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La tasa interanual de inflación en Estados Unidos volvió a bajar en abril, por décimo mes consecutivo, y se situó en el 4.9%, una décima menos que en marzo, según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La ligera baja se produce tras la caída de un punto en marzo respecto a febrero, que fue el descenso más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio de 2022. El 4.9% actual es la cifra más baja desde mayo de 2021.

En términos mensuales, sin embargo, los precios continúan su tendencia al alza y subieron cuatro décimas.

Estos datos serán definitorios para la que la Reserva Federal (Fed) decida, en su próxima reunión, si seguir subiendo las tasas de interés o hacer una pausa, como algunos analistas han señalado.

El índice de vivienda fue el que más contribuyó al aumento mensual de los precios, con un aumento de cuatro décimas. Interanualmente, acumula un alza del 8.1% respecto a abril de 2022.

También subieron considerablemente los automóviles y camiones usados, el 4.4%, aunque acumulan una caída interanual del 6.6%, y la gasolina, el 3%, con una caída interanual del 12.2%. El total de la energía aumentó el 0.6% en abril y acumula una caída del 5.1% interanual.

El índice de alimentos se mantuvo sin cambios en abril y en términos interanuales acumula un aumento del 7.7%.

La inflación subyacente, que mide la subida de los precios de consumo menos los de los alimentos y la energía, los más volátiles, subió cuatro décimas en abril y situó su tasa interanual en el 5.6%.

Los datos de la inflación se conocen en un momento clave, en el que se analiza de cerca si los constantes aumentos en las tasas de interés llevadas a cabo por la Fed están teniendo el deseado efecto de contención de los precios.

Desde que alcanzara su pico del 9.1% en junio del 2022, la inflación ha ido bajando, como consecuencia de los aumentos que buscan enfriar la economía.

La última, el décimo aumento, tuvo lugar la pasada semana y fue de 25 puntos base, por lo que la tasa de interés se sitúa actualmente en un rango de entre el 5 y el 5.25%.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed tendrá lugar los próximos 15 y 16 de junio.

Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, mantuvieron este martes una llamada en la que acordaron seguir coordinándose en materia migratoria ante el fin del polémico Título 42, la política de expulsiones vigente hasta ahora.

En un comunicado, la Casa Blanca explicó que ambos líderes hablaron sobre la “estrecha” y “continua” colaboración entre las autoridades fronterizas estadounidenses y mexicanas, así como de las “fuertes medidas” que implementarán para evitar cruces irregulares.

La comunicación se produce a dos días de que deje de estar vigente el Título 42, una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump con el argumento de que era necesario aislar a Estados Unidos por motivos sanitarios en medio de la pandemia de la COVID, y que luego siguió aplicando Biden.

Según la Casa Blanca, Biden y López Obrador hablaron de la importancia de mejorar la cooperación entre Estados Unidos y México con el fin de “gestionar” la migración “sin precedentes” de la región y que se espera que desborde la frontera entre ambos países con el fin del Título 42.

Al respecto, los dos líderes hablaron de la “urgencia” de reducir el número de migrantes que se aglomeran actualmente en ciudades del norte de México a la espera de cruzar a Estados Unidos y que, en algunos casos, tienen que dormir en la calle o vivir en improvisados campamentos.

En Twitter, López Obrador también ofreció detalles sobre su conversación con Biden, que duró alrededor de una hora, y en la que ambos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como “la migración con dimensión humanista”.

En un tono similar, la Casa Blanca reveló que ambos líderes subrayaron el valor de “gestionar la migración de manera humana y ordenada” con la existencia de vías legales que les permitan migrar a Estados Unidos.

Asimismo, la Casa Blanca detalló que López Obrador y Biden reafirmaron su compromiso para abordar las “causas de raíz” que provocan la migración desde Centroamérica, como la violencia y la falta de oportunidades económicas, y hablaron sobre la posibilidad de “expandir” los esfuerzos en ese sentido de las dos naciones.

Recordemos que desde que entró en vigor en marzo de 2020, el Título 42 ha sido usado 2.8 millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaron a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Con el fin del Título 42, las autoridades migratorias estadounidenses volverán a aplicar el llamado Título 8, que permite expulsar automáticamente a quienes no califican para solicitar asilo.

