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El gobierno de Canadá está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está atento a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso sobre la Ley de la Industria Eléctrica,  con la que busca fortalecer el papel del Estado en el sector.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, dijo que había hablado el martes pasado con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y enfatizó en que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses.

Recordemos que la semana pasada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la iniciativa de reforma representaba un incumplimiento de los compromisos de México en virtud del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ministra Ng señaló a Clouthier que Canadá está dando seguimiento al progreso de la iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica, y “expresó su creciente preocupación por el clima de inversión en México”, se lee en el comunicado.

La funcionaria canadiense también “destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México”, según el comunicado.

Cuestionada por la agencia Reuters sobre si pensaba que el proyecto de ley violaba los compromisos de México establecidos en el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, la oficina de Ng evitó hacer comentarios.

Recordemos que el comercio bilateral de bienes de Canadá con México en 2019 tuvo un valor de 44,000 millones de dólares canadienses, mientras que con Estados Unidos alcanzó 780,000 millones de dólares canadienses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes que dará autorización para que gobiernos locales y empresas puedan comprar vacunas contra la Covid-19, compras que hasta ahora estaban en manos del gobierno federal.

“He dado instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Con más de 500,000 dosis de vacunas aplicadas a personal de salud, había prohibido hasta ahora a los gobernadores de los 32 estados comprar vacunas para no interferir en el plan de vacunación federal ante la escasez mundial de fármacos.

Sin embargo, López Obrador decidió este viernes autorizarlos para que el asunto “no se preste a la politiquería” y puso como condición que presenten una solicitud anexando el contrato de compra, la farmacéutica en cuestión y la población a la que se aplicará.

El presidente dijo que “no hay ningún problema” si los gobernadores quieren llevar a cabo su propio plan de vacunación, aunque recordó que el gobierno federal tiene un plan para que en 2022 estén vacunados los 130 millones de mexicanos.

“Nosotros vamos a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas. Es más, ya se tienen los contratos y el presupuesto”, dijo el presidente sobre el plan de vacunación federal, que arrancó el 24 de diciembre pasado.

Este anuncio del presidente llega un día después de que la misma Secretaría de Salud federal se expresara en contra de descentralizar la vacunación en los gobiernos estatales, algunos de los cuales han sido muy críticos con el plan del gobierno federal.

“Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y entonces no hablamos de una estrategia de Estado”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ayer en su conferencia vespertina.

Parte del sector privado también ha reclamado en las últimas semanas tener acceso a la compra de vacunas para su comercialización.

A pesar de la autorización para que adquieran vacunas, López Obrador avisó a los gobiernos estatales y a las empresas que “no es fácil” comprar las vacunas “porque no hay producción suficiente en el mundo”.  Recordó que en marzo el gobierno federal prevé haber vacunado a todos los adultos mayores, por lo que la mortalidad caerá un 80%, estimó.

“Si en mayo o en junio consiguen la vacuna y quieren hacerlo (que lo hagan). Ya nosotros para entonces vamos a estar casi por terminar”, dijo.

BBVA alertó sobre un posible “caudal de demandas” contra empresas en territorio mexicano tras la llegada a La Casa Blanca de Joe Biden, porque sería más estricto con el cumplimiento del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Las nuevas disposiciones laborales podrían traer un caudal de demandas laborales en contra de empresas operando en México. El relativo activismo de la administración de Biden con respecto a castigar el incumplimiento de estas nuevas disposiciones jugará un papel clave”, indica un análisis.

El reporte que el banco publicó previo a que Joe Biden asumiera como nuevo presidente de Estados Unidos, advirtió que el demócrata podría ser más riguroso en la aplicación de las normas contenidas en el tratado comercial, que exige salarios más altos, libertad sindical y más derechos laborales para los mexicanos.

“La relación económica entre México y Estados Unidos dependerá fundamentalmente de la flexibilidad que demuestre el gobierno de Biden en el cumplimiento de disposiciones comerciales, laborales y ambientales que han sido suscritas en el T-MEC”, se lee en el texto.

