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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”.  Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.

El gobierno federal anunció esta mañana el primer paquete de denuncias contra las llamadas factureras, empresas que simularon operaciones fiscales a través de la compra-venta de facturas, y que involucran a 43 entidades que desde 2010 defraudaron al fisco por 55,125 millones de pesos.

“Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien detalló que las demanda es contra 43 empresas relacionadas entre sí, que compartieron clientes, domicilios fiscales, representantes legales, entre otros, y que emitieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes.

Detalló que para lograr la identificación de estas empresas, se analizaron 22 millones de facturas relacionadas a actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir 43729 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

“Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos”, explicó Buenrostro.

La titular del SAT denunció que dicho sistema de facturación también se utilizó para pagar actividades ilícitas.  “Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos”,indicó.

Precisó que además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el gobierno dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades, pues señaló que muchos participaron y fueron engañados sin darse cuenta de que estaban comprando facturas a empresas vinculados con el crimen organizado; advirtió que en caso de que no regularicen, también serán denunciados.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO) indicó que las pérdidas por daños a establecimientos comerciales durante las marchas del viernes pasado y ayer lunes, alcanzaron los 22 millones de pesos.

Nathan Poplawsky, presidente de la CANACO CDMX expresó su preocupación por la repetición de actos vandálicos, que causaron serios daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano.

Dijo que aunque la institución se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión como un valor esencial de nuestra democracia, se oponen rotundamente a que la protesta pública derive en actos vandálicos que desvirtúen propósitos que pueden ser legítimos.

“Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro de los ataques”, indicó el presidente, al señalar que siempre defenderán el principio de legalidad por encima de cualquier propósito o causa.

El líder empresarial afirmó que las fuerzas de seguridad sí deben actuar en este tipo de casos, con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma.

“En ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos”, agregó.

Poplawsky añadió que no se puede reclamar justicia saqueando tiendas, agrediendo a periodistas, dañando inmuebles y monumentos históricos o poniendo en riesgo la vida de policías y transeúntes.

Dijo que las y los jóvenes encapuchados representan a grupos de interés y no a un movimiento social, además de que su afán es desestabilizar usando cualquier pretexto y de ello da cuenta su organización y entrenamiento.

Finalmente, alertó del peligro que representa una actitud cautelosa de la autoridad, porque puede ser entendida por estos grupos vandálicos como una licencia de impunidad.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, actualizó esta tarde el informe sobre la situación de Covid-19 en la capital.

Dijo que hay 26 mil 509 casos confirmados de coronavirus acumulados en la ciudad, de los cuales, 3 mil 909 son casos activos. 7 mil 668 casos más son considerados como sospechosos, mientras que se han registrado 2 mil 850 muertes.

La mandataria local afirmó que se mantiene una estabilidad en cuanto a los pacientes hospitalizados, misma que se ha sostenido en los últimos 10 días, tanto de pacientes intubados y como no intubados.

Detalló que al último corte, había mil 86 personas intubadas y 3 mil 382 personas no intubadas en hospitales de la Ciudad de México, que se compone de cerca de 58 hospitales.

Sobre la ocupación hospitalaria, indicó que a nivel general es de casi el 73%, por lo que aún hay una disponibilidad de poco más del 27% para recibir a pacientes de Covid-19. En cuanto a la disponibilidad en terapia intensiva, se tiene una 43.2%, equivalente a 817 camas de terapia intensiva disponibles, mientras que hay mil 287 camas disponibles de hospitalización general.

Sheinbaum Pardo reconoció que se ha presentado un incremento en la afluencia del Transporte Colectivo Metro a raíz de que se finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Hubo un ligero incremento, estamos sobre el 62 por ciento, llegamos a estar en algunos días en una disminución del 80 por ciento, hoy estamos sobre el 65 por ciento, más o menos, de disminución”.

En cuanto al resto del transporte público: Metrobús, RTP, Tren Ligero, ECOBICI, trolebuses y tránsito vehicular, también indicó un incremento; mientras que en días pasado se llegó a alcanzar hasta un 75% de disminución, ahora se pasó a un 63% respecto a un día normal.