Además de migración, Biden y López Obrador hablaron sobre algunos “desarrollos positivos” en la relación bilateral, como la cooperación para acabar con el tráfico de armas y el tráfico de fentanilo, droga responsable de un creciente número de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Asimismo, Biden se comprometió a usar “todas las herramientas a su alcance” para acabar con el tráfico de armas a México, una de las principales peticiones de López Obrador.

“Somos buenos vecinos y amigos”, remató su tuit de López Obrador.

Autoridades de México y Estados Unidos acordaron nuevas políticas migratorias, para detener los cruces ilegales en su frontera común y abrir otras vías para el esperado incremento de migrantes que se espera emprendan el viaje tras el final de las restricciones de la pandemia la próxima semana.

La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros funcionarios de alto rango, donde concretaron  plan de cinco puntos, según comunicados de los dos países.

Según el acuerdo, México seguirá aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados en la frontera y hasta 100,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que tengan familia en Estados Unidos podrán optar a vivir y trabajar allí.

Pese a compartir una frontera de más de 3,100 kilómetros con Estados Unidos, México era una ausencia notable en la presentación la semana pasada de un nuevo paquete de medidas que incluía habilitar lugares fuera de Estados Unidos a los que podrían ir los migrantes para solicitar permiso para instalarse legalmente en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros abrirían en Guatemala y Colombia.

Las restricciones del COVID-19, específicamente el Título 42, han permitido a las autoridades estadounidenses rechazar a decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera sur, pero esas restricciones se levantarán el 11 de mayo y los funcionarios fronterizos se preparan para una oleada de personas.

Analistas señalan que el apoyo de México resulta crucial para que Estados Unidos mantenga el control sobre la frontera sur, especialmente en un momento en el que personas de lugares tan lejanos como Haití hacen el camino a pie a través de México y es difícil devolverlos a sus países de origen.

Ahora que nuestro país se ha sumado al plan, y tras el anuncio de ayer referente a la movilización de 1,500 tropas en activo a la frontera donde prestarán apoyo administrativo, entre otras medidas, las autoridades fronterizas creen que podrán gestionar la sobrecarga y otros posibles problemas que puedan surgir cuando terminen las restricciones asociadas al COVID-19.

Los elementos en activo del Ejército y la Infantería de Marina se desplegarán en la zona de la frontera durante 90 días.

Biden, que anunció hace una semana que aspirará a la reelección, intenta transmitir el mensaje de que su gobierno está haciendo un esfuerzo serio por reducir el número de cruces ilegales, que ha sido una fuente importante de críticas republicanas. También intenta disuadir a la gente de cruzar la frontera.

Estados Unidos seguirá rechazando a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que crucen de forma ilegal. México seguiría aceptando hasta a 30,000 migrantes al mes de esos cuatro países, que suponen la mayoría de los cruces ilegales.

Entre tanto, Estados Unidos aceptará 30,000 personas al mes de esos cuatro países durante dos años y les ofrecerá la posibilidad de trabajar de forma legal siempre que entren de forma legal, tengan patrocinadores aptos y superen las comprobaciones de antecedentes.

El gobierno también tiene previsto acelerar los trámites para filtrar a los migrantes que piden asilo en la propia frontera, deportar con rapidez a los que no se consideren cualificados y sancionar a la gente que cruce de forma ilegal o atraviese otro país de forma ilegal en su camino hacia Estados Unidos.

El Pentágono aprobó el martes una solicitud de tropas presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona la frontera.

La Casa Blanca anunció que, a partir del próximo 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra COVID para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense.

“Hoy anunciamos que la administración terminará con el requerimiento de vacuna contra el covid-19 para empleados y contratistas federales, y viajeros por vía aérea al final del día 11 de mayo, el mismo día que termina la emergencia de salud pública por COVID-19”, dijo en un comunicado.

Más de un millón de personas murieron por COVID en Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca indicó que la pandemia prácticamente se detuvo, lo que llevó al gobierno a levantar las restricciones que estaban vigentes cuando la enfermedad arrasaba comunidades enteras y forzaba una parálisis económica.

“Desde enero de 2021, las muertes por COVID-19 han caído en un 95% y las hospitalizaciones cedieron cerca de 91%. Globalmente, las muertes por COVID están en sus niveles más bajos desde el comienzo de la pandemia”, señaló el comunicado.