En particular, BBVA destacó la nueva política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien favorece las energías fósiles de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas del Estado.

La institución bancaria consideró que Biden “podría velar” por un cumplimiento más estricto del Acuerdo de Cooperación Ambiental en el T-MEC. Señaló que la Administración del presidente demócrata podría defender inversiones estadounidenses afectadas por políticas mexicanas como la cancelación de las subastas de electricidad, el cambio en los Certificados de Energías Limpias (CEL) y mayores tarifas para conectarse a la red de transmisión.

BBVA advirtió que “este tipo de políticas energéticas nacionalistas a favor de la CFE podrían estar violando el capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados contenido en el T-MEC”; por ello, añadió, “un activismo de la administración de Biden en apoyo a empresas estadounidenses afectadas podría ayudar a empezar a revertir este tipo de políticas”.

Como otro punto de atención, enunció las nuevas reglas del T-MEC sobre la industria automotriz, que ahora deben alcanzar un contenido regional de 75% en vehículos ligeros en 2023 y de 75% para vehículos pesados en 2027.

“Una mayor flexibilidad por parte de la nueva administración estadounidense en la aplicación de estas nuevas regulaciones permitirá que continúe la producción eficiente de la industria automotriz en la región de Norteamérica”, apunta el informe.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestaron su desacuerdo con el acuerdo alcanzado entre representantes de la Iniciativa Privada y el gobierno federal en material de subcontratación.

Indicaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende limitar la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales.

Advirtieron que su aprobación en los términos en que se encuentra ahora dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, indicaron.

Enfatizaron que rechazan que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y por el contrario, señalaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit  y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

Aunque mostraron su desacuerdo, indicaron que están a favor de las prácticas legales que favorezcan la creación de empleos y promuevan a inversionistas con dimensión social, por ello dijeron que resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de las malas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos por una absoluta minoría.

Reiteraron su disposición al diálogo para lograr un acuerdo que reconozca y vaya en el sentido de su posición Regulación sí, Prohibición no.

“Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses”, señalaron.

Ante el anuncio de que México busca comenzar la vacunación contra el Covid-19 el próximo mes, el gobierno federal indicó este martes que se cuenta con un plan específico de vacunación ya establecido, que se encuentra muy avanzado y que se sigue puliendo.

“El doctor (Jorge) Alcocer tiene listo su plan de vacunación, cosa que celebramos, es una muy buena noticia para México; es decir, vamos a empezar con una distancia muy breve respecto de Estados Unidos y Alemania, que fue la instrucción que nos dio el presidente”, indicó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que la fecha que se tiene contemplada es que la vacunación inicie entre el 14 y 16 de diciembre.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que aunque se ha especulado sobre que algunos países ya están listos con programas de vacunación y México no, la situación es otra.

“Que quede claro, no es la situación. hay varios países, Alemania, Reino Unido, Francia, varios estados de Estados Unidos, Canadá, que han hecho público planes preliminares, preliminares, de vacunación. México está en lo mismo, México ya tiene un plan preliminar, lo comentamos aquí, desde el 14 de septiembre tenemos un plan preliminar. Y tenemos ahora una segunda versión de la que estamos afinando detalles sobre la logística del uso de la vacuna. Logística es todas las condiciones que se requieren para que la vacuna finalmente llegue a las personas”.

Añadió que México cuenta con un grupo asesor del Programa Nacional de Inmunizaciones, compuesto por 22 personas de alta competencia científica, entre los que destacan la doctora Celia Alpuche, experta en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, así como el doctor Alejandro Cravioto, quien preside el grupo asesor de inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

López-Gatell garantizó que el plan de vacunación avanza de manera correcta, sobre todo considerando los escenarios reales sobre la vacuna, pues dijo, las compañías que las fabrican tienen que completar los estudios clínicos.