“Insistirle a la ciudadanía que estamos en semáforo rojo, que es importante insistir a la población el uso adecuado del cubrebocas, que hay que tapar nariz y boca, no solamente la boca, para evitar ser contagiado o contagiar”, dijo Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el número de empresas que retomaron actividades el pasado 1 de junio en la capital, la mandataria indicó que fueron 56 mil 937 empresas relacionadas con la industria de la construcción, fabricación de equipo de transporte, elaboración de cerveza, minería y sus cadenas productivas, con un total de 566 mil 630 personas.

Con la incorporación de las nuevas actividades a los sectores considerados como esenciales que permanecieron activos durante la contingencia sanitaria, actualmente operan 319 mil 326 empresas en la capital, con un personal en activo de 2 millones 519 mil 560 trabajadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que a 64 días de la aplicación de la Jornada de Sana Distancia, “el gobierno federal no ha estado a la altura del reto ni ha protegido al empleo con el salario solidario.

La Confederación explicó que si bien la crisis generada por la llegada del Covid-19 no fue culpa de nadie, el gobierno federal sí ha incurrido en omisiones, como no haber actuado o implementado acciones eficaces ante esta crisis lo que ocasiono la pérdida de empleos.

Explicó que según el Banco Mundial, hay 54 países que ya implementaron algún esquema de subsidio al empleo, entre ellos están países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina.

Expuso que si se compara con el resto de países del continente, en materia de apoyos, México se ubica en el penúltimo lugar solo después de Bahamas, y el primer lugar lo ocupa Perú con medidas equivalentes al 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) según la OCDE.

Por ello, refirió que el sector empresarial ha solicitado contar con diferimiento de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a 2020, pero no hay respuesta a su petición.

Añadió que la Iniciativa Privada ha pedido acelerar los procesos de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y este ha sido el único concepto que ha acordado aplicar el gobierno federal.

Se pidió también, el diferimiento de las cuotas obrero-patronales referentes al periodo de confinamiento. En este sentido, se anunció un mecanismo ya existente en el IMSS que permite diferir las cuotas con una tasa de interés. En otras palabras, dijo Coparmex, en vez de ayudar a las empresas se busca generar réditos y cobrar intereses a las empresas que consideren esta opción.

Las medidas implementadas por el gobierno han sido insuficientes, por lo que insistió una vez más en la necesidad de implementar el Salario Solidario que permitirá proteger los 19.9 millones de empleos formales que existen en México y que requieren un presupuesto de 1.2% del PIB.

La Coparmex insistió en la necesidad de implementar un “Salario Solidario” que permitirá proteger los 19.9 millones de empleos formales que existen en México y que requieren un presupuesto de 1.2% del PIB. Sin embargo, acusó que hace más de un mes, el 20 de abril se le hizo llegar al gobierno federal la propuesta y no han recibido respuesta.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a “la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales” y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas “en tanto no afecten a la confiabilidad” del sistema energético. La notificación también establece que “deberá otorgarse la licencia correspondiente” a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para “un futuro inmediato”.

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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Al menos 94% de las empresas mexicanas se verán afectadas por la crisis del Covid-19, lo cual significa un impacto fuerte, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Se indicó que los agremiados de la Confederación generan nueve de los 20 millones de empleos formales en el país, que a su vez beneficia al menos a 40 millones de personas.

Representantes del organismo señalaron que uno de los sectores industriales que se verá más afectado con esta crisis sanitaria es el de la construcción, al estar en la lista de actividades no esenciales; sin embargo, comentaron que las labores en ese rubro no representan un riesgo de contagio, pues la mayoría son al aire libre y podrían garantizar las medidas de distanciamiento necesarias entre los trabajadores.

La Concamin indicó que 96% de este sector participa en las micro, pequeñas y mediana empresas que son de gran ayuda para reactivar la economía del país de manera pronta.

Ante esa situación, consideraron que la pandemia mundial del COVID-19 ha generado en el país tres grandes retos a resolver: el cuidado de la salud de todos los ciudadanos; la reactivación de la economía ante esta crisis, y la situación anímica y garantizar el ingreso familiar.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, expuso que lo más importante en este momento de crisis para México es proteger no sólo la salud de la población, sino también la fuerza laboral, como materia prima y mano de obra calificada, que diariamente hace grande al país.

Por su parte los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) detallaron que dentro de la industria de la moda generan un millón 700 mil empleos, que representan 9% del Producto Interno Bruto manufacturero; señaló que el 70% de su fuerza laboral son mujeres.