Según la Casa Blanca, “los requerimientos de vacunas reforzaron la vacunación en todo el país, y nuestra amplia campaña de vacunación ha salvado millones de vidas”.

Si bien la exigencia de vacuna para extranjeros a bordo de vuelos con destino a Estados Unidos era una práctica común en muchos países, la vacunación obligatoria para empleados gubernamentales en ocasiones generó un rechazo político feroz dentro del país.

Además de poner fin a las normas sobre vacunas, el presidente Joe Biden anunció el mes pasado que declaraba oficialmente el fin de la emergencia nacional de salud que durante más de tres años sustentó una serie de medidas gubernamentales extraordinarias.

Recordemos que Estados Unidos estableció estos requisitos a los viajeros internacionales “con el fin de frenar la propagación de nuevas variantes del virus que entraban en el país y dar tiempo al sistema sanitario para gestionar eficazmente el acceso a la atención sanitaria si se enfrentaba a un aumento de casos y hospitalizaciones.

Con todo, recuerdan que “aunque la vacunación sigue siendo una de las herramientas más importantes para mejorar la salud y la seguridad de los empleados y promover la eficiencia de los lugares de trabajo”, la situación actual es “una fase diferente” de la respuesta, por lo que “estas medidas ya no son necesarias”.

La economía de Estados Unidos creció 0.3% en el primer trimestre de 2023 respecto al trimestre previo, según datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA) del gobierno estadounidense.

El dato muestra la ralentización del crecimiento en la primera economía del mundo, ya que el avance intertrimestral del PIB había sido tres décimas superior (el 0.6%) en el último trimestre de 2022.

La estadística, además, calcula que el ritmo anual del crecimiento en estos tres primeros meses del año fue 1.1%, por debajo del 2.6% que estimaba en el último trimestre de 2022.

Sin embargo, con estos datos, la economía de Estados Unidos suma dos trimestres seguidos moderando su crecimiento, tras salir de la recesión en el tercer trimestre de 2022.

Al respecto, el presidente Joe Biden destacó que los datos difundidos muestran que la economía del país está en una transición hacia un crecimiento “firme y estable”, pese a que este se ha ralentizado.

“Hoy hemos sabido que la economía estadounidense sigue fuerte, conforme muta hacia un crecimiento firme y estable”, indicó el mandatario.

Biden destacó que el gasto en consumo y la renta disponible han aumentado, pese a que el crecimiento se ha moderado. Defendió sus políticas económicas, que aseguró, están impulsado la generación de empleos.

Legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control republicano, debatieron este miércoles un proyecto de ley que busca reanudar la construcción del muro en la frontera con México.

La “ley para el fortalecimiento de la frontera”, presentada por un grupo de 17 congresistas republicanos, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar la construcción de un muro fronterizo con México, suspendida parcialmente por el gobierno del presidente Biden.

Recordemos que al llegar la presidencia en 2021, Biden emitió una orden ejecutiva para acabar con la declaración de emergencia de su predecesor, Donald Trump, para construir la barrera física, aunque a los pocos meses su Ejecutivo aclaró que cerraría algunas brechas existentes en el muro.

La nueva iniciativa legislativa republicana plantea prohibir que se entreguen fondos del gobierno a organizaciones que ayudan a migrantes en la frontera; suspender el uso de la aplicación móvil CBP ONE para solicitar asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos, y pide contratar a más agentes de la Patrulla Fronteriza.

También ordena al DHS y al Departamento de Estado preparar un informe que estudie si algunos cárteles mexicanos, incluyendo los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pueden ser incluidos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

“Esta propuesta ley obligará a la Administración (de Biden) a hacer cumplir la ley y reducir la migración”, dijo el congresista Mark Green, quien presentó el proyecto y lidera el comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja.

En 2060, Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes, según indicó un estudio divulgado este viernes por el Hispanic Council.

A propósito del Día del Idioma Español, que se celebra el próximo domingo, el Hispanic Council citó cifras del Instituto Cervantes para señalar que 57 millones de personas hablan ese idioma en Estados Unidos.

De acuerdo con el Censo, los hispanos en Estados Unidos son casi el 19% de la población y, según el informe, para 2060 el 27.5% de la población estadounidense será de origen hispano.

“En menos de cuatro décadas Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes, tan sólo por detrás de México”, señaló el Hispanic Council, con sede en Madrid.