Sostuvo que cuando las compañías terminen sus estudios, presentando sus expedientes de solicitud de autorización sanitaria, que en el caso mexicano, se implementó un dispositivo especial en Cofepris para facilitar todo el proceso sin dilación.

Indicó que se tiene que conservar el rigor científico, el rigor técnico y los estándares que garanticen la seguridad, pero no habrá trabas burocráticas.

Precisó que si las compañías con las que se contrate la adquisición de vacunas en México tienen la capacidad real de surtir al mercado mexicano, será cuando el producto podrá ser utilizado.

“El gobierno mexicano está no sólo toda la disposición, sino toda la intención, pero además toda la capacidad de hacerlo”, remató López-Gatell.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un “facturero” que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, enfatizó AMLO.

Un grupo de congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que denuncian al gobierno de México de violar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, T-MEC, en materia
energética.

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Los congresistas, entre los que se encuentran John Cornyn y Ted Cruz, han señalado que dichas acusaciones se sostienen sobre el hecho de que México está otorgando un trato “preferencial” a las empresas energéticas estatales.

Los legisladores señalan en la carta que México es el mercado de exportación más grande de productores petrolíferos de Estados Unidos”. Además, indican que las exportaciones estadounidenses de productos refinados a México “se han triplicado.

Sin embargo, han acusado a las autoridades de nuestro país de estar protegiendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tiempo que han cancelado los contratos con las empresas energéticas estadounidenses.

“Un mercado energético integrado de América del Norte beneficia al combustible de Estados Unidos, fabricantes, trabajadores y, en última instancia, consumidores mexicanos. Tras las reformas constitucionales de 2014 en México, que permitieron la participación privada en el sector energético, las empresas estadounidenses invirtieron millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México”, se lee en el texto.

Al respecto, afirman que estas inversiones dieron resultados “positivos”, como el “desarrollo de infraestructura y empleos”. Sin embargo, lamentan que, a pesar de este progreso, informes recientes indican que el gobierno mexicano “está otorgando tratamiento regulatorio para Petróleos Mexicanos (Pemex) y postergación o cancelación total permisos para empresas energéticas estadounidenses”.

Los congresistas dicen estar “profundamente preocupados” por las acciones del gobierno de México, que demuestran un patrón de “obstrucción”, por lo que han pedido “hallar una solución para mantener las condiciones actuales del mercado energético”.

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este miércoles el estudio ‘Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente’, en el que analizó más de 350 mil compras realizadas por el gobierno federal durante 2018 y 2019.

El estudio señala que el monto destinado a compras públicas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de 323 mil 782 millones 39 mil 728 pesos, a través de 184 mil 702 contratos; dicha cifra representa 73 mil millones de pesos más que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).

En el último año del gobierno anterior, se destinaron 364 mil 037 millones 219 mil 485 pesos, a través de 169 mil 187 contratos.

IMCO recuerda que las licitaciones públicas, al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten que exista mayor competencia en los procesos de compra, pues cuando hay más participantes y propuestas en las convocatorias, se puede encontrar mejor calidad a precios más bajos.

En ese sentido, revela que, durante el primer año de gobierno de López Obrador, el porcentaje del monto asignado por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje del monto por adjudicaciones directas aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando de 34.9% en 2018 a 38.9% en 2019.

En 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Advierte que las adjudicaciones directas representan un “foco rojo para la competencia”, ya que permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado; además, el IMCO señala que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.

Esto iría en contra de lo que ha denunciado y señalado el movimiento (ahora gobierno) que López Obrador ha encabezo por años.

El estudio también refiere que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, el porcentaje fue mayor al 80%.

Y aunque el gobierno de López Obrador está asignando la misma proporción de contratos por adjudicación directa que el gobierno de Peña Nieto, estos han representado mayor cantidad de recursos.

