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El gobierno cubano anunció que habrá elecciones generales el próximo 11 de marzo, en las que se votará por diputados de la nueva Asamblea Nacional, quienes serán los encargados de elegir en abril al sucesor de Raúl Castro.

 

 

Se detalló que el mismo día tendrán lugar elecciones a nivel provincial, en los que se votará a los delegados a las Asambleas provinciales del Poder Popular.

 

Adicional se informó que el Consejo de Estado también ha fijado para el 21 de enero la reunión extraordinaria en las Asambleas municipales del Poder Popular para que nominen entre sus delegados a los candidatos a delegados provinciales y a diputados nacionales.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Diputados de la Asamblea Legislativa, aprobaron la Ley de Alcaldías, la cual consta de 177 artículos donde se detallan nuevas directrices que tendrán que seguir quienes ocupen los cargos de alcaldes o alcaldesas y de concejales a partir de las elecciones del próximo año. Las alcaldías serán las que hasta hoy se conocen como delegaciones.

 

 

 

El diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, quien coordinó las 15 Mesas de trabajo para sacar adelante la Ley, sostuvo que la norma reconoce la autonomía de cada alcaldía para determinar su estructura y el ejercicio libre de su presupuesto, situación que difiere con lo que estipula hasta hoy en día.

 

Se detalló que la Ley de Alcaldías aprobada, queda sujeta a la consulta mandatada por la Constitución, a fin de que los pueblos y barrios originarios y comunidades residentes, puedan emitir su opinión respecto a la normatividad aprobada, además de que la Asamblea Legislativa queda sujeta a realizar las modificaciones pertinentes, si es que resultaran de dicha consulta.

Juan Manuel Portal Martínez, quien fue electo como Auditor Superior de la Federación para el periodo comprendido del 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017, informó que dejará la institución y detalló los pasos a seguir ante la falta del nombramiento de su sucesor por parte de los Diputados.

 

“Ante la posposición en el nombramiento del titular de la ASF, la institución seguirá trabajando para cumplir con el mandato constitucional que le ha sido conferido y que contribuye directamente al proceso de rendición de cuentas en el sector público mexicano y al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, dijo a través de un comunicado.

 

Aclaró que de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) y el Reglamento Interno de la ASF, ante la falta definitiva del Auditor Superior de la Federación, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en este caso Juan Javier Pérez Saavedra, suplirá al titular de la institución y en él recaerá la representación de la ASF.

 

Detalló que Pérez Saavedra ha colaborado por más de diez años en la ASF y cuenta con más de 30 años de  experiencia en labores vinculadas con la fiscalización.

 

Recordemos que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, aseguró que “de momento” no hay había condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, para designar al titular de la ASF.

 

“Podrá no haber auditor, pero hay Auditoría”, pues indicó, la ley contempla que auditores especiales se tendrían que hacer cargo hasta que haya nombramiento. Camacho acusó que “literalmente quien se rajó fue el PAN”, por lo que se “hizo inviable la toma de esta decisión en el corto plazo, porque se requieren dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados”.

 

Con información de Medios / Fotos: Archivo APO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que si bien este viernes 15 de diciembre cerró el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, dejan múltiples pendientes, lo que significa que temas de “alta relevancia para la vida y el desarrollo del País”, no podrán discutirse antes de febrero de 2018.

 

“Debido a la desatención y al incumplimiento legal de Senadores y Diputados, la agenda política y ciudadana viene posponiéndose”, indicó la Confederación a través de un comunicado.

 

Entre los pendientes enlistaron que no cumplieron con los nombramientos clave para identificar, perseguir y juzgar delitos de corrupción. Tampoco establecieron un límite claro para el uso de la publicidad gubernamental; mientras la Fiscalía General de la República sigue sin tener una realidad al no establecer los legisladores la ley orgánica para que pueda tener una fiscalía que sirva.

 

“En COPARMEX demandamos que los legisladores cumplan a cabalidad con sus funciones, que dejen en segundo plano la política partidista que los vuelve ineficientes y crecientemente omisos ante el deber. Es urgente que el Congreso de la Unión, o alguno de sus líderes convoquen a un periodo extraordinario de sesiones para discutir los asuntos que quedaron pendientes, de forma que el legislativo no se desintegre, sino hasta que haya cumplido con su responsabilidad”, se lee en el documento.

 

Señalaron los pendientes legislativos para el Senado de la República: el combate a la corrupción y la libertad de prensa. EE materia de lucha contra la corrupción, los senadores cerraron la sesión ordinaria sin nombrar al Fiscal Especial en Delitos de Corrupción.  Indicaron que tampoco concluyeron el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en casos Anticorrupción, y para el cual fueron postulados 18 personas. “Sin estos nombramientos, la operación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción queda comprometida”.