“La comunidad hispana no es homogénea, como tampoco lo es su relación con el español”, agregó el Instituto. Sin embargo, indicó que “el inglés es el idioma más extendido en todo el territorio estadounidense”.

No obstante, siete de cada diez hispanos utiliza el español para comunicarse en el entorno familiar, lo cual “demuestra que el español es una lengua viva que los hispanos emplean por sus vínculos culturales y por su proyección profesional”.

Según el Hispanic Council, en Estados Unidos hay 624 medios de comunicación en español activos y el 91% de las escuelas secundarias ofrece clases en español. Este país tiene, con más de ocho millones de alumnos, el mayor número de estudiantes de español.

Diez estados, cuatro territorios y decenas de condados y municipios tienen nombres en español, fruto de la presencia colonial española durante más de 300 años.

El Hispanic Council precisó que el 26% del total de hispanohablantes en Estados Unidos se encuentra en California, donde la población hispana roza el 40% del total, únicamente superado por Nuevo México, en donde la comunidad de origen hispano representa casi la mitad del total de la población.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes a Estados Unidos que “no quiere ayuda” para combatir al crimen organizado ante las crecientes presiones de Washington para que su Gobierno luche contra los narcotraficantes.

“Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: ‘No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie'”, expresó el mandatario.

López Obrador hizo estas declaraciones durante el aniversario de la “Defensa patriótica” del Puerto de Veracruz, que conmemora la resistencia de las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense en el país, en 1914.

“La enseñanza mayor (del hecho histórico) es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos”, manifestó el presidente.

Su discurso también se produce mientras crecen los roces entre México y Estados Unidos porque los legisladores republicanos han propuesto declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.

Además, López Obrador acusó el lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar sin autorización de México al Cártel de Sinaloa, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos contra sus cabecillas, incluyendo a cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada”, criticó el mandatario.

Ante las acusaciones del presidente de México, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, defendió el jueves que Washington haya imputado a 28 miembros del Cártel de Sinaloa.

Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó el mismo día que sí trabajaron con el Gobierno mexicano en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

“Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y, aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos”, remarcó este viernes López Obrador.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó este viernes cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció los cargos junto con la directora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, y otros importantes fiscales federales.

Los cargos fueron presentados contra los líderes del cártel, así como presuntos proveedores de productos químicos, supervisores de laboratorio, traficantes de fentanilo, jefes de seguridad, operadores financieros y traficantes de armas.

Las acusaciones imputan a los tres hijos de Guzmán, conocidos como “los Chapitos”, que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cártel.

También se imputa a ciudadanos chinos y guatemaltecos acusados de suministrar los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo. Otros acusados en los casos incluyen a los acusados de dirigir laboratorios de fabricación de drogas y proporcionar seguridad y armas para el narcotráfico, dijeron los fiscales.

Recordemos que “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa fue condenado en 2019 por dirigir una operación de contrabando a escala industrial.

Durante el juicio de Guzmán, los fiscales dijeron que la evidencia reunida desde fines de la década de 1980 mostraba que él y su cártel ganaron miles de millones de dólares mediante el contrabando de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México es el “principal aliado” de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo, opiáceo extremadamente adictivo y que ha provocado una creciente ola de
muertes por sobredosis en territorio estadounidense en los últimos años.

Sus palabras llegan en el marco de la visita de una delegación mexicana, encabezada por el canciller, a Washington, donde se reunirán con altos cargos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, precisamente para abordar el tema del tráfico del fentanilo, las armas, y donde se buscará  trazar un plan conjunto para frenar el tráfico ilegal de esta droga y de armas en Norteamérica.

Ebrard ha expresado que la prioridad para México es frenar el tráfico de armas de Estados Unidos para “reducir la capacidad de maniobra de organizaciones criminales y aumentar la seguridad en nuestras comunidades”.

Está previsto que las delegaciones de México y Estados Unidos se reúnan en la Casa Blanca. Posteriormente, se realizará un almuerzo de trabajo en la sede del Departamento de Justicia.

“La instrucción que tenemos es identificar cuáles son las acciones adicionales que podemos tomar para que el Entendimiento Bicentenario tenga mejores resultados en dos indicadores: reducción de fentanilo y muertes por fentanilo y reducción de violencia en México por armas de fuego”, dijo Ebrard en el marco de la visita a EUA.