Otro dato que señala el estudio es que las empresas que más recursos recibieron durante el sexenio de Peña Nieto acumularon el 28% de los recursos totales de 2019, es decir 16 puntos porcentuales menos que en 2018 y 22 puntos porcentuales menos que en 2017. En tanto, las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019, ya con AMLO en el poder, acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior dicho porcentaje no rebasó el 22%.

Así, el IMCO cuestiona los cambios en la concentración de recursos de las empresas que se da durante los cambios de administración.

Si las empresas que reciben los contratos fuera producto de la calidad de sus propuestas, bienes y servicios, el monto por contratos recibidos se debería mantener constante a pesar de un gobierno; ello lleva a preguntarse si con el cambio de sexenio, hay cambios de “compadres”.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que pagó “muchos millones de dólares en impuestos” y que tiene más activos que pasivos, pero no ofreció evidencia ni se comprometió a entregar algún documento que sustente sus dichos.

En una serie de publicaciones en Twitter, el republicano respondió a un reportaje del diario New York Times (NYT) que reveló que pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017, luego de años de informar sobre graves pérdidas de sus negocios.

“Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a créditos tributarios y por depreciación”, escribió en su cuenta de Twitter. “Estoy muy desapalancado. Tengo muy poca deuda en relación con el valor de los activos”.

El presidente republicano, que se enfrentará al demócrata Joe Biden mañana por la noche en un primer debate, dijo que tenía “activos extraordinarios” y se aseguró tener una declaración financiera “muy IMPRESIONANTE”.

Trump tiene una deuda de cientos de millones de dólares por pérdidas crónicas en negocios, las que usa para evitar el pago de impuestos, informó el diario. NYT dijo que obtuvo declaraciones de impuestos que cubren más de dos décadas para Trump y sus negocios.

Las deudas de Trump que se reportaron plantean problemas de seguridad nacional, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,  e indicó que la gente merece saber a quién le debe dinero porque podría ser usado como palanca en su contra.

Trump acabó con una tradición de décadas entre los mandatarios y candidatos presidenciales cuando se negó a entregar sus declaraciones de impuestos federales la primera vez que postuló a La Casa Blanca en 2016.

El presidente dice que es porque está siendo auditado por el Servicio de Impuestos Internos, pero la agencia ha dicho que no hay razón para que no pueda liberar la información mientras está siendo auditado.

Más de 15 instituciones públicas, empresas y universidades de México anunciaron este jueves la culminación del desarrollo de un ventilador para el tratamiento del Covid-19 de bajo costo y fácil de producir en serie.

El ventilador de emergencia VSZ-20-2 totalmente automático, con un diseño de fácil manejo, que permite el uso intuitivo, da mayor seguridad para los pacientes, se desarrolló en un tiempo récord de 10 semanas.

Una de las principales bondades del proyecto mexicano es el bajo costo que tendrá, de aproximado 11,000 dólares, comparado con el costo de los ventiladores de alta gama que existen y se comercializan en hasta 50,000 dólares.

Los responsables confirmaron que los primeros 20 ventiladores serán comprados por la Fundación Carlos Slim para donarlos a hospitales públicos en los estados de San Luis Potosí, Yucatán, Coahuila y Guerrero.

Explicaron que el proyecto comenzó el 29 de marzo con la convocatoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán para perfeccionar un prototipo de ventilador 100 % mexicano. Un donativo del Grupo Coppel a GSE Biomedical permitió iniciar el desarrollo y al paso de las semanas se sumaron empresas de los Grupo Proeza y Femsa, las cuales apoyaron con la ingeniería del ventilador.

“Este dispositivo requirió de muchas piezas especializadas y un proyecto de apoyo para su culminación exitosa” en el que participaron otras empresas tales como Alfa, Solística, REPARE, Coppel, Lodi Automotriz, Lanix Med, Steris, Ternium Salud y Bocar.

En cuanto a las instituciones educativas, se especificó que participaron el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, así como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien otorgó el permiso para que los equipos se fabricaran de acuerdo con todas las disposiciones de calidad, funcionamiento y control que exige la entidad.

