El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Los magistrados determinaron ordenar la creación de la comisión al considerar que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, además de que se podía presumir que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura.

La decisión llegó luego de la revisión de los amparos relacionados con el caso, interpuestos por Gildardo López Astudillo “El Gil”, Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, Miguel Ángel Landa Bahena “El Chequel” y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, a quienes se les tendrá que reponer el procedimiento, y demostrar que sus procesos cumplieron con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma el fallo,”consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público”, indicó el falló de los magistrados.

La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar.

Por su parte los familiares de los 43 normalistas desaparecidos emitieron un pronunciamiento en el que indicaron que saludaban la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso.

Recordaron que ante los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal indicó que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria.

“Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, destacaron los familiares.