparse y andan como desquiciados porque no es para presumir, pero el conservadurismo está moralmente derrotado, porque ellos fueron protagonistas de la política que se impuso en México en los últimos años, uno de los periodos de mayor corrupción en la historia de México”, sostuvo AMLO.

Y es que recordemos que en dos entregas, la periodista Arelí Quintero dio a conocer que Bartlett Díaz tiene presuntamente 23 casas valuadas en más de 800 millones de pesos, además de que en sus declaraciones patrimoniales y de intereses ocultó su relación con 12 empresas.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre sobre el anuncio que realizó el PRI respecto a que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para iniciar una acción de inconstitucionalidad por el tema de las facturas falsas, que se incluyó el Ley de Defraudación Fiscal.

AMLO dijo que si bien están en su derecho de hacerlo, daba pena ajena que ahora se pongan a defender a los que llamó “defraudadores”.

El presidente dijo que el uso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país ya que su uso contó con un respaldo político.

“Pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores, muestra que tienen problemas esos partidos, tienen una profunda descomposición, no es la moral la que los guía, pero tienen su derecho a manifestarse y desde luego a acudir a cualquier instancia”, sostuvo López Obrador.

Indicó que su gobierno va a defender que no haya uso de facturas falsas y que no haya defraudación fiscal.

Lamentó que si los campesinos y obreros pagan impuestos cuando compran una mercancía, pues va incluido un impuesto, que también pagan las clases medias, los profesionales, los pequeños, mediamos empresarios, comerciantes, pequeños medianos empresarios en general, los grupos de poder puedan evadir el pago de sus contribuciones.

El mandatario dijo que los funcionarios anteriores preferían aumentar impuestos y crear nuevos, o decretar gasolinazos para afectar más a la gente por mantener estas prácticas de corrupción, que contribuir a la recaudación fiscal.

En ese sentido dijo, una gente que evade impuestos, que no paga los impuestos, es un corrupto. Incluso dijo que debería de darles vergüenza utilizar documentos falsos para no contribuir y ayudar al desarrollo del país.

“¿Qué?, ¿se creen muy vivillos?, ¿son muy influyentes?, ¿tienen muchas agarraderas? (…) Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares. Farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera”, acusó el presidente.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se pronunció por que las autoridades de procuración de justicia respeten el debido proceso y los derechos de la extitular de Sedatu y Sedesol en el sexenio pasado, Rosario Robles, en el proceso judicial que se le sigue.

“En un auténtico Estado de derecho, las autoridades están obligadas a conducirse con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas. Este caso no debe ser la excepción”, apuntó en un comunicado.

La bancada subrayó que en tanto no concluya el procedimiento judicial en curso, Robles Berlanga tiene derecho, como cualquier otra persona, a que se presuma su inocencia y a no ser expuesta públicamente.

“La prisión preventiva justificada a la que fue sujeta debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado que prejuzga su culpabilidad”, señaló.

La fracción parlamentaria priísta manifestó que, de conformidad con el principio de la división de Poderes, corresponderá exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, con base en las pruebas aportadas por ambas partes, determinar su inocencia o culpabilidad.

Y es que recordemos que el martes pasado, un juez de control vinculó a proceso a Robles Berlanga y ordenó su prisión preventiva justificada durante dos meses, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

El equipo de abogados de Rosario Robles aseguró que, tras la resolución del juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado”.

Señalaron que pese a desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente, el juzgador decidió no sólo vincular a proceso a la exfuncionaria a proceso penal, sino que determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún y cuando el delito que se le atribuye es considerado como no grave.

El abogado Julio Hernández Barros dijo que dichas acciones hablaba de un proceso imparcial y por consigna contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos.

“Lo que acabamos de ver es un tribunal de estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la edad media”, dijo Hernández Barros y agregó: “Rosario Robles es una víctima, una presa política”.

Explicó que las auditorias que dieron lugar a la imputación aun se encuentran todavía en proceso de solventación, en
proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.

Respecto a los contratos realizados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, que son la principal base de las acusaciones, Julio Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, “inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando” aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal.

“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.

En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas.

“Fue precisamente el Juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos ex servidores públicos podría ser una ‘joyit'”.

La defensa de Rosario Robles Berlanga, quien fu vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y por ello trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que aunque se trata de una persecución política, cuentan con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exfuncionaria.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria federal, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.

“Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso”, dijo el abogado.

Aseguró que su clienta tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezar a trabajar en combatir las dos resoluciones, porque son ilegales y contrarias a Derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.

“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.

Afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.

Por su parte Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, ya que aunque se entregaron las pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.

“Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente”, sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Robles Berlanga.

“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.

Un juez federal de Nueva York denegó este lunes a Joaquín “El Chapo” Guzmán que pueda salir dos horas a la semana al patio de la prisión, tal como lo solicitó.

Según el juez Brian Cogan, su confinamiento tiene “el legítimo objetivo de evitar que escape de la prisión o que ordene cualquier ataque contra individuos que cooperaron con el Gobierno”.

Recordemos que el mes pasado, “El Chapo” había solicitado a través de sus abogados dos horas de patio a la semana, acceso al resto de encarcelados, tener la posibilidad de comprar seis botellas de agua a la semana y tapones para los oídos para “aliviar el dolor” de oído que sufre y para que le puedan ayudar a conciliar el sueño.

Cogan rechazó todas las peticiones formuladas por el capo mexicano, que lleva 27 meses en una celda de confinamiento en el Centro Penitenciario Metropolitano de Nueva York en espera de recibir sentencia programada para el 25 de junio.

La Fiscalía se había opuesto a las peticiones por considerar que el líder del cartel de Sinaloa busca una oportunidad para fugarse.

La defensa insistió en que la reclusión de su cliente en una celda sin ventanas de una dimensión de 3 x 2,5 metros y con la luz permanentemente encendida “viola la prohibición de la Octava Enmienda de castigos crueles e inusuales, así como las normas fundamentales sobre la decencia humana”.

En este sentido, el juez sostiene que estas condiciones responden al historial específico del mexicano “que incluye dos fugas de prisión” y a sus crímenes, entre los que citó haber dirigido el cartel de Sinaloa desde prisión y haber estado implicado en numerosas conspiraciones para asesinar a sus enemigos.

Los abogados de Guzmán también habían hecho alusión a la buena conducta del preso para justificar la satisfacción de sus demandas. Sin embargo, para el juez el “comportamiento ejemplar” de Guzmán Loera es una “directa consecuencia de sus estrictas condiciones de confinamiento”.

Cogan insistió en que las medidas que tiene el narcotraficante no violan sus derechos constitucionales. En cuanto al agua, el magistrado asegura que ya la recibe desde el pasado abril y sobre los tapones de los oídos, dio la razón a la Fiscalía que aseguró que con ellos podría no escuchar a los guardias en caso de emergencia.