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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

“Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que “fortalezca” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la “protección civil” y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso “hace como 20 días”, lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de “violar la ley” al ampararse contra sus políticas.

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del “periodo neoliberal” que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos”, dijo.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados para hacerlos “rendir cuentas” por lo que considera un ataque a su “libertad de expresión”.

En una rueda de prensa, Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas de redes sociales, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las “Big Tech” dejen de “silenciar”, y de poner en una lista negra a diversos estadounidenses.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto de simpatizantes del magnate al Capitolio el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de “censura” y “abuso”.

El exmandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmiembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

“El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense”, dijo Trump, quien señaló que buscará la “restitución” y compensación por los daños “punitivos” por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de “agentes del gobierno”.

“Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para Estados Unidos, para la libertad y la libertad de expresión”, dijo.

El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó esta tarde que pedirá a las empresas constructoras de la línea 12 del Metro, que participen en el pago de la reparación tras el colapso en un tramo elevado, que dejó 26 muertos y más de cien heridos.

“He tenido contacto con Carso y con ICA. Vamos a entablar esta mesa técnica y, por supuesto, queremos que participen en esta rehabilitación en términos económicos dada la condición en que están los peritajes”, explicó Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa diaria.

La morenista indicó que ya habló por teléfono con las empresas constructoras, tal como lo anunció el miércoles pasado, y adelantó que la próxima semana mantendrá con dichas empresas una “reunión física”, aunque no especificó la fecha.

Además de las constructoras mexicanas ICA y Grupo Carso, esta última del magnate Carlos Slim, Sheinbaum aclaró que también invitará a la reunión a la empresa francesa Alstom, fabricante de los trenes.

Recordó que investigar la responsabilidad penal del accidente corresponde a la Fiscalía General de Justicia, y no a su administración, y aseguró que no hay ninguna “negociación” con las empresas para enfrentar un eventual proceso judicial.

Será el próximo lunes cuando Sheinbaum se encontrará con el comité técnico que convocó, y que deberá diseñar el plan de rehabilitación de la línea del Metro, que está conformado, entre otros, por los ingenieros Sergio Alcocer y José María Riobóo, cercano al presidente López Obrador y a la 4T.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó esta mañana en su conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre el dictamen y reporte entregados por la empresa DNV y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, AMLO reconoció que el informe era “acertado”, y lo calificó como un “buen primer análisis” a lo que ocasionó el desplome en la línea 12 del Metro.

Al decir que los informes, tanto el de DNV y el del Colegio de Ingenieros, coincidieron en que se habían cometido fallas en la construcción, López Obrador fue cuestionado si sería indicativo de que hubo corrupción en el desarrollo de la obra.

“No puedo yo adelantar eso, no me corresponde (…) va a corresponder a la fiscalía fincar responsabilidades. Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes pues, como los gobiernos de antes, ahora es distinto. Por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política”, dijo AMLO.

Apoyó la recomendación del Colegio de Ingenieros Civiles sobre no reabrir la línea del Metro hasta que no se haga la revisión total, pues eso es necesario para garantizar la seguridad de los usuarios.

Al insistirle sobre quién debe asumir la responsabilidad política, luego de que todo apunte a que hubo fallas en la construcción, AMLO sugirió que para él la tendría Felipe Calderón, quien era el presidente de la República en ese momento.

“Pero ¿quién era el jefe de Gobierno?” le respondió el reportero que lo cuestionado. “Entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política; o sea, es así, muy abstracto”.

López Obrador reiteró su respaldo a la Jefa de Gobierno, quien dijo, está actuando bien y acertó en pedir el peritaje externo por parte de la empresa noruega, así como de los especialistas del Colegio de Ingeniero Civiles.

El próximo 15 de junio cerrará sus puerta la Unidad Temporal COVID-19 en el Centro Citibanamex, informaron este viernes las autoridades capitalinas, esto debido a que la capital del país continúa registrando una reducción sostenida de contagios, ocupación hospitalaria y  fallecimientos por COVID-19.