En la industria del calzado, comentaron que debido a la combinación entre la pandemia y la caída en la economía tienen en la actualidad una caída entre 81% y 100% de sus ventas. Asimismo, algunas empresas conservan un número menor de producción, debido a que abastecen a industrias que actualmente se encuentran laborando.

Manuel Espinosa Maurer, presidente de Canaintex, detalló una serie de propuestas para reactivar este sector, entre ellas, un llamado a apoyar lo “hecho en México” tanto en el tema de licitaciones, como en las compras de gobierno, lo cual permitiría el regreso de casi 400 mil empleos en esta industria.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó este miércoles que mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, la mitad de la población mundial económicamente activa, corren el riesgo de perder sus fuentes de ingreso a causa del coronavirus.

En el informe “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo”, se contabiliza la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020, que según las proyecciones, estaría superando la cifra que se estimó anteriormente.

Según las cifras actualizadas de la OIT, y en comparación con los niveles anteriores a la crisis (el cuarto trimestre de 2019), en lo que va del 2020 se prevé un deterioro del 10.5%, equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo, contando una semana laboral de 48 horas.

De acuerdo con la previsión anterior, el descenso sería de un 6.7%, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo, debido a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.

En lo que respecta a las regiones, hay estimaciones que indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12.4% en el segundo trimestre en todas las zonas de las Américas, y a un 11.8% en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas y todas superan el 9.5%.

“La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, el grupo más vulnerable del mercado laboral, de un total de dos mil millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3 mil 300 millones de personas”.

Indicó que las principales razones de la caída son dos: las medidas de confinamiento y el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados.

La OIT agregó que, a nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales.

Alertó que las empresas también corren riesgos. En el mundo, más de 436 millones de empresas afrontan el grave riesgo de interrupción de sus actividades.

“Estas empresas pertenecen a los sectores de la economía más afectados, incluidas unas 232 millones pertenecientes al comercio mayorista y minorista; 111 millones a las manufacturas; 51 millones a los servicio de alojamiento y servicio de comida; y 42 millones al sector inmobiliario y otras actividades comerciales”, explicó la OIT en el informe.

Dieciséis cadenas comerciales nacionales e internacionales son las que más denuncias registran por parte de los trabajadores por violar sus derechos laborales durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 en el país.

Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que las empresas serán revisadas y se determinará si se aplicarán multas, las cuales podrían alcanzar hasta los 434 mil pesos.

Las cadenas comerciales expendedoras de alimentos y de artículos de oficina que más denuncias registran por incumplimiento a la declaratoria de la contingencia sanitaria son: Cervecería de Barrio, Office Depot, Toks, El Portón y Starbucks.

“Son las que más denuncias hemos recibido de estas empresas y, por eso ya se les envió la inspección y se va a proceder administrativamente con ellas”, advirtió la funcionaria.

Otras empresas acusadas por los trabajadores son: Corporativo Alsea, Farmacias San Pablo, Bisquets Obregón, Parisina, Monte de Piedad, Sumesa, Soriana, Palacio de Hierro, Taco Naco, Grupo Posada y Estrella Roja del Sur.

“También han recibido denuncias por parte de trabajadores y que también estaremos dándole seguimiento y emitiendo la inspección correspondiente. Éstas son las que presentan el mayor número de denuncias en la Procuraduría del Trabajo”, alertó.

Indicó que en caso de acreditarse que se han violentado los derechos laborales de los trabajadores, los negocios podrían ser acreedores a sanciones administrativas que implica la aplicación de multas que podrían oscilar desde los 21 mil 720 pesos hasta los 434 mil 440 pesos por cada infracción.

Detalló que una empresa puede tener diversas infracciones en una misma inspección, como bajar salarios, no pagar, haberlos dado de baja en el IMSS, cambiarles el horario, hacerlos trabajar horas extras.

La funcionaria mencionó que se coordinarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

También se informó que el gobierno capitalino ofrece tres seguros de desempleo a la población que fue despedida durante la emergencia sanitaria, con la que se prevé alcanzar 52 mil 500 beneficiarios.

Se detalló que se otorgarán tres tipos de seguro de desempleo: el programa social por seguro de desempleo que asciende a dos mil 641 pesos mensuales; apoyo para el desempleo de mil 500 pesos mensuales; y el apoyo emergente para personas no asalariadas residentes de la Ciudad de México ante la emergencia, también de mil 500 pesos, que sólo será un pago único.