El encuentro se produce dos días después de que Estados Unidos anunciara que reforzará su estrategia contra el consumo y tráfico de fentanilo proveniente de México, después de semanas de críticas y declaraciones entre autoridades de ambos países sobre la lucha contra esta droga sintética.

Ayer, Estados Unidos calificó además oficialmente de “amenaza emergente” en el país el fentanilo adulterado o mezclado con xilacina, un potente sedante animal utilizado como droga del que ya se había prohibido parcialmente la importación.

Y es que durante las últimas semanas, varias voces de la Administración de Joe Biden han señalado que México debería hacer más en el combate contra el fentanilo y el crimen organizado, mientras la oposición republicana ha ido más allá y desea que se autorice al Ejército a intervenir contra las organizaciones responsables “estén donde estén”, lo que incluiría actuar en nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha respondido que la crisis de sobredosis de opiáceos es un tema de salud pública que Estados Unidos debe resolver e incluso ha negado que en su país se fabrique fentanilo, argumentando que esta sustancia llega a Norteamérica desde Asia.

La tasa anual de inflación en Estados Unidos mantiene su tendencia a la baja, por noveno mes consecutivo, luego de ubicarse en 5%, en marzo, un punto por debajo de lo registrado un mes antes.

Según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se trata de la caída más fuerte desde que el indicador comenzó a bajar en julio de 2022 y, según recuerda el organismo, la tasa de inflación del 5% es la más baja desde mayo de 2021.

Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron en marzo una décima, aunque el aumento fue menor respecto a las cuatro décimas que escalaron en febrero.

El índice de vivienda fue el que más contribuyó al aumento mensual de los precios, con una subida de seis décimas. Interanualmente, acumula un alza del 8.2% con respecto a marzo de 2022. Por el contrario, los precios de la energía bajaron mensualmente un 3.5% y, a nivel interanual, han caído el 6.4%, detalló la BLS.

Por su parte el índice de alimentos se mantuvo sin cambios en marzo, pero en términos interanuales acumula un aumento del 8.5%.

La inflación subyacente, que mide la subida de los precios de consumo menos los de los alimentos y la energía, que son los más volátiles, aumentó cuatro décimas en marzo y situó su tasa interanual en 5.6%.

Tras conocerse el reporte, el presidente Joe Biden valoró positivamente los datos y consideró que reflejan el “continuo progreso” que ha hecho su gobierno en la lucha contra la inflación. “Mi Administración sigue luchando para reducir los costes para las familias”, subrayó Biden.

Los datos de la inflación se conocen en un momento clave, en el que se analiza de cerca si las constantes subidas de tipos de interés llevadas a cabo por la Fed están teniendo el deseado efecto de contención de los precios.

Apenas el pasado 22 de marzo el regulador anunció el noveno aumento consecutivo, de 25 puntos base, ubicándose en un rango de entre el 4.75% y el 5%.

El regulador adelantó que “puede ser adecuado un cierto endurecimiento adicional” de su política monetaria para lograr su objetivo de inflación, aunque subrayó que seguirá vigilando las repercusiones que pueda tener.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del organismo tendrá lugar los próximos 1 y 2 de mayo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este martes al gobierno de Estados Unidos por autorizar la venta libre de Narcan, un medicamento que revierte las sobredosis causadas por opioides como el fentanilo.

“En vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto, vamos a paliativos (…) ¿Quién hace ese fármaco? ¿Por qué no atender las causas?” del abuso de drogas, cuestionó el mandatario.

Y es que ambos países mantienen un debate sobre el tráfico de fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína y a la que solo en 2022 se atribuyeron 70,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el pasado 29 de marzo la venta sin receta médica del Narcan, aerosol nasal de clorhidrato de naloxona que “revierte rápidamente” una sobredosis de opioides y “salva vidas”, según un comunicado del organismo regulador.

“Algunos pueden decir ‘es que así no va a haber fallecimientos’, pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía”, afirmó López Obrador.

Por la mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, atribuyó la medida de la FDA a un “pensamiento simplista para abordar un problema complejo”.

El funcionario dijo que estas acciones se toman cuando no se tiene “la capacidad o la intención” de atacar la raíz del problema, que a su juicio es la exclusión, y sostuvo que “grupos de interés” presionan para que México replique la decisión de la FDA.