 

En materia de libertad de prensa, el Poder Legislativo debe impulsar una ley que regule los criterios de asignación y ejercicio del gasto de la publicidad oficial, pues indicaron que al no estar regulada adecuadamente, “la publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, y frecuentemente funge como un arma para restringir la libertad de expresión”.

 

En cuanto a los retos para la Cámara de Diputados identificaron el combate a la corrupción, Seguridad, Derechos de Propiedad y Competitividad.

 

En materia de lucha contra la corrupción, demandaron que la Cámara de Diputados faltó a su deber de nombrar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación. De una terna ya integrada, no llegaron al consenso. Otro pendiente que señalan es la mejora a la transparencia a través de la Ley General de Archivos. 

 

En materia de seguridad, es necesario dotar de una plena autonomía a la Fiscalía General, y aprobar una Ley General de Seguridad Pública que permita la creación de un mando mixto policial.

 

En materia de derechos de propiedad, los diputados deben discutir y aprobar cuanto antes la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 12 de diciembre, y argumentaron que la ley es necesaria para clarificar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, a fin de brindar certeza jurídica a los derechos de propiedad de los inmuebles.

 

En materia de competitividad, la Ley de Tecnología Financiera (Fintech) “es un paso más en la dirección correcta”, además de la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria.

Tal como estaba previsto, con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual recibió esta mañana de parte de la Cámara de Senadores,  y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

 

 

La aprobación fue apoyada todo momento por las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza. Por su parte las bancadas de los partidos que integran la coalición Por México al Frente abandonaron el Pleno, con la intensión de que al el PRI y sus aliados no le alcanzara el quórum necesario para avalar dicha ley.

 

Entre los cambios que se avalaron fue el del artículo 7, en el que se agregó que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

 

Otro de los artículos modificados fue el ocho, en el que se precisó que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

 

Otro de los cambios avalados, fue el del artículo 22, que señala que “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación”.

 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la terna de aspirantes a titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-2025.

 

La terna quedó conformada por Salim Arturo Orcí Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar, y fue remitida a la Mesa Directiva de la Cámara para su eventual aprobación.

 

El dictamen avalado subraya que las personas que integran la terna destacan por su formación profesional, perfil académico y experiencia en el ámbito de la fiscalización superior. Agrega que a criterio de los integrantes de la Comisión, las personas propuestas sobresalen por su “objetividad, autonomía e independencia”, factores que permitirán que la ASF pueda desarrollar sus funciones con apego a derecho.

 

La terna se conformó luego de que los integrantes de la comisión y sus grupos parlamentarios, registraron tres aspirantes por cada partido, lo que llevó a consolidar una sola lista de los perfiles que recibieron las mejores valoraciones por parte de los legisladores y el consenso en cada bancada.

 

En el documento que se remitió, se señala que en caso de que ningún candidato de la propuesta obtenga la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, se volverá a someter una nueva terna, y ninguno de los candidatos propuestos en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar nuevamente en el proceso de selección.

 

El pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad y con mayoría calificada con 360 votos a favor y cero en contra eliminar el pase automático del procurador general de la República a fiscal general.

 

 

Los legisladores dieron luz verde al dictamen que modifica el artículo cecimosexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario de la Federación el 10 de Febrero 2014, que se turno al Senado para sus efectos constitucionales.

 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, explicó que éste busca evitar el pase automático del procurador a fiscal general, lo que ayudará a blindar el perfil de aquel que se convierta en el primer fiscal general del país.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

La ley de Seguridad Interior terminó siendo lo opuesto de lo que el gobierno aseguró sería. Desde que se sacó al ejército de los cuarteles, se dijo que sería temporal, y que una vez que ubiera policias capacitos, volverían a sus cuarteles, pero la ley aprobada, contempla lo opuesto.

 

Mientras el ejército pedía que se regulara su actuación en las calles, sin embargo planteada como está, difícilmente logrará el cometido.

 

No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica.

 

 

 

Esta tarde la Cámara de Diputados avaló en lo general con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Ley de Seguridad Interior. Con dicha aprobación, se procedió a que los legisladores comenzarán el debate de las 101 reservas.

 

 

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justique la continuidad”, indica uno de los apartados del dictámen.

 

La aprobación se da un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera votos de confianza para que el Congreso votara la iniciativa.

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

La Cámara de Diputados está por discutir un par de iniciativas de algo llamado seguridad interior. Se trata de un concepto que se inspira en las leyes patrióticas de los Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. En México, el concepto proviene de la época en la que aún existían revueltas locales armadas en regiones que requerían ser pacificadas por el Ejército. Ahora, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aún más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son”necesarias” para garantizar la seguridad de la sociedad, ante peligros “mayores” a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos.