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

“El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia”, señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo”, aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que a partir del próximo lunes se iniciará la entrega de créditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas que fueron solidarias y que no despidieron a sus trabajadores durante el primer trimestre del año, periodo de tiempo en que se empezó a registrar la pandemia del nuevo coronavirus.

Durante su conferencia matutina, López Obrador refirió que “se van a dar estos créditos pronto, habrá empresas que van a recibirlos pronto. A partir del próximo lunes se van a empezar a dispersar. Se busca que no sean tantos trámites, todo a la palabra, porque la riqueza de nuestro país es la honestidad de su pueblo”.

Indicó que ya se tienen los mecanismos de entrega y se hace la consulta a los posibles beneficiados para que reciban los apoyos de manera directa y sin intermediarios.

Por su parte el director del Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que hasta el cierre del miércoles 22, un total de 64 mil 609 empresarios solidarios están validados para recibir los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).

Señaló que el Banco de México (Banxico) ajustó la tasa de interés del 6.5 al 6.0 por ciento, por lo que los créditos a la palabra que otorgará el Gobierno Federal a partir del 30 de abril serán bajo este porcentaje y a pagarse en tres años.

Robledo agregó que, del total de solicitudes, “13 mil 708 corresponden a empresarios solidarios que cuentan con desde uno hasta 10 empleados, que son los que más han mostrado el apoyo a sus trabajadores porque no los despidieron durante este periodo de emergencia sanitaria”.

El director del IMSS puntualizó que los acreedores a este crédito a partir de este día podrán ingresar para llenar con todos sus datos personales y su Registro Federal de Contribuyentes, así como su cuenta bancaria donde quieren que se les haga el depósito de los 25 mil pesos.

“Se emite una carta de autorizacion, sin necesidad de ninguna garantía y a partir del cuarto mes es donde se empiezan a pagar los intereses, ajustamos la tasa al seis por ciento ajustamos esa tasa, es menor y a partir del cuarto mes se empieza a pagar 803 pesos mensuales a pagar en tres años”, añadió al comentar que esos depósitos irán a una cuenta de la Tesorería de la Federación.

Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez,  indicó que serán un total de un millón de “créditos a la palabra” los que la Secretaría de Economía (SE) entregará a micronegocios y prestadores de servicio, de 25 mil pesos cada uno.

La funcionaria federal detalló que para solicitar los apoyos crediticios se establecieron dos opciones; una es que la personas que cuenten con un micro negocio y estén registrados en el Censo del Bienestar, y la otra que personas prestadoras de servicios que sean registrados en el programa.

El millón de créditos se distribuirá: 50% en municipios de zonas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey; 30% serán para 86 municipios del sur sureste del país, y el 20% restante en el resto de la República mexicana.

Los créditos se pagarán a un plazo de tres años y un periodo de gracias de tres meses, es decir lo beneficiados podrán empezar a pagar a partir del cuarto mes.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó esta mañana que suman 645 mil 102 empresarios solidarios los que no despidieron personal de enero a marzo, por lo que serán quienes reciban un crédito de 25 mil pesos de apoyo para sortear la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

El funcionario explicó durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que cada crédito tendrá un porcentaje de interés del 6.5% y a partir de este martes estará disponible el formato en la página del instituto para que se haga el trámite.

Explicó que se ubicó a las empresas que “que no hubieran disminuido su plantilla, tomamos esa fotografía, hicimos el corte el 15 de abril acerca de quienes habían mantenido el empleo, son 645 mil 102 empresarios solidarios elegibles”, señaló Robledo al precisar que los recursos de dichos apoyos no saldrá de las cuotas del IMSS, sino de un fondo federal.

Recordemos que el gobierno federal anunció 1 millón de créditos para empresas solidarias, sin embargo, tras la revisión, no se logró acomodar el millón de créditos.

Robledo agregó que, en lo que respecta al tamaño de las empresas, 505 mil cuentan con uno a cinco trabajadores, es decir, son pequeñas empresas: abarrotes, misceláneas, peluquerías, entre otras. El segundo grupo es de cinco a 10 trabajadores son 74 mil 708 empresas.