Detallaron que el ventilador funciona a base de pistón por lo que no depende de tomas eléctricas en los muros. “Es suficiente la conexión a un tanque de oxígeno”, lo que permite usarlo en hospitales como en áreas preparadas para atender a pacientes del coronavirus SARS-CoV2.

Grupo Proeza, a través de su empresa Metalsa, será la que administre el proceso de solicitud de ventiladores, los cuales serán ensamblados en una de sus plantas situada en Apodaca, en el norteño estado mexicano de Nuevo León; mientras que la propiedad intelectual y patente del VSZ-20-2 será del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El gobierno federal presentó esta mañana los dos primeros modelos de ventiladores de respiración asistida diseñados y fabricados en el país para atender a enfermos críticos de Covid-19.

“Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México. Ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana. Es un ventilador hecho en México, el cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico y fundamental”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Los equipos llegan casi cinco meses después de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el país, y más de siete meses después de que se supiera de la existencia del virus en el mundo.

El mandatario recordó que México no disponía de equipos propios hasta ahora y que el país ha tenido acceso a los respiradores gracias a la “solidaridad internacional” de otras naciones, que le han vendido dichos aparatos.

En la conferencia fueron presentados dos modelos, uno llamado Ehécatl (dios del viento mexica) que fue patentado por el Estado mexicano, y otro llamado Gätsy (“suspiro” en idioma otomí), que ha sido desarrollado en colaboración entre el Gobierno y la empresa Dydetec.

“Hicimos esfuerzos para el desarrollo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos. México dependía del extranjero, como en muchos otros aspectos, de tecnología estratégica”, dijo María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien coordinó el desarrollo de los equipos.

Álvarez-Buylla anunció que ya se están fabricando 1,000 equipos, 500 de cada modelo, con un costo total de 259.9 millones de pesos.

“Un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar 1,000 ventiladores, que se están ya fabricando masivamente. Hubiera costado mucho más adquirirlos en el extranjero”, explicó la directora del Conacyt.

Detalló que los dos modelos comparten un alto grado de seguridad biomédica, calidad y sensores de control y que “ambos son ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases”.

Las empresas tecnológicas Facebook (propietaria de WhatsApp), Twitter y Google anunciaron hoy que dejarán de colaborar con la Policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios, como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional sobre el territorio impuesta desde Pekín.

Las empresas emitieron sus respectivos comunicados en los que explicaron que pondrán “en pausa” las peticiones de las Fuerzas de Seguridad hongkonesas mientras analizan las implicaciones de la controvertida nueva normativa y si esta atenta contra los derechos humanos.

“Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor por su seguridad u otras repercusiones”, indicaron desde la firma que dirige Mark Zuckerberg.

Por su parte, desde Twitter apuntó que “igual que muchas organizaciones de interés público, líderes de la sociedad civil y colegas de la industria”, están “muy preocupados” ante el proceso que ha seguido y las intenciones de la ley de seguridad nacional.

Por su parte, Google, el buscador online más usado del mundo, informó que ya empezó a poner en suspenso las peticiones por parte de las autoridades desde el pasado miércoles “mientras revisan los detalles de la nueva ley”.

La ley, aprobada el 30 de junio pasado, y bajo la que ya se han producido las primeras acusaciones de detenidos, es vista por abogados y activistas hongkoneses como el posible fin de los derechos y libertades de las que se goza en la ciudad frente al resto de China, aunque el gobierno local insista en que tan solo afectará a una “minoría extremadamente pequeña” de personas.

Entre otras cosas, la nueva normativa criminaliza la secesión, la subversión, la confabulación con terceros países e insta a castigar aquellos actos que inciten al odio contra China y el Gobierno del Partido Comunista.

A diferencia de la China continental, donde internet está fuertemente censurado y Facebook, Google y Twitter están prohibidas, las redes sociales sí operan en Hong Kong y, como en el resto de países, es habitual que la Policía les pida datos de usuarios en el marco de sus investigaciones.

