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René Gavira Segreste, encargado de finanzas para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien se encontraba acusado por un desfalco de cerca de 35 millones de dólares a programas alimentarios, se entregó ayer a las autoridades, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía explicó en un comunicado que Gavira Segreste tenía seis órdenes de aprehensión en su contra, todas relacionadas con el desfalco al presuntamente autorizar ilegalmente la compra de certificados bursátiles de alto riesgo con dinero público.

El ex funcionario se presentó ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en compañía de sus abogados, donde fue detenido.

La fiscalía lo acusa de “uso ilícito de atribuciones y facultades” en Diconsa, cadena que distribuye alimentos básicos a precios accesibles para la población marginada y Liconsa, que distribuye leche.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien ha revelado parte de dicha trama, consideró el caso como el “mayor desfalco al presupuesto” durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el que ya hay varios detenidos.

Sin embargo, decenas de personas continúan prófugas. Gavira era una de las personas con más órdenes de captura en su contra.

Según la investigación de la organización, hubo varios desvíos en las compras de alimentos básicos para la población más necesitada por un valor superior a los 700 millones de dólares. El gobierno habla de irregularidades por casi 500 millones.

El propio presidente ha reconocido que se trata del “caso de corrupción más escandaloso” de su gobierno.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles por un monto de más de 700 millones de pesos.

De acuerdo con el periódico Reforma, el dinero asignado a esas secretarías fue triangulado en efectivo a través de empresas de valores como Tameme, Cometra y Panamericano, hacia diez domicilios.

Este desfalco, se suma al hallazgo de los contratos de servicios otorgados por las dependencias para beneficiar a 76 empresas, dado a conocer en febrero pasado, y donde participaron Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, entre otras instituciones.

Muchas de las direcciones de los domicilios a donde llegó el dinero son consultorios o casas abandonadas, así como negocios ajenos a los institutos gubernamentales o simplemente sitios que no existen.

Es el caso de Servicios Empresariales Helte, que cuenta con una oficina registrada en Sócrates 128-3 en Polanco. La investigación de Reforma comprobó que esta empresa nunca ha tenido domicilio en el edificio que ocupa ese número.

Según los registros, entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó un total de 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco donde en realidad hay un consultorio psicológico.

Otros de los domicilios son en realidad una casa-habitación abandonada, un consultorio de rehabilitación, un despacho de fiscalistas, una casa de cambio, una oficina de ADO y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

En el esquema del desfalco, la Radio y Televisión de Hidalgo fue el punto de partida de las transferencias de dinero, una vez que recibió los recursos directamente de Sedesol.

Esta repartición comenzó el 23 de mayo de 2014, dos meses después de que Desarrollo Social firmara un convenio de colaboración de prestación de servicios con RTH.

 

 

Con información de Reforma

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que luego de rendir su declaración ante agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó pruebas que ligan a Karime Macías como parte de la red de corrupción que se tejió en el Estado. Yunes indicó que en la denuncia que interpuso en 2016 contra los desfalcos de Javier Duarte se hacia mención de tres círculos imporyamtes: familiar, colaboradores y empresarios.

 

“Hoy Javier Duarte está en la cárcel y varios de sus cómplices se encuentran en la cárcel también (…) y en la que señalé concretamente como parte de esta trama de corrupción específicamente a Karime Macias Tubilla, esposa de Duarte”.

 

Indicó que Karime Macias participó en el proceso que defraudó a las arcas de Veracruz, y para muestra de ellos, ofreció pruebas a la PGR de una casa que se adquirió en Tuczon, Arizona misma que el matrimonio quiso hacer pasar por una donación del padre de Karime, situación que quedó desmentido al corroborarse que el inmueble fue adquirido por Duarte y Macías.

 

Reiteró que “En los diarios que se encontraron en Córdoba y en los que se ha referencia, a comisiones, a recursos que recibín, a quiénes administraban esos recursos (…) incluyendo a Karime Macías como una cómplice muy relevante en todo el proceso que lastimó profundamente a Veracruz”.

 

Yunes Linares indicó que la fiscalía del Estado investiga la participación de Macías en otro “ilícitos que tienen que ver con la disposición indebida de recursos públicos de carácter estatal”.

 

El panista indicó que “me comprometí a que se haría justicia, se está haciendo justicia, el principal responsable de todo este proceso se encuentra ya en la cárcel, pero hay una demanda colectiva muy sentida, la de que vayan a la cárcel todos y que se devuelvan lo que se robaron”, remató.

 

 

Foto: Archivo APO

Hilario Ramírez Villanueva, actual alcalde del municipio de San Blas en Nayarit, quien es conocido popularmente como “El amigo Layín”, es señalado por irregularidades dentro de las finanzas de sus administraciones, que ascienden a $225,538,957.48.

 

De acuerdo a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), durante su primer periodo como alcalde por el Partido Acción Nacional (2008-2011), se registraron 318 observaciones. Las observaciones en cuestiones financieras y de obra pública suman un total de $85, 902, 718.96. Durante su actual periodo como presidente municipal no se libra de las auditorias, siendo la ASEN quien hizo público que durante la actual gestión se realizan 67 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas, 12 recomendaciones, así como 35 procesos administrativos y 13 resarcitorios.

 

 

Además, la Auditoria Superior del Estado de Nayarit fiscalizó un monto de $139,636,238.52; tan solo en la cuenta pública 2015; los cuales se refieren a carencia o deficiencias en el control interno; carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; adquisiciones, arrendamientos y servicios; errores y omisiones de la información financiera que se integra por clasificaciones erróneas y operaciones, o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente.

 

 

 

Con información de Excélsior / Foto: Archivo APO