VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

La Cámara de Diputados está por discutir un par de iniciativas de algo llamado seguridad interior. Se trata de un concepto que se inspira en las leyes patrióticas de los Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. En México, el concepto proviene de la época en la que aún existían revueltas locales armadas en regiones que requerían ser pacificadas por el Ejército. Ahora, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aún más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son”necesarias” para garantizar la seguridad de la sociedad, ante peligros “mayores” a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos.

El dictamen que circula no contempla la salida paulatina de los militares de las calles; por el contrario, garantiza las condiciones para su permanencia, por lo que será todavía más difícil la construcción de un sistema nacional policial. La ley no va a mejorar la seguridad del país, eso sólo puede suceder con prevención del delito, fuerzas de seguridad cercanas a las comunidades y enfocadas a reducir los niveles de violencia y la investigación eficaz de los delitos. Todo eso no va a suceder si el poder civil renuncia a esas responsabilidades en favor del poder militar.

La ley se puede aprobar por una razón incorrecta: el reconocer la labor del Ejército en las tareas de seguridad. Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas hacen un enorme servicio al país, eso todos los reconocemos. Es también verdad que se les han encomendado tareas que no están preparados para realizar, porque en realidad no les corresponden. El resultado no ha sido bueno. Es imposible reducir la violencia cuando el combate al crimen se le encarga al Ejército, entrenado para maximizar el uso de la fuerza. El resultado son índices de letalidad similares a los de las guerras; entonces se genera una espiral de violencia y contantes afectaciones a la población en los operativos. El número de militares en las calles generó, casi de manera inevitable, violaciones constantes a los derechos humanos. En realidad, quienes sacaron al Ejército a las calles son los responsables de poner a los militares en riesgo, porque los enviaron a una misión imposible de cumplir con éxito.

La labor del Ejército tiene que ser valorada y reconocida, pero también analizada de manera crítica y, sobre todo, asignarle las tareas que pueden y deben realizar. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo retiramos, de manera ordenada y paulatina, a los militares, les encargamos las tareas para las que fueron entrenados y construimos un sistema policial nacional eficaz, transparente y bien evaluado. En realidad, la ley de seguridad interior es el resultado del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que no solamente permitió el crecimiento de los homicidios del país, sino que no avanzó en mejorar las policías, algo que era su responsabilidad coordinar. Desgraciadamente no hay atajos, mejorar la policía es un elemento esencial para reducir la violencia crónica, con la ley de seguridad interior se evade esa responsabilidad y se incurre en enormes riesgos.

Pocas veces una ley ha generado un rechazo tan amplio por parte de organizaciones sociales, pero que no se limita a ellas. Los cuestionamientos también provienen, por ejemplo, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su aprobación sería un cambio de dirección en la tendencia que ha tenido el Congreso mexicano de legislar para garantizar los derechos de los ciudadanos, para ahora legislar para restringirlos. La legislación en torno al papel del Ejército tendría que darse, necesariamente, junto a la que se requiere para cambiar el modelo policial y el de procuración de justicia. La idea de que se puede utilizar al Ejército cuando las instituciones están en riesgo genera una ambigüedad extremadamente peligrosa. Me parece que, en el fondo, la prisa por aprobar este dictamen responde a la estrategia de utilizar el Ejército como arma electoral. Jugar la irresponsable carta de mostrar un supuesto compromiso con la seguridad, con pasar una ley que supuestamente quiere el Ejército, pero que no resolverá ninguno de nuestros enormes problemas en la materia. Una salida para justificar los resultados respecto al enorme fracaso de las políticas de seguridad de Peña Nieto.