Las que dan trabajo de 10 a 50 empleados suman 55 mil 130;  de más de 50, suman nueve mil 604 empresas.

Será a partid e este martes que los empresarios podrán ingresar con su número del Registro Federal de Contribuyente (RFC) a la página electrónica del IMSS, donde se le indicará si es elegible porque cumplió con mantener su plantilla de trabajadores.

Posteriormente se genera la solicitud donde pondrá todos sus datos, como nombre, dirección, teléfono, CURP, y la cuenta bancaria donde quiere que se le haga la transferencia.

Se explicó que la Secretaría de Economía transferirá a los bancos comerciales la información de cada empresario para que creen las cuentas digitales donde se les depositarán los 25 mil pesos, y en la que, dentro de tres meses, empezarán a pagar el crédito al 6.5% de interés.

“Pasados los tres meses de gracia, los acreditados van a ir pagando a interés del 6.5 por ciento, en el caso es el mismo de la tasa interbancaria, con lo que presta el Banco de México, que es inexistente en la banca comercial”, dijo Robledo.

Por su parte el presidente López Obrador indicó que al final de mayo el Gobierno de México habrá entregado 2 millones de créditos.

Los gobernadores de Acción Nacional (PAN) emitieron un posicionamiento sobre la propuesta de apoyos económicos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasada, con el fin de hacer frente a la crisis económica que se vive a raíz de la pandemia del Covid-19.

“Escuchamos con atención su propuesta para hacerle frente a las consecuencias económicas, en la que, si bien se plantearon algunas alternativas, estas se dirigen a un solo sector de la población y no contempla realizar un esfuerzo con el sector productivo y laboral para proteger las fuentes de empleo y crecimiento económico”, indicaron los gobernadores.

Afirmaron que el costo social por la falta de crecimiento puede verse multiplicado si las empresas, independientemente de su tamaño, pierden la capacidad financiera y económica para continuar operando y mantener el pago de los salarios de sus trabajadores y empleados.

Advirtieron que si no se logra mantener a flote la economía, la pobreza y la desigualdad aumentarán peligrosamente.

En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno federal para que articule un Programa de Emergencia Económicaque apoye la continuidad en operación del sector privado y de las y los mexicanos que generan empleo o se autoemplean.

Entre las acciones que propusieron para defender el empleo y la economía familiar, están el implementar estímulos fiscales: diferir el pago de impuestos provisionales y la disminución del coeficiente de utilidad al sector empresarial, así como la exención de aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y Afores por un trimestre.

Pusieron sobre la mesa el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país utilizando recursos de la banca comercial con garantías liquidas de NAFIN y BANCOMEXT a tasas no mayores del 10% anual y plazos de hasta 36 meses incluyendo 6 meses de gracia en capital e intereses. Implementar un ingreso básico solidario destinado a los trabajadores informales para apoyar directamente a las familias en el pago de alimentos, agua y luz.

Propusieron también el incremento extraordinario de presupuesto a los estados y municipios, especialmente a salud e infraestructura. Agilizar el pago a proveedores del gobierno y en la medida de lo posible anticipar las compras correspondientes al segundo semestre.

Otra de las propuestas fue el posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta el 2021, una vez recuperada la capacidad de operación de las empresas de este sector.

Finalmente llamaron a apoyar al sector turístico mediante un Programa Especial de Promoción y Atracción de Inversiones, ya que además de ser una fuente importante de captación de divisas, representa un número importante de empleos formales.

“Los gobernadores de Acción Nacional apoyaremos con todo lo que esté a nuestro alcance para defender el empleo, generarlo y proteger el ingreso de las familias. Estamos seguros de que usted también está comprometido con el sector productivo que genera 95 de cada 100 puestos de trabajo formal en el país para mantener su operación”, añadió el grupo de gobernadores.

Señalaron que comparten la intención del gobierno federal de aliviar la necesidad de los que menos tienen a través de programas sociales, pero insistieron en la necesidad de valorar la importancia que en la recaudación de impuestos tienen las empresas.

“Este es el momento en que las y los mexicanos demandan de los políticos actuar con firmeza, con generosidad, sin tintes ideológicos y con sentido de Estado”, remataron los mandatarios estatales, entre los que se encuentran Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur); Javier Corral (Chihuahua); José Rosas Aispuro (Durango); Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato); Francisco Domínguez (Querétaro); Carlos Manuel Joaquín González (Quintana Roo); Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Mauricio Vila Dosal (Yucatán).