Son estas peticiones a las que las firmas de Silicon Valley dejarán de responder a partir de ahora y hasta que concluya su evaluación de la nueva ley de seguridad nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes en contra de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), uno de los pocos organismos internacionales a los que no había atacado.

Tachó este viernes de “pesimista” a la Cepal por pronosticar la pérdida de 500,000 empresas en el país, y la comparó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estos de la Cepal, aunque son progresistas, no dejan de tener algo de influencia del FMI. Los embarga también el pesimismo”, declaró  AMLO.

Y es que ayer, la Cepal presentó un informe que refiere que la suspensión de actividades productivas por la pandemia del nuevo coronavirus provocará el cierre de 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos.

Según este cálculo de la Cepal, organismo liderado por Alicia Bárcena, México será una de las naciones más afectadas en la región con 500,000 compañías perdidas.

Pero el presidente reiteró que ve las cosas con optimismo y por eso “hay motivos” para demostrar que ya se tocó “fondo” y ahora sigue la “recuperación” de la economía en el país.

Insistió en que, tal como lo dijo en su informe del pasado miércoles, en el primer semestre del año aumentaron las ventas de tiendas de autoservicio en 8% en términos reales. Resaltó que ha “ido disminuyendo” la pérdida de empleos, que las remesas han aumentando, mientras que el peso se sigue apreciando frente al dólar estadounidense.

Recordemos que el mandatario, en un constante choque con organismos internacionales, ha acusado que el FMI es “pesimista”.  Ha dicho que sus “recetas” neoliberales impulsaron la pobreza en el país.

De acuerdo a un informe presentado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2.7 millones de empresas podrían cerrar en Latinoamérica a causa de la pandemia de Covid-19.

En el caso de México, indicó que podrían cerrar hasta 500 mil empresas. Los cierres en la región implicarían la pérdida de 8.5 millones de empleos formales en la región en los próximos seis meses.

Adicional, la crisis económica y social podría dejar 83.4 millones de personas en la extrema pobreza, 16 millones más que en 2019, lo que incrementaría el hambre en la región, donde se ha precisado que si bien no faltan alimentos, sí hay dificultades para que muchos los compren.

La CEPAL señaló que la crisis golpeará principalmente a sectores productivos con más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

El reporte “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, precisa que el golpe a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico profundizará los problemas estructurales de la región, por lo que llamó a implementar políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, entre las que existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región.

La pandemia ha significado “una caída sincrónica en materia de crecimiento y comercio. Ha habido choques muy fuertes de oferta y demanda, suspensión de cadenas de producción, caída del comercio internacional, contracción de inversiones y suspensión de la actividad productiva interna”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Puso especial énfasis en la gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas que serán golpeadas por la crisis sanitaria y económica, principalmente el comercio y la industria hotelera, a causa de las cuarentenas aplicadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, que a su vez ha cambiado los patrones de consumo y mermado la demanda interna.

El estudio identificó que una mayoría de las empresas de la región ha registrado importantes bajas en sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus finanzas, además de dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

La Comisión pidió tener en cuenta que las grandes empresas proveen el 39% del empleo formal y son responsables de más del 90% de las exportaciones, por lo que la reactivación económica debe incluir mejores condiciones de acceso a créditos, recapitalizaciones, y un aumento de la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados capitales.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que impone sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional.

“El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong”, expuso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.

Pelosi añadió que estas sanciones son una respuesta necesitada con urgencia a la “cobardía del Gobierno de China” al aplicar la autodenominada ‘Ley de Seguridad Nacional’ que pretende acabar con la premisa de ‘un país, dos sistemas’ prometida hace exactamente 23 años.

Al texto aprobado, se le añadió esta mañana una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas “de reputación, económicos y legales” si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.

La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.

Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una ‘mano negra’ extranjera, apuntando a Washington.

Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal, acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”.  Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.