Si bien el gobierno mexicano mantiene una estrecha colaboración con el presidente demócrata Joe Biden en la lucha contra el narcotráfico, la oposición republicana y órganos como la agencia antidrogas (DEA) piden a México “hacer más” contra el tráfico de fentanilo.

El pasado 4 de abril, López Obrador pidió ayuda a China para evitar el contrabando de esa sustancia a Estados Unidos a través de México, pero el gobierno de Pekín respondió que no existe tal práctica ilegal.

El mandatario había solicitado a las autoridades chinas precisiones sobre importadores, cantidades, fechas y puertos de embarque del fentanilo, que el gobierno mexicano propone además sustituir como analgésico.

Un gran jurado de Nueva York acusó ayer a Donald Trump de cargos penales por un pago de 130,000 dólares en efectivo a una actriz porno para comprar su silencio durante la campaña presidencial de 2016.

Esto podría poner al magnate en posibilidad de ser arrestado y vivir lo que ningún otro expresidente de Estados Unidos: que le tomen las huellas dactilares y le hagan la foto para la ficha policial.

Sin embargo, el expresidente niega haber quebrantado la ley y, a través de un mensaje en su red social, acusó al fiscal de distrito de Manhattan que presentó los cargos, el demócrata Alvin Bragg, de emprender una “cacería de brujas” política.

El objetivo, según él, es impedir que el Partido Republicano le nomine como candidato a la Casa Blanca en un momento en el que es el claro favorito, aunque justo este episodio ha dejado ver que habría perdido la capacidad de movilización.

Según sus abogados, el expresidente, que se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se entregará el martes a las autoridades de Nueva York para enfrentarse a los cargos, que se mantienen en secreto.

“El presidente no será esposado”, dijo Joe Tacopina, miembro de su equipo legal, que teme no obstante que sus adversarios se deleiten “haciéndole desfilar”.

Trump se declarará no culpable y hay “cero” posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina.”Eso no va a suceder. No hay delito”.

La inculpación dejó a Trump “conmocionado”, dijo su abogado, pero ahora está “dispuesto a luchar”.

El propio Trump predijo hace días su inculpación y convocó protestas advirtiendo que podrían desembocar en “muerte y destrucción potencial” en el país. Sin embargo, hasta ahora sus partidarios no se han movilizado. Por lo pronto, se ha reforzado la seguridad en el juzgado del centro de Manhattan donde se espera que Trump sea procesado.

“¡Solo presentaron este cargo falso, corrupto y vergonzoso contra mí porque apoyo al pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York!”, escribió Trump en Truth Social.

Trump ha superado dos juicios políticos mientras estuvo en la Casa Blanca, y parece esquivar otras causas en las que se ve involucrado, como el ataque al Congreso por parte de un turba de simpatizantes en enero de 2021, la desaparición de archivos de la Casa Blanca o las supuestas presiones a un funcionario del estado de Georgia durante las elecciones de 2020.

Su partido, sobre el que nunca ha dejado tener influencia, parece solidarizarse con él.

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, estimó que la imputación ha “dañado irreparablemente” al país y su exvicepresidente y posible contrincante para 2024, Mike Pence, lo tachó de “ultraje” que “dividirá aún más” a Estados Unidos.

Es “antiestadounidense”, dijo por su parte el gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro posible rival.

El presidente del país, el demócrata Joe Biden, que lo derrotó en las urnas en 2020, optó por la cautela: “No tengo ningún comentario sobre Trump”, dijo. Pero la expresidenta de Cámara de Representantes Nancy Pelosi recordó que “nadie está por encima de la ley”.

Recordemos que el exabogado de Trump, Michael Cohen, declaró en 2019 que hizo el pago a Daniels en nombre de Trump para ocultar una relación extramatrimonial de 2006 y que más tarde le devolvieron el dinero.

La inflación a 12 meses se moderó en febrero en Estados Unidos para ubicarse en 5%, frente a 5.3% de enero, según el índice PCE publicado este viernes por el Departamento de Comercio norteamericano.

Este índice, el más seguido por la Reserva Federa (Fed)l, muestra que en la medición mes a mes el alza de precios también se moderó, a 0.3%, mejor que el 0.4% que esperaban los analistas.

La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, sigue la misma tendencia, para colocarse en 4.7% en 12 meses, también por debajo de lo esperado.