 

El dictamen que circula no contempla la salida paulatina de los militares de las calles; por el contrario, garantiza las condiciones para su permanencia, por lo que será todavía más difícil la construcción de un sistema nacional policial. La ley no va a mejorar la seguridad del país, eso sólo puede suceder con prevención del delito, fuerzas de seguridad cercanas a las comunidades y enfocadas a reducir los niveles de violencia y la investigación eficaz de los delitos. Todo eso no va a suceder si el poder civil renuncia a esas responsabilidades en favor del poder militar.

 

La ley se puede aprobar por una razón incorrecta: el reconocer la labor del Ejército en las tareas de seguridad. Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas hacen un enorme servicio al país, eso todos los reconocemos. Es también verdad que se les han encomendado tareas que no están preparados para realizar, porque en realidad no les corresponden. El resultado no ha sido bueno. Es imposible reducir la violencia cuando el combate al crimen se le encarga al Ejército, entrenado para maximizar el uso de la fuerza. El resultado son índices de letalidad similares a los de las guerras; entonces se genera una espiral de violencia y contantes afectaciones a la población en los operativos. El número de militares en las calles generó, casi de manera inevitable, violaciones constantes a los derechos humanos. En realidad, quienes sacaron al Ejército a las calles son los responsables de poner a los militares en riesgo, porque los enviaron a una misión imposible de cumplir con éxito.

 

La labor del Ejército tiene que ser valorada y reconocida, pero también analizada de manera crítica y, sobre todo, asignarle las tareas que pueden y deben realizar. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo retiramos, de manera ordenada y paulatina, a los militares, les encargamos las tareas para las que fueron entrenados y construimos un sistema policial nacional eficaz, transparente y bien evaluado. En realidad, la ley de seguridad interior es el resultado del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que no solamente permitió el crecimiento de los homicidios del país, sino que no avanzó en mejorar las policías, algo que era su responsabilidad coordinar. Desgraciadamente no hay atajos, mejorar la policía es un elemento esencial para reducir la violencia crónica, con la ley de seguridad interior se evade esa responsabilidad y se incurre en enormes riesgos.

 

Pocas veces una ley ha generado un rechazo tan amplio por parte de organizaciones sociales, pero que no se limita a ellas. Los cuestionamientos también provienen, por ejemplo, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su aprobación sería un cambio de dirección en la tendencia que ha tenido el Congreso mexicano de legislar para garantizar los derechos de los ciudadanos, para ahora legislar para restringirlos. La legislación en torno al papel del Ejército tendría que darse, necesariamente, junto a la que se requiere para cambiar el modelo policial y el de procuración de justicia. La idea de que se puede utilizar al Ejército cuando las instituciones están en riesgo genera una ambigüedad extremadamente peligrosa. Me parece que, en el fondo, la prisa por aprobar este dictamen responde a la estrategia de utilizar el Ejército como arma electoral. Jugar la irresponsable carta de mostrar un supuesto compromiso con la seguridad, con pasar una ley que supuestamente quiere el Ejército, pero que no resolverá ninguno de nuestros enormes problemas en la materia. Una salida para justificar los resultados respecto al enorme fracaso de las políticas de seguridad de Peña Nieto.

 

Tras 17 meses de discusiones desde que el Senado aprobó la propuesta, las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, dieron por muerto el proyecto de reformas constitucionales del llamado mando mixto policial.

 

El PRI junto al PVEM y al PES, fueron los encargados de sepultar dicha propuesta pues sumaron 29 votos en contra; mientras que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano lograron apenas 13 votos, lo que no fue suficiente ya que Morena de abstuvo.

“Está claro: el PRI y su mayoría y el gobierno federal le apuestan únicamente a la presencia militar, de la cual reconocemos el aporte que le dan al país, pero para que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, a las funciones que les corresponden, necesitan las policías civiles asumir su responsabilidad, y hoy no hay una reforma que los obligue”, criticó el panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. “Técnicamente les estoy informando la defunción de la iniciativa”.

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

César Camacho, dirigente de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, dio la bienvenida al ex titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, a quien le expresó, a nombre de toda su bancada, su simpatía por su precandidatura rumbo a la Presidente de la República.

 

 

“Es el más preparado de los posibles presidentes de México que, con el PRI, contaría con el partido más competitivo del país”, sostuvo Camacho.

 

Por su parte el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que “recibimos con gran simpatía y entusiasmo al aspirante a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, cuya experiencia y formación lo coloca como la mejor opción para México”.

 

A la reunión también asistieron Enrique Ochoa y Claudia Ruíz Massieu, miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como preámbulo a la reunión que sostendrá Meade en las instalaciones del CEN del partido, donde se espera formalice su registro como precandidato.

 

 

Tras los diversos enfrentamientos que los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han protagonizado esta semana en el intento de aprobar la Ley de Reconstrucción en la Ciudad, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que meta en cintura a los legisladores de su partido.