Al encabezar el evento “Sumando Voluntades ante la pandemia de COVID-19”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo de las Fundaciones Carlos Slim, TELMEX Telcel e Inbursa, que dijo, fue indispensable para la entrada en operación de la unidad de atención hospitalaria temprana, donde más de 3,000 profesionales atendieron a 9,088 pacientes y diagnosticaron a 13,542 personas.

La mandataria resaltó que dicho esfuerzo consiguió liberar 112 mil 555 días/cama de la red hospitalaria de la Ciudad de México, durante los 13 meses en que ha estado en funcionamiento. Detalló que la Fundación Carlos Slim, Fundación TELMEX, Telcel y Fundación Inbursa aportaron mil 104 millones 902 mil 501pesos, de los mil 580 millones 590 mil 574 pesos que se destinaron para la reconversión, equipamiento y operación de la Unidad Temporal.

También mencionó que empresas como CIE, Walmart México y Centroamérica, Bimbo, Barcel, Fundación Sertull, Fundación Alfredo Harp Helú, Citibanamex, Fundación Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, Coppel, HSBC, CODERE, Grupo Infra y Takeda, fueron donantes relevantes en dicha iniciativa.

Se indicó que concluida la operación de la Unidad Temporal, se donarán a 18 hospitales del Gobierno de la Ciudad de México, 9 mil 670 equipos médicos y mobiliario, entre los que se encuentran ventiladores, monitores de signos vitales, electro cardiógrafos, ultrasonido pulmonar y camas hospitalarias, entre otros.

En el marco de este evento, se informó que la próxima semana comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas entre 50 y 59 años, quienes durante el mes de mayo recibieron sus primeras dosis. Se espera que en breve se den a conocer las alcaldías en donde comenzará la inmunización y la logística que implicará.

En tanto, el gobierno del Estado de México informó que la entidad retomará clases presenciales a partir del próximo lunes, con lo que más de 4.5 millones de alumnos regresarán a las aulas, aunque dijo, será de manera segura, voluntaria y escalonada.

“Estamos retomando el regreso a clases de manera segura, un regreso muy anhelado después de 15 meses de no haber tenido la oportunidad de tener a nuestros hijos en las aulas”, subrayó Alfredo del Mazo, gobernador del estado.

El gobernador indicó que se están cumpliendo con las tres “V”: maestras y maestros vacunados; semáforo verde, y acuerdo voluntario de regreso. En ese sentido, se señaló que todos los maestros de la entidad, tanto de escuelas públicas como privadas, ya están vacunados; aplicándose más de 320 mil dosis.

Alfredo del Mazo Maza reconoció el esfuerzo hecho por los docentes mexiquenses para formar a las presentes generaciones, aun con las condiciones que trajo la pandemia. Destacó las diferentes formas que utilizaron los maestros para mantener la comunicación con los alumnos, mediante el uso de la tecnología, llamadas telefónicas e incluso, yendo a visitarlos en sus casas, para terminar el ciclo escolar anterior y dar inicio con el actual.

Asimismo, reconoció a los padres de familia, quienes, dijo, con sacrificio y además de sus responsabilidades en el hogar y laborales, estuvieron al pendiente de las actividades escolares de sus hijos, para que pudieran seguir aprendiendo.

Decenas de sitios web se vieron  afectados brevemente este martes en todo el mundo, incluidos algunos con millones de visitas, como los del diario The New York Times, la cadena CNN y el portal del gobierno británico.

Los sitios a los que no se pudo ingresar momentáneamente también incluyeron algunas páginas de Amazon, Financial Times, Reddit, Twitch y The Guardian.

El problema fue una caída del servicio de almacenamiento online ‘Fastly’, empresa con sede en San Francisco, que reconoció que hubo un “problema”, que dijo, se identificó y se aplicó una “solución”. La mayoría de los sitios web que se vieron afectados volvieron a funcionar.

Fastly dijo que una configuración de servicio fue lo que provocó las interrupciones, lo que significó que la interrupción obedeció a una causa interna. Las interrupciones breves del servicio de internet no son raras, pero pocas veces son resultado de hackers u otras acciones inapropiadas.

El problema, sin embargo, bastó para que los principales mercados de futuros de Estados Unidos cayeran drásticamente minutos después de la interrupción, que se produjo un mes después de que un ciberataque obligara al mayor oleoducto estadounidense a interrumpir sus operaciones.