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la crisis por la que atraviesa México a raíz de la pandemia del Covid-19 es la más grave en la historia reciente del país.
Aseguró que están en riesgo el sustento de millones de mexicanos y sus familias, así como la sobrevivencia de centenares de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que generan los ingresos de todas esas familias.
“Estamos convencidos de que, en esos momentos difíciles, sólo el diálogo abierto y el respeto a las posturas distintas permitirán alcanzar acuerdos concretos para que México supere esta crisis”, indicó el CCE en un comunicado.
Y es que explicó que en los últimos días, ha circulado y video atribuido a Morena, en el que cuestionan y descalifican las propuestas que la IP hizo para concretar una recuperación económica. En sentido, sostuvo que ni la división, la descalificación infundada o la confrontación ayudarán en este momento tan delicado que atraviesa el país. Aseguró que la única manera de ayudas es uniéndose todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones.
Pidió no caer en falsos dilemas, pues si bien dijo que la prioridad es ayudar a la familias más pobres, eso solo se garantizará si se ayuda a la MiPyMES, que son las generadoras de empleos. “Son las empresas, de todos los tamaños, las que emplean a la gran mayoría de los mexicanos”.
Añadió que son los impuestos que pagan las empresas los que generan recursos para la operación del gobierno y los que permiten financia los importantes programas sociales.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado al gobierno federal, empresarios, sindicados y organizaciones sociales a suscribir un acuerdo nacional que proteja el empleo, los salarios y los ingresos de los mexicanos durante la contingencia sanitaria que se vive a raíz de la pandemia del Covid-19.
Indicó que desde el sector privado se están explorando una serie de acciones apara apoyar a las MiPyMEs, que son las más afectadas por la actual crisis, y las cuales buscan que cuenten con liquidez suficiente para afrontar la situación económica del país, y evitar la pérdida de empleos.
Entre las acciones destacan:
  • Apoyos económicos entre privados, para apoyar a proveedores
  • Adoptar una MiPyMEs para apoyar con recursos extraordinarios
  • Compras adelantadas y/o ventas a futuro
  • Programa de factoraje ágil y sencillo
  • No penalizaciones contractuales entre particulares
Indicó que dichas medidas se están impulsando entre los propios empresarios pues acusó que “hasta el momento, no se ha entendido la dimensión, desde el punto de vista económico, del impacto negativo que esta pandemia causará a las empresas”.
Salazar Lomelín señaló que el plan propuesto a las 4,150 organizaciones empresariales que conforman el CCE en todo el país contribuirán a: asegurar la estabilidad económica, social y política; contar con un plan de infraestructura para todo el país; diversificar las exportaciones y fortalecer una posición fiscal más sólida.
El CCE indicó que seguirán “tocando las puertas necesarias” para consolidar una estrategia que permita hacer frente a la crisis y garantizar los empleos e ingresos de los mexicanos, esto al reiterar su disposición a continuar el diálogo con el gobierno federal, quien ha sido señalado por la cúpula empresarial de no actuar en beneficio de los generadores de empleo en el país.

Pese a que los nuevos lineamientos del gobierno federal en relación a la pandemia del Covid-19 indicaban que las industrias del acero, cemento y vidrio sólo podrán tener actividad mínima, aquellas que tengan contratos con el gobierno deberán continuar con sus actividades.

Así quedó publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se señalaron los lineamientos al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus nuevo coronavirus.

El acuerdo establece lineamientos para empresas que brinden servicios de tecnología de la información, energía eléctrica, mensajería. Para las de producción de acero, cemento y vidrio, “mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación”.

Sin embargo, establece que las empresas de producción de acero, cemento y vidrio deberán continuar con la actividad que les permita cumplir con los compromisos de corto plazo en proyectos prioritarios del Gobierno Federal.

“Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, dice el acuerdo. 

Ayer, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había informe de avances de la refinería ni del aeropuerto, ya que aún no había un permiso por parte de la Secretaría de Salud para que se siguiera trabajando en estas obras.

El lunes 30 de marzo el presidente aseguró que no cancelaría la construcción de ninguno de los proyectos prioritarios durante la pandemia. 

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