El índice PCE es el preferido por la Fed para considerar el aumento de precios, que espera llevar a 2% en un año, para lo cual ha subido repetidamente sus tasas de interés de referencia como forma de encarecer el crédito y desalentar así el consumo y la inversión.

El dato se conoce después de que la Fed diera a conocer la semana pasado su decisión de aumentar la tasa de interés en 0.25 puntos, para situarse así en un rango entre el 4.75% y el 5%.

Se trató del noveno aumento en un año que la Fed acuerda con el objetivo de combatir la inflación.

Sin embargo, analistas apuntan a que es menor que el anticipado por la propia Fed, que había hablado de acelerar el ritmo de las subidas cuando todavía no había estallado la crisis bancaria.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, que tomó la decisión tras una reunión de dos días, aseguró que el sistema bancario de Estados Unidos es “sano y resistente”.

“Es probable que los acontecimientos recientes resulten en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y empresas, y que pesen en la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos es incierto. El comité sigue muy atento a los riesgos de la inflación”, dijo en su comunicado la Fed.

También adelantó que puede ser adecuado un cierto endurecimiento adicional de su política monetaria para lograr su objetivo de inflación, aunque subrayó que seguirá vigilando las repercusiones que pueda tener; es decir, anticipó que los aumentos podrían seguir en los próximos meses.

El encargado para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, matizó este miércoles las declaraciones que algunos funcionarios del gobierno han hecho sobre nuestro país, matizando que hay zonas de México “afectadas” por el crimen organizado.

En recientes comparecencias ante el Congreso, tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondieron afirmativamente al ser cuestionados por los republicanos sobre si hay zonas de México “controladas” por el crimen organizado.

Al ser cuestionado con la misma pregunta, Nichols respondió: “Yo diría afectadas”.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que las organizaciones criminales afectan a “la seguridad y el bienestar tanto de los mexicanos como de las personas que visitan México”.

Por ello subrayó que “es importantísimo” que el gobierno de Estados Unidos colabore con las autoridades mexicanas para “combatir este flagelo”.

“Hemos invertido miles de millones de dólares en colaboración en materia de seguridad con México y vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno mexicano”, afirmó Nichols en entrevista con la agencia Efe.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó esta mañana al senador republicano Lindsey Graham por cuestionar a Mayorkas y a Blinken sobre si el narcotráfico domina territorios en México por encima del Gobierno.

“Yo sostengo que yo, como presidente, y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”, dijo López Obrador.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos por los cárteles, en particular los que trafican fentanilo.

La polémica se ha intensificado tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, lo que ha motivado a los republicanos a pedir una intervención militar contra los cárteles, al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

López Obrador insistió en negar que en México se fabrique fentanilo, a pesar de que los cárteles mexicanos tienen laboratorios donde procesan esa droga a partir de precursores que importan desde China.

El gran jurado que deberá decidir la imputación del expresidente Donald Trump por un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, va a tomarse un mes de receso, reportaron este miércoles varios medios estadounidenses.

Este receso del gran jurado, un órgano que estudia varios casos al mismo tiempo y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, responde a un calendario acordado previamente, asegura el portal estadounidense Politico, por lo que no se ha decidido específicamente en relación con el caso de Trump.

De hecho, está previsto que mañana se reúna el gran jurado, pero para ver otro caso, y será a partir de entonces cuando se tome una pausa, que coincide con la Semana Santa y la siguiente de Pascua, que son utilizadas por muchos estadounidenses como periodos vacacionales.

El gran jurado no suele comunicar oficialmente su programación ni detalla los casos que está tratando cada día, pero se sabe por filtraciones a algunos medios que el lunes pasado sí trató el caso de Trump, para solicitar un segundo testimonio a David Pecker.

Pecker, expropietario de The National Enquirer, supuestamente fue convocado para que explicara lo que sabía sobre el pago de 130,000 dólares a Daniels, pues presuntamente él avisó a Trump de que Daniels pensaba publicar su testimonio sobre una relación sexual con el magnate y buscaba un medio de prensa que quisiera hacerlo.

En caso de que se confirme esta pausa, se relajará la atención prestada al gran jurado después de que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no sucedió.

Si bien el aviso de Trump congregó a numerosos medios en el tribunal donde se reúne el gran jurado, en los últimos días su presencia ha disminuido, como también los grupos de personas que se manifestaban a favor y en contra del expresidente.