Fastly es una red de entrega de contenido (CDN) que proporciona “servidores periféricos” que, aunque trabajan ocultos, son vitales para la computación en la nube y para muchos de los sitios más populares de la web. Estos servidores almacenan contenido, como imágenes y videos, en lugares de todo el mundo para que estén más cerca de los usuarios, lo que les permite obtenerlos de manera más rápida y fluida.

La empresa dice que sus servicios significan que un usuario europeo que visita un sitio web estadounidense puede obtener el contenido de 200 a 500 milisegundos más rápido.

La medición del tráfico de Internet realizada por la firma Kentik mostró que ‘Fastly’ comenzó a recuperarse de la interrupción aproximadamente una hora después de que se produjera.

El impacto del problema de ‘Fastly’ destaca la relativa fragilidad de la arquitectura de internet dada su fuerte dependencia de las grandes empresas tecnológicas, como los servicios en la nube AWS de Amazon, en contraposición a una gama más descentralizada de empresas.

“Incluso las empresas más grandes y sofisticadas experimentan interrupciones, pero también pueden recuperarse con bastante rapidez”, dijo Doug Madory, experto de Kentik.

Morena modificó su propuesta de nacionalizar el litio, y presentará una iniciativa en el Senado que permita la participación de la inversión privada nacional y extranjera en el sector.

“Queremos ser promotores de la inversión para que vaya bien a los dueños de las tierras, a la nación y a los inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo este el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta.

Armenta había presentado a finales del año pasado una iniciativa para nacionalizar el litio en la Constitución y crear una empresa paraestatal llamada Litiomex, emulando la petrolera estatal Pemex.

Tras analizar el marco normativo de otros países y mantener una serie de reuniones con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el senador dijo que la propuesta “ha evolucionado”.

Cuando el Senado retome en septiembre el periodo de sesiones tras las elecciones intermedias de este domingo, Morena propondrá una ley para la creación del Instituto Nacional del Litio y de paso regular el sector de este mineral, muy preciado para la fabricación de baterías eléctricas.

“Queremos que nos vean como un socio comercial minero, en el que puedan ganar las empresas extranjeras y desde luego deben ganar los mexicanos”, expresó Armenta.

Cuando llegó al poder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) paralizó la entrega de concesiones mineras. En México hay al menos 31 concesiones de exploración o explotación del litio entregadas por gobiernos anteriores, todas ellas a compañías extranjeras y concentradas mayormente en estados del norte del país.

Se calcula que en Sonora se encuentra uno de los yacimientos más importantes del mundo, controlado por la empresa británica Bacanora Lithium, que podría producir cerca de 17,000 toneladas anuales de carbono de litio.

Tras la visita a México en marzo del presidente boliviano, Luis Arce, López Obrador informó que Bolivia asesoraría a su país en el diseño de su política de explotación del litio. Armenta dijo que “el modelo boliviano es importante”, pero aclaró que su propuesta recoge ejemplos de regulación de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China y Estados Unidos, entre otros.

Foto: Twitter @BacanoraL

El gobierno federal informó este jueves que al día de hoy ha pagado 43,000 millones de pesos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para resolver el desabastecimiento de medicamentos.

“Ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando, no van a faltar y estamos ahorrando, de manera certificada podemos decir que hay un ahorro del 20%”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que el desabastecimiento de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas al actual gobierno tras agudizarse en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la forma de comprarlos impuestos por López Obrador. Especialmente los reclamos se agudizaron por parte de los padres de niños con cáncer, además de grupos de personas con VIH.

El mandatario ha culpado a intereses privados y a sus “adversarios” de avivar las protestas por oponerse a las reformas para comprar medicamentos en el extranjero que permitieron firmar el acuerdo con la UNOPS en julio de 2020.

“Padecimos de campañas, de desprestigio, campañas muy dolorosas, porque se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos cuando los que abastecían esos medicamentos eran parte de este grupo y lo que estaban buscando era desacreditarnos”, recriminó el presidente.