 

“Estamos haciéndole un llamado (a AMLO) (…) para que intervenga quien es la máxima autoridad de ese partido. Si hay un jefe supremo que ya se ponga orden a lo que se está haciendo”, indicó Mancera con el fin de que sea el tabasqueño quien ordene a sus diputados levantar el “bloqueo legislativo” que mantienen.

 

El mandatario de la capital del país reprochó que Morena promueva en el discurso la reconstrucción nacional, pero en la práctica sea responsable de una “destrucción local”.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Durante su gira por el estado de San Luis Potosí, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como un “abuso” el presupuesto para 2018 que aprobaron los Diputados la semana pasada, pues dijo, dentro de ese presupuesto se asignó un sueldo de 650 mil pesos mensuales para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de una pensión de 5 millones de pesos (mdp) mensuales para las pensiones de los ex presidentes de México.

 

El morenista volvió a insistir en que el principal problema que nuestro país enfrenta, es la corrupción, y para “prueba es que cada año los políticos corruptos se roban 10% del presupuesto público, actualmente es de 5 billones de pesos. Lo que se quedan son 500 mil millones de pesos. En el gobierno hay gastos innecesarios, privilegios y también lujos”.

 

López Obrador sostuvo que la vida política del país necesita una “renovación, un cambio de régimen”, para lograr la verdadera transformación de México, e indicó que es necesario “un cambio de verdad, no lo que ha venido sucediendo, que engañan de que hay varios partidos, está un grupos en el gobierno, entra otro y es lo mismo, no hay diferencia, es lo que llamo, con todo respeto, el PRIAN”.

 

Al respecto, indicó que Morena busca acabar con la corrupción, pues cuenta con autoridad moral y política. “No tenemos nexos con la mafia del poder y pensamos que se debe enfrentar la corrupción para lograr un verdadero cambio”.

 

Adicional insistió en que su partido seguirá trabajando para crecer los recursos que destinarán a los damnificados del sismo, y tachó como una “vergüenza”, que la Cámara de Diputados aprobara “18 mil millones de pesos a la reconstrucción y el apoyo a damnificados. Para tener una idea, aprobaron 38 mil millones de pesos para seguir pagando intereses del Fobaproa, 20 mil millones de pesos más que lo destinado a damnificados”, por lo que insistió, esta debe ser una tarea de todos los mexicanos.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

Luego de una larga sesión de más de 10 horas, se aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de de la Federación 2018. Con 253 votos a favor de las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES, contra 205 en contra del PAN, PRD, Morena y MC los diputados dieron paso a que el decreto sea turnado al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

De acuerdo al proyecto avalado por los legisladores, los recursos que se contemplan son 5 billones 279 mil 667 millones de pesos (mdp), 43 mil mdp más a lo que el Ejecutivo propuso.

 

 

En el presupuesto se contemplan 18 mil mdp para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y para la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tabasco, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero e Hidalgo).

 

Además se creó un fondo adicional para la reconstrucción (Fonrec) tras los sismos por un monto de 2 mil 500 mdp. “Potenciar estos recursos hasta por un monto mayor a 10 mil millones de pesos, para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la aportación que se requiere para el Fonden”, indicaron los legisladores al respecto de la creación del Fonrec.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

De acuerdo al corte del 5 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las cifras de los principales aspirantes a Diputados y Senadores independientes, quienes también se encuentran en el proceso de recabar firmas para avalar su intención de participar en la elección del próximo año.

 

 

El Diputado local del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, quien aspira llegar al Senado de la República, lidera la lista de independientes con 21 mil 807 firmas, que han sido recabadas por 3,253 auxiliares dentro de su equipo, lo que da un promedio de firmas por auxiliar de siete.

 

El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchia, se aferra al segundo sitio con 10 mil 353 firmas recolectadas por 740 auxiliares. Manuel J. Clouthier, actual Diputado federal con licencia, se encuentra en tercera posición con 7 mil 330 firmas y cuenta con 540 auxiliares. Ambos equipos tiene un promedio de 14 firmas por cada auxiliar.

 

Soledad Romero Espinal, originaria del estado de Guerrero se encuentra en cuarto sitio con 4 mil 215 firmas, que han sido recolectadas por 1 mil 144 auxiliares. En quinto sitio está Raúl Rodríguez con 4 mil 122 firmas.

 

En cuanto a los independientes que esperan llegar a la Cámara de Diputados, Ángel Barroso va a la cabeza con 4 mil 585 firmas, seguido de Antonio Illescas Marín con 4 mil 406. En tercer sitio se encuentra Iván Pérez Ruiz quien suma 4 mil 206 firmas, seguido de Luis Benavides con 4 mil 177 apoyos ciudadanos. En quinta posición se encuentra Gabriel Alcalá con 3,680 firmas.