Dijo que concretar estas compras costó trabajo porque había muchos intereses en la compra de los medicamentos y de equipos médicos. Afirmó que “era un jugoso negocio como otros”.

Según lo expuesto por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hasta ahora el gobierno federal ha comprado 730 claves con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras. Los fármacos, detalló, son para tratamientos oncológicos, de cardiología, VIH, neurología, hemotología, neumología y otros de alto consumo y especialidad.

Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del INSABI, aseguró que México ya se encuentra recibiendo medicamentos contra el cáncer. “Ya los medicamentos están llegando al país. El día de ayer nos enviaron las fotos de los embarques que ya están saliendo a México con todos los medicamentos que sirven para hacer las quimioterapias de los niños”, aseguró el funcionario.

Calderón Alipi precisó que estos medicamentos se adquirieron en países como Corea del Sur, Argentina, Cuba y Alemania, por lo que ya no se dependerá de un solo país como sucedía antes.

Jorge Alcocer precisó que lo pagado hasta ahora constituye el 76.6% de la operación total con la UNOPS y que ha permitido un ahorro de 11,880 millones de pesos comparado con los esquemas de adquisición anteriores.

“México no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo, para los gobiernos neoliberales la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían”, sostuvo el secretario.

Alcocer indicó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 303,076 millones de pesos en compra de medicamentos, pero solo 10 empresas concentraban un 79.6% del gasto. La mayoría de las compañías contratadas, señaló, eran distribuidoras o intermediarios que no se dedicaban a la producción.

En este contexto, México subió al segundo lugar en gasto de bolsillo per cápita destinado a medicamentos dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Brasil.

“La salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecer a unos cuantos, una historia de intereses y de corrupción que enfermó al sistema de salud en México”, añadió Alcocer.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos”.

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y “testigos mentirosos”, que en esta ocasión “buscan desesperadamente un delito”.

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. “Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí”, expresó el republicano.

Subrayó que buscan “la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump” porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye “inventar historias falsas”.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó este viernes una lista de 139 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de la petrolera Shell y otro del grupo español Iberdrola, que fueron cancelados alegando falta de actividad durante un año.

La terminación de los permisos se da tras la entrada en vigor de una serie de cambios a la Ley de Hidrocarburos (LH), que modificó el régimen de éstos, generando una enorme incertidumbre en el mercado y rechazo por parte de empresarios.

En los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Reguladora dio a conocer la terminación de los permisos a través de una declaratoria de caducidad por falta de operación entre el 1 de enero del 2020 y 31 de marzo del 2021.

La CRE publicó dos acuerdos; a través del primero declaró la caducidad de 14 permisos de comercialización de petróleo, hidratos de metano, condensados, gas natural o líquidos del gas natural. En un segundo acuerdo declaró la caducidad de 125 permisos de comercialización de petrolíferos.

Los permisos cancelados a la anglo-holandesa Shell y a Iberdrola les fueron otorgados en diciembre de 2015 por hasta 30 años para la comercialización de gas natural, de acuerdo a registros oficiales.

Recordemos que la nueva Ley de Hidrocarburos ha sido impugnada en tribunales por diferentes empresarios, a quienes el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ha concedió diversas suspensiones contra la posibilidad de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de los permisionarios ocupadas temporalmente.

La decisión del juez también impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

Sin embargo, no está claro las suspensiones concedidas contra la Ley de Hidrocarburos amparaba a los permisos cancelados este viernes por la CRE. El listado de permiso cancelados se puede consultar en el DOF.

El Oleoducto Colonial pagó el viernes pasado casi 5 millones de dólares a hackers del este de Europa tras el grave ciberataque que obligó a cerrar la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, reportó este jueves Bloomberg News.

De acuerdo a testimonios recabados por Bloomberg, la compañía pagó el rescate en criptomonedas no trazables horas después del ataque.

La información refuerza el debate sobre si en caso de ataque las empresas deben pagar para recuperar el control de sus sistemas. Los críticos aseguran que pagar rescates alienta los ataques. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este jueves que las compañías víctimas de ciberataques no deberían pagar rescates.

Los hackers entregaron a Colonial una herramienta de descodificación para restaurar sus redes de computación afectadas tras recibir el pago, pero la compañía utilizó sus propios respaldos para ayudar a recuperar sus sistemas, ya que la herramienta entregada era lenta, reportó Bloomberg News.

Tras una interrupción de seis días, el principal oleoducto de Estados Unidos, que transporta 100 millones de galones diarios de gasolina, diésel y combustible para aviones, empezó a mover el jueves parte de estos hidrocarburos.

El cierre provocó escasez de gasolina y declaraciones de emergencia desde Virginia a Florida, obligó a dos refinerías a frenar su producción e hizo que las aerolíneas reorganizaran algunas operaciones de reabastecimiento.

Recordemos que a inicios de semana, el FBI acusó al grupo de hackers ‘DarkSide’ por el ciberataque. El grupo no se ha atribuido la autoría directamente, pero el miércoles aseguró que accedió a los sistemas de otras tres empresas.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó esta mañana que el ciberataque a la mayor red de oleoductos del país provino de Rusia, aunque descartó que el gobierno de Vladímir Putin esté detrás.

En declaraciones a la prensa en La Casa Blanca, el mandatario estadounidense subrayó que tienen “fuertes razones” para creer que los piratas informáticos residen en Rusia.

Destacó que su administración ha mantenido “comunicaciones directas” con Moscú para que actúe frente a los delincuentes.

La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.

La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican entre los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del TMEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.

La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC.

“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el TMEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.

La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.

En caso de avanzar, funcionarios laborales de nuestro país trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.

“La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.

La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.

Un juez suspendió de forma provisional este jueves “todas las consecuencias” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se publicó el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el Congreso aprobara sin cambios el proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.

“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial en relación a la reforma eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de “confiabilidad” que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero pasado.

“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.

Ayer, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución. Los empresarios argumentan que la reforma causará un sobrecosto de 60,000 millones de pesos porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.

Adicional, en el Congreso, legisladores de oposición y algunos gobiernos estatales han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Tras esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver. “La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, precisó el juez.

Al agradecer a los senadores que aprobaron esta madrigada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el mes pasado al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tomó la decisión de proponer la iniciativa ante la negativa de empresas extranjeras de renegociar los contratos que se tienen, a los cuales se refirió como “leoninos”.

“No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público”, sostuvo.

El presidente mencionó que tras la aprobación de la reforma eléctrica tiene pensado hablar con la empresa española Iberdrola y otras 10 compañías.

“Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política”, indicó.

El presidente aseguró que “no quiere expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas. Recordó que desde que asumió la presidencia, no se ha hecho ninguna expropiación, lo cual aseguró, garantiza los negocios de los inversionistas.

Incluso pidió a sus adversarios que no infundan miedo a los inversionistas, pues alertó que sus detractores han estado usando el tema de la reforma eléctrica para atemorizar a empresarios.

Y es que el principal cambio de la reforma será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE, algo que impedirá a México cumplir con su compromiso ante el Acuerdo de París para generar 35% de la energía con fuentes limpias en 2024.

AMLO aprovechó esta mañana para adelantar que en los próximos días dará a conocer un plan de modernización de las hidroeléctricas; indicó que se van a cambiar turbinas para producir “más energía limpia, con menos costo”. Se comenzará con 14 hidroeléctricas del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que los apagones de los últimos días, suscitados principalmente en el norte y noreste del país, debido a la escasez de gas natural, proveniente de Texas, demuestra la necesidad de que la Iniciativa Privada (IP)  participe en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el fin de coadyuvar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fortalecerlo.

Señaló que el mega apagón que se registró la mañana del lunes y que fue atribuido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a complicaciones derivadas del paso del frente frío número 35, afectó a los usuarios comerciales, industriales y residenciales de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo, evidenciando la urgencia de impulsar la inversión en la generación de energías limpias y la creación de infraestructura de almacenamiento.

“En Coparmex creemos que, para lograr el fortalecimiento de la seguridad energética del país, se deben contemplar todas las fuentes alternativas de generación de energía para que, de ser necesario, estas sean incorporadas en momentos de emergencia y se haga frente, con inmediatez, a situaciones que afectan la correcta operación de los distintos sectores de la población”, sostuvo la Confederación.

Y es que de acuerdo a la información dada a conocer, las nevadas que afectaron el sur de Estados Unidos originaron que el pasado 13 de febrero, CENACE emitiera una declaratoria de alerta en el estado operativo del sistema por la falta de gas, por lo que solicitó a las zonas afectadas, reducir el consumo de la energía no prioritaria.

Otra de las causas que se considera pudo influir en el apagón, es la falta de inversión en infraestructura de almacenamiento, puesto que el gobierno federal no continuó los proyectos para construir almacenamiento comercial previstos para madurar en 2026.

Acusó que ante las condiciones meteorológicas, que derivaron en alertas de operación, no se echaron a andar las plantas necesarias para evitar afectaciones a la operación de las empresas, casas u hospitales, además de que enfatizó que continúa el bloqueo a la generación de energías limpias que podrían balancear el sistema eléctrico.

La Coparmex afirmó que la inversión privada brindaría estabilidad frente a las diversas contingencias y desafíos del sistema eléctrico nacional, como fueron las bajas temperaturas que han afectado la infraestructura de gasoductos estadounidenses en Texas y Arizona, impactando la exportación de gas a México y provocando un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6,950 MegaWatts de carga.

Invitó al gobierno federal a trabajar para recuperar la confianza de los inversionistas en nuestro país y así crear la infraestructura necesaria para el almacenamiento de gas natural y se incentive la generación de energía limpia suficiente para hacer frente a casos de emergencia.

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada del mercado, ha superado este martes los 50,000 dólares, con lo que ha marcado un nuevo récord histórico.

La criptodivisa ha llegado a los 50,547 dólares, aunque después ha perdido impulso y ahora ronda los 48,350 dólares, según datos de Bloomberg.

Para Leif Ferreira, consejero delegado del criptobanco Bit2Me, la subida del bitcóin está relacionada con la compra de 1,500 millones de dólares de la criptomoneda por parte del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla.

“Si bien la cantidad en valor absoluto no ha sido muy grande, el hecho de que Elon Musk esté detrás de ella genera un gran impacto en mucha gente, sobre todo en Silicon Valley, donde están las grandes multinacionales tecnológicas y donde Musk tiene una importancia muy grande”, subrayó.

El auge del bitcóin ha provocado que grandes empresas y corporaciones como Tesla, Mastercard o el banco estadounidense BNY Mellon se fijen en la criptodivisa y la vean como un tipo de inversión muy atractiva.

Para Ferreira, este tipo de noticias consolidan su visión de que el mundo financiero tradicional, institucional y corporativo está poniendo su atención en el bitcóin.

“Los inversores institucionales lo ven como una alternativa real para diversificar sus inversiones ante la devaluación de las divisas tradicionales, cuya perdida de valor es consecuencia de las inyecciones de dinero que se están generando”, afirma el directivo de Bit2Me.

Firmas especializadas como Coinmotion en España, señalan que si bien el bitcóin se encuentra actualmente con la barrera de los 50,000 dólares, es posible que, dada la situación optimista del mercado, pueda superar esta cifra a corto plazo, llegando a situarse alrededor de los 65,000 dólares.

El gobierno de Canadá está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está atento a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso sobre la Ley de la Industria Eléctrica,  con la que busca fortalecer el papel del Estado en el sector.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, dijo que había hablado el martes pasado con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y enfatizó en que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses.

Recordemos que la semana pasada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la iniciativa de reforma representaba un incumplimiento de los compromisos de México en virtud del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ministra Ng señaló a Clouthier que Canadá está dando seguimiento al progreso de la iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica, y “expresó su creciente preocupación por el clima de inversión en México”, se lee en el comunicado.

La funcionaria canadiense también “destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México”, según el comunicado.

Cuestionada por la agencia Reuters sobre si pensaba que el proyecto de ley violaba los compromisos de México establecidos en el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, la oficina de Ng evitó hacer comentarios.

Recordemos que el comercio bilateral de bienes de Canadá con México en 2019 tuvo un valor de 44,000 millones de dólares canadienses, mientras que con Estados Unidos alcanzó 780,000 millones de dólares